200 ok I La evolución de la sociedad española a lo largo de las últimas décadas ha comportado una profunda transformación de las estructuras familiares dando lugar a una progresiva diversificación de las formas de convivencia y de ejercicio de las responsabilidades de crianza y cuidado. El modelo tradicional de familia convive hoy con nuevas realidades familiares: familias reconstituidas tras procesos de ruptura matrimonial o de pareja, familias adoptivas y acogedoras, familias formadas por personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, familias procedentes de otro Estado o territorio o en que alguno de sus integrantes reside fuera del territorio nacional, así como familias en las que las responsabilidades parentales son asumidas por una única persona. En definitiva, la pluralidad de modelos familiares se ha consolidado como rasgo estructural de la realidad social española. El artículo 39 de la Constitución Española impone a los poderes públicos la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. A diferencia de otros textos constitucionales que vinculan dicha protección a un modelo familiar determinado, nuestra norma fundamental adopta una formulación amplia y abierta que permite una interpretación evolutiva acorde con la diversidad de estructuras familiares presentes en la sociedad española actual, a la par que exige que la acción de los poderes públicos se proyecte sobre todas ellas, garantizando su bienestar en condiciones de igualdad y en todo el territorio nacional. Esta obligación encuentra también fundamento en el artículo 9.2, en virtud del cual los poderes públicos deben promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando las medidas precisas para corregir las situaciones de desventaja que puedan afectar a determinadas realidades familiares y garantizar así la igualdad de acceso a derechos y a prestaciones públicas. En este contexto de creciente diversidad, las familias monoparentales se han consolidado como una realidad cada vez más extendida dentro de la sociedad española. De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2021), entre 2013 y 2020 el número de hogares monoparentales registró una tendencia ascendente pasando de 1,8 millones a casi 1,95 millones en el año 2020. Esto supone 150.000 hogares más en dicho período. Esta evolución refleja la consolidación de la monoparentalidad como una manifestación estructural de la pluralidad familiar existente en España, que justifica una especial atención por parte de los poderes públicos, tanto por su peso social y demográfico como por las necesidades específicas y los retos particulares que enfrentan desde una perspectiva social, económica y jurídica. La monoparentalidad integra realidades muy heterogéneas, derivadas de circunstancias como la decisión de asumir la maternidad o la paternidad en solitario por elección propia, la adopción individual, la ruptura de la convivencia, la viudedad o la ausencia prolongada de una de las personas progenitoras. Aunque estas situaciones responden a trayectorias vitales diferentes, comparten todas ellas, como elemento definitorio común, la asunción, en solitario, de las responsabilidades de cuidado, educación, atención y sostenimiento económico de los hijos e hijas. Por ende, desde una perspectiva material, las familias monoparentales presentan una serie de circunstancias objetivas que justifican una atención singular por parte de los poderes públicos. La atribución a una única persona de las responsabilidades derivadas del sostenimiento económico de la unidad familiar y del ejercicio de las funciones de cuidado y crianza configura una realidad diferenciada respecto de aquellas unidades familiares en las que dichas cargas pueden distribuirse entre dos personas progenitoras. Esta realidad se traduce en mayores dificultades para el ejercicio efectivo de los derechos de conciliación, para el acceso a determinados recursos o para la atención a necesidades extraordinarias o sobrevenidas. Asimismo, comporta una mayor exposición a escenarios de vulnerabilidad económica y social que, en ausencia de mecanismos adecuados de protección, pueden afectar al bienestar y desarrollo integral de hijos e hijas. Además, existe una estrecha relación existente entre la monoparentalidad y las desigualdades estructurales que continúan afectando a las mujeres en los ámbitos laboral, económico y de cuidados. La persistencia de brechas salariales, y la mayor concentración de las mujeres en empleos temporales o a tiempo parcial incrementan los riesgos de vulnerabilidad asociados a estos hogares. En consecuencia, la protección de las familias monoparentales no puede desvincularse de las políticas de igualdad ni de las medidas dirigidas a prevenir y combatir la feminización de la pobreza, al confluir factores de desigualdad de género y de especial fragilidad socioeconómica. Por todo ello, la protección de las familias monoparentales debe concebirse como una exigencia derivada de los principios de igualdad material y de género, de protección a la infancia, en el que el reconocimiento de la diversidad familiar esté orientado a corregir las desventajas objetivas que puedan estar dificultando el ejercicio efectivo de derechos en condiciones de igualdad. Las familias numerosas constituyen una realidad familiar que, por sus particulares características demográficas presentan asimismo necesidades específicas de protección. Las exigencias asociadas al cuidado, atención y educación de un mayor número de hijos e hijas, así como el incremento de las cargas económicas y organizativas que ello comporta, han justificado históricamente el establecimiento de un régimen singular de protección. Dicho régimen se ha articulado fundamentalmente a través de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que establece el régimen jurídico de reconocimiento de la condición de familia numerosa y articula un conjunto de medidas de protección social, económica y jurídica para estas familias. Pese a los avances derivados del despliegue de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, y a las medidas de apoyo establecidas en materias como la fiscalidad, la educación, el transporte o el acceso a determinados servicios, las familias numerosas continúan sufriendo dificultades económicas que las colocan en una situación de especial vulnerabilidad. Los datos disponibles muestran que los hogares compuestos por dos adultos con tres o más hijos dependientes presentan una incidencia del riesgo de pobreza y exclusión social superior a la observada para el conjunto de la población. Ello demuestra que subsisten necesidades específicas de protección y justifica que se mantengan y actualicen las medidas dirigidas a estas familias. En consecuencia, resulta necesario profundizar en la protección dispensada por los poderes públicos, actualizando y fortaleciendo las medidas de apoyo existentes para garantizar que las familias numerosas puedan afrontar en condiciones adecuadas las especiales cargas derivadas de su composición. En los últimos años, España ha experimentado avances significativos en materia de cohesión social. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2025), la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) de la población general se situó en el 25,7 %, la más baja de la serie histórica y tres puntos porcentuales inferior a la registrada una década atrás (28,7 %). En la misma línea, la tasa de riesgo de pobreza descendió hasta el 19,5 %, frente al 22,1 % de 2015, y el porcentaje de población en situación de carencia material y social severa se redujo al 8,1 %. Asimismo, el ingreso medio anual por persona ha experimentado un crecimiento significativo durante la última década, pasando de 10.419 euros en el año 2015 (con datos de renta de 2014) a 15.620 euros en 2025 (datos de renta de 2024), lo que representa un incremento acumulado cercano al 50 % (45,9 %). Este avance se mantiene también en términos reales. Descontando la inflación acumulada durante el período, el poder adquisitivo asociado a esa renta media habría aumentado en torno a un 24 %, lo que pone de manifiesto que el incremento de los ingresos no puede explicarse únicamente por la evolución de los precios, sino que ha venido acompañado de una mejora efectiva del nivel de vida y de la capacidad económica de los hogares. Esta evolución favorable responde a la confluencia de varios factores. En primer lugar, el sostenido dinamismo de la creación de empleo, que ha reducido de forma notable el desempleo y ha ampliado las rentas del trabajo de los hogares. En segundo lugar, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional que, sumado a la reforma laboral aprobada en el año 2021, ha elevado la base de la distribución salarial a la par que ha posibilitado una mayor estabilidad de los ingresos. Por último, el fortalecimiento de la protección social mediante, entre otros mecanismos, el ingreso mínimo vital (IMV). Según la Segunda Opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicada en febrero de 2026, el IMV ha contribuido a reducir en un 30,3 % la brecha de la pobreza, entendida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de la pobreza, y en un 9,5 % la tasa de pobreza. No obstante, pese a estos avances, el riesgo de pobreza y exclusión social continúa concentrándose de manera especialmente intensa en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Esta realidad presenta, además, un marcado componente estructural. Si bien la tasa AROPE infantil descendió 0,8 puntos porcentuales en el último año, desde el 34,6 % de 2024, su nivel actual es prácticamente el mismo al de hace una década (34 %), en un período en el que la tasa correspondiente al conjunto de la población ha disminuido de forma sostenida. Por ende, a diferencia de lo que ocurre con otros grupos, la población menor de 18 años no se ha beneficiado, en la misma medida, de la mejora general de los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social. La situación española resulta especialmente preocupante cuando se analiza en perspectiva comparada. España se mantiene entre los Estados miembros con mayor incidencia del riesgo de pobreza y exclusión social, solo superada por Bulgaria. Frente a ello, la protección económica y social de las familias constituye uno de los principales instrumentos para abordar las situaciones de pobreza infantil, prevenir las situaciones de vulnerabilidad y favorecer la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la vida. Sin embargo, España ha mantenido históricamente un nivel de inversión en políticas familiares inferior al de su entorno europeo, circunstancia que ha condicionado la capacidad del sistema de protección social para dar respuesta adecuada a las necesidades de las familias con hijos e hijas a cargo. En 2024, mientras que la inversión media en apoyo a las familias se situaba en el 2,4 % del PIB en la Unión Europea, España destinaba aproximadamente el 1,4 % de su PIB (Eurostat, 2024), manteniéndose muy por debajo del esfuerzo inversor de países como Alemania (3,5 %), Francia (2,3 %) o Polonia (3,7 %), todos ellos con tasas de pobreza infantil sensiblemente inferiores a la española. Ello evidencia la correlación existente entre sistemas de prestaciones y apoyos económicos a la crianza más robustos y capacidad de los sistemas de protección social de prevenir la pobreza infantil y a reforzar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la vida. No obstante, la incidencia del riesgo de pobreza y exclusión social entre la población infantil no obedece únicamente al volumen de recursos destinados a estas políticas, sino también a la configuración del propio sistema de apoyos. Tradicionalmente, la protección familiar ha descansado en una combinación de prestaciones contributivas y beneficios fiscales que, aun desempeñando una función relevante, no siempre han permitido alcanzar de manera suficiente a los hogares con mayores necesidades. Ello ha limitado la capacidad redistributiva de las políticas públicas dirigidas a las familias y ha reducido su incidencia en la prevención de la pobreza infantil y en la promoción de la igualdad de oportunidades. En esa lógica, el Informe sobre España elaborado por la Comisión Europea en el contexto del Semestre Europeo 2026 [COM (2026) 209 final] recomienda reforzar, de forma prioritaria, las políticas dirigidas a los hogares con menores. En particular, señala la necesidad de reducir la pobreza infantil mejorando la eficiencia, la cobertura y la adecuación de las transferencias y prestaciones sociales, dada la limitada capacidad redistributiva del actual sistema de protección social. La Comisión Europea subraya que, instrumentos como el ingreso mínimo vital y el complemento de ayuda para la infancia, presentan problemas de cobertura, infrautilización y suficiencia que limitan su impacto, y destaca la implantación de una prestación universal por crianza como medida clave con potencial para reducir la pobreza infantil y su intensidad. Este real decreto-ley introduce avances sustanciales en la protección de las familias monoparentales, avanzando en la equiparación de la intensidad con la que el Estado protege a estas familias con la que reciben las familias numerosas. Con ello se avanza tanto en igualdad de género, como en la igualdad de derechos y se salvaguarda el interés superior de los niños y las niñas que residen en esta tipología de hogares. Asimismo, refuerza la protección económica de las familias, no solo una medida de justicia social, sino también una inversión estratégica para reducir la pobreza infantil, favorecer la igualdad de oportunidades y prevenir la transmisión intergeneracional de las situaciones de desventaja social. En primer lugar, crea un título de familia monoparental, que permitirá su reconocimiento oficial y el acceso homogéneo a beneficios y medidas de apoyo en todo el territorio nacional. En segundo lugar, equipara a las familias monoparentales con dos hijos a las familias numerosas, reconociendo su especial vulnerabilidad y garantizando que reciban una protección equivalente. En tercer lugar, refuerza el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, ampliando su ámbito de protección para incorporar también a personas mayores de edad con discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento o en situación de dependencia, e introduce modificaciones en el procedimiento de urgencia para agilizar el reconocimiento de los anticipos en situaciones de especial vulnerabilidad económica y social. Estas medidas avanzan en la construcción de un sistema de protección más justo, coherente, centrado en el interés superior de la infancia y en la igualdad entre hombres y mujeres. Pero igualmente este real decreto-ley actualiza la protección brindada a las familias numerosas en un contexto de reducción del número de personas que componen los hogares, al reconocer que enfrentan una mayor carga económica asociada a la crianza simultánea de un número más elevado de hijos o hijas. II Este real decreto-ley se estructura en dos capítulos, ocho artículos, una disposición transitoria y diez disposiciones finales. El capítulo primero, artículos 1 a 7, versa sobre la protección a las familias con una sola persona progenitora, y en él se define qué familias pueden ser consideradas monoparentales; se establece la protección específica que deben dispensar las Administraciones públicas; se fijan los requisitos para mantener la condición de familia monoparental; se fija la categoría de familia monoparental especial para aquellas familias con dos o más hijos, un hijo y rentas bajas, un hijo con discapacidad o que el progenitor sea una persona con discapacidad o esté incapacitada para trabajar. También se regula el título de familia monoparental, se establecen medidas sociolaborales, empleo y conciliación, y las exenciones y bonificaciones que deben establecer las Administraciones públicas para proteger a este tipo de familias. El capítulo segundo, artículo 8, amplía la protección del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de forma que los anticipos con cargo al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos cubran los impagos de la pensión a la que tengan derecho las familias, en la cuantía y duración que reglamentariamente se prevea, hasta su mayoría de edad, así como en los casos de personas mayores de edad con un grado de discapacidad no inferior al sesenta y cinco por ciento o en situación de dependencia. La disposición transitoria única establece la vigencia de títulos de familia numerosa hasta la fecha máxima prevista para su renovación o, en su caso, extinción, salvo en el caso de que como consecuencia de dichas modificaciones la familia deba quedar clasificada en una categoría diferente a la que ostenta a la entrada en vigor de las mismas. La disposición final primera modifica diversos artículos de Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas para adaptarla a este real decreto-ley y dar asimismo cumplimiento al mandato de la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los bienes y servicios públicos, contribuyendo a la redistribución de la renta y la riqueza de las familias. Se complementa con la modificación de la letra h) del artículo 71.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por la disposición final tercera. Las disposiciones finales segunda y cuarta modifican, respectivamente, el primer párrafo de la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, y los artículos 2, 4, 5, 16, 17, y la disposición adicional primera del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. La disposición final quinta establece que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto-ley se deberá revisar la normativa reguladora del régimen de becas y ayudas al estudio a fin de garantizar su adecuación a lo previsto en este. El derecho a la protección específica de las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora regulado en el capítulo I se entenderá sin perjuicio de los umbrales de renta y patrimonio y demás requisitos económicos exigidos en la normativa básica estatal reguladora del sistema. La disposición final sexta establece la adaptación de la normativa autonómica a las previsiones de este real decreto-ley, de forma que las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor para adaptar su normativa a las previsiones contenidas en él. Sin perjuicio de ello, la fecha a partir de la cual se podrá solicitar el ejercicio de los beneficios y derechos incluidos en este real decreto-ley es el 1 de enero de 2027. La disposición final séptima establece la salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias, de forma que las previsiones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran, en especial los preceptos del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. La disposición final octava establece el título competencial, por el cual las estipulaciones contenidas en este real decreto-ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª, 14.ª y 17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, Hacienda general y Deuda del Estado, y Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. Se exceptúa de lo anterior el artículo 7 que resulta sólo de aplicación directa en el ámbito de la Administración General del Estado. La disposición final novena habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley. La disposición final décima establece que el presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, se ha previsto que las previsiones relativas al artículo cinco y a la disposición final primera produzcan efectos a partir del 1 de enero de 2027, con la finalidad de posibilitar que las comunidades autónomas puedan adaptar sus procedimientos y garantizar así una implantación ordenada y una correcta prestación de los servicios y derechos afectados. III De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, han de concretarse las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar las diferentes medidas previstas en el presente real decreto-ley. Como viene reiteradamente declarando esta jurisprudencia (así, la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2018, de 7 de junio, FJ 5), la adecuada fiscalización del recurso al real decreto-ley requiere el análisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (Sentencias del Tribunal Constitucional 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (Sentencias del Tribunal Constitucional 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4). En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3). En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia, concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, se debe considerar que el fin que justifica la legislación de urgencia no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Así, la situación de extraordinaria y urgente necesidad, exigida en el artículo 86 de la Constitución Española y que habilita la aprobación de las medidas incluidas en el presente real decreto-ley, deriva directamente de las consecuencias que se derivarían de su no aprobación para los niños y niñas que, viviendo en uno de estos tipos de familia, se enfrenta a situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social. De acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2025), los hogares integrados por una persona adulta con hijos o hijas dependientes presentan una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) del 50,6 %, prácticamente el doble de la registrada para el conjunto de la población (25,7 %). Asimismo, el 43,4 % de estos hogares tienen ingresos por debajo del umbral de pobreza, y el 16,9 % padecen carencia material severa; un porcentaje que, asimismo, duplica el de la población en general. Junto con ello, la realidad de las familias monoparentales presenta una marcada dimensión de género. Según los últimos datos oficiales disponibles sobre composición de los hogares en España, de los cerca de 1,95 millones de hogares monoparentales existentes, el 81,1 % estaban encabezados por mujeres. Todos estos datos confirman que la monoparentalidad constituye un factor estructural de riesgo de pobreza y exclusión social que hace inaplazable la adopción de medidas específicas de apoyo y protección por parte de los poderes públicos. El reconocimiento del título de familia monoparental prevista en la norma es una política palanca para que el conjunto de administraciones despliegue una protección económica similar a estas familias de la que disfrutan las familias numerosas; es, por tanto, un pilar del reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia y la equiparación de sus derechos. Las familias monoparentales existen y tienen unas necesidades específicas que no quedan suficientemente reflejadas en la legislación actual. El título no crea un nuevo modelo familiar, sino que reconoce jurídicamente una realidad social existente, permitiendo que las administraciones puedan identificarla y diseñar políticas públicas adecuadas. Por este motivo, resulta urgente y necesario que se atienda a esta situación extraordinaria en la que se encuentran cada vez más familias monoparentales. Además, las situaciones de riesgo que amenazan a los menores alcanzan igualmente a familias en las que hay dos personas progenitoras y que no reúne la condición formal de familia monoparental. Así, en 2025, el 33,8 % de las personas menores de 18 años se encontraban en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, es decir, más de 8 puntos porcentuales por encima del riesgo que experimentan las personas de entre 18 y 64 años (25,7 %) y del de las personas de 65 y más años (19,2 %). Por otra parte, en 2024, la tasa AROPE infantil de España alcanzó el 34,6 %, muy por encima de la media de la Unión Europea, situada en el 24,2 %. Los niños, niñas y adolescentes constituyen, por tanto, el grupo de edad más afectado, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad económica de los hogares con menores a cargo. En este ámbito se sitúa la reforma operada sobre la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, destinada a reforzar la protección de la que es objeto esta modalidad familiar, en coherencia con las especiales necesidades que presentan. De forma similar, y salvaguardando su rango reglamentario, la modificación del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, resulta necesaria para incorporar a las personas menores de edad o mayores con discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento y en situación de dependencia que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante el impago de alimentos en el nuevo régimen introducido por el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, así como introducir un procedimiento de urgencia que posibilite el reconocimiento de los anticipos con cargo al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, permitiendo así atender, de forma preferente, las situaciones de especial vulnerabilidad económica y social. Por último, el despliegue de mecanismos más ambiciosos para el abordaje de la pobreza infantil en España constituye, en sí misma, un elemento que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de esta norma, trae causa en la necesidad de abordar con urgencia una problemática que el propio Consejo en su recomendación relativa a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de España ha calificado como reto estructural importante para la equidad social y la competitividad futura. En ese sentido, las familias monoparentales, las familias numerosas y determinados hogares con hijos a cargo continúan registrando tasas de pobreza y exclusión social significativamente superiores a la media de la población. Por ende, el aplazamiento de estas medidas hasta la culminación de la tramitación ordinaria de una ley retrasaría durante varios meses la mejora de la protección económica de estos colectivos y la percepción efectiva de los apoyos previstos en la norma. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que una parte sustancial de las medidas contenidas en este real decreto-ley produce efectos directos sobre la renta disponible de los hogares con menores, incrementando de forma inmediata los recursos destinados a cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda, suministros, transporte, educación y cuidados. La demora en su entrada en vigor supondría mantener durante un periodo adicional situaciones de insuficiencia de ingresos que afectan especialmente a hogares con menores de edad y a familias con especiales necesidades de apoyo. Finalmente, la aprobación inmediata de la reforma resulta también necesaria para garantizar una aplicación homogénea de las nuevas categorías y derechos asociados a la protección familiar en todo el territorio nacional, permitiendo que las administraciones competentes adapten sus procedimientos y sistemas de gestión con la antelación suficiente para hacer efectivos los derechos reconocidos por la norma dentro del calendario previsto. La urgencia de la intervención tampoco queda desvirtuada por el hecho de que determinadas previsiones de la norma produzcan efectos en fechas posteriores o requieran actuaciones administrativas adicionales para su plena efectividad. De acuerdo con la doctrina constitucional, la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad debe valorarse respecto de la decisión normativa y de la necesidad de poner en marcha inmediatamente el marco jurídico que permita desplegar la actuación pública prevista. En el presente caso, la aprobación inmediata del real decreto-ley resulta necesaria para reconocer jurídicamente nuevas situaciones familiares, modificar el régimen legal de protección de las familias numerosas, establecer los nuevos criterios de acceso a diversos derechos y prestaciones y proporcionar seguridad jurídica a las administraciones competentes encargadas de su aplicación. La eventual demora derivada de una tramitación legislativa ordinaria retrasaría la adaptación de procedimientos administrativos, sistemas de gestión, instrumentos de acreditación y mecanismos de coordinación entre administraciones públicas, haciendo imposible alcanzar los objetivos perseguidos dentro de los plazos previstos. Asimismo, el hecho de que determinadas medidas desplieguen sus efectos económicos a partir del 1 de enero de 2027 responde a razones de correcta implementación administrativa y de adaptación de los sistemas de gestión, pero no elimina la necesidad de aprobar de forma inmediata el marco normativo que las hace posibles. Precisamente para garantizar que las Administraciones públicas dispongan del tiempo necesario para adaptar sus procedimientos y que los potenciales beneficiarios puedan ejercer sus derechos desde las fechas previstas, resulta imprescindible la aprobación urgente de la norma. La demora en la adopción del real decreto-ley comprometería, por tanto, tanto la efectividad material de las medidas de apoyo económico previstas como la implantación homogénea en todo el territorio nacional de los nuevos instrumentos de protección familiar, generando un retraso adicional en la protección dispensada a hogares con menores, familias monoparentales, familias numerosas y otras unidades familiares con especiales necesidades de apoyo. En consecuencia, por su finalidad y por el contexto en el que se dicta, concurren en el presente real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas en el artículo 86 de la Constitución Española, para implementar las medidas requeridas para atender a aquellas colectivos de personas discapacitadas o dependientes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante el impago de alimentos y con el fin de equilibrar la balanza de las familias monoparentales respecto a otras situaciones familiares. La extraordinaria y urgente necesidad de esta reforma se fundamenta, además, en razones objetivas que requieren su aprobación inmediata. Por otro lado, no hay afectación al Derecho electoral general, pues se trata de una materia ajena al objeto del proyecto, ni al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, conforme a la interpretación realizada sobre esta cuestión por el Tribunal Constitucional (cfr. STC 134/2021, de 24 de junio de 2021 y STC 150/2017, de 21 de diciembre de 2017). En cuanto a la prohibición de afectación a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, una muy consolidada doctrina del Tribunal Constitucional la interpreta en los siguientes términos, que resume la STC 139/2016, de 21 de julio (FJ 6): «1.º) El artículo 86.1 CE impide que con el decreto-ley queden afectados los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I CE, pero este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo “inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la Constitución”. 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores). 3.º) El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido “afectación” por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…).» Por lo que se refiere a las medidas de carácter tributario, el Tribunal Constitucional [SSTC 35/2017, de 1 de marzo (F.J. 5.º) 100/2012, de 8 de mayo (F.J. 9) 111/1983] sostiene que el sometimiento de la materia tributaria al principio de reserva de ley (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) tiene carácter relativo y no absoluto, por lo que el ámbito de regulación del decreto-ley puede penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no afecte a las materias excluidas, que implica en definitiva la imposibilidad mediante dicho instrumento de alteración del régimen general o de los elementos esenciales de los tributos, si inciden sensiblemente en la determinación de la carga tributaria o son susceptibles de afectar así al deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo. En el presente caso, las modificaciones tributarias incorporadas por el real decreto-ley se circunscriben fundamentalmente a la ampliación de beneficios fiscales dirigidos a colectivos familiares específicos, familias monoparentales y familias numerosas. La reforma no altera la estructura esencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, limitándose a ampliar determinados beneficios fiscales dirigidos a colectivos familiares específicos. Tampoco modifica sus elementos nucleares de configuración, tales como el hecho imponible, la delimitación general de la capacidad económica gravada, la tarifa del impuesto o los principios generales de determinación de la cuota tributaria. Las medidas previstas tienen un alcance sectorial y limitado, dirigido a reforzar la protección económica de determinados colectivos familiares, sin producir una alteración relevante o sustancial de la posición del conjunto de los contribuyentes en el sistema tributario. Desde esta perspectiva, el real decreto-ley realiza las modificaciones estrictamente necesarias para lograr los fines que persigue, y cuyo alcance limitado implica que no se produzca afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos previsto el artículo 31.1 de la Constitución Española. En lo que respecta al régimen de las Comunidades Autónomas, se trata de un límite que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado de modo flexible y finalista, de manera que, como sintetiza la STC 23/1993, de 21 de enero (FJ.2): «(…) ha de tenerse en cuenta que el art. 86.1 CE utiliza un término “régimen de las Comunidades Autónomas” más extenso y comprensivo que el mero de “Estatutos de Autonomía”, por lo que dicha expresión ha de ser interpretada, como ha dicho la STC 29/1986 “en el sentido de que el Decreto-ley no puede afectar al régimen constitucional de las Comunidades Autónomas, incluida la posición institucional que les otorga la Constitución”. De ese “régimen constitucional” forman parte los Estatutos, que no pueden ser alterados por un Decreto-ley, pero también se incluyen otras Leyes estatales atributivas de competencias, que forman parte del bloque de constitucionalidad, así como las Leyes atributivas de competencia del art. 150.1 CE, las Leyes de armonización del art. 150.3, y las Leyes Orgánicas a que se refiere el art. 150.2 CE. Por tanto, el Decreto-ley no puede regular objetos propios de aquellas leyes que, conforme al art. 28.1 LOTC hayan sido aprobadas, dentro del marco constitucional, para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. Más allá de ese “régimen constitucional” el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas. Ciertamente, el ejercicio de las competencias de un ente puede afectar en alguna medida a las del otro. Pero cuando la Constitución veda al Decreto-ley “afectar” al régimen de las Comunidades Autónomas, se refiere a una delimitación directa y positiva de las competencias mediante tal instrumento normativo, y no a cualquier regulación que indirectamente “incida” en las competencias autonómicas. De otro modo, se vaciarían prácticamente de contenido los ámbitos de regulación sobre los que el Decreto-ley puede proyectarse, puesto que es muy difícil encontrar un objeto normativo en el que no incida de uno u otro modo alguna competencia autonómica». En el presente supuesto, el real decreto-ley no lleva a cabo una delimitación positiva del reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas ni modifica el régimen constitucional o estatutario de éstas. La norma se limita a establecer condiciones básicas de protección familiar y a introducir modificaciones en ámbitos materiales de competencia estatal, especialmente en la determinación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos. Asimismo, las previsiones relativas al reconocimiento de nuevas categorías familiares y a la adaptación de los procedimientos de gestión respetan las competencias de ejecución y gestión que corresponden a las comunidades autónomas. La norma no altera el marco competencial existente, sino que establece un régimen básico común destinado a garantizar un tratamiento homogéneo de determinadas situaciones familiares en todo el territorio nacional. Asimismo, el presente real decreto-ley incorpora en su disposición final cuarta determinadas modificaciones del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Aunque se trata de previsiones contenidas en una norma reglamentaria, su modificación resulta necesaria por razones de sistematicidad y coherencia normativa, al encontrarse directamente vinculadas a las reformas legales introducidas en el propio real decreto-ley respecto del ámbito subjetivo de protección del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de los colectivos beneficiarios y de las condiciones de acceso a los anticipos reconocidos con cargo a dicho instrumento. La regulación conjunta de estas modificaciones legales y reglamentarias permite asegurar la efectividad inmediata de la reforma y evitar disfunciones derivadas de la coexistencia temporal de un nuevo régimen legal con una regulación reglamentaria no adaptada a las modificaciones introducidas. Igualmente, la finalidad perseguida por la reforma exige que las modificaciones reglamentarias entren en vigor de manera coordinada con las restantes medidas previstas en la norma, singularmente las dirigidas a extender la protección a hijos e hijas mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia y a reforzar la protección de las familias afectadas por situaciones de impago de alimentos. La aprobación posterior de una norma reglamentaria independiente no permitiría alcanzar con la misma eficacia los objetivos perseguidos ni garantizar la aplicación homogénea y coherente del nuevo régimen jurídico desde el momento de su entrada en vigor. De forma más concreta, la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/2016, de 4 de febrero de 2016, se pronunció de forma expresa sobre el alcance del límite material consistente en la afectación al régimen de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, indicando en su fundamento jurídico 5 lo siguiente: «Igual suerte ha de correr la queja relativa a la infracción del límite material consistente en la afectación al régimen de las Comunidades Autónomas en la que, según la demanda, incurrirían el artículo 22.2 y la disposición adicional novena, relativos a la constitución del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pues ya hemos señalado recientemente [STC 81/2015, de 30 de abril, FJ 6.b)] que este límite “no podría nunca llegar a comprender cualquier medida que de algún modo pudiese afectar a las Comunidades Autónomas, o a una Comunidad Autónoma (y no al régimen de las Comunidades Autónomas diseñado en general en la Constitución), pues de ser así, y teniendo en cuenta el desarrollo que ha alcanzado la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas esbozada en el título VIII de la Constitución, se haría imposible la utilización de ese instrumento normativo por parte del Gobierno de la Nación, comprometiendo incluso el ejercicio de las funciones que también le asigna esa misma Constitución”. En suma, es claro que una disposición del Gobierno, tendente a reestructurar los instrumentos de cooperación necesarios en el ámbito de la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, no persigue una delimitación directa y positiva de las competencias mediante el decreto-ley, pues este límite material no impide cualquier regulación que indirectamente incida en las competencias autonómicas. De otro modo, se vaciarían prácticamente de contenido los ámbitos de regulación sobre los que el Decreto-ley puede proyectarse, puesto que es muy difícil encontrar un objeto normativo en el que no incida de uno u otro modo alguna competencia autonómica (STC 23/1993, de 21 de enero, FJ 2; en el mismo sentido, STC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 8»). Lo previsto en este real decreto-ley, en tanto que persigue la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales de conformidad con el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular «en el ámbito propio de las competencias» estatales. Por ello, debe concluirse que las medidas que contempla la norma no afectan «a la posición institucional de las comunidades autónomas», ni delimitan «de forma directa y positiva las competencias que aquellas tienen atribuidas» (por todas, STC 145/2023, de 25 de octubre, FJ 4) y no presentan afectación al régimen de las comunidades autónomas, siendo respetuoso con el límite que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado de modo flexible y finalista. Por último, el instrumento del real decreto-ley, previsto en el artículo 86 de la Constitución Española es adecuado, pues el proyecto contempla la modificación de una norma con rango de ley y responde a una situación de extraordinaria y urgente necesidad. IV En la elaboración de este real decreto-ley se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la norma proyectada es fundamental para poder articular un marco general y coherente de protección social y económica de las familias monoparentales, que supere la actual fragmentación y falta de equidad del conjunto de normas estatales en la materia. Así, existen diferentes normativas sectoriales con distinto alcance en cuanto a su ámbito subjetivo, con diferencias en cuanto a la propia definición de unidad familiar o de tipología de familias, o los requisitos que deben acreditar para acceder a determinados beneficios (a efectos de becas educativas, ayudas a la vivienda, rentas mínimas, bonos sociales de energía, prestaciones por desempleo, etc.). Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, nuestro país presenta una clara insuficiencia en el nivel de protección social y económica a las familias monoparentales, especialmente a las que tienen personas menores de edad a cargo, que tiene su reflejo en la gran diferencia existente entre el gasto destinado a familia e infancia en términos de PIB en España (1,4 % en 2023) frente a la media de la Unión Europea (2,32 % en 2023). Hay que señalar, nuevamente, que de manera reiterada la Comisión Europea ha venido instando a España a mejorar el apoyo a las familias en sus Recomendaciones-País cada año y que, sobre esa base, se está desarrollando un proyecto de apoyo a las reformas estructurales financiado por la Comisión Europea para promover un nuevo marco nacional de apoyo y protección a las familias en España, que ha contado con la asistencia técnica de la OCDE. Así, en el informe final, se recoge un diagnóstico sobre la protección familiar en nuestro país, una serie de buenas prácticas comparadas de otros países de la UE y la OCDE y, finalmente, un conjunto de recomendaciones para orientar la reforma, que en buena medida han contribuido a fundamentar y apoyar el enfoque y contenido de este proyecto normativo. La utilización del real decreto-ley como instrumento normativo resulta asimismo adecuada desde la perspectiva del principio de eficacia, al permitir la implantación inmediata y coherente del conjunto de medidas previstas para el refuerzo de la protección familiar. La concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, unida a la necesidad de evitar demoras en el acceso a derechos, beneficios fiscales, prestaciones y mecanismos de apoyo económico dirigidos a hogares con menores, hace que la utilización de este instrumento constituya la vía más adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos por la norma en el plazo requerido. En cuanto al principio de proporcionalidad, la norma no incorpora medidas restrictivas de derechos ni impone nuevas obligaciones generales a ciudadanos o empresas. Su contenido se limita a establecer medidas de protección, reconocimiento de derechos y ampliación de mecanismos de apoyo económico dirigidos a las familias, incorporando únicamente aquellas previsiones necesarias para la consecución de los objetivos perseguidos. Cumple igualmente este real decreto-ley con el principio de seguridad jurídica, al resultar coherente con el conjunto del ordenamiento jurídico nacional e internacional y, en particular, con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas; el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; y la normativa reguladora del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que son objeto de actualización o modificación por esta norma, a través de un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, facilitando la actuación y toma de decisiones de los poderes públicos intervinientes en la materia, regulando de forma unificada y conjunta la protección a las familias. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido en las diferentes fases de su tramitación, tanto en esta exposición de motivos como en la memoria de análisis de impacto normativo que la acompaña, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Este real decreto-ley se dicta al amparo de la regla 1.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª, 14.ª y 17.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026, DISPONGO: CAPÍTULO I Protección a las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora Artículo 1. Ámbito de aplicación. 1. Las medidas establecidas en este capítulo se aplicarán a las siguientes situaciones familiares: a) Familia formada por una sola persona progenitora y uno o más descendientes menores de edad sobre los que tenga la guarda y custodia. b) Familia formada por una sola persona que ostente la tutela exclusiva de uno o más menores de edad o que conviva con una o más personas menores de edad en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. c) Familia formada por una sola persona con uno o más descendientes mayores de edad sobre los que tenga curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad análogas. 2. Asimismo, se aplicarán a aquellas unidades familiares en las que, aunque haya dos personas progenitoras, se produzca alguna de las siguientes situaciones: a) Cuando la guarda y custodia sea exclusiva de una persona progenitora y sin derecho a percibir anualidades por alimentos. b) Cuando la progenitora haya sido víctima de violencia de género por parte del otro progenitor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y ejerza la patria potestad y la guardia y custodia, tutela o curatela representativa o medidas de apoyo similares sobre sus hijas o hijos. c) En caso de ausencia temporal forzada de una de las dos personas progenitoras que le impida ejercer las responsabilidades parentales (ingreso en prisión, ingreso en centros sanitarios u otras razones análogas) por un periodo de tiempo previsible igual o superior a un año, en cuyo caso formarán la unidad familiar la otra persona progenitora junto con las hijas e hijos que dependan de ella. A estos efectos, se considera persona progenitora a la madre o al padre. Se equiparará a esta condición a la persona que tuviera a su cargo la tutela, guarda o acogimiento de personas menores de edad. Asimismo, tendrán la misma consideración que las hijas o los hijos las personas que se encuentren en situaciones de tutela, acogimiento familiar permanente, o guarda con fines de adopción, legalmente constituidas. Artículo 2. Derecho a la protección específica de las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora. 1. Las Administraciones Públicas fomentarán las medidas necesarias para garantizar los derechos de las situaciones familiares previstas en el artículo anterior, a fin de que puedan afrontar las especiales dificultades y costes asociados a la atención, cuidado y educación de hijas e hijos en solitario, de forma que sus integrantes no queden en situación de desventaja para el acceso a los bienes económicos, culturales y sociales. 2. Las Administraciones Públicas, en sus respectivos ámbitos de competencias, establecerán garantías para que no se produzcan discriminaciones en el acceso y disfrute de derechos, beneficios y servicios por razón de la existencia de una sola persona progenitora. 3. Con carácter general, cuando se utilicen criterios económicos para la concesión o mantenimiento de beneficios se deberá introducir la corrección oportuna para las familias a que se refiere el presente capítulo de forma que, al menos, las sitúen en los mismos umbrales de renta que las biparentales con el mismo número de hijas o hijos. 4. Las Administraciones Públicas competentes reforzarán la protección económica a estas familias cuando concurran situaciones de vulnerabilidad, que las sitúe en una situación de precariedad, indefensión o riesgo de exclusión y contarán con los apoyos que aseguren el bienestar y la convivencia de estas familias. 5. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el acceso prioritario de las familias en que exista una sola persona progenitora a todas aquellas políticas públicas, medidas y recursos específicos que busquen garantizar la corresponsabilidad en ámbito del cuidado de las personas menores de edad a su cargo. 6. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán especial atención y apoyo a las familias en que exista una sola mujer progenitora víctima de violencia de género o de violencia sexual, garantizándoles los derechos y la atención integral que les corresponde de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 7. En los supuestos de familias monoparentales en los que una mujer progenitora tenga a su cargo a una persona menor de edad con un grado III de dependencia reconocido, las Administraciones Públicas les reconocerán la condición de colectivo de especial vulnerabilidad y les garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el acceso prioritario a prestaciones, ayudas y recursos públicos equiparable al previsto en el título II de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y demás normativa sectorial aplicable. Artículo 3. Supuestos protegidos. 1. A los efectos de la protección desplegada por la Administración General del Estado, para que se reconozca o mantenga la condición de familia monoparental, las hijas o los hijos deben cumplir las siguientes condiciones: a) Ser personas en estado civil de soltería y menores de veintiún años o ser personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento o estar incapacitadas para trabajar, cualquiera que fuera su edad. Tal límite de edad se amplía hasta el cumplimiento de los veintiséis años en las familias en que exista una sola mujer progenitora víctima de violencia de género y, con carácter general, si los hijos o hijas cursan enseñanzas universitarias, formación profesional, u otros estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo. b) Convivir con la persona progenitora, si bien se entenderá en todo caso que la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares no rompe la convivencia entre persona progenitora y las hijas o hijos. c) Depender económicamente de la persona progenitora o responsable. Se considera que hay dependencia económica cuando: 1.º La hija o el hijo o la persona sometida a tutela, acogimiento familiar permanente o temporal, o guarda con fines de adopción obtenga unos ingresos no superiores, en cómputo anual, al cien por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente, incluidas las pagas extraordinarias, o esté incapacitado para el trabajo y la cuantía de su pensión, si la percibiese, no exceda en cómputo anual de dicho importe, salvo que percibiese pensión no contributiva por invalidez, en cuyo caso no operará tal límite. 2.º La hija o el hijo o la persona sometida a tutela, acogimiento familiar permanente, o guarda con fines de adopción, contribuyan al sostenimiento de la familia, y la persona progenitora esté incapacitada para trabajar, jubilada o sea mayor de sesenta y cinco años de edad, siempre que los ingresos de ésta no sean superiores, en cómputo anual, al cien por ciento del IPREM, incluidas las pagas extraordinarias. 2. Nadie podrá formar parte, a los efectos previstos en este capítulo, de dos unidades familiares al mismo tiempo. 3. La condición de familia monoparental se perderá, a los efectos de este real decreto-ley, en el momento en que la persona responsable de la unidad familiar contraiga matrimonio con otra persona, constituya una pareja de hecho o bien dejen de cumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en la norma. Artículo 4. Categorías de las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora. Las situaciones familiares previstas en el artículo 1 se clasifican en dos categorías: a) Especial: 1.º Las que cuenten con dos o más hijas o hijos. 2.º Las que cuentan con una hija o hijo, cuando sus ingresos anuales, divididos por el número de integrantes, no superen en cómputo anual el ciento cincuenta por ciento del IPREM vigente, incluidas las pagas extraordinarias. 3.º Las que cuentan con una hija o hijo que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento o una incapacidad para trabajar. 4.º Las familias en que la persona progenitora tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento o una incapacidad para trabajar. b) General: Las que no se encuentren en las situaciones descritas en el apartado anterior. Artículo 5. Reconocimiento de la condición de situación familiar en que existe una sola persona progenitora. 1. Las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora se reconocerán con un título que les permita la acreditación oficial como tales ante cualquier administración o entidad pública o privada, que será expedido, previa solicitud y comprobación de las condiciones que dan derecho al mismo, por las administraciones autonómicas donde tengan su domicilio, con validez en todo el territorio nacional, sin necesidad de ningún trámite adicional. Dicho título se denominará título de familia monoparental. 2. Corresponde a la comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla donde esté domiciliada la persona solicitante, la competencia para el reconocimiento de esta condición, así como para la expedición y renovación del título que acredita dicha condición, que incluirá la certificación en formato digital con idéntica validez que el formato físico. Asimismo, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán expedir documentos de uso individual para cada miembro de la unidad familiar que esté en posesión del correspondiente título, que acredite su pertenencia a la misma y la categoría en la que la familia está clasificada, a fin de acceder a los beneficios asociados a tal condición. 3. El contenido mínimo e indispensable para asegurar la eficacia del título será el previsto en el artículo 2.3 del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre. 4. Con carácter general, la vigencia del título estará determinada por el cumplimiento de los veintiún años del menor de las hijas o hijos. No obstante, el título tendrá una vigencia especial en los siguientes supuestos: a) Hasta el cumplimiento de los veintiséis años de edad por el menor de las hijas/os que estudie. b) En caso de estudios, entre los veintiún y los veintiséis años de edad, la fecha de finalización previsible de los mismos, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6. c) En caso de que el título o la categoría dependan del grado de discapacidad, de la incapacidad para trabajar o de la situación de dependencia, seguirá vigente mientras se mantenga tal situación. d) En el caso de título concedido por violencia de género, la vigencia del título será de cinco años. e) En caso de situación de privación de libertad o ingreso en centros sanitarios, el título tendrá vigencia anual, renovable por periodos iguales mientras dure la circunstancia de la que trae causa. f) En el supuesto de acogimiento familiar temporal, el título tendrá una vigencia de la misma duración que el acogimiento. 5. Una vez obtenido el reconocimiento y expedido el correspondiente título, este surtirá efectos desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la finalización de su vigencia. Transcurrido el plazo de vigencia, si no se solicita la correspondiente renovación, el título dejará de surtir efectos. 6. El título correspondiente deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición o posterior renovación del título y ello suponga cambio de categoría o pérdida de la condición de la situación familiar de persona progenitora sola, así como cuando alguno de los hijos o hijas deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de la familia, aunque ello no suponga modificación de la categoría en que está clasificada o la pérdida de tal condición. 7. Las personas que formen parte de unidades familiares a las que se haya reconocido la condición prevista en el presente artículo están obligadas a comunicar, en el plazo máximo de tres meses, cualquier variación que se produzca en la unidad familiar, siempre que deba ser tenida en cuenta a efectos de modificación o extinción del derecho al título. 8. El incumplimiento de las obligaciones a que estuvieran sujetas las personas que formen parte de unidades familiares que tengan reconocida esta condición de acuerdo con este real decreto-ley, constituyen infracciones administrativas en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Familias Numerosas. En este sentido, se considera responsable a cualquiera de los miembros que integren la unidad familiar que realice alguna de las conductas o de los hechos constitutivos de infracción administrativa. A los efectos previstos en este artículo será de aplicación supletoria a lo previsto en este artículo lo establecido en el título I de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, en aquellos aspectos que no estén expresamente regulados y que pudieran serle de aplicación. 9. El título previsto en el presente artículo es compatible con el título de familia numerosa expedido al amparo de la ley estatal vigente, en los casos de situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora con dos o más hijas o hijos, si bien los beneficios de la misma clase o naturaleza derivados de dichos títulos no serán acumulativos, salvo que en la normativa correspondiente se establezca lo contrario. Artículo 6. Otras medidas de protección en materia sociolaboral, de empleo y conciliación. 1. Los límites de rentas que se establezcan, en su caso, para el acceso a prestaciones económicas vinculadas al nacimiento, cuidado y crianza de hijas o hijos podrán incrementarse en los casos en que la persona beneficiaria se encuentre en alguna de las situaciones familiares previstas en este capítulo. 2. Específicamente, en relación con el Ingreso mínimo vital, se garantiza que dichas familias pueden acceder al mismo, evitando posibles discriminaciones, equiparando el tratamiento con el de las situaciones familiares en que existan dos personas progenitoras, incluyendo la posibilidad de convivencia con otros familiares sin perder la aplicación del complemento, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre. 3. Las estrategias activas de empleo que desarrollen las administraciones competentes promoverán las habilidades y competencias de las personas progenitoras en las situaciones familiares a que se refiere este título para la mejora de su empleabilidad, incluyendo programas formativos específicos de competencias básicas y de reciclaje profesional, programas personalizados de inserción socio laboral o acceso preferente a planes de formación, en particular para las madres. Estos programas han de tener en consideración la especial dificultad para conciliar de estas familias, garantizando que puedan participar en dichos programas, con horarios compatibles con horarios escolares, servicio de cuidado en paralelo para atender a las personas menores de edad, entre otras medidas. 4. En materia educativa, los integrantes de las familias en las que exista una sola persona progenitora tendrán trato preferente, de acuerdo con lo que se determine en la normativa estatal aplicable, en la concesión de becas y ayudas al estudio. Artículo 7. Exenciones, bonificaciones en tasas y precios. Las Administraciones Públicas competentes establecerán para los miembros de familias a que se refiere el artículo 1 un régimen de exenciones y bonificaciones de las tasas o precios públicos que se apliquen a: a) Los transportes públicos, urbanos e interurbanos. b) El acceso a los bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio. CAPÍTULO II Protección en caso de impago de alimentos en casos de ruptura familiar Artículo 8. Atención al pago de alimentos en situaciones de ruptura familiar. Con la finalidad de proteger a las personas menores de edad frente a situaciones de impago de las pensiones de alimentos reconocidas judicialmente, se adecuarán los anticipos con cargo al Fondo de Garantía del pago de Alimentos de forma que cubran los impagos de la pensión a la que tengan derecho, en la cuantía y duración que reglamentariamente se prevea, hasta su mayoría de edad, así como en los casos de personas mayores de edad con un grado de discapacidad no inferior al sesenta y cinco por ciento o en situación de dependencia de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Disposición transitoria única. Vigencia de títulos de familia numerosa. 1. Los títulos de familia numerosa expedidos al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, antes de la entrada en vigor de las modificaciones realizadas en la misma por la disposición final primera de este real decreto-ley, mantendrán su validez hasta la fecha máxima prevista para su renovación o, en su caso, extinción, salvo en el caso de que como consecuencia de dichas modificaciones la familia deba quedar clasificada en una categoría diferente a la que ostenta a la entrada en vigor de las mismas. 2. Quedarán automáticamente clasificadas como familias numerosas de categoría especial, con arreglo a la nueva redacción dada en la disposición final quinta de esta norma al artículo 4.1 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, las familias que, a la entrada en vigor de la misma, tienen reconocido título de familia numerosa de categoría general que cuenten con cuatro hijos o hijas o tres de los cuales al menos dos procedan de un mismo parto, adopción o acogimiento o guarda con fines de adopción múltiples, así como las situaciones familiares previstas en el artículo 33 con dos o más hijos. En los casos en que una familia numerosa de categoría general según la normativa hasta ahora vigente cuente con tres hijos o hijas y tuviera derecho, de acuerdo con el criterio de ingresos establecido en el artículo 4.1 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, en su nueva redacción, a pasar a ser clasificada como familia de categoría especial, deberá instar esta reclasificación previa acreditación de la no superación de dicho límite de ingresos anuales. Disposición final primera. Modificación de Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. Se modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, de la forma siguiente: Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 2. Concepto de familia numerosa. 1. A los efectos de esta ley, se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes. 2. Se equipararán a familia numerosa, a los efectos de esta ley, las familias constituidas por: a) Uno o dos ascendientes con dos hijas o hijos, sean o no comunes, cuando al menos uno de estos sea persona con discapacidad o con incapacidad para trabajar. b) Uno o dos ascendientes, cuando ambos fueran personas con discapacidad, o, al menos, una de ellas tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o estuvieran incapacitadas para trabajar, con dos hijas o hijos, sean o no comunes. c) La persona progenitora en situaciones familiares en que exista una sola con dos hijas o hijos. d) El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal. En el supuesto de que la persona progenitora opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa, proponiendo a estos efectos que se tengan en cuenta hijos que no convivan con ella, deberá presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos. En el caso de que no hubiera acuerdo entre las personas progenitoras sobre las hijas e hijos que deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia. Si la guardia y custodia de las hijas o de los hijos estuvieran atribuidas de forma compartida, estos podrán ser computados por ambos progenitores, de forma que figuren en los dos títulos emitidos. e) Dos o más hermanas/os huérfanas/os de sus personas progenitoras que estén sujetas a tutela, acogimiento o guarda que convivan con la persona tutora, acogedora o guardadora, pero que no se hallen a sus expensas. f) Tres o más hermanas/os huérfanas/os de sus personas progenitoras, mayores de 18 años, o dos, si uno de ellos es persona con discapacidad, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos. 3. A los efectos de esta ley, se consideran ascendientes las personas progenitoras, de forma individual o conjuntamente, cuando exista vínculo conyugal o constituyan una pareja de hecho registrada como tal, o, en su caso, al cónyuge o pareja de hecho registrada de uno de ellos. Se equiparará a la condición de ascendiente la persona o personas que, a falta de los mencionados en el párrafo anterior, tuvieran a su cargo la tutela, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de los hijos, siempre que estos convivan con ella o ellas y a sus expensas. 4. Tendrán la misma consideración que las hijas e hijos las personas sometidas a tutela, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente legalmente constituido. Las personas menores de edad que habiendo estado en alguna de estas situaciones alcancen la mayoría de edad y permanezcan en la unidad familiar, conservarán la condición de hijas e hijos en los términos establecidos en el artículo 3. 5. A los efectos de esta ley, se entenderá por persona con discapacidad aquella que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y, por persona incapacitada para trabajar, aquella que tenga reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.» Dos. Se da nueva redacción al artículo 4, que queda redactado como sigue: «Artículo 4. Categorías de familia numerosa. 1. Las familias numerosas, por razón del número de hijos que reúnan las condiciones de los artículos 2 y 3 de esta ley, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: a) Especial: Las de cuatro o más hijas o hijos y las de tres hijas o hijos de los cuales al menos dos procedan de un mismo parto, adopción o acogimiento o guarda con fines de adopción múltiples. No obstante, las unidades familiares con tres hijos se clasificarán en la categoría especial cuando los ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 150 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, incluidas las pagas extraordinarias. b) General: Las restantes unidades familiares no señaladas en la letra anterior. 2. Cada hijo con discapacidad o con incapacidad para trabajar, en los términos definidos en el apartado 5 del artículo 2, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte.» Tres. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue: «Artículo 5. Reconocimiento de la condición de familia numerosa. 1. La condición de familia numerosa y los supuestos equiparados a la misma en el apartado 2 del artículo 2 se acreditarán mediante el título oficial establecido al efecto, que será otorgado cuando concurran los requisitos establecidos en esta ley, a petición de cualquiera de las personas ascendientes, u otro miembro de la unidad familiar con capacidad legal. Este título tendrá validez en todo el territorio nacional sin necesidad de acto alguno de reconocimiento. El contenido mínimo e indispensable para asegurar su eficacia se determinará en el desarrollo reglamentario de esta ley. 2. Corresponde a la comunidad o ciudad autónoma de residencia de la persona solicitante la competencia para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, así como para la expedición y renovación del título que acredita dicha condición y categoría, incluyendo la certificación en formato digital con idéntica validez que el formato físico. Para la obtención del título oficial de familia numerosa a que se refiere este artículo será necesario que todos los miembros de la familia numerosa faciliten al órgano competente para su expedición, el número del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el Número de Identificación de Extranjero. En el caso de que las personas menores de edad, conforme a la normativa vigente, no estén obligadas a disponer de dicha documentación, la identidad y filiación podrán acreditarse mediante el libro de familia, certificación registral de nacimiento o documentación pública equivalente. Asimismo, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán expedir documentos de uso individual para cada miembro de la unidad familiar que esté en posesión del correspondiente título, que acredite su pertenencia a la misma y la categoría en la que la familia está clasificada, a fin de acceder a los beneficios asociados a tal condición. Para los casos de los nacionales de Estados miembro de la Unión Europea o de los restantes que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no tengan su residencia en territorio español, será competente la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.» Cuatro. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue: «Artículo 6. Renovación, modificación o pérdida del título. El título deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición del título y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de familia numerosa. El título seguirá en vigor, aunque el número de hijas o hijos que cumplen las condiciones para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3. Las unidades familiares clasificadas en la categoría especial la mantendrán mientras alguna de las hijas o hijos reúna las condiciones previstas en el artículo 3. No obstante, en todos estos casos la vigencia del título se entenderá exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no será aplicable a las hijas o hijos que ya no las cumplen.» Disposición final segunda. Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Se modifica el primer párrafo de la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que queda redactada como sigue: «Se crea un Fondo, que se dotará inicialmente con 10 millones de euros, destinado a garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago de pensiones de alimentos reconocido a favor de los hijos e hijas menores de edad o mayores con un grado de discapacidad de, al menos, el sesenta y cinco por ciento o en situación de dependencia reconocida según lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en convenios judicialmente aprobados o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, disolución de pareja de hecho, procesos de filiación o de alimentos.» Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Se modifica la letra h) del artículo 71.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los términos siguientes: «h) Las comunidades autónomas facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios informáticos los datos relativos a las fechas de reconocimiento y vencimiento de los títulos de familias numerosas y de familias monoparentales, así como los datos relativos a los miembros de la unidad familiar incluidos en los mismos, que puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, incluyendo la condición de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como con la actualización de la información obrante en las bases de datos del sistema. De la misma manera, facilitarán además los datos relativos a parejas de hecho en los términos regulados en el artículo 221. Asimismo, facilitarán a las entidades gestoras de Seguridad Social que gestionen ayudas o subvenciones públicas, los datos sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho o el importe de las ayudas o subvenciones a conceder. Por otra parte, facilitarán a la entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar los datos sobre el permiso de explotación marisquera, que puedan guardar relación con la incorporación de los trabajadores dedicados al marisqueo en el citado Régimen Especial.» Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Se modifica el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de la forma siguiente: Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue: «Artículo 2. Naturaleza y gestión del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. 1. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos es un fondo carente de personalidad jurídica, a los que se refiere el artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria, cuya gestión se atribuye al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 2. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos tiene como finalidad garantizar a los hijos e hijas menores de edad o mayores con un grado de discapacidad de, al menos, el sesenta y cinco por ciento o en situación de dependencia reconocida según lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, el pago de pensiones de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, disolución de parejas de hecho, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo. 3. La concesión del anticipo se hará en todo caso previa instrucción y resolución del expediente dirigido a comprobar su procedencia. 4. En cualquier caso, será necesario para acceder a los anticipos del Fondo que la resolución en la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales españoles.» Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que tendrá la siguiente redacción: «Serán beneficiarios de los anticipos del Fondo los españoles menores de edad o mayores con discapacidad o en situación de dependencia, así como los menores nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en España, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites que se establecen en el artículo 6 de este real decreto.» Tres. Se modifica el artículo 5, con el siguiente tenor literal: «Artículo 5. Concepto de Unidad familiar. A los efectos previstos en este real decreto, se considerará unidad familiar exclusivamente la formada por el padre o la madre y aquellos hijos e hijas menores de edad o mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia, que sean titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, y que se encuentren a su cargo. Formarán parte de dicha unidad familiar el resto de los menores que convivan en el mismo domicilio por ser hijo del progenitor acreedor de alimentos, cuya filiación no se encuentre determinada respecto de su otro progenitor. También se considerará Unidad familiar a estos efectos la formada por los menores contemplados en el párrafo anterior y la persona física que los tenga a su cargo por tener atribuida su guarda y custodia.» Cuatro. Se modifica el artículo 16, que tendrá la siguiente redacción: «Artículo 16. Procedimiento de urgencia. 1. Podrá reconocerse con carácter de urgencia el anticipo a quienes, reuniendo las condiciones contempladas por este real decreto, acrediten una situación de urgente necesidad. 2. Se considerará, a estos efectos, que existe situación de urgente necesidad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando los recursos e ingresos económicos de la unidad familiar no superen la mitad del límite fijado con arreglo al artículo 6 del presente real decreto. b) Cuando la persona que lo solicite sea víctima de violencia de género, en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 3. El procedimiento de urgencia se iniciará a instancia de quien reclame el anticipo y no será preciso acreditar la dificultad para obtener el pago de alimentos a que se refiere el artículo 14.2.b), siendo bastante el testimonio de haber instado la ejecución judicial de la resolución que reconoció el derecho a la pensión de alimentos. 4. Deberá acreditarse la condición de víctima de violencia de género, si esta fuera la causa de la situación de urgente necesidad, por cualquiera de los siguientes medios de prueba: a) A través de la sentencia condenatoria. b) A través de la resolución judicial que hubiere acordado como medida cautelar para la protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional del inculpado. c) De la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 5. El procedimiento ordinario podrá derivar en procedimiento de urgencia a instancia del solicitante, cuando por este se acredite una situación sobrevenida de urgente necesidad en los términos del presente artículo.» Cinco. Se modifica el artículo 17, que tendrá la siguiente redacción: «Artículo 17. Resolución, plazos y efectos. 1. Corresponderá al centro directivo competente en la gestión del Fondo resolver el expediente, de forma motivada en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para la tramitación. Este plazo será de dos meses en el procedimiento de urgencia contemplado en el artículo anterior, contado igualmente desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para la tramitación. 2. Transcurridos los plazos establecidos en el apartado anterior sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud se podrá entender estimada, sin perjuicio de la obligación de la Administración Pública de resolver expresamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 3. La concesión del pago del anticipo se comunicará también a la persona obligada al pago de pensión de los alimentos, en el plazo de diez días a partir de la fecha de la emisión de la resolución de reconocimiento, mediante un oficio en el que se reflejen las circunstancias del reconocimiento de aquel.» Seis. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada como sigue: «Disposición adicional primera. Personas con discapacidad. Los hijos e hijas mayores de edad con un grado de discapacidad de, al menos, el sesenta y cinco por ciento o en situación de dependencia reconocida según lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, serán beneficiarios de los anticipos del Fondo cuando concurran en ellos las circunstancias prevenidas por este real decreto para los hijos e hijas menores de edad. El grado de discapacidad o dependencia se acreditará mediante resolución o certificación emitida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u órgano competente de la comunidad autónoma, que se aportará junto con la restante documentación acreditativa prevista por el artículo 14.» Disposición final quinta. Adaptación del régimen de becas y ayudas al estudio a la protección a las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora. 1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto-ley se deberá revisar la normativa reguladora del régimen de becas y ayudas al estudio a fin de garantizar su adecuación a lo previsto en este y en especial a lo establecido en el capítulo I. 2. El derecho a la protección específica de las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora regulado en el capítulo I se entenderá sin perjuicio de los umbrales de renta y patrimonio y demás requisitos económicos exigidos en la normativa básica estatal reguladora del sistema. Disposición final sexta. Adaptación de la normativa autonómica a las previsiones de este real decreto-ley. Las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley para adaptar su normativa a las previsiones contenidas en él. Sin perjuicio de ello, la fecha a partir de la cual se podrá solicitar el ejercicio de los beneficios y derechos incluidos en este real decreto-ley es el 1 de enero de 2027. Disposición final séptima. Salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias. Las previsiones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran, en especial los preceptos del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Disposición final octava. Título competencial. Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª, 14.ª y 17.ª, de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, Hacienda general y Deuda del Estado, y Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. Se exceptúa de lo anterior el artículo 7 que resulta sólo de aplicación directa en el ámbito de la Administración General del Estado. Disposición final novena. Desarrollo reglamentario y ejecución. Se habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley. Disposición final décima. Entrada en vigor. 1. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el artículo 5 y la disposición final primera producirán efectos a partir del 1 de enero de 2027. Dado el 10 de noviembre de 2026. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN