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Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La cultura es uno de los grandes conceptos que mueven el Estado democrático y de derecho contemporáneo, hasta el punto de haber sido propuesta como el cuarto elemento del Estado que habría que sumar a los tres tradicionales de poder, población y territorio.
El largo proceso histórico de afinidades entre la cultura, el Derecho y las políticas culturales ha elevado la cultura a un rango superior en los valores jurídico-políticos de nuestras sociedades, lo que se ha manifestado en varias direcciones. En primer lugar, en el desarrollo de una legislación cultural cada vez más extensa y especializada. En segundo lugar, en el estatus jurídico superior que ha adquirido la cultura al convertirse en un asunto del máximo rango constitucional. Y, en tercer lugar, en el alto grado de institucionalización de la cultura.
La aparición de una legislación cultural, parte de la nueva especialidad de un derecho de la cultura cada vez más complejo y afinado científicamente, es, probablemente, una de las grandes señas de identidad de la vida cultural actual. En el Estado de derecho, la legislación fija los principios, los procedimientos y las reglas, y las políticas culturales las realizan. Esta legislación cultural, que fue mínima en el siglo XIX y ceñida a unas incipientes normativas sobre patrimonio histórico y sobre propiedad intelectual, ha terminado por cubrir todas las manifestaciones y contenidos de la cultura no existiendo ya prácticamente campo, asunto o sector que quede al margen de ella.
Sin embargo, lo que más destaca no es tanto la notable amplitud de este grupo normativo como el rango que hoy ha conquistado la cultura al haber ascendido hasta el núcleo central de los textos constitucionales y del derecho internacional. El cambio ha sido extraordinario. Ninguna de las constituciones del mundo en el siglo XIX llegó a emplear la voz cultura en su articulado, aunque, en justicia, no se debería ignorar que había alguna materia constitucional en la que entonces ya estaba latente la semilla de lo cultural. Claro es, al efecto, el caso de la libertad de expresión en la que la libertad de creación artística, aunque no nombrada, subyacía dentro de ella, como tiempo más tarde sostuvo la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que, llegado el siglo XX, no tuvo inconveniente en proteger el arte bajo la cobertura de aquella primera libertad madre. Esta importante senda jurídica la inauguraron algunas constituciones de comienzo de siglo XX (México en 1917 y Weimar en 1919), que se abrieron tímidamente a la presencia de la voz cultura. Pero el cambio clave fue convertir ese concepto en un asunto constitucional, lo que inició, con llamativa vehemencia en el constitucionalismo mundial, la Constitución española de la Segunda República, de 1931. Esta constitución encumbró (art. 48) el servicio de la cultura como «atribución esencial» de la República (afirmación recuperada por el artículo 149.2 de la actual Constitución, art. 44.1), es decir, como una indeclinable responsabilidad pública. Asimismo, incluyó la cultura dentro del título de los derechos fundamentales, aun sin utilizar todavía el concepto de derechos culturales, pues no se conocían aún. Este nuevo concepto vendría con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los dos pactos internacionales que, en 1966, la transformaron en instrumento jurídico vinculante. Lo que acaecería después fue un imparable crecimiento constitucional, que expresa el nuevo concepto de Constitución cultural. Este desbordamiento constitucional se disparó a partir del último cuarto del siglo XX, en diversas constituciones europeas (como la portuguesa de 1976 y la española de 1978) y, sobre todo, en el área iberoamericana, donde la renovación constitucional ha sido más frecuente. Lo decisivo que decanta este proceso es que la cultura, no sus elementos o sectores, como concepto pleno e integral, se ha convertido en uno de los grandes asuntos constitucionales y va en camino de serlo también del Derecho internacional, aunque es cierto que el recorrido es más lento en el Derecho comunitario europeo. Mejor ejemplo no hay que la cláusula síntesis «vida política, económica, social y cultural» –cristalizada en gran parte de los textos constitucionales y en el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, que la recoge en el artículo 37.18– que resume los grandes cuatro conceptos del ámbito pleno de actuación de los textos constitucionales.
Una cuestión de importancia sobresaliente asociada a la entrada de la cultura en las constituciones y en los instrumentos internacionales, es que se ha ido impregnando en estos textos de los valores democráticos y sociales y hasta de los de la propia cultura, y, por ende, su protección ha ingresado en el capítulo de las garantías jurídicas e institucionales propias de los derechos de naturaleza fundamental que, progresivamente, están afianzando la denominación de derechos culturales.
Otro de los rasgos de la situación de la cultura es la opción de radicar en los poderes públicos, por la superior capacidad del Estado democrático y social de satisfacer las necesidades culturales según criterios de servicio público, objetividad, universalidad, igualdad de acceso y pluralismo, la responsabilidad de garantizar el progreso de la vida cultural. Lo que no supone que los poderes públicos deban inmiscuirse en crear cultura por sí mismos, sino que su función, en respeto a la libertad y autonomía de la cultura, es la de generar, promover e impulsar las condiciones y dotarle de las garantías para que crezca libremente y para que puedan acceder a ella las personas y los grupos.
Las normas culturales regulan muy diversas cuestiones. Son, en primer lugar, garantías de derechos y principios para el florecimiento de una vida cultural libre y fecunda, entre los que se encuentran los de libertad, diversidad y pluralismo, igualdad y progreso de la cultura. En segundo lugar, está su función de equilibrar y armonizar intereses públicos y privados, consustanciales a la cultura (un ejemplo palmario es la propiedad intelectual en la que la propiedad del autor/a sobre su creación se armoniza con el acceso a la cultura de los ciudadanos y ciudadanas). Y, en tercer lugar, también la de dirimir conflictos entre intereses privados.
A caballo de las tres funciones anteriores, el derecho cultural cumple otra función de extraordinario valor y que consiste en fijar la arquitectura de las instituciones culturales, función que irrumpió en los tiempos de la Ilustración y que hoy ha alcanzado un soberbio desarrollo. Para comprender su importancia, valga la referencia a tres importantes instituciones clásicas de depósito cultural como son los museos, archivos y bibliotecas. Basta pensar en la colosal pérdida de goce, conocimiento y desarrollo personal que habría supuesto para los y las ciudadanas, y no menos para la sociedad, el que no hubieran existido en los dos últimos siglos esas instituciones que hoy, solo en el territorio del Estado español, pueden superar las dos mil. Esta reflexión no puede esconder los problemas del acceso desigual a la cultura de grandes sectores de la sociedad porque, por el simple hecho de que existan las instituciones culturales, la gente no entra en ellas. Más bien son las instituciones las que tienen que entrar en los ciudadanos y ciudadanas y esa es la gran tarea de las políticas culturales y educativas.
Las instituciones, en definitiva, cumplen la función de estabilizar socialmente y fortalecer en el tiempo valores y bienes culturales que representan intereses sociales, públicos y generales relevantes. La función de la legislación es fundamental: dotarlos de una veste que fije su naturaleza jurídica, sus fines, los medios, recursos y procedimientos de actuación, sus órganos de gestión y de gobierno.
II
El marco previo de reflexión expuesto hasta aquí es el espacio de ideas generales en el que se mueve la Ley del sistema público de cultura de Canarias. Ahora corresponde descender a un análisis particular de cómo se integra ese marco en la ley.
Comenzando por el Estatuto de Autonomía de Canarias, este podría ser merecedor, parafraseando el concepto de Constitución cultural, de ser calificado como un Estatuto cultural por el elenco amplio de referencias que contiene a la cultura como concepto integral y a sus sectores e instituciones especializadas, desde un enfoque jurídico multidimensional. Este concepto integral aparece como objetivo de la comunidad autónoma, como objeto de derechos, como competencia legislativa, ejecutiva o de gestión, o como ámbito de principios y valores específicos de la cultura.
La percepción de esta entropía legislativa ha empezado a recibir soluciones en las dos últimas décadas. Varios países, sobre todo del área iberoamericana –es el caso de Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Paraguay– están buscando incorporar, en una iniciativa pionera, esa mirada global en las leyes infraconstitucionales intercalando, entre la Constitución y las leyes sectoriales de las materias culturales, un eslabón de leyes generales de cultura o de leyes de derechos culturales como peldaño intermedio entre ambos niveles. También en España hay algunas iniciativas en esta misma dirección en el ámbito autonómico. En definitiva, la presente Ley del sistema público de cultura de Canarias comparte con esas iniciativas el ser una ley que pone en valor la noción jurídica constitucional e ius internacional de la cultura sobre la que se proyecta un haz fundamental de principios, valores y garantías concebidas de forma integral para la cultura entera y para el conjunto de materias que abarca. Pero se diferencia de ellas en que es una ley que centra su objeto en las organizaciones que garantizan esos derechos y principios, concibiéndolos como un sistema.
Por otra parte, es patente en el texto del Estatuto de Autonomía de Canarias la importancia del sistema de pluralismo territorial e institucional que lo articula. Diversidad cultural y pluralismo son conceptos relacionados, pero jurídicamente pertenecen a estadios diferentes. La diversidad cultural es, de facto, un hecho que las normas jurídicas superiores (entre las que, desde 2005, se ha producido la significada aportación de la Convención de la Unesco sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales) reconocen y elevan a la categoría de principio jurídico. Lo que supone que los poderes públicos, al amparo de la cláusula de Estado de derecho, se comprometen a garantizar el libre fluir de las expresiones culturales de la diversidad. El pluralismo cultural supone un paso más, de gran calado jurídico, que es el de ofrecer a la diversidad un marco jurídico proactivo e institucional para que disfrute de mejores condiciones de desenvolvimiento y para contrarrestar los impedimentos y dificultades que, desde otros intereses externos, tienden a erosionarla, a empobrecerla o a impedir su desarrollo. El pluralismo es, pues, una respuesta jurídico-política en el significado más prístinamente democrático de esta palabra (en palabras de la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, del 2001 en su artículo 2, «el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural») para garantizar, desde la acción pública e institucional, la pluralidad cultural.
El principio de pluralismo es un principio complejo que se proyecta en diversas dimensiones, como son la política, la territorial, la institucional, la informativa, y en el ámbito de lo cultural también posee un rol fundamental en una sociedad democrática abierta. En lo que interesa ahora señalar, el Estatuto de Autonomía de Canarias es una clara muestra del pluralismo cultural territorial e institucional. Pone en evidencia, en efecto, que son múltiples las administraciones territoriales llamadas expresamente a ejercer competencias en las materias culturales, así como lo son las instituciones culturales adscritas o dependientes de ellas. En efecto, corresponde a la comunidad autónoma la «competencia exclusiva» en materia de cultura (artículo 136 EAC), que también es competencia de los cabildos insulares [artículo 70.2.p) EAC] y de los municipios [artículo 75.5.b) EAC], todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden al Estado en las materias referidas en los artículos 136 y 137 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
La presente Ley del sistema público de cultura de Canarias pretende ofrecer una respuesta nueva a las reflexiones hasta aquí expresadas y activar las numerosas previsiones que el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el marco de la Constitución española, recoge ya a tal fin.
La ley sitúa el centro de gravedad en la idea de sistema porque una de sus premisas mayores es articular al conjunto de administraciones públicas territoriales, de entes del sector público y de instituciones culturales como una red de colaboración, cooperación y coordinación entre todas ellas. Como se ha señalado, las administraciones territoriales que desarrollan sus respectivas competencias culturales en Canarias son expresión de una fórmula de pluralismo político cultural y, por esa misma razón, cada una tiene sus tareas propias en las que, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución española, gozan de autonomía en la gestión de sus respectivos intereses. Esta garantía de autonomía es algo sagrado para la presente ley y la respeta plenamente, como se desprende de los métodos de trabajo conjunto que no son otros que la colaboración, la cooperación y la coordinación. Los entes del sistema pueden, en consecuencia, ejercer con autonomía sus competencias propias. Pero, si así lo deciden voluntariamente, pueden también hacerlo de forma conjunta, lo que les abrirá la posibilidad, entre otros beneficios, de alcanzar cotas más altas, de mejorar la eficiencia de los recursos aplicados o de realizar actividades o conseguir objetivos que aisladamente no podrían llevar a cabo o lograr. Por otra parte, la singularidad de la cultura, en la que, a diferencia de otras materias, las competencias concurrentes tienen un peso destacado, hace especialmente propicio aplicar estos métodos de acción conjunta. Es altamente llamativa la amplitud de llamadas que realiza el Estatuto de Autonomía en pro de los mecanismos de colaboración y del estímulo de las relaciones interadministrativas en general (estando previstas para las relaciones entre administraciones canarias, con otras comunidades autónomas y con el Estado) aparte de que algunas de dichas llamadas a la cooperación y colaboración aparecen referidas a las materias culturales. Un objetivo primordial de la presente ley es, en consecuencia, desarrollar y actualizar dichas previsiones estatutarias. En definitiva, los avances en eficacia y eficiencia que puede aportar el sistema pueden ser notables, pues este es el beneficio del trabajo en red que propugnan los tiempos, habida cuenta de la racionalidad que acompaña a los sistemas como estructuras organizativas.
Pero no son solo la racionalidad, eficacia y eficiencia los objetivos de la ley. También es fundamental la articulación de valores que deben orientar el funcionamiento entero del sistema. Valores que se concretan en la garantía de los derechos culturales y en la puesta en valor de la función social de la cultura.
Se ha analizado antes que la ley no es una ley de derechos culturales, pero sí de las garantías que aseguran su ejercicio y su efectividad, para lo que el sistema puede resultar muy propicio. Tradicionalmente se ha considerado a las administraciones públicas como meros instrumentos de gestión administrativa. Claro que lo son, pero no deben ser solo eso. El asunto no es solo una cuestión de reconocimiento pasivo de los derechos culturales. La organización administrativa al servicio de un Estado democrático y de derecho debe ser también instancia proactiva en la garantía de los derechos fundamentales y ese es uno de los objetivos que orientan la ley. Una propuesta como esta puede, sin duda, exigir cambios en la configuración de dichas administraciones públicas y de los demás entes concernidos. Es por eso por lo que, en esta forma de entender el rol de las administraciones públicas, la propia ley ha incorporado en su articulado una relación amplia de obligaciones mínimas en garantía de determinados derechos y principios culturales, obligaciones que corresponde cumplirlas de forma directa al sistema. Importante es también recordar que, en el ámbito de los servicios públicos y de la actividad pública, llegar al estatus jurídico administrativo de sistema supone un reconocimiento que, hasta ahora, solo alcanzaba a un pequeño grupo de servicios, decisivos para la vida social, como es el caso de los sistemas educativo, sanitario, de seguridad social, universitario, tributario y bibliotecario. Como se ha fundamentado hasta aquí, parece que ya es momento de que la cultura entera ingrese en este estatus administrativo. Y este es el paso que se propone dar la presente ley.
Por último, la ley tiene su epicentro en la función social de la cultura asumida como gran principio jurídico. La función social implica reconocer la trascendencia de la cultura en la construcción de las personas y en la construcción social y comunitaria, por lo que la cultura se convierte en objeto de un haz de responsabilidades públicas indeclinables. La primera condición –sería mejor hablar de precondición– de los poderes públicos en relación con la vida cultural es la de reconocer y garantizar la libertad y la autonomía de la cultura en sus múltiples vertientes. Pero, en una sociedad democrática avanzada, esos intereses generales y públicos no pueden dejar de ser asumidos, promovidos e impulsados por los poderes públicos. O lo que es lo mismo, la función social de la cultura viene a ser como el corazón desde el que se irradian, dentro del sistema aquí regulado, las responsabilidades y obligaciones que competen a los entes públicos para el progreso de la cultura. Porque el progreso de la cultura, principio que ya está presente en el lenguaje constitucional y que es recogido en la propia ley como un principio iluminador del sistema, no es sino una forma más avanzada y proactiva de entender el papel de los poderes públicos en su compromiso con la función social de la cultura.
Además de lo anterior, el sistema establecido mediante la presente ley da respuesta a una demanda generalizada de facilitar, simplificar y armonizar los trámites y procedimientos ante la Administración pública, fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios y favoreciendo de esta manera a todos los ciudadanos y ciudadanas el acceso a los trámites y procedimientos expresados en igualdad de condiciones y sin restricciones innecesarias.
III
La presente ley se estructura en dos títulos, ocho disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El título I establece el objeto de la ley, consistente en la creación y regulación del sistema público de cultura de Canarias, así como los principios que lo inspiran y que iluminan las actuaciones y objetivos hacia los que las administraciones públicas y organismos y entes del sector público de Canarias, a los que se aplica la norma, han de orientar el desarrollo de sus competencias.
El título II regula el sistema público de cultura de Canarias a lo largo de cuatro capítulos.
El capítulo I determina la configuración del sistema público de cultura de Canarias, como el conjunto de administraciones públicas autonómicas, insulares y locales, organismos, entes, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios del sector público canario, que tienen competencias en materia de cultura o que tienen por objeto o finalidad, directa o indirecta, la creación, producción, adquisición, transmisión, protección, restauración, conservación y exhibición de contenidos culturales, la investigación y formación en cultura, así como la gestión, ejecución, apoyo, financiación, promoción, difusión o divulgación de actividades y servicios culturales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, dispone que formarán parte del mencionado sistema tanto las personas físicas o jurídicas del sector privado adjudicatarias de la prestación de servicios públicos culturales y los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas del propio sistema, de acuerdo con la normativa de aplicación, como las personas físicas o jurídicas del sector privado que desarrollen actividades o presten servicios culturales y que, de manera voluntaria, se integren en el sistema en el marco de las relaciones de cooperación que acuerden con las administraciones públicas y demás organismos y entes del sector público antes referidos.
Sin perjuicio de lo anterior, la ley expresa, fuera de toda duda, que la creación del sistema público de cultura de Canarias no modifica ni afecta las competencias que las referidas administraciones y organismos y entes tienen atribuidos por la Constitución y la legislación estatal, el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como por la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, y las normas que, en su caso, las pudieran sustituir, así como por las demás disposiciones normativas que sean de aplicación.
En este mismo capítulo I se aborda la regulación de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias, como órgano de coordinación permanente para la articulación de las relaciones de las administraciones públicas de Canarias y demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias, y se establece tanto su composición, previendo que haya una representación de los distintos ámbitos culturales, como sus atribuciones y su funcionamiento.
El capítulo II se divide a su vez en tres secciones. En la sección 1.ª se regula el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias, como instrumento estratégico para la planificación, coordinación y articulación funcional de las actividades y servicios culturales desarrollados por las administraciones públicas, organismos y entes del sector público, así como por las personas físicas o jurídicas del sector privado, integradas en el sistema público de cultura de Canarias. Con relación a este Marco de Acción Estratégica, se determinan los aspectos mínimos que ha de recoger, así como el proceso para su elaboración, aprobación, evaluación y revisión.
En la sección 2.ª se define la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública como el conjunto de equipamientos culturales que permiten el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales por todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como su participación en la vida cultural. Estos equipamientos abarcan tanto los que son de titularidad como los que se administran en régimen de gestión por las administraciones canarias, como, entre otros, las bibliotecas integradas en el Sistema Bibliotecario de Canarias, los museos, los teatros y otros equipamientos escénicos, los centros de arte y culturales, la Filmoteca Pública Canaria, los auditorios, los archivos y las hemerotecas. En el articulado se hace un llamamiento a la necesidad de mantener debidamente actualizado un Mapa de Infraestructuras Culturales de Canarias, con la finalidad de alcanzar su equilibrada distribución y su adecuación a la realidad y a las necesidades territoriales y funcionales, así como garantizar su conservación, mantenimiento, custodia, protección y dotación suficiente, funciones que deben compaginarse con la sostenibilidad ambiental.
La siguiente sección, 3.ª se ocupa de los recursos humanos y económicos del sistema público de cultura de Canarias, haciendo una especial referencia a la necesidad de que las administraciones públicas y los entes y organismos que lo integran, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán periódicamente planes de formación que recojan las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá su actividad de formación y atracción de talento, así como las acciones de formación, cursos, encuentros profesionales y actividades a desarrollar. También, en relación con lo anterior, se prevé la creación en el seno de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que forma parte del sistema público de cultura de Canarias, de los cuerpos y/o las escalas así como de las especialidades que correspondan para desempeñar las funciones referidas a la gestión y administración cultural, atendiendo a lo establecido en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y en la normativa que en su caso sea de aplicación.
En el capítulo III se regulan, a lo largo de las tres primeras secciones, las obligaciones, deberes y garantías del sistema público de cultura de Canarias, en aras a la consecución de los objetivos perseguidos por la ley. En la sección 1.ª se introducen los deberes, obligaciones y garantías básicas, que se desarrollan en los siguientes artículos estructurados en la sección 2.ª, dedicada a los deberes y obligaciones referidos al funcionamiento del sistema público de cultura de Canarias, y en la sección 3.ª, dedicada a los deberes y obligaciones relativos al desarrollo de la vida cultural en el sistema, a la creación cultural, al patrimonio cultural, al acceso a la cultura y a los espacios públicos, a la diversidad cultural y a las culturas comunitarias, a la dimensión social de la cultura y a la digitalización cultural.
Por su parte, en la sección 4.ª se aborda el Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura que, estando adscrito al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, ejerce las funciones de centro de información, documentación, análisis e investigación en materia cultural del sistema público de cultura de Canarias.
En el capítulo IV se regula el Consejo Canario de Cultura, órgano colegiado de asesoramiento y consulta del conjunto de las administraciones públicas de Canarias y demás organismos y entes integrados en el sistema público de cultura de Canarias, adscrito a la consejería competente en materia de cultura. Se establece su composición, se enumeran sus funciones y se determina su organización y funcionamiento general, si bien se prevé el desarrollo reglamentario para todo aquello no contemplado en la ley.
El Consejo Canario de Cultura viene a sustituir al consejo que aparece contemplado en el artículo 40 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Por ello, la disposición derogatoria única determina la derogación de dicho precepto.
La disposición adicional primera fija el plazo de nombramiento de los miembros de la Comisión de coordinación del Sistema Público de Cultura de Canarias. La disposición adicional segunda señala el plazo de elaboración y remisión al Parlamento de Canarias del Marco de Acción Estratégica. La disposición adicional tercera fija el plazo para la creación de los cuerpos, escalas y especialidades de naturaleza cultural en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. La disposición adicional cuarta contempla el plazo en el que se han de elaborar los planes de formación de los profesionales culturales. La disposición adicional quinta señala el plazo para la creación de la Ventanilla Única Cultural Digital. La disposición adicional sexta prevé la creación del denominado Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura. La disposición adicional séptima dispone el plazo para el nombramiento de los miembros del Consejo Canario de la Cultura. Y en la disposición adicional octava se establece que el Gobierno de Canarias, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley y atendiendo a lo establecido en la normativa que, en su caso, resulte aplicable, procederá a transformar la empresa pública adscrita al área de Cultura del Gobierno de Canarias, el actual Instituto Canario de Desarrollo Cultural, SA, en la figura jurídica más eficaz para el desarrollo de las funciones que actualmente figuran en el objeto social de la mencionada sociedad.
En la disposición transitoria única se abordan los recursos presupuestarios que el Gobierno de Canarias, de manera escalonada, deberá destinar a las actividades y servicios culturales, así como a la función cultural, para alcanzar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 23, apartado 1.
Finalmente, se incluye una disposición derogatoria única, que deroga tanto cuantas disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley como, específicamente, el artículo 40 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Y, por último, una disposición final primera, en la que se dispone el plazo dentro del cual el Gobierno de Canarias deberá aprobar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de la presente ley, y una disposición final segunda, que fija la entrada en vigor de la ley.
TÍTULO I
Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley.
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La presente ley tiene por objeto la creación y regulación del sistema público de cultura de Canarias, en el que se integran las administraciones públicas y organismos y entes del sector público de Canarias con competencias en materia de cultura o que realicen actividades de creación, producción, adquisición, transmisión, protección, restauración, conservación y exhibición de contenidos culturales, investigación y formación en cultura, así como gestión, ejecución, apoyo, financiación, promoción, difusión o divulgación de actividades y servicios culturales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, podrán formar parte del sistema las personas físicas o jurídicas del sector privado que, en los supuestos previstos en la presente ley, desarrollen actividades o presten servicios culturales.
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El sistema público de cultura de Canarias tiene por finalidad, tanto orgánica como funcionalmente, articular el conjunto de las actividades, prestaciones y servicios culturales que realizan las administraciones públicas y los demás organismos y entes del sector público referidos en el apartado anterior, en régimen de colaboración, cooperación y coordinación, y promover un desarrollo de las actividades y servicios culturales presidido por los principios de complementariedad, corresponsabilidad, coherencia e innovación que permita el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural en condiciones de libertad, igualdad, no discriminación, universalidad y transparencia.
Artículo 2. Principios rectores de la ley.
Son principios que iluminarán las actuaciones y objetivos de la presente ley, en el desarrollo de sus respectivas competencias por las administraciones públicas y organismos y entes del sector público referidos en el artículo anterior en materia de cultura, los siguientes:
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Desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la ciudadanía. Diseño de las políticas públicas desde la valoración de la cultura como un factor esencial del desarrollo de la personalidad y de expresión de la dignidad humana, así como de la ciudadanía.
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Respeto y promoción de los derechos fundamentales. Establecimiento de las políticas culturales teniendo en cuenta que el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de los principios democráticos de convivencia es, a la vez, finalidad y límite de las actuaciones públicas en materia de cultura, en tanto estas no podrán ser invocadas para menoscabarlos o limitar su ámbito de aplicación.
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Función social de la cultura. Responsabilidad indeclinable de los poderes públicos con la función social y con la centralidad de la cultura y de los intereses generales y públicos de que esta es portadora para el desarrollo personal, social y comunitario, así como con la transmisión de valores democráticos y de convivencia, cohesión y progreso social.
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La cultura como bien básico y de primera necesidad. Consideración de la cultura, a todos los efectos, como bien básico y de primera necesidad por ser un factor necesario para el desarrollo de la personalidad y la dignidad humana así como esencial para el progreso social y económico y para avanzar hacia un modelo productivo sostenible e inclusivo.
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Igualdad material y territorial. Cuidado especial para evitar toda forma de discriminación por motivos de origen, etnia, ideología, opinión, religión, lengua, género, orientación sexual, discapacidad, procedencia territorial y pertenencia cultural y étnica o cualquier otra circunstancia personal o social de carácter racista o xenófobo. Asimismo, este principio persigue garantizar y fomentar el acceso de todas las personas a los bienes y servicios culturales, evitando las desigualdades territoriales, entre las islas más y menos pobladas, las islas capitalinas y las que no lo son, las áreas metropolitanas y las que no tienen este carácter, las áreas urbanas y las rurales, el centro y la periferia de las ciudades, así como las desigualdades de los grupos de mayor edad, de las personas con discapacidad, de las personas migrantes, de las personas privadas de libertad y de las personas con menor capacidad socioeconómica.
TÍTULO II
El sistema público de cultura de Canarias
CAPÍTULO I
Configuración del sistema público de cultura de Canarias
Artículo 3. Composición del sistema público de cultura de Canarias.
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El sistema público de cultura de Canarias está integrado por las administraciones públicas de Canarias, que comprenden la Administración autonómica, insular y municipal, así como los entes y organismos autonómicos, insulares y municipales. Igualmente, forman parte del mencionado sistema los organismos públicos, entidades, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios del sector público canario con competencias en materia de cultura o que tengan por objeto o finalidad, directa o indirecta, la creación, producción, adquisición, transmisión, protección, restauración, conservación y exhibición de contenidos culturales, investigación y formación en cultura, así como la gestión, ejecución, apoyo, financiación, promoción, difusión o divulgación de actividades y servicios culturales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Para el mejor funcionamiento del sistema, cada una de las administraciones públicas y de los organismos y entes del sector público referidos en el apartado anterior han de determinar, dentro de sus respectivas estructuras organizativas, las unidades y órganos administrativos propios que ejercerán las funciones ordinarias de coordinación o enlace.
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La creación del sistema público de cultura de Canarias no modifica ni afecta las competencias que las referidas administraciones y organismos y entes tienen atribuidas por la Constitución y la legislación estatal, por el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como por la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, y las normas que, en su caso, las pudieran sustituir, así como por cualesquiera otras disposiciones normativas que sean de aplicación.
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Formarán parte del sistema público de cultura de Canarias las personas físicas o jurídicas del sector privado que gestionen servicios públicos culturales, así como los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas del propio sistema, de conformidad con lo establecido en esta ley y en la normativa que la complemente o desarrolle.
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Podrán integrarse voluntariamente en el sistema público de cultura de Canarias aquellas personas físicas o jurídicas del sector privado que desarrollen actividades o presten servicios culturales, en el marco de las relaciones de cooperación que acuerden con las administraciones públicas y demás organismos y entes del sector público referidas en este artículo.
Artículo 4. Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias y su composición.
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Las administraciones públicas de Canarias y demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias armonizarán el ejercicio de las competencias que les son propias en materia de cultura, a los efectos de desarrollar sus objetivos y finalidades, a través de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias. Esta comisión estará adscrita orgánicamente a la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de cultura, sin perjuicio del pleno respeto de la autonomía funcional y orgánica que legalmente corresponda a las administraciones públicas, organismos y entes públicos que integran el referido sistema.
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La comisión de coordinación estará compuesta por los siguientes miembros, que serán nombrados por el Gobierno de Canarias, por razón de su cargo o, en su caso, a propuesta de los respectivos organismos o entidades que se indican en las siguientes letras f) a i):
a) La persona titular de la consejería competente en materia de cultura o la persona en quien se delegue.
b) La persona titular de la dirección general competente en materia de patrimonio cultural.
c) La persona titular de la dirección general competente en materia de promoción o fomento cultural y de políticas culturales.
d) La persona titular de la Dirección General del ente Radiotelevisión Canaria.
e) Una persona representante de cada uno de los cabildos insulares con, al menos, rango de consejero o consejera o cargo directivo asimilado.
f) Siete representantes de siete municipios miembros de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), propuestos por esta última.
g) Hasta un máximo de tres personas propuestas por el Consejo Canario de Cultura, en representación de los organismos autónomos, del sector público empresarial y de las fundaciones públicas integradas en el sistema público de cultura de Canarias.
h) Una persona representante de las personas físicas o jurídicas del sector privado que gestionen servicios públicos culturales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, propuesta por la persona titular de la consejería competente en materia de cultura.
i) Una persona representante de las personas físicas o jurídicas del sector privado integradas en el sistema público de cultura de Canarias propuesta por la consejería competente en materia de cultura, de entre los más representativos del sector cultural canario.
El Gobierno de Canarias, a la hora de proceder al nombramiento de las personas integrantes de la comisión de coordinación, deberá asegurar el cumplimiento de la representación equilibrada de mujeres y hombres establecida en la Ley canaria 1/2010, de 26 de febrero, de igualdad entre mujeres y hombres.
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De conformidad con los principios de transversalidad y complementariedad, la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias, cuando se considere preciso, podrá, a través de su presidente o presidenta, invitar a participar en sus reuniones, para ser oídas pero sin derecho a voto, a una persona representante de cualquiera de las consejerías del Gobierno de Canarias competentes en materia de turismo, educación, universidades, medio ambiente y planificación territorial, economía, empleo, investigación y desarrollo, industria y hacienda, medios de comunicación públicos y ciencia y la tecnología.
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Las personas integrantes de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias serán nombradas por periodo igual al de su cargo, en el caso de aquellos referidos en las letras a) a e) del apartado 2, y por periodo de cuatro años en el caso de aquellos mencionados en las letras f) a i) de dicho apartado 2.
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En el caso de vacante, motivada por renuncia, cese, fallecimiento u otra causa legal de algunas de las personas comprendidas en el apartado 2, el Gobierno de Canarias procederá al nombramiento de una persona en su sustitución, bien por razón de su cargo bien a propuesta de los respectivos organismos o entidades, atendiendo a lo establecido en la Ley canaria 1/2010, de 26 de febrero, de igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 5. Atribuciones de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias.
Corresponden a la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias las siguientes atribuciones:
a) Promover la coordinación de las actuaciones de las administraciones públicas de Canarias y demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias.
b) Proponer medidas que favorezcan la actuación coordinada en materia de cultura.
c) Formular propuestas y recomendaciones para la mejor consecución de los fines establecidos en la presente ley.
d) Informar previa y preceptivamente el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias y, en su caso, proponer medidas de mejora.
e) Realizar el seguimiento del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias y valorar su aplicación y cumplimiento.
f) Realizar el seguimiento del Mapa de Infraestructuras Culturales de Canarias y valorar conjuntamente la construcción y dotación de equipamientos culturales, a fin de alcanzar su equilibrada distribución en el ámbito territorial de Canarias, conforme a criterios de proporcionalidad y adecuación a la realidad del lugar en el que se enmarquen y atendiendo a la sostenibilidad ambiental.
g) Cualquier otra función que le sea encomendada por las leyes y reglamentos.
Artículo 6. Funcionamiento de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias.
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El presidente o presidenta de la comisión de coordinación será la persona titular de la consejería competente en materia de cultura o la persona en quien esta delegue. El vicepresidente o vicepresidenta y secretario o secretaria serán elegidas, de entre las personas que la componen por mayoría absoluta.
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La Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias se reunirá en sesión plenaria ordinaria, al menos una vez al semestre, y en sesión plenaria extraordinaria cuando sea convocada por su presidente o presidenta, a iniciativa propia o a solicitud de, al menos, un tercio de las personas que la integran.
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El presidente o presidenta convocará las reuniones y fijará el correspondiente orden del día teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones efectuadas con la suficiente antelación por las personas que integran la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias. No obstante, el presidente o presidenta no incluirá en el orden del día aquellos asuntos que manifiestamente sean ajenos a los fines y competencias de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias, ni aquellos en los que concurra causa obstativa debidamente motivada, de lo cual informará a la comisión al comienzo de la inmediata sesión que se celebre.
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La convocatoria de las reuniones, con el orden del día correspondiente, debe remitirse a las personas que integran la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias, al menos, siete días antes de la fecha fijada para la reunión, salvo en casos de urgencia apreciada por el presidente o presidenta, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior a cuarenta y ocho horas. Su envío se realizará por medios electrónicos, salvo que no sea posible. Cuando la reunión tenga que celebrarse a distancia, en la convocatoria figurarán las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión de forma telemática.
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La Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias funcionará en pleno o a través de la Comisión Permanente Ejecutiva.
CAPÍTULO II
Medios y técnicas para el funcionamiento del sistema público de cultura de Canarias
Sección 1.ª Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias
Artículo 7. Objeto del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias.
El Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias es el instrumento principal para la planificación, coordinación y articulación funcional de las actividades y servicios culturales desarrollados por las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público, así como por las personas físicas o jurídicas del sector privado integradas en el sistema público de cultura de Canarias, según lo previsto en el artículo 3 de esta ley, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la presente norma.
Artículo 8. Contenido del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias.
- El Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias ha de contemplar los siguientes aspectos:
a) La fijación y evaluación de los objetivos a alcanzar en materia de cultura en el seno del sistema público de cultura de Canarias, tanto generales como por sectores y áreas de actuación.
b) La determinación de las líneas de actuación en materia de cultura en el seno del sistema público de cultura de Canarias, así como de los mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación para su desarrollo.
c) La determinación de los programas del Mapa de Infraestructuras Culturales de Canarias así como de los criterios para su coordinación y, en su caso, articulación a través de la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública, referida en los artículos 12 y 13 de la presente ley.
d) El análisis y evaluación de los recursos materiales, estructurales, personales y económicos destinados al funcionamiento del sistema público de cultura de Canarias, en su caso, identificación de déficits y posibles mejoras y valoración de las necesidades para atender al cumplimiento de los objetivos establecidos, conforme al calendario fijado, con sujeción al principio de responsabilidad y al estricto cumplimiento de las obligaciones presupuestarias y de ejecución del gasto.
e) El análisis y evaluación de las actividades y los servicios culturales desarrollados y de los planes y programas ejecutados en el seno del sistema público de cultura de Canarias y, en su caso, identificación de déficits y posibles mejoras con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en el propio Marco de Acción Estratégica.
f) La fijación del calendario general de actuaciones del sistema público de cultura de Canarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
g) La determinación de las líneas a desarrollar por las subcomisiones sectoriales, integradas en la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias, en los términos establecidos en el artículo 6.11 de la presente ley.
h) El establecimiento de las medidas necesarias, con inclusión de las positivas, para garantizar el derecho de acceso a la cultura en condiciones de igualdad a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren situados en las islas más y menos pobladas, las islas capitalinas y las que no lo son, las áreas metropolitanas y las que no tienen este carácter, las áreas urbanas y rurales, el centro y la periferia de las ciudades, así como a las personas de mayor edad, a las personas migrantes, a las personas privadas de libertad, a las personas con menor capacidad socioeconómica, con especial atención a las personas con discapacidad. A tal fin, se tendrá en cuenta la promoción y normalización de formatos y métodos accesibles, como los soportes sonoros y digitales, y los productos de apoyo básicos que faciliten el acceso a los contenidos culturales.
i) El establecimiento de los mecanismos y las ayudas que impulsen las sinergias positivas en las culturas comunitarias, por su capacidad de construcción de culturas de vida que, en los casos de personas vulnerables y en situación de desarraigo social, pueden contribuir a la autoestima de los grupos, a la inclusión social y a la erradicación de la violencia.
j) El análisis de las propuestas presentadas y de los informes y dictámenes elaborados en el seno del Parlamento de Canarias en materia de cultura.
- El Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias deberá precisar el alcance de sus distintas determinaciones, diferenciando, en primer lugar, las de directa aplicación, en segundo lugar, las dirigidas a ordenar ulteriores decisiones de las administraciones públicas de Canarias y demás organismos y entes del sector público de Canarias, así como de las personas físicas o jurídicas del sector privado integradas todas ellas en el sistema público de cultura de Canarias, y, en tercer lugar, las meramente orientativas.
Artículo 9. Elaboración y aprobación del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias.
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La elaboración del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias corresponde a la consejería competente en materia de cultura, de acuerdo con las directrices establecidas por el Gobierno de Canarias.
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El Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias se elaborará con una periodicidad trienal.
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En su elaboración deberán tenerse en cuenta las valoraciones efectuadas tanto por el Consejo Canario de Cultura, a través del informe anual del estado de la cultura en Canarias referido en el artículo 28.g) de la presente ley, como por la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias, a través del informe que debe emitir, en cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 5 de la presente ley. Asimismo, deberán tomarse en consideración los estudios, estadísticas y datos relativos a la cultura en Canarias elaborados por el Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura, referido en el artículo 25 de la presente ley.
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El Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias será elevado por el consejero o consejera competente en materia de cultura a la consideración del Gobierno de Canarias, para su traslado al Parlamento de Canarias a los efectos de su examen y, en su caso, aprobación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Parlamento de Canarias.
Artículo 10. Efectos de la aprobación del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias.
Las administraciones públicas integradas en el sistema público de cultura de Canarias, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán anualmente programas de actuación que contendrán las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la correspondiente Administración en materia cultural así como los medios técnicos y recursos humanos y económicos que se destinarán para su desarrollo y ejecución. Los mencionados programas deberán tener en cuenta lo establecido en el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias.
Artículo 11. Evaluación y revisión del cumplimiento del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias.
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Corresponde a la consejería competente en materia de cultura, responsable del seguimiento y vigilancia de la ejecución del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias, efectuar continuadamente, mediante la aplicación de los procedimientos, mecanismos y criterios establecidos por el propio Marco de Acción Estratégica, la evaluación de su cumplimiento. A tal efecto, tomará en consideración los estudios, estadísticas y datos relativos a la cultura en Canarias elaborados por el Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura, previsto en el artículo 25 de la presente ley.
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Para que pueda medirse su impacto y evaluar los resultados, el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias deberá precisar de forma cuantitativa, en la medida de las posibilidades técnicas y de la eficiencia, los objetivos, prioridades y estrategias de su cumplimiento.
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La consejería competente en materia de cultura presentará anualmente un informe sobre la ejecución del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias por parte del sistema público de cultura de Canarias, que se trasladará al Consejo Canario de Cultura, a la Comisión de coordinación del sistema cultural público de Canarias y a la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura, para su conocimiento.
Sección 2.ª Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública de Canarias
Artículo 12. Naturaleza y finalidad de la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública.
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El sistema público de cultura de Canarias incluye un conjunto de equipamientos culturales, que configuran la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública de Canarias, y cuya finalidad es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales, en especial los derechos de acceso a la cultura y de participación en la vida cultural, por parte de los ciudadanos y ciudadanas del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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La Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública de Canarias ha de permitir el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la participación en la vida cultural del referido territorio, de manera ordenada y coordinada, a través de la utilización eficiente de los recursos materiales, estructurales, económicos y humanos.
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Con la finalidad de alcanzar una equilibrada distribución de los equipamientos culturales integrados en la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública de Canarias, que atienda a los criterios de proporcionalidad y adecuación a la realidad y a las necesidades territoriales y funcionales, así como garantizar su conservación, mantenimiento, custodia, protección y dotación suficiente con pleno respeto la sostenibilidad ambiental, el sistema público de cultura de Canarias mantendrá debidamente actualizado un mapa de infraestructuras culturales de Canarias, para su toma en consideración en la elaboración del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias y en la determinación de los objetivos y líneas de actuación, que es la herramienta cartográfica destinada a analizar, planificar, garantizar la distribución territorial equilibrada de los equipamientos culturales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a adecuar dichos equipamientos a las necesidades de la cultura.
Artículo 13. Composición de la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública de Canarias.
- Forman parte de la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública de Canarias, integrada en el sistema público de cultura de Canarias, los siguientes equipamientos culturales de titularidad y gestión por las administraciones públicas canarias:
a) Las bibliotecas integradas en el Sistema Bibliotecario de Canarias.
b) Los museos.
c) Los teatros y otros equipamientos escénicos.
d) Los centros de arte y culturales.
e) La filmoteca pública.
f) Los auditorios.
g) Los archivos.
h) Otros equipamientos culturales.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipamientos culturales mencionados formarán parte también del sistema correspondiente al sector específico al que pertenezcan y les será de aplicación, además de lo establecido en la presente ley, lo dispuesto en la normativa correspondiente.
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Formarán parte asimismo de la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública de Canarias los equipamientos culturales gestionados por las personas físicas o jurídicas del sector privado que, a su vez, gestionen servicios públicos culturales, de conformidad con lo que establezca la normativa que complemente o desarrolle la presente ley.
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Asimismo, podrán formar parte de la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública de Canarias los equipamientos culturales que sean titularidad de personas físicas o jurídicas del sector privado que desarrollen actividades o presten servicios culturales, atendiendo a las relaciones de cooperación que, de acuerdo con el principio de voluntariedad, se establezcan con las administraciones públicas de Canarias y demás organismos y entes del sector público, y en los términos que se determinen por la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias y, en todo caso, de conformidad con lo que disponga la normativa que complemente o desarrolle la presente ley.
Sección 3.ª Recursos humanos y económicos del sistema público de cultura de Canarias
Artículo 14. Recursos humanos del sistema público de cultura de Canarias.
- Para alcanzar la finalidad y objetivos que competen al sistema público de cultura de Canarias, las Administraciones, entes y organismos que lo integran deberán contar con suficiente personal técnicamente cualificado y capacitado para el ejercicio de las funciones que han de desempeñar.
A tal efecto, se crearán en el seno de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que forma parte del sistema público de cultura de Canarias, los cuerpos y/o las escalas así como las especialidades que correspondan para desempeñar las funciones referidas a la gestión y administración cultural, atendiendo a lo establecido en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y en la normativa que, en su caso, sea de aplicación, en los términos dispuestos en la disposición adicional tercera de esta ley.
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Las administraciones públicas y los entes y organismos del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias impulsarán y promoverán, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la formación continua de los profesionales para garantizar que se encuentran capacitados para el desarrollo de las tareas que le sean encomendadas.
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A los efectos de lo establecido en el apartado anterior y en aras a la consecución de una Administración pública eficaz y eficiente y cumplimiento de lo establecido en la presente ley, las administraciones públicas y los entes y organismos del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán periódicamente planes de formación que contendrán las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá su actividad de formación y atracción de talento, así como las acciones de formación, cursos, encuentros profesionales y actividades a desarrollar.
Artículo 15. Recursos económicos del sistema público de cultura de Canarias.
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Las administraciones públicas integradas en el sistema público de cultura de Canarias consignarán en sus respectivas partidas presupuestarias las cantidades necesarias para el desarrollo de los objetivos y medidas establecidas en la presente ley, así como para el eficaz funcionamiento del sistema público de cultura de Canarias.
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Para ello, deberán consultar el informe anual de evaluación de las partidas presupuestarias relativas a cultura, elaborado por el Consejo Canario de Cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la presente ley.
CAPÍTULO III
Obligaciones, deberes y garantías del sistema público de cultura de Canarias
Sección 1.ª Obligaciones y garantías institucionales del sistema público de cultura de Canarias
Artículo 16. Obligaciones y garantías básicas.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias asegurarán el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente capítulo, entendidas como garantías básicas del ejercicio de los derechos culturales, en especial, de los derechos de acceso a la cultura y de participación en la vida cultural, y como un ámbito de actuaciones, de políticas públicas y de acción normativa, particularmente necesitado del enfoque plurinstitucional y sistémico que promueve la presente ley.
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Estas obligaciones y garantías básicas asumidas por las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias se manifestarán en dos ámbitos diferenciados: uno de naturaleza organizativo institucional, que atañe al funcionamiento del propio sistema público de cultura de Canarias, y otro, relativo a los ámbitos y sectores de las actuaciones públicas en materia de cultura por parte del sistema público de cultura de Canarias.
Sección 2.ª Deberes y obligaciones referidos al funcionamiento del sistema público de cultura de Canarias
Artículo 17. Funcionamiento del sistema público de cultura de Canarias.
Son deberes y obligaciones referidos al funcionamiento del sistema público de cultura de Canarias los siguientes:
- Lealtad, buena fe y confianza legítima.
Las administraciones públicas y los organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias desarrollarán sus funciones con pleno respeto recíproco de los principios de lealtad institucional, buena fe y confianza legítima en las relaciones. Ello conlleva:
a) Respetar el ejercicio legítimo de las competencias de los demás entes y la ponderación, en el ejercicio de las propias, de la totalidad de los intereses públicos implicados;
b) proporcionar a los demás entes integrantes del sistema público de cultura de Canarias la información y prestarles la asistencia activa que pudieran precisar para el mejor ejercicio de sus competencias.
- Eficacia y eficiencia.
Las administraciones públicas y los organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias deberán conducirse en su funcionamiento por los principios de:
a) Eficacia, de manera que las actuaciones y los proyectos compartidos que acuerden deberán valerse de los medios y procedimientos más adecuados para conseguir los objetivos y resultados pretendidos.
b) Eficiencia en la gestión, asignación y aplicación de los recursos públicos que se afecten al desarrollo del sistema público de cultura de Canarias, de la forma más provechosa posible para lograr los objetivos propuestos, compartiendo el uso de los recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento y adecuando los medios materiales, humanos y económicos al cumplimiento de las finalidades recogidas en la presente ley.
A tal efecto, llevarán a cabo un control de la gestión y evaluarán los resultados de las políticas llevadas a cabo y de la calidad de las actividades, servicios y prestaciones del sistema público de cultura de Canarias realizados, fundamentalmente, en ejecución del Marco Estratégico de Cultura, de conformidad con lo que establece el artículo 11 de esta ley.
- Calidad, objetividad, simplicidad, proximidad a los ciudadanos y ciudadanas y no discriminación.
Las administraciones públicas y los organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias desarrollarán sus funciones atendiendo a los criterios irrenunciables de calidad, objetividad, simplicidad, proximidad a la ciudadanía y no discriminación.
- Transparencia.
Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias:
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Adoptarán el mayor celo en la aplicación del principio de transparencia, tanto en sus actuaciones procedimentales como no procedimentales, en el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la normativa estatal y por la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias que sea de aplicación.
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Deberán garantizar la proximidad a los ciudadanos y ciudadanas, así como la claridad, legibilidad, comprensión y accesibilidad de la información de las comunicaciones destinadas a la ciudadanía y de la normativa que se dicte, sea cual sea el medio a través del que se vehiculen.
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Asimismo, adoptarán medidas proactivas dirigidas a facilitar el conocimiento, el acceso a los bienes y servicios culturales y el ejercicio de los derechos culturales de las personas que tienen más dificultades de acceso por su edad, situación territorial, condición socioeconómica, género, discapacidad, migración, desconocimiento del idioma u otros motivos que las sitúen en situaciones de desventaja o inequidad para el ejercicio efectivo y en condiciones de igualdad de los derechos culturales.
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Responsabilidad.
Las administraciones públicas y los organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias se encuentran sujetos, en el desarrollo de las actividades y servicios culturales, al principio de responsabilidad y al estricto cumplimiento de sus obligaciones presupuestarias y de ejecución del gasto, en los términos dispuestos por la normativa de aplicación en cada caso y en el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias.
- Obligación de transversalidad.
Para el ejercicio pleno, efectivo, universal e integral de los derechos culturales, las administraciones públicas y los organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias deberán poner en valor la dimensión cultural de todas sus políticas públicas. A tal fin:
a) Impulsarán la constante aplicación del principio de transversalidad cuando desarrollan otras competencias, funciones y tareas distintas de las culturales, debiendo tener en cuenta las posibles dimensiones culturales específicas que dichas actuaciones puedan presentar.
b) Fomentarán e impulsarán la dimensión cultural de las tareas y competencias no culturales en cuanto, por su vinculación con los bienes y servicios culturales, sean portadoras de valores de identidad, diversidad y de desarrollo de la personalidad.
c) Crearán en el seno de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias subcomisiones sectoriales para coordinar las políticas públicas culturales con las demás políticas públicas no culturales. Estas subcomisiones favorecerán la articulación de la cultura con otros ámbitos de las políticas públicas, en especial, el turismo, la educación, las universidades, el medio ambiente, la planificación territorial, la economía, la investigación y el desarrollo, la industria, hacienda, los medios de comunicación, la ciencia y la tecnología, a fin de fortalecer el desarrollo económico y social sostenible del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Adecuación al orden de distribución de competencias.
Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias adecuarán el ejercicio de sus funciones al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Canarias y en la restante normativa de aplicación, y respetarán las competencias culturales propias de cada una de las instancias administrativas integrantes del sistema público de cultura de Canarias.
- Colaboración, coordinación y cooperación.
Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias deben desarrollar su actividad, según prevé el artículo 194.1 del Estatuto de Autonomía, de acuerdo con los principios de colaboración, coordinación y cooperación, sin menoscabo de la autonomía de que cada uno de ellos pueda disfrutar en el marco del ordenamiento jurídico.
a) El deber de colaboración consiste en la obligación general recíproca de actuar conjuntamente con los demás integrantes del sistema público de cultura de Canarias, con el fin de desarrollar objetivos y fines comunes. A tal efecto, si alguna Administración o ente lo solicitara para el ejercicio de sus competencias, los demás le facilitarán la información, datos o medios probatorios de los que dispongan; crearán sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias; ofrecerán asistencia y auxilio; y aplicarán cualesquiera otros mecanismos previstos en la normativa vigente de aplicación.
b) El deber de cooperación conlleva la asunción de compromisos entre todos o parte de los integrantes del sistema público de cultura de Canarias con el objeto de adoptar y desarrollar proyectos y tareas concretas en el marco de las relaciones de colaboración. La cooperación se llevará a cabo de manera voluntaria, al servicio del interés general y en aras a la consecución de fines comunes de interés público, a través de acuerdos o convenios y cualesquiera otros mecanismos establecidos, tanto en la normativa estatal como en la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias que sea de aplicación.
c) El deber de coordinación tiene por objeto garantizar que las actuaciones de las diferentes administraciones públicas, organismos y entes integrados en el sistema público de cultura de Canarias se realicen de forma integrada y coherente en orden a desarrollar los objetivos y finalidades comunes. A tal fin, se valdrán de las técnicas establecidas tanto en la normativa estatal como en la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias que sea de aplicación.
- Colaboración con la sociedad civil.
Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias colaborarán con la sociedad civil a través de sujetos de derecho privado, tanto personas físicas como jurídicas, para el logro de los fines establecidos en la presente ley.
- Servicio a los ciudadanos y ciudadanas.
Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias ajustarán su funcionamiento al principio de servicio a la ciudadanía. A tal fin, las relaciones con las personas destinatarias de sus actuaciones, procedimentales y no procedimentales, se desarrollarán con agilidad, claridad y simplicidad.
Para la consecución de este objetivo, las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias elaborarán y aprobarán cartas de servicios para, en primer lugar, informar a la ciudadanía de los estándares y cualidades con que proveen las prestaciones y servicios públicos culturales, así como de sus derechos con relación a estos servicios. Asimismo deberán precisar, en cada ámbito y servicio concreto, los compromisos específicos de las administraciones y entes del sistema con las personas que accedan a los servicios culturales en relación con las responsabilidades y obligaciones públicas establecidas en la presente ley, en el Marco Estratégico de la Cultura de Canarias y en los programas de actuación, referidos en el artículo 10, que anualmente se elaboren. A tal fin, las cartas de servicios se revisarán todos los años con el objeto de actualizar e incorporar los contenidos derivados de dichos programas de actuación para el servicio o actividad que les incumbe, u otros contenidos que resulten pertinentes.
Sin perjuicio de la utilización de otros medios adecuados, las cartas de servicios se divulgarán, en todo caso, a través de la Ventanilla Única Cultural Digital referida en el apartado 12 del presente artículo.
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Interoperabilidad del sistema público de cultura de Canarias.
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Se adoptarán por parte del sistema público de cultura de Canarias las medidas adecuadas para que las administraciones públicas y los organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias dispongan de las tecnologías y programas que permitan la interconexión de sus redes con una red común de información de todos ellos.
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La reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de las diferentes administraciones públicas y los organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias, en lo que atañe a la información de contenido cultural y la transferencia de tecnología entre administraciones públicas y sector público, se atendrá a las previsiones de los artículos 157 y 158 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Ventanilla Única Cultural Digital.
El sistema público de cultura de Canarias dispondrá de una Ventanilla Única Cultural Digital, a través de la cual se tramitarán los procedimientos administrativos. Asimismo, pondrá a disposición de ciudadanía la información actualizada, completa y permanente relativa al sistema público de cultura de Canarias y a las actividades y servicios que desarrolla y a la Red de Equipamientos Culturales, y ofrecerá, información detallada en relación con los recursos, actividades, condiciones de acceso, precios en su caso, y los servicios complementarios.
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Cooperación con las comunidades autónomas, con la Administración del Estado, con las instituciones europeas y otros espacios culturales.
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El sistema público de cultura de Canarias impulsará la cooperación con otras comunidades autónomas, en orden a cumplir los objetivos y finalidades establecidas en la presente ley.
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El sistema público de cultura de Canarias mantendrá relaciones de cooperación y comunicación cultural con el Estado en los términos previstos en el artículo 149.2 de la Constitución española.
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El sistema público de cultura de Canarias, atendiendo a la condición de región ultraperiférica europea que tiene Canarias, estimulará líneas de colaboración con las instituciones de la Unión Europea en relación con las finalidades que le asigna la presente ley. Asimismo, impulsará, desde su ámbito de actuación, la cooperación con las otras regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, con la finalidad de reforzar la asociación estratégica de todas ellas para la consecución de las finalidades y objetivos establecidos en la presente ley.
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El sistema público de cultura de Canarias otorgará especial atención a las relaciones con espacios culturales de Iberoamérica y África.
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Complementariedad.
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Las administraciones públicas y demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias deberán impulsar la complementariedad y acción sinérgica de sus actuaciones con aquellas otras llevadas a cabo por las administraciones públicas de Canarias y demás organismos y entes del sector público en otras materias no culturales.
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Las administraciones públicas y demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias deberán realizar las actuaciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, para coordinar las políticas culturales con las políticas públicas de las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público no integrados en el sistema público de cultura, en especial, en las áreas del turismo, la educación, las universidades, el medio ambiente y la planificación territorial, la economía, el empleo, la investigación y el desarrollo, la industria, la hacienda, los medios de comunicación públicos y la ciencia y la tecnología, a fin de fortalecer el desarrollo económico y social de Canarias.
Las administraciones públicas y demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, han de planificar y programar su actuación de manera coordinada con las restantes administraciones, organismos y entes del sector público que forman parte del sistema. Asimismo, han de definir la estrategia de aplicación para la consecución de los objetivos establecidos en la presente ley, así como las medidas a adoptar para ello. Esta planificación deberá atender, en todo caso, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda Canaria 2030, así como a los principios contemplados en la presente ley.
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Recursos humanos y económicos.
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Las administraciones públicas y demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias deberán contar con el personal suficiente y con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones que tengan atribuidas. También impulsarán y promoverán, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la formación continua de los profesionales, a través de los correspondientes planes de formación previstos en el artículo 14 de la presente ley.
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Las administraciones públicas y los entes y organismos del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias, atendiendo a su disponibilidad presupuestaria, destinarán las cantidades que sean necesarias para el desarrollo de las actividades y prestación de los servicios culturales en cumplimiento de las finalidades y objetivos establecidos en la presente ley, así como para el eficaz funcionamiento del sistema público de cultura de Canarias.
Sección 3.ª Deberes y obligaciones referidos al desarrollo de la vida cultural en el sistema público de cultura de Canarias
Artículo 18. Desarrollo de la vida cultural en el sistema público de cultura de Canarias.
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El sistema público de cultura de Canarias velará porque las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el mismo garanticen que el disfrute y acceso a la cultura y la participación en la vida cultural, expresados en la presente ley, se realicen en condiciones de igualdad real y efectiva y con pleno compromiso con la igualdad de género, el pluralismo y la diversidad cultural, la accesibilidad y el desarrollo sostenible.
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El sistema público de cultura de Canarias promoverá que el desarrollo de la vida cultural en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias por parte de las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes que lo integran se realice atendiendo a las medidas que se establecen en los siguientes artículos. Estas medidas no afectarán ni modificarán las obligaciones que las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias deban cumplir, de conformidad con la normativa que les sea de aplicación.
Artículo 19. Creación e investigación cultural.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias generarán e impulsarán políticas que favorezcan la creación artística y cultural, su expresión y su comunicación, así como la investigación y el emprendimiento cultural. Igualmente, garantizarán a los ciudadanos y las ciudadanas su participación libre y activa en la vida cultural, a través de las actividades de su propia elección y su participación en las actividades creativas ofrecidas por el sistema, todo ello con pleno respeto a la normativa aplicable y a los derechos de terceros.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias promoverán políticas de movilidad cultural y artística, para su ejecución bien directamente bien en colaboración con otras instituciones culturales y educativas, públicas o privadas del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Estado, europeas o de otras áreas del mundo.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias velarán por la existencia de equipamientos culturales suficientes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales y, a tal efecto, promoverán la construcción de nuevos equipamientos culturales, sin perjuicio de la reutilización y restauración de los ya existentes, en coordinación con las políticas de conservación y protección del patrimonio cultural, poniendo especial atención en el cuidado de la sostenibilidad medioambiental.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias promoverán políticas estables para generar sinergias creativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que permitan integrar el conjunto de actores y agentes culturales, sus planes y medios, atendiendo a las siguientes premisas:
a) Favorecer que la actuación de los agentes impulsores de la creación y producción cultural se inserte en una visión integral, coordinada y económicamente sostenible;
b) incorporar a los actores y agentes culturales de menor dimensión y a los creadores y creadoras independientes;
c) establecer incentivos materiales y no materiales coordinados para favorecer la viabilidad y sostenibilidad económica de los nuevos emprendedores y emprendedoras y de los emprendedores y emprendedoras independientes; y
d) promover programas de investigación cultural, con el fin de favorecer el progreso de la cultura.
Artículo 20. Patrimonio cultural.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias establecerán políticas específicas y coordinadas para permitir el acceso al patrimonio cultural, material e inmaterial, por parte de las personas de mayor edad, personas con discapacidad, personas que se encuentren situadas en entornos rurales, personas migrantes, personas privadas de libertad y personas con menor capacidad socioeconómica.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias coordinarán sus respectivos planes en materia de patrimonio cultural, material e inmaterial.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias promoverán políticas de turismo cultural sostenible, que contemplen la adopción de medidas y mecanismos que promuevan el acceso y disfrute de las actividades y servicios culturales, así como del patrimonio cultural, material e inmaterial, por parte de las personas visitantes del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias cumplirán con los deberes y obligaciones establecidos en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, y en la normativa que la desarrolle, así como en aquella que la pudiera sustituir.
Artículo 21. Acceso a la cultura y a los equipamientos culturales públicos.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias garantizarán la libre participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de toma de decisiones, de forma individual o a través de asociaciones, organizaciones o entidades que tengan por objeto la promoción de la cultura y de las manifestaciones culturales y creativas.
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Los equipamientos culturales que integran la Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública de Canarias, referida en el artículo 13 de la presente ley, promoverán de forma permanente, en régimen de colaboración voluntaria, políticas de difusión y acceso dirigidas a resaltar la función social de dichos equipamientos, así como su potencialidad para el desarrollo de la creatividad. A tal fin, las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias arbitrarán acuerdos de cooperación con otras instituciones públicas, especialmente las educativas, así como con los medios de comunicación social, tanto públicos como privados. Asimismo, los referidos equipamientos culturales establecerán programas estables para poner en valor su función social, que destaquen los potenciales valores de reconocimiento, encuentro, enriquecimiento mutuo e integración social que significan el arte y la cultura. Los mencionados equipamientos atenderán, igualmente, los problemas y necesidades de los diferentes sectores y grupos sociales en el acceso a los mismos, adoptando medidas específicas dirigidas a las familias, la infancia y la juventud, así como a las personas de mayor edad, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas carentes de libertad, las personas que se encuentren situadas en entornos rurales y las personas con menor capacidad socioeconómica.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias podrán aportar o ceder el uso de edificios o instalaciones propios para su destino a actividades o servicios culturales, a través de los cauces legalmente establecidos. También podrán valerse, cuando así resulte legalmente posible, de las instalaciones de otros organismos e instituciones públicas y privadas.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias favorecerán, a través de los cauces legalmente establecidos, la utilización de espacios públicos al aire libre para el desarrollo de espectáculos culturales, musicales, escénicos o de otra naturaleza, los cuales deberán cumplir, en todo caso, con la normativa que sea de aplicación, especialmente en materia de medioambiente, urbanismo y riesgos laborales, y contar con las licencias, autorizaciones y permisos que sean necesarios. A tal fin, se realizará una revisión de la normativa vigente para adecuarla a la especificidad de la vida cultural en los espacios públicos en aras a facilitar su mejor desenvolvimiento y acceso a la cultura.
Artículo 22. Diversidad cultural y culturas comunitarias.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias garantizarán el respeto a la identidad y diversidad cultural en tanto factor de reconocimiento y seguridad de las personas y cohesión de los grupos, así como el ejercicio por parte de estas de sus propias prácticas y preferencias culturales que conforman su identidad, ya sea de forma individual o colectiva, como un proceso dinámico, múltiple y complejo.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias facilitarán la manifestación de las expresiones culturales asentadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias derivadas de la migración, promoviendo el reconocimiento recíproco y facilitando el dialogo intercultural y la comunicación en el seno de la diversidad cultural canaria en aras de la integración y cohesión social.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias pondrán en valor la cultura canaria en el Estado, en Europa y en el mundo y adoptarán las medidas que sean necesarias para promoverla, promocionarla y favorecer su proyección nacional e internacional. Asimismo, promoverán el conocimiento de las culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad.
Artículo 23. Dimensión social de la cultura como bien cultural básico.
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En aras a garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley, los recursos presupuestarios destinados a las actividades y servicios culturales, así como al desarrollo de la función cultural por parte del Gobierno de Canarias, no serán inferiores al 2% del presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos y con el tracto temporal que se expone en la disposición transitoria única.
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Asimismo, los cabildos insulares y los ayuntamientos, en el marco de sus competencias y de su autonomía presupuestaria y financiera, tenderán progresivamente a asignar a la función, actividades y servicios culturales los recursos presupuestarios suficientes.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias, en el caso de que se produzcan situaciones excepcionales catastróficas, sanitarias, de crisis económica o de otra naturaleza análoga, estimularán las múltiples virtualidades positivas de lo cultural para ayudar, acercar y comunicar a las personas afectadas.
Asimismo, adoptarán las medidas adecuadas para evitar que las situaciones descritas, tanto durante como una vez hayan finalizado, deriven en daños irreparables o en la imposible recuperación de los bienes, servicios, actividades y empresas culturales y creativas.
Artículo 24. Digitalización cultural.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias facilitarán el acceso y el uso de las tecnologías digitales como medios de desarrollo de la vida cultural en la totalidad de procesos de creación, producción, transmisión, difusión, promoción, protección y conservación de la cultura. En todo caso, promoverán las condiciones para que el desarrollo de la sociedad digital se realice sin menoscabo de los derechos culturales y de los principios enunciados en el artículo 2 de la presente ley, así como de los derechos fundamentales y, en especial, de los relativos a la intimidad, el honor y la propia imagen y del derecho a la protección de la juventud y de la infancia, la libertad de creación cultural y la no discriminación de género y por otros motivos sociales.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias promoverán el acceso a la cultura a través de espacios públicos virtuales así como el desarrollo de la dimensión y proyección digital de los equipamientos culturales referidos en el artículo 13 de la presente ley.
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Las administraciones públicas de Canarias y los demás organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura de Canarias promoverán la oferta de programas y actividades formativas tanto para la alfabetización digital como para el uso creativo y avanzado de las tecnologías digitales en la creación, producción, transmisión y conservación de la cultura. En este sentido, otorgarán especial relevancia a una oferta permanente de programas orientados a los diferentes grupos de población, para el conocimiento crítico y responsable de los impactos de la sociedad digital en los derechos fundamentales.
Sección 4.ª Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura
Artículo 25. Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura.
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El Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura es el servicio adscrito al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, a efectos presupuestarios y de recursos materiales, estructurales y humanos, que desarrolla las funciones de centro de estudios, información, documentación, análisis e investigación en materia cultural del sistema público de cultura de Canarias.
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El Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura pondrá a disposición de la ciudadanía los estudios e informes elaborados a través de un portal web de libre acceso.
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En el ejercicio de sus funciones, el Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura, cuando le sea requerida, proveerá de información y documentación al Consejo Canario de Cultura así como a la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias.
CAPÍTULO IV
Consejo Canario de Cultura
Artículo 26. Naturaleza del Consejo Canario de Cultura.
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El Consejo Canario de Cultura es el órgano colegiado de asesoramiento y consulta del conjunto de las administraciones públicas de Canarias y de los demás organismos y entes integrados en el sistema público de cultura de Canarias.
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El Consejo Canario de Cultura queda adscrito a la consejería competente en materia de cultura, que le proporcionará la asistencia y medios necesarios para su adecuado funcionamiento, aunque no se integra en su estructura orgánica ni jerárquica.
Artículo 27. Composición del Consejo Canario de Cultura.
- El Consejo Canario de Cultura está integrado por los siguientes miembros:
– Una persona representante de la Academia Canaria de la Lengua.
– Una persona representante de las universidades públicas del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, propuesta por la comisión competente en materia de cultura del Parlamento de Canarias.
– Una persona representante de las bibliotecas integradas en el Sistema Bibliotecario de Canarias, propuesta por la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias.
– Una persona representante de la Red de Museos de Canarias.
– Una persona representante de los archivos y hemerotecas titularidad o gestionados por las administraciones públicas canarias, propuesta por el Consejo Regional de Archivos de Canarias.
– Una persona representante de las asociaciones representativas del sector de las artes escénicas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
– Una persona representante de las asociaciones representativas del sector de la música en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión competente en materia de cultura del Parlamento de Canarias.
– Una persona representante de las asociaciones representativas del sector de las artes visuales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
– Una persona representante de las asociaciones representativas del sector audiovisual en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
– Una persona representante de las asociaciones representativas del sector del libro en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
– Una persona representante de las asociaciones representativas del folklore y de la cultura tradicional en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
– Una persona representante de las asociaciones representativas del sector del diseño gráfico en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
– Una persona representante de las asociaciones representativas del sector del videojuego y multimedia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
– Una persona representante de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel.
– Una persona representante de las centrales sindicales más representativas en el sector cultural de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
– Una persona representante de las entidades empresariales y fundaciones más representativas en el sector cultural de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
– Cuatro personalidades destacadas y con formación profesional acreditada en los campos de la cultura de Canarias, dos de ellas representativas del ámbito artístico y creativo y las otras dos representativas del ámbito de la gestión cultural, propuestas por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
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El consejo podrá invitar a representantes de centros de investigación, medios de comunicación social, asociaciones culturales o profesionales y otras instituciones culturales canarias para ser oídas o para participar en las reuniones con voz y sin voto.
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Las personas integrantes del Consejo Canario de Cultura serán nombradas por el Gobierno de Canarias, atendiendo a las propuestas referidas en el apartado 1 del presente artículo. El Gobierno de Canarias, a la hora de proceder al nombramiento de las personas integrantes del Consejo Canario de Cultura, deberá asegurar el cumplimiento de la representación equilibrada de mujeres y hombres establecida en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 28. Funciones del Consejo Canario de Cultura.
Las funciones del Consejo Canario de la Cultura son las siguientes:
a) Velar por el desarrollo y fomento de la actividad cultural en Canarias.
b) Realizar el seguimiento del Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias, valorar su aplicación y cumplimiento así como proponer revisiones y actualizaciones.
c) Asesoramiento, estudio y consulta de las cuestiones que, en materia de cultura, le sometan a su consideración cualquiera de las administraciones públicas de Canarias y el Parlamento de Canarias así como elaboración de los informes y dictámenes en materia de su competencia, tanto por iniciativa propia como a petición de las entidades mencionadas.
d) Emitir informe preceptivo respecto de los anteproyectos normativos en materia cultural o que incidan en temas de política cultural.
e) Elevar propuestas de anteproyectos normativos para su posible toma en consideración por el Gobierno de Canarias.
f) Elaborar un informe anual de evaluación de las partidas presupuestarias relativas a cultura, a los efectos de consulta y toma en consideración en la redacción del anteproyecto de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
g) Elaborar un informe anual sobre el estado de la cultura en Canarias y la observancia de lo establecido en la presente ley y en el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias por parte de las administraciones públicas de Canarias y demás organismos y entes integrados en el sistema cultural público de Canarias. Para la elaboración de este informe, el consejo podrá contar con la colaboración del Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura. El informe será remitido al Parlamento de Canarias para su toma en consideración, y en su caso debate.
h) Emitir informe preceptivo con carácter previo a la creación o supresión de organismos o equipamientos culturales por parte de las administraciones públicas de Canarias y demás organismos y entes integrados en el sistema cultural público de Canarias.
i) Emitir informe previo preceptivo sobre la inversión del uno y medio por ciento referido en el artículo 131 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, a los efectos de que sea tomado en consideración en el proceso de determinación de las actividades o proyectos a los que se va a destinar.
j) Proponer a la Presidencia del Gobierno de Canarias, por medio de la persona titular de la consejería competente en materia de cultura, aquellas distinciones honoríficas a las personas, entidades o instituciones que se hayan hecho merecedoras por su trabajo o dedicación probada al estudio, la defensa o la promoción de la cultura en Canarias.
k) Elevar propuestas, recomendaciones e informes en materia cultural.
l) Crear las mesas sectoriales que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines propios del consejo.
m) Cooperar con los órganos análogos de ámbito autonómico, estatal o europeo.
n) Cualquier otra que legal o reglamentariamente se le encomiende.
Artículo 29. Organización y funcionamiento del Consejo Canario de Cultura.
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El presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta y el secretario o secretaria del Consejo Canario de Cultura son elegidos, entre sus miembros, por mayoría absoluta.
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El Consejo Canario de Cultura actúa en pleno o en comisión permanente. Integrarán el pleno la totalidad de las personas que componen el Consejo Canario de Cultura. Las personas que integran la comisión permanente serán elegidas, de entre los miembros del consejo, por mayoría absoluta del pleno.
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El mandato de las personas integrantes es de cinco años y pueden ser reelegidas por un único mandato de cinco años más.
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En los casos de vacante, motivada por renuncia, cese, fallecimiento u otra causa legal, el Gobierno de Canarias deberá nombrar a una nueva persona integrante, teniendo en cuenta las propuestas referidas en el artículo 27 de la presente ley.
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El desempeño del cargo en el consejo no será retribuido.
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El pleno del Consejo Canario de Cultura se reunirá en sesión ordinaria al menos, una vez al semestre y, en sesión extraordinaria, cuando sea convocado por su presidente o presidenta, a iniciativa propia o a solicitud de, al menos, un tercio de quienes lo componen.
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El presidente o presidenta convocará las reuniones y fijará el correspondiente orden del día, teniendo en cuenta las peticiones efectuadas por las personas integrantes del Consejo Canario de Cultura con la suficiente antelación. No obstante, el presidente o presidenta no incluirá en el orden del día aquellos asuntos que manifiestamente sean ajenos a los fines y competencias del Consejo Canario de Cultura, así como en los supuestos en que se aprecie cualquier otra causa obstativa debidamente motivada, de la cual informará al comienzo de la inmediata sesión que se celebre.
Disposición adicional primera. Nombramiento de las personas integrantes de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias.
El Gobierno de Canarias nombrará a los miembros de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias, a la que se refiere el artículo 4 de la presente ley, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Disposición adicional segunda. Elaboración del Marco de Acción Estratégica.
El Gobierno de Canarias elaborará y remitirá al Parlamento de Canarias el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias, al que se refiere el artículo 7 de la presente ley, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Disposición adicional tercera. Creación de cuerpos, escalas y especialidades.
En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la ley se crearán en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias los cuerpos y/o las escalas y las especialidades que correspondan previstos en el artículo 14.1 de esta ley.
Disposición adicional cuarta. Planes de formación de los profesionales culturales.
Las administraciones públicas integradas en el sistema público de cultura de Canarias aprobarán sus respectivos planes de formación, a los que se refiere el artículo 14.3 de la presente ley, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Disposición adicional quinta. Creación de la Ventanilla Única Cultural Digital.
El Gobierno de Canarias creará la Ventanilla Única Cultural Digital, a la que se refiere el artículo 17.12 de la presente ley, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Disposición adicional sexta. Constitución del Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura.
El Gobierno de Canarias establecerá el Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura, al que se refiere el artículo 25 de la presente ley, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Disposición adicional séptima. Nombramiento de las personas integrantes del Consejo Canario de Cultura.
El Gobierno de Canarias nombrará a los miembros del Consejo Canario de Cultura, previsto en el artículo 26 de la presente ley, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Disposición adicional octava. Transformación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, SA.
El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley y atendiendo a lo establecido en la normativa que en su caso resulte aplicable, procederá a transformar la empresa pública adscrita al área de cultura del Gobierno de Canarias, actualmente denominada Instituto Canario de Desarrollo Cultural, SA, en la figura jurídica que resulte más eficaz para la realización de las funciones que actualmente figuran en el objeto social de la mencionada sociedad.
Disposición transitoria única.
La obligación referida en el artículo 23.1 de la presente ley entrará en vigor teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Los recursos presupuestarios destinados a las actividades y servicios culturales así como a la función cultural por parte del Gobierno de Canarias en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias que se aprueben a partir del año 2030 no podrán ser inferiores a un 2% del presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A tal fin, los recursos presupuestarios referidos se incrementarán anualmente y de manera progresiva, y nunca por debajo del crecimiento medio del presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la entrada en vigor de la presente ley hasta el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior.
Disposición derogatoria única.
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Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
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Asimismo, queda derogado el artículo 40 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno de Canarias, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, aprobará las normas reglamentarias necesarias para su desarrollo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
En Canarias, 1 de marzo de 2023.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.