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EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona.
PREÁMBULO
Barcelona, capital de Cataluña, ha sido siempre un símbolo de libertad y progreso. Ciudad de convivencia, hecha en la pluralidad y diversidad, ha proyectado al mundo su capacidad de iniciativa, su vocación de modernidad y su compromiso solidario en la construcción de un mundo en paz, basado en el respeto y la tolerancia. Barcelona, cuna de culturas, ha sido y quiere ser un ejemplo en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos.
En las postrimerías del siglo XX y partiendo de la experiencia de muchos siglos de un régimen propio, basado en su tradición histórica y nacional, que tiene como referente de carácter permanente y como señas de identidad, en lo que se refiere a los símbolos, la Cruz de San Jorge sobre fondo blanco y las tradicionales cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, la ciudad de Barcelona quiere lograr ahora una Carta Municipal que refuerce su autonomía, al servicio de una gestión administrativa eficaz y cercana a los ciudadanos, de una descentralización más fuerte, de una potenciación de las competencias municipales en el marco de una colaboración institucional positiva, y de una mejora de la calidad de los servicios de la ciudad que se corresponda con las necesidades y ambiciones de todos los barceloneses y barcelonesas.
Una Carta que responde a los anhelos de la ciudadanía que, con su participación e implicación colectiva, ha hecho de Barcelona lo que es. La Carta profundiza en los mecanismos de participación ciudadana, refuerza la práctica democrática y estimula la cooperación entre el Ayuntamiento y el movimiento asociativo y los agentes sociales, como factor de progreso y cohesión.
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La Carta refuerza la voluntad descentralizadora de Barcelona dotando los distritos de la ciudad de una fuerte personalidad, con un amplio nivel de autogobierno. Al servicio de esta descentralización, la Carta anuncia, por medio de su desarrollo reglamentario, un nuevo sistema de composición y elección de los Consejos de Distrito, y abre las puertas para que dicha elección tenga lugar en el mismo ámbito territorial y para que se reduzcan los requerimientos de edad en el peldaño inicial de la participación política.
Barcelona es el núcleo central de un continuo urbano y de un territorio que se expresa en realidades municipales plurales y con valor propio, pero que, por su carácter de conurbación, pide coordinación, entendimiento y la aplicación de criterios comunes en diferentes ámbitos.
La voluntad de Barcelona es compartir con las ciudades de su entorno metropolitano formas específicas de colaboración institucional en la prestación de determinados servicios, que tengan así en cuenta el peso específico de la Barcelona metrópoli, en el marco del desarrollo regional de Cataluña. El planeamiento territorial y estratégico del ámbito regional, la planificación, coordinación y gestión del transporte urbano, y la planificación, construcción, coordinación y gestión de las grandes infraestructuras de comunicaciones y de promoción económica, así como medioambientales, son objetivos que Barcelona comparte con su entorno.
La vitalidad de Barcelona se pone al servicio de todo el país, pero de forma singular de aquellas ciudades que comparten con la capital de Cataluña una misma problemática, que pide soluciones específicas por encima de delimitaciones administrativas que muy a menudo la realidad social y urbana supera.
Esta es una Carta que recoge las ambiciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que se quiere impregnada de civismo y solidaridad, que quiere ser un catálogo de derechos, cuyo respeto, defensa y cumplimiento sea un orgullo para todos. Barcelona, ciudad abierta, mira al futuro esperanzada y con confianza. El hecho vivo de Barcelona quiere descansar en el orgullo del barcelonismo y la catalanidad como base de su proyección universal.
Barcelona, históricamente y recientemente, mantiene unos lazos muy estrechos con Europa, de la que forma parte activa: Un proyecto que necesariamente debe tener en cuenta las ciudades y que debe avanzar hacia la consolidación de la autonomía local.
La Carta Municipal nace con el deseo de dar respuesta a la demanda de mayor proximidad que hacen las grandes ciudades de Europa; de dar prioridad al nivel de administración más cercano; de construir la Europa de la subsidiariedad.
Barcelona acepta los retos del siglo XXI, para afrontarlos necesita esta Carta. La calidad como exigencia cívica debe traducirse en una mejora efectiva de los servicios municipales, en todos los campos, para todos, sin excepciones ni discriminaciones por razón de sexo, edad, lengua, origen o religión. Los Usatges, primer precedente de la Carta, ya establecían, en el siglo XIII, que en Barcelona no se reprocharía a nadie su religión y que todo acusado tenía derecho a ser defendido. Todos deberían sentirse orgullosos de la ciudad: Ésta es la servidumbre que deben aceptar los que la quieran honrar y mejorar.
Una Carta al servicio de una administración ágil, moderna, atenta y amable, que tiene la ética como norma, siempre presente, de su actuación. Una Carta que asegure a todos los ciudadanos y ciudadanas un urbanismo pensado para ellos y para la mejora de la calidad de vida en todos los ámbitos de la ciudad, que favorezca una política propia de vivienda, que tenga en cuenta tanto la construcción como la rehabilitación de los barrios envejecidos y que dé especial prioridad a las necesidades de viviendas asequibles y para la juventud.
Una Carta que quiere el equilibrio de la ciudad con una eficaz prestación del servicio de transportes urbanos, que llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan; una Carta que favorezca una movilidad que tenga al peatón como destinatario más importante. Una Carta innovadora, que abra la ciudad a las nuevas tecnologías en el campo de las telecomunicaciones, que la hagan más competitiva, y que tenga el medio ambiente como prioridad para la acción del Gobierno Municipal.
Barcelona quiere gozar de una sanidad de calidad, un sistema educativo que sea orgullo de todos y garantía de igualdad y promoción social; quiere ofrecer a todos unos servicios sociales que permitan el libre desarrollo de la persona, especialmente en caso de limitaciones y carencias. Barcelona, capital de la cultura, quiere una Carta que la ayude en esta responsabilidad histórica.
Barcelona quiere ser una ciudad segura, que aspira a una justicia ágil, innovadora, cercana a los ciudadanos y ciudadanas, así como a gozar de un régimen financiero adecuado y suficiente, que se corresponda a las necesidades y ambiciones de la ciudad, de acuerdo con las aportaciones que Barcelona hace a Cataluña y al Estado.
Es por ello que, considerando la voluntad expresada por el Ayuntamiento de Barcelona y la propuesta de la Comisión Mixta, prevista en la disposición transitoria primera de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, se aprueba la siguiente
CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.
La ciudad de Barcelona es la capital de Cataluña.
La ciudad de Barcelona goza del régimen jurídico especial establecido en la presente Carta.
El término municipal de la ciudad de Barcelona es el actual en el momento de entrar en vigor la presente Carta. A iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, corresponde al Parlamento de Cataluña, mediante Ley, la alteración de dicho término municipal.
Artículo 1.
La ciudad de Barcelona es la capital de Cataluña.
La ciudad de Barcelona goza de un régimen especial, garantizado por el artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Cataluña e integrado por la presente Carta, por la legislación que regula el régimen especial del municipio de Barcelona y por las disposiciones emanadas del Ayuntamiento de Barcelona en ejercicio de su potestad normativa.
El término municipal de la ciudad de Barcelona es el actual en el momento de entrar en vigor la presente Carta. A iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, corresponde al Parlamento de Cataluña, mediante Ley, la alteración de dicho término municipal.
Se modifica el apartado 2 por el art. 1 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Artículo 2.
El Ayuntamiento de Barcelona debe promover y llevar a cabo actividades de interés común con otras ciudades, especialmente las adyacentes, con las demás Administraciones Públicas y con instituciones y organismos europeos e internacionales, en el ámbito de las competencias que le atribuyen la presente Carta y la legislación general de régimen local.
El Ayuntamiento de Barcelona debe promover que la ciudad sea sede de organismos dependientes de otros niveles de administración y de instituciones europeas e internacionales.
Artículo 3.
La ciudad de Barcelona ostenta los títulos otorgados en atención a su historia y tradición y, en concreto, el de Ciudad Condal.
El sello oficial de la ciudad se inspira en el de Pedro III el Ceremonioso.
La bandera oficial de la ciudad incorpora sobre fondo amarillo con cuatro barras rojas, en sentido vertical, el símbolo de la ciudad.
Artículo 3.
La ciudad de Barcelona ostenta los títulos otorgados en atención a su historia y tradición y, en concreto, el de Ciudad Condal.
El escudo oficial de la ciudad de Barcelona se inspira en el de Pedro III el Ceremonioso.
La bandera oficial de la ciudad de Barcelona es cuartelada e incorpora los cuatro palos rojos en los cuarteles superior derecho e inferior izquierdo sobre fondo amarillo, y la cruz de San Jorge en los cuarteles superior izquierdo e inferior derecho sobre fondo blanco.
Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. 1.1 y 2 de la Ley 11/2006, de 19 de julio. Ref. BOE-A-2006-14901.
Artículo 3.
La ciudad de Barcelona ostenta los títulos otorgados en atención a su historia y tradición y, en concreto, el de Ciudad Condal.
El escudo oficial de la ciudad de Barcelona se inspira en el de Pedro III el Ceremonioso.
La bandera oficial de la ciudad de Barcelona es cuartelada e incorpora los cuatro palos rojos en los cuarteles superior derecho e inferior izquierdo sobre fondo amarillo, y la cruz de San Jorge en los cuarteles superior izquierdo e inferior derecho sobre fondo blanco.
Corresponde al Ayuntamiento de Barcelona proteger, preservar y promover los valores simbólicos, el prestigio y la buena reputación asociados a la denominación Barcelona.
Se autoriza al Plenario del Consejo Municipal de Barcelona a desarrollar por reglamento las disposiciones del presente artículo.
Se añaden los apartados 4 y 5 por el art. 2 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. 1.1 y 2 de la Ley 11/2006, de 19 de julio. Ref. BOE-A-2006-14901.
Artículo 4.
El catalán, lengua propia de Cataluña, lo es también del Ayuntamiento de Barcelona.
El Ayuntamiento de Barcelona debe garantizar el uso del castellano, dentro del marco constitucional y estatutario. El Ayuntamiento debe hacer posible la atención a los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a minorías lingüísticas.
El Ayuntamiento de Barcelona debe normalizar el uso del catalán en el ámbito de sus competencias.
El Ayuntamiento de Barcelona debe fomentar el uso del catalán en el ámbito de las relaciones internacionales, para promover y reforzar el multilingüismo y la multiculturalidad en el marco mundial.
Artículo 5.
En todo lo que no esté previsto en la presente Carta son aplicables las normas generales sobre régimen local y las normas reguladoras de los diferentes sectores de la acción pública.
Artículo 5.
La presente Carta se configura como norma básica del ordenamiento jurídico propio del gobierno local de la ciudad de Barcelona. Cualquier norma sectorial que afecte a los gobiernos locales debe tener en cuenta el régimen especial de la ciudad de Barcelona, en los términos que establece el artículo 89 del Estatuto de Autonomía.
En todo lo que no esté previsto en la presente Carta son aplicables las normas generales sobre régimen local y las normas reguladoras de los diferentes sectores de la acción pública.
Se modifica por el art. 3 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Artículo 6.
Corresponde al Ayuntamiento de Barcelona el desarrollo reglamentario de la presente Carta en los ámbitos de la organización, obras, actividades y servicios municipales.
Artículo 7.
El Ayuntamiento de Barcelona tiene legitimación para recurrir directamente ante el Tribunal Constitucional contra las Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado y de la Generalidad de Cataluña y, si procede, las disposiciones de rango inferior, cuando contravengan a la autonomía local, garantizada por el artículo 140 de la Constitución, de acuerdo con el procedimiento y los términos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
TÍTULO I
Organización del Gobierno Municipal
CAPÍTULO I
Órganos municipales
Artículo 8.
El Gobierno Municipal actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Deben ser criterios esenciales de su organización diferenciar las funciones deliberantes de ordenación, programación y control de las ejecutivas de gobierno y administración, y desarrollar la descentralización y desconcentración territorial y fomentar la participación ciudadana.
Artículo 9.
El gobierno del municipio de Barcelona corresponde, en los términos de la presente Carta, a los órganos siguientes:
a) El Consejo Municipal.
b) El Alcalde o Alcaldesa.
c) La Comisión de Gobierno.
d) Los Presidentes y Concejales de Distrito, si procede.
e) Los Consejos de Distrito.
CAPÍTULO II
El Consejo Municipal
Artículo 10.
El Consejo Municipal es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad. Está formado por los Concejales y presidido por el Alcalde o Alcaldesa.
El sistema electoral es el establecido en la legislación general sobre elecciones municipales.
Los extranjeros gozan del derecho de sufragio en las elecciones municipales en los términos establecidos en las normas vigentes.
El Ayuntamiento de Barcelona debe interesar a los órganos competentes para que legislen y celebren tratados internacionales que promuevan los instrumentos adecuados a fin de que todas las personas empadronadas en el municipio puedan gozar de estos derechos.
Los extranjeros empadronados pueden participar en referéndums y otros procedimientos consultivos que promueva el Ayuntamiento.
Artículo 11.
El Consejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:
a) Impulsar, controlar y fiscalizar los demás órganos de gobierno.
b) Aprobar el Código Ético de actuación de todo el personal al servicio del municipio.
c) Ejercer la iniciativa para alterar el término municipal.
d) Aprobar el escudo, el sello y la bandera de la ciudad.
e) Aprobar de forma definitiva el Reglamento Orgánico, las ordenanzas y cualquier otra norma local cuya aprobación no se atribuya a ningún otro órgano municipal.
f) Aprobar y modificar el Reglamento Orgánico que regula la composición y elección de los Consejos de Distrito.
g) Aprobar el Plan General de Acción Municipal, el Programa de Actuación, el Plan de Inversiones y el Programa Financiero.
h) Informar de los proyectos del Plan Territorial General, el Plan Territorial Parcial y sus revisiones o modificaciones.
i) Ordenar e imponer tributos, establecer los precios públicos, no especificados en el artículo 16.m), y aprobar los presupuestos y cuentas.
j) Aprobar de forma provisional el Plan General y sus revisiones y modificaciones, en el ámbito de su término municipal.
k) Aprobar de forma definitiva los planes parciales y especiales, las ordenanzas y demás normas urbanísticas.
l) Ejercer actividades económicas, constituir sociedades mercantiles para llevarlas a cabo, y participar en ellas, y crear otros entes de interés municipal.
m) Decidir sobre servicios reservados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Bases de Régimen Local y los artículos 227, 228 y 229 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
n) Aceptar la delegación de competencias hecha por otras Administraciones.
o) Ejercer acciones judiciales contra miembros de la Corporación.
p) Adquirir bienes y derechos cuando su valor sea superior a 2.500 millones de pesetas, así como hacer las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:
Primero. Cuando se trate de bienes inmuebles, o de bienes muebles que hayan sido declarados de valor histórico o artístico y su enajenación no esté prevista en el presupuesto.
Segundo. Cuando, incluso estando prevista en el presupuesto, la enajenación supere las cuantías indicadas para la adquisición de bienes.
q) Transferir funciones, actividades o servicios a otras Administraciones.
r) Contratar obras y concesiones de toda clase si su importe supera los 2.500 millones de pesetas, así como si se trata de contratos y concesiones plurianuales de duración superior a los cuatro años, o de plurianuales de menor duración si el importe acumulado de sus anualidades es superior a la cuantía antes señalada.
s) Acordar la participación en organizaciones supramunicipales.
t) Aprobar y concertar las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, excepto las de Tesorería, que le corresponden si el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supera el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
u) Ceder a título gratuito bienes a otras Administraciones, instituciones públicas o entidades privadas, en los supuestos autorizados por las normas reguladoras del patrimonio municipal.
v) Aprobar los expedientes de municipalización.
w) Aprobar la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, determinar la cuantía de las retribuciones fijas y periódicas de los funcionarios y establecer el número y régimen del personal eventual.
x) Alterar la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
y) Votar sobre la moción de censura al Alcalde o Alcaldesa y la cuestión de confianza planteada por éste, que se rige por la legislación electoral general.
z) Las demás que la presente Carta le atribuye.
Los grupos municipales constituidos en el Consejo Municipal pueden formular directrices, orientaciones y recomendaciones propias, de carácter general, de la forma que se determine por reglamento. Cualquier grupo puede someter al Consejo Municipal propuestas de acuerdo sobre materias de la competencia de éste. El Reglamento Orgánico debe regular este procedimiento.
Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Consejo Municipal para adoptar los siguientes acuerdos:
a) Aprobar y modificar con carácter definitivo el Reglamento Orgánico.
b) Aprobar la organización territorial en distritos y aprobar con carácter definitivo el Reglamento de Composición y Elección de los Consejos de Distrito.
c) Transferir funciones o actividades a otras Administraciones Públicas.
d) Enajenar bienes cuando su cuantía exceda el 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
e) Ceder a título gratuito bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
f) Aprobar provisionalmente los planes generales y su revisión o modificación.
g) Hacer la concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre y cuando la cuantía exceda el 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
h) Aprobar operaciones financieras o de crédito si la cuantía excede el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley del Estado 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
i) Crear, modificar y disolver mancomunidades u otras organizaciones asociativas, participar en ellas, así como aprobar y modificar sus estatutos.
j) Imponer y ordenar los recursos propios de carácter tributario.
k) Alterar la calificación jurídica de los bienes demaniales.
l) Aprobar el escudo, el sello y la bandera de la ciudad.
Las competencias del Consejo Municipal son indelegables en el Alcalde o Alcaldesa y en la Comisión de Gobierno, sin perjuicio de los encargos que, para una concreción más adecuada y una mejor ejecución de sus acuerdos, pueda hacer el Consejo Municipal a cualquiera de estos órganos de gobierno o a alguno de sus miembros.
Artículo 11.
El Consejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:
a) Impulsar, controlar y fiscalizar los demás órganos de gobierno.
b) Aprobar el Código Ético de actuación de todo el personal al servicio del municipio.
c) Ejercer la iniciativa para alterar el término municipal.
d) Aprobar el escudo, la bandera y los demás símbolos distintivos de la ciudad.
e) Aprobar de forma definitiva el Reglamento Orgánico, las ordenanzas y cualquier otra norma local cuya aprobación no se atribuya a ningún otro órgano municipal.
f) Aprobar y modificar el Reglamento Orgánico que regula la composición y elección de los Consejos de Distrito.
g) Aprobar el Plan General de Acción Municipal, el Programa de Actuación, el Plan de Inversiones y el Programa Financiero.
h) Informar de los proyectos del Plan Territorial General, el Plan Territorial Parcial y sus revisiones o modificaciones.
i) Ordenar e imponer tributos, establecer los precios públicos, no especificados en el artículo 16.m), y aprobar los presupuestos y cuentas.
j) Aprobar de forma provisional el Plan General y sus revisiones y modificaciones, en el ámbito de su término municipal.
k) Aprobar de forma definitiva los planes parciales y especiales, las ordenanzas y demás normas urbanísticas.
l) Ejercer actividades económicas, constituir sociedades mercantiles para llevarlas a cabo, y participar en ellas, y crear otros entes de interés municipal.
m) Decidir sobre servicios reservados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Bases de Régimen Local y los artículos 227, 228 y 229 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
n) Aceptar la delegación de competencias hecha por otras Administraciones.
o) Ejercer acciones judiciales contra miembros de la Corporación.
p) Adquirir bienes y derechos cuando su valor sea superior a 2.500 millones de pesetas, así como hacer las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:
Primero. Cuando se trate de bienes inmuebles, o de bienes muebles que hayan sido declarados de valor histórico o artístico y su enajenación no esté prevista en el presupuesto.
Segundo. Cuando, incluso estando prevista en el presupuesto, la enajenación supere las cuantías indicadas para la adquisición de bienes.
q) Transferir funciones, actividades o servicios a otras Administraciones.
r) Contratar obras y concesiones de toda clase si su importe supera los 2.500 millones de pesetas, así como si se trata de contratos y concesiones plurianuales de duración superior a los cuatro años, o de plurianuales de menor duración si el importe acumulado de sus anualidades es superior a la cuantía antes señalada.
s) Acordar la participación en organizaciones supramunicipales.
t) Aprobar y concertar las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, excepto las de Tesorería, que le corresponden si el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supera el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
u) Ceder a título gratuito bienes a otras Administraciones, instituciones públicas o entidades privadas, en los supuestos autorizados por las normas reguladoras del patrimonio municipal.
v) Aprobar los expedientes de municipalización.
w) Aprobar la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, determinar la cuantía de las retribuciones fijas y periódicas de los funcionarios y establecer el número y régimen del personal eventual.
x) Alterar la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
y) Votar sobre la moción de censura al Alcalde o Alcaldesa y la cuestión de confianza planteada por éste, que se rige por la legislación electoral general.
z) Las demás que la presente Carta le atribuye.
Los grupos municipales constituidos en el Consejo Municipal pueden formular directrices, orientaciones y recomendaciones propias, de carácter general, de la forma que se determine por reglamento. Cualquier grupo puede someter al Consejo Municipal propuestas de acuerdo sobre materias de la competencia de éste. El Reglamento Orgánico debe regular este procedimiento.
Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Consejo Municipal para adoptar los siguientes acuerdos:
a) Aprobar y modificar con carácter definitivo el Reglamento Orgánico.
b) Aprobar la organización territorial en distritos y aprobar con carácter definitivo el Reglamento de Composición y Elección de los Consejos de Distrito.
c) Transferir funciones o actividades a otras Administraciones Públicas.
d) Enajenar bienes cuando su cuantía exceda el 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
e) Ceder a título gratuito bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
f) Aprobar provisionalmente los planes generales y su revisión o modificación.
g) Hacer la concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre y cuando la cuantía exceda el 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
h) Aprobar operaciones financieras o de crédito si la cuantía excede el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley del Estado 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
i) Crear, modificar y disolver mancomunidades u otras organizaciones asociativas, participar en ellas, así como aprobar y modificar sus estatutos.
j) Imponer y ordenar los recursos propios de carácter tributario.
k) Alterar la calificación jurídica de los bienes demaniales.
l) Aprobar el escudo, la bandera y los demás símbolos distintivos de la ciudad.
Las competencias del Consejo Municipal son indelegables en el Alcalde o Alcaldesa y en la Comisión de Gobierno, sin perjuicio de los encargos que, para una concreción más adecuada y una mejor ejecución de sus acuerdos, pueda hacer el Consejo Municipal a cualquiera de estos órganos de gobierno o a alguno de sus miembros.
Se modifican los apartados 1.d) y 3.l) por el art. 1.3 y 4 de la Ley 11/2006, de 19 de julio. Ref. BOE-A-2006-14901.
Artículo 11.
El Consejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:
a) Impulsar, controlar y fiscalizar los demás órganos de gobierno.
b) Aprobar el Código Ético de actuación de todo el personal al servicio del municipio.
c) Ejercer la iniciativa para alterar el término municipal.
d) Aprobar el escudo, la bandera y los demás símbolos distintivos de la ciudad.
e) Aprobar de forma definitiva el Reglamento Orgánico, las ordenanzas y cualquier otra norma local cuya aprobación no se atribuya a ningún otro órgano municipal.
f) Aprobar y modificar el Reglamento Orgánico que regula la composición y elección de los Consejos de Distrito.
g) Aprobar el Plan General de Acción Municipal, el Programa de Actuación, el Plan de Inversiones y el Programa Financiero.
h) Informar de los proyectos del Plan Territorial General, el Plan Territorial Parcial y sus revisiones o modificaciones.
i) Ordenar e imponer tributos, establecer los precios públicos, no especificados en el artículo 16.m), y aprobar los presupuestos y cuentas.
j) Aprobar de forma provisional el Plan General y sus revisiones y modificaciones, en el ámbito de su término municipal.
k) Aprobar de forma definitiva los planes parciales y especiales, las ordenanzas y demás normas urbanísticas.
l) Ejercer actividades económicas, constituir sociedades mercantiles para llevarlas a cabo, y participar en ellas, y crear otros entes de interés municipal.
m) Decidir sobre servicios reservados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Bases de Régimen Local y los artículos 227, 228 y 229 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
n) Aceptar la delegación de competencias hecha por otras Administraciones.
o) Ejercer acciones judiciales contra miembros de la Corporación.
p) Adquirir bienes y derechos cuando su valor sea superior a 2.500 millones de pesetas, así como hacer las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:
Primero. Cuando se trate de bienes inmuebles, o de bienes muebles que hayan sido declarados de valor histórico o artístico y su enajenación no esté prevista en el presupuesto.
Segundo. Cuando, incluso estando prevista en el presupuesto, la enajenación supere las cuantías indicadas para la adquisición de bienes.
q) Transferir funciones, actividades o servicios a otras Administraciones.
r) Contratar obras y concesiones de toda clase si su importe supera los 2.500 millones de pesetas, así como si se trata de contratos y concesiones plurianuales de duración superior a los cuatro años, o de plurianuales de menor duración si el importe acumulado de sus anualidades es superior a la cuantía antes señalada.
s) Acordar la participación en organizaciones supramunicipales.
t) Aprobar y concertar las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, excepto las de Tesorería, que le corresponden si el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supera el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
u) Ceder a título gratuito bienes a otras Administraciones, instituciones públicas o entidades privadas, en los supuestos autorizados por las normas reguladoras del patrimonio municipal.
v) Aprobar los expedientes de municipalización.
w) Aprobar la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, determinar la cuantía de las retribuciones fijas y periódicas de los funcionarios y establecer el número y régimen del personal eventual.
x) Alterar la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
y) Votar sobre la moción de censura al Alcalde o Alcaldesa y la cuestión de confianza planteada por éste, que se rige por la legislación electoral general.
z) Las demás que la presente Carta le atribuye.
Los grupos municipales constituidos en el Consejo Municipal pueden formular directrices, orientaciones y recomendaciones propias, de carácter general, de la forma que se determine por reglamento. Cualquier grupo puede someter al Consejo Municipal propuestas de acuerdo sobre materias de la competencia de éste. El Reglamento Orgánico debe regular este procedimiento.
Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Consejo Municipal para adoptar los siguientes acuerdos:
a) Aprobar y modificar con carácter definitivo el Reglamento Orgánico.
b) Aprobar la organización territorial en distritos y aprobar con carácter definitivo el Reglamento de Composición y Elección de los Consejos de Distrito.
c) Transferir funciones o actividades a otras Administraciones Públicas.
d) Enajenar bienes cuando su cuantía exceda el 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
e) Ceder a título gratuito bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
f) Aprobar provisionalmente los planes generales y su revisión o modificación.
g) Hacer la concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre y cuando la cuantía exceda el 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
h) Aprobar operaciones financieras o de crédito si la cuantía excede el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley del Estado 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
i) Crear, modificar y disolver mancomunidades u otras organizaciones asociativas, participar en ellas, así como aprobar y modificar sus estatutos.
j) (Suprimida)
k) Alterar la calificación jurídica de los bienes demaniales.
l) Aprobar el escudo, la bandera y los demás símbolos distintivos de la ciudad.
Las competencias del Consejo Municipal son indelegables en el Alcalde o Alcaldesa y en la Comisión de Gobierno, sin perjuicio de los encargos que, para una concreción más adecuada y una mejor ejecución de sus acuerdos, pueda hacer el Consejo Municipal a cualquiera de estos órganos de gobierno o a alguno de sus miembros.
Se suprime la letra j) por el art. 4 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Se modifican los apartados 1.d) y 3.l) por el art. 1.3 y 4 de la Ley 11/2006, de 19 de julio. Ref. BOE-A-2006-14901.
Artículo 12.
La creación de comisiones corresponde al Plenario del Consejo Municipal. El Reglamento Orgánico debe establecer su número, ámbito de actuación y régimen de funcionamiento, en todo lo que no esté establecido en la presente Carta. En cualquier caso, es obligatoria la existencia de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas.
Corresponden a las comisiones del Consejo Municipal las siguientes funciones, en relación con las materias de su ámbito de actuación:
a) Las que les atribuya o delegue el Consejo Municipal. No son atribuibles ni delegables las funciones decisorias establecidas en las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), s), t), u), v), w), x) e y) del artículo 11.1, y en el apartado 3 del mismo artículo 11. Tampoco es delegable la competencia definida en la letra r) del artículo 11.1 si la concesión de bienes y servicios es para más de cinco años, siempre y cuando su cuantía exceda el 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
b) Aprobar inicialmente los proyectos de Reglamento Orgánico, ordenanzas y demás normas municipales, así como los planes e instrumentos urbanísticos cuya aprobación definitiva o la que ponga fin a la tramitación municipal corresponda al Plenario del Consejo Municipal.
c) Aprobar inicialmente el presupuesto.
d) Aprobar inicialmente el Plan General de Actuación Municipal, el Programa de Actuación, el Plan de Inversiones y el Programa Financiero.
e) Dictaminar sobre los asuntos que deben someterse al Plenario del Consejo Municipal, salvo los asuntos de necesidad urgente que presente el Alcalde o Alcaldesa y sobre los que el Plenario aprecie su urgencia.
f) Impulsar, controlar y fiscalizar la actividad de los órganos de la Administración Municipal Ejecutiva.
El orden del día de las comisiones debe ser elaborado por el Presidente o Presidenta de la Comisión, en la forma que se determine por Reglamento, y debe incluir obligatoriamente los puntos que le envíe el Alcalde o Alcaldesa o la Junta de Portavoces del Consejo Plenario.
Las sesiones de las comisiones pueden ser públicas. Deben serlo en cualquier caso cuando tengan carácter decisorio, de acuerdo con lo que establecido en el apartado 2.a).
CAPÍTULO III
El Alcalde o Alcaldesa
Artículo 13.
El Alcalde o Alcaldesa es el Presidente o Presidenta de la Corporación Municipal. Tiene las siguientes atribuciones:
a) Dirigir el gobierno y la Administración municipales; impulsar e inspeccionar los servicios y obras municipales, mediante las correspondientes instrucciones generales y singulares.
b) Representar al Ayuntamiento.
c) Convocar y presidir las sesiones del Plenario del Consejo Municipal y de la Comisión de Gobierno.
d) Organizar la Administración Municipal Ejecutiva y nombrar a los Tenientes de Alcalde y Concejales de Distrito.
e) Dictar Decretos y Bandos y velar para que se cumplan.
f) Llevar la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado; disponer gastos dentro de los límites de su competencia; ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Estado 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, o la específica que se apruebe para Barcelona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142 de la citada Ley.
g) Concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contenidas en el artículo 158.5 de la Ley del Estado 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, o de lo que se legisle específicamente para Barcelona, de acuerdo con el artículo 142 de la citada Ley, siempre que dichas operaciones estén previstas en el presupuesto, el Plan General de Inversiones, el Programa de actuación o las bases de ejecución del presupuesto, y su importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios, excepto las de Tesorería que le corresponden si el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supera el 15 por 100 de los ingresos liquidados en el ejercicio anterior.
h) Ejercer la dirección superior de todo el personal de la Administración Municipal y la Jefatura de la Policía Municipal.
i) Aprobar la oferta pública de empleo, de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Consejo Municipal; aprobar las bases de las convocatorias para la selección del personal y de los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
j) Nombrar y sancionar al personal, incluidas la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, de cuyas disposiciones debe dar cuenta al Plenario en la primera sesión que celebre.
k) Ejercer acciones judiciales y administrativas para la defensa jurídica de la Corporación.
l) Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunio público, o de riesgo grave de éstos, las medidas necesarias y adecuadas, de las que debe darse cuenta inmediatamente al Plenario o a la Comisión del Consejo Municipal que sea competente por razón de la materia.
m) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de la presente Carta, de las ordenanzas municipales y demás disposiciones, si así lo disponen.
n) Disponer las contrataciones y concesiones de todo tipo que no superen los 1.000 millones de pesetas, incluidas las de carácter plurianual si no tienen una duración superior a los cuatro años, siempre y cuando el importe acumulado de todas las anualidades no supere la citada cantidad.
o) Disponer la adquisición de bienes y derechos si su valor no supera los 1.000 millones de pesetas, así como la enajenación del patrimonio que no supere la cantidad indicada en los siguientes supuestos:
Primero. La de bienes inmuebles, siempre y cuando esté prevista en el presupuesto.
Segundo. La de bienes muebles, excepto los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no esté prevista en el presupuesto.
p) Conceder licencias, si así lo disponen las Leyes y Reglamentos.
q) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento.
r) Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y las que la presente Carta y la normativa vigente asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.
Las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa enumeradas en las letras d) y e) del apartado 1 son indelegables. Las demás atribuciones pueden ser delegadas o desconcentradas a la Comisión de Gobierno, los Concejales y los órganos y cargos directivos de la Administración Ejecutiva.
Artículo 14.
Los Tenientes de Alcalde son nombrados por el Alcalde o Alcaldesa de entre los Concejales, y deben sustituirlo, en caso de ausencia, enfermedad o vacante, de la forma que el Alcalde o Alcaldesa determine.
CAPÍTULO IV
La Comisión de Gobierno
Artículo 15.
La Comisión de Gobierno está integrada por el Alcalde o Alcaldesa, los Tenientes de Alcalde y los Concejales a los que nombre el Alcalde o Alcaldesa, y debe dar cuenta al Consejo Municipal de dichos nombramientos.
También pueden integrar la Comisión de Gobierno los Concejales de Distrito.
Artículo 16.
La Comisión de Gobierno tiene las siguientes atribuciones:
a) Ejercer la iniciativa del Gobierno Municipal mediante la aprobación de los proyectos de las siguientes normas e instrumentos y proponer a los órganos competentes la aprobación:
Primero. De los Reglamentos Orgánicos y ordenanzas y demás normas locales de su competencia.
Segundo. Del presupuesto.
Tercero. Del Plan General de Actuación Municipal, el Programa de Actuación, el Plan de Inversiones, el Programa Financiero y sus modificaciones.
b) Aprobar los proyectos de urbanización y dar cuenta de dicha aprobación al Consejo Municipal.
c) Aprobar los instrumentos de gestión urbanística previstos en el planeamiento.
d) Declarar la ocupación urgente en las expropiaciones a las que se refiere el artículo 72, y dar cuenta de dicha declaración al Consejo Municipal.
e) Aprobar las formas de gestión de los servicios, salvo los supuestos del artículo 11.1.m) y de los que, de acuerdo con la presente Carta, corresponden a otros órganos municipales.
f) Contratar y conceder todo tipo de obras y servicios, suministros, consultoría y asistencia, servicios y trabajos específicos y concretos no habituales, conceder bienes si su importe es superior a 1.000 millones de pesetas y no excede los 2.500 millones de pesetas, siempre y cuando que no tengan una duración superior a los cuatro años y que el importe acumulado de todas las anualidades no supere la citada cantidad.
g) Aprobar las normas específicas de cada convocatoria para la selección de personal, de las previstas en la oferta pública de empleo, de acuerdo con las bases generales aprobadas por el Alcalde o Alcaldesa.
h) Autorizar o denegar la compatibilidad del personal al servicio del Ayuntamiento para el ejercicio de un segundo puesto de trabajo o actividad.
i) Plantear conflictos de competencia con otras Entidades Locales y Administraciones Públicas; estas acciones debe ratificarlas el Consejo Municipal en la primera sesión que celebre.
j) Enajenar bienes, en los supuestos no reservados al Consejo Municipal.
k) Acordar la cesión onerosa por cualquier título del uso de los bienes patrimoniales.
l) Adquirir bienes a título oneroso si el gasto es superior a 1.000 millones de pesetas y no excede los 2.500 millones de pesetas, o a título gratuito si hay condiciones o cargas.
m) Aprobar los precios públicos de los servicios.
n) Acordar la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
o) Las que le delegue el Alcalde o Alcaldesa.
CAPÍTULO V
Organización y funcionamiento del Consejo Municipal
Artículo 17.
El Consejo Municipal funciona en Plenario y en comisiones.
El número de Concejales que puede designar cada grupo municipal para integrar las comisiones del Consejo Municipal debe ser proporcional a la composición del Plenario. En las comisiones en las que no se pueda garantizar esta proporcionalidad, debe actuarse con voto ponderado.
Los Presidentes de las Comisiones son nombrados por el Plenario del Consejo Municipal de entre los Concejales que las integran.
Artículo 17.
El Consejo Municipal funciona en Plenario y en comisiones.
El número de Concejales que puede designar cada grupo municipal para integrar las comisiones del Consejo Municipal debe ser proporcional a la composición del Plenario. En las comisiones en las que no se pueda garantizar esta proporcionalidad, debe actuarse con voto ponderado. Para la adopción de acuerdos de carácter resolutorio mediante este procedimiento es imprescindible que todos los miembros de un mismo grupo político voten en idéntico sentido; en caso contrario, debe utilizarse necesariamente el sistema de votación ordinaria.
Los Presidentes de las Comisiones son nombrados por el Plenario del Consejo Municipal de entre los Concejales que las integran.
Se modifica el apartado 2 por el art. 5 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Artículo 18.
Cada grupo municipal designa el portavoz que debe representarlo en sus relaciones con todos los órganos municipales. Cada grupo puede designar también un portavoz adjunto.
Los portavoces de los grupos municipales constituyen la Junta de Portavoces, que está presidida por el Presidente o Presidenta del Consejo Municipal o el Teniente o Tenienta de Alcalde en quien delegue.
Los acuerdos de la Junta de Portavoces deben adoptarse por voto ponderado. Corresponde a cada portavoz un número de votos igual al del número de Concejales del Grupo Municipal que representa. En caso de empate, decide el Presidente o Presidenta haciendo uso del voto de calidad.
Corresponde a la Junta de Portavoces debatir el orden del día de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal propuesto por el Alcalde o Alcaldesa y, si procede, modificarlo.
Artículo 19.
Corresponde al Consejo Municipal regular, mediante el Reglamento Orgánico, su funcionamiento. En cualquier caso, esta regulación debe garantizar:
a) La proporcionalidad en la composición de las comisiones del Consejo Municipal y la resolución de las votaciones mediante voto ponderado en los supuestos en los que no sea posible dicha proporcionalidad.
b) La constitución de los grupos municipales y la dotación de los medios materiales, económicos y personales necesarios para su funcionamiento.
c) La constitución de la Junta de Portavoces, que debe estar integrada por un representante de cada uno de los grupos municipales.
d) Los actos de intervención de los Concejales, individualmente o integrados en los respectivos grupos, en el Consejo Municipal.
Artículo 19.
Corresponde al Consejo Municipal regular, mediante el Reglamento Orgánico, su funcionamiento. En cualquier caso, esta regulación debe garantizar:
a) La proporcionalidad en la composición de las comisiones del Consejo Municipal y la resolución de las votaciones mediante voto ponderado en los supuestos en los que no sea posible dicha proporcionalidad. Para la adopción de acuerdos de carácter resolutorio, se entiende que no existe empate si la igualdad de votos, siendo idéntico el sentido en que hayan votado todos los miembros de la Comisión de un mismo grupo municipal, puede dirimirse ponderando el número de votos de que dispone cada grupo en el Plenario del Consejo Municipal.
b) La constitución de los grupos municipales y la dotación de los medios materiales, económicos y personales necesarios para su funcionamiento.
c) La constitución de la Junta de Portavoces, que debe estar integrada por un representante de cada uno de los grupos municipales.
d) Los actos de intervención de los Concejales, individualmente o integrados en los respectivos grupos, en el Consejo Municipal.
Se modifica la letra a) por el art. 6 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
TÍTULO II
Los distritos
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 20.
Los distritos son órganos territoriales para la desconcentración de la gestión y descentralización de la participación ciudadana y para la aplicación de una política municipal orientada a la corrección de los desequilibrios y la representación de los intereses de los distintos barrios y zonas del municipio. La actuación de los distritos debe ajustarse a los principios de unidad de gobierno, eficacia, coordinación y solidaridad.
Artículo 21.
Corresponde al Consejo Municipal acordar el establecimiento de distritos, así como establecer su número y límites territoriales, organización y funciones.
La organización en distritos se extiende a todo el término municipal. Transitoriamente, mediante Acuerdo del Consejo Municipal, puede hacerse excepción de las zonas del municipio en las que, por las características especiales de las actuaciones a realizar, sea aconsejable que éstas sean llevadas a cabo por los órganos centrales.
El presupuesto municipal debe garantizar que cada año el 15 por 100 de sus recursos ordinarios, como mínimo, sean gestionados por los distritos.
CAPÍTULO II
Organización de los distritos
Artículo 22.
El Presidente o Presidenta del Consejo de Distrito es nombrado y separado por el Alcalde o Alcaldesa de entre los Concejales, a propuesta del Consejo de Distrito, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento Orgánico.
Corresponde al Presidente o Presidenta del Consejo de Distrito:
a) Representar al Ayuntamiento y al distrito en la demarcación del distrito, sin perjuicio de la función representativa general del Alcalde o Alcaldesa.
b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Distrito y establecer su orden del día.
c) Someter al Consejo de Distrito el proyecto de Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo.
d) Someter al Consejo de Distrito la propuesta del Plan y Programa de Actuación para que, si procede, lo apruebe.
e) Elevar a los demás órganos municipales las propuestas del Consejo de Distrito.
f) Fomentar las relaciones del Ayuntamiento con las entidades cívicas y culturales del distrito e informar a los administrados de la actividad municipal mediante los correspondientes órganos de participación.
g) Impulsar los servicios y obras que se realicen en el ámbito territorial del distrito y dar cuenta de ello al Consejo de Distrito.
h) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Entidades y Asociaciones del Distrito en los supuestos que establezcan el Reglamento Orgánico Municipal y demás órganos consultivos.
i) Las demás que le delegue expresamente el Alcalde o Alcaldesa.
Artículo 22.
El Presidente o Presidenta del Consejo de Distrito es nombrado y separado por el Alcalde o Alcaldesa de entre los Concejales, a propuesta del Consejo de Distrito, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento Orgánico.
Corresponde al Presidente o Presidenta del Consejo de Distrito:
a) Representar al Ayuntamiento y al distrito en la demarcación del distrito, sin perjuicio de la función representativa general del Alcalde o Alcaldesa.
b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Distrito y establecer su orden del día.
c) Someter al Consejo de Distrito el proyecto de Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo.
d) Someter al Consejo de Distrito la propuesta del Plan y Programa de Actuación para que, si procede, lo apruebe.
e) Elevar a los demás órganos municipales las propuestas del Consejo de Distrito.
f) Fomentar las relaciones del Ayuntamiento con las entidades cívicas y culturales del distrito e informar a los administrados de la actividad municipal mediante los correspondientes órganos de participación.
g) (Suprimido)
h) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Entidades y Asociaciones del Distrito en los supuestos que establezcan el Reglamento Orgánico Municipal y demás órganos consultivos.
i) Las demás que le delegue expresamente el Alcalde o Alcaldesa.
Se suprime el apartado 2.g) por el art. 7 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Artículo 23.
El Reglamento Orgánico Municipal debe regular la composición de los Consejos de Distrito y la elección de sus miembros.
Corresponde al Consejo de Distrito:
a) Aprobar, a propuesta del Presidente o Presidenta del Consejo de Distrito, el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Distrito.
b) Aprobar el Programa de Actuación del distrito y someterlo al Consejo Municipal.
c) Proponer a los órganos de Gobierno Municipal la inclusión de asuntos en el orden del día y trasladar las propuestas de acuerdo.
d) Elaborar estudios sobre las necesidades del distrito.
e) Proponer al órgano municipal competente la aprobación de instrumentos de ordenación urbanística que afecten el ámbito territorial del distrito.
f) Emitir informe preceptivo en los siguientes procedimientos:
Programa de Actuación Municipal.
Instrumentos de ordenación urbanística que afecten el ámbito territorial del distrito.
Proyectos de equipamientos del distrito.
Concesión de viviendas en el territorio del distrito.
Desarrollo del proceso de descentralización y participación.
Estudio de las peticiones e iniciativas individuales y colectivas de los vecinos, a efectos de trasladarlas, con el correspondiente informe, a los órganos municipales competentes.
Los presupuestos municipales.
g) El control y fiscalización de los órganos cuando el ámbito territorial de actuación sea el del distrito.
Los acuerdos a los que se refieren las letras c) y e) del apartado 2 deben adoptarse por las mayorías establecidas en el artículo 11.4.
Artículo 23.
El Reglamento orgánico municipal debe regular la composición de los consejos de distrito y la elección de sus miembros. El régimen jurídico relativo a sus derechos económicos y prestaciones sociales es el mismo que el relativo a los miembros electos del Ayuntamiento.
Corresponde al Consejo de Distrito:
a) Aprobar, a propuesta del Presidente o Presidenta del Consejo de Distrito, el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Distrito.
b) Aprobar el Programa de Actuación del distrito y someterlo al Consejo Municipal.
c) Proponer a los órganos de Gobierno Municipal la inclusión de asuntos en el orden del día y trasladar las propuestas de acuerdo.
d) Elaborar estudios sobre las necesidades del distrito.
e) Proponer al órgano municipal competente la aprobación de instrumentos de ordenación urbanística que afecten el ámbito territorial del distrito.
f) Emitir informe preceptivo en los siguientes procedimientos:
Programa de Actuación Municipal.
Instrumentos de ordenación urbanística que afecten el ámbito territorial del distrito.
Proyectos de equipamientos del distrito.
Concesión de viviendas en el territorio del distrito.
Desarrollo del proceso de descentralización y participación.
Estudio de las peticiones e iniciativas individuales y colectivas de los vecinos, a efectos de trasladarlas, con el correspondiente informe, a los órganos municipales competentes.
Los presupuestos municipales.
g) El control y fiscalización de los órganos cuando el ámbito territorial de actuación sea el del distrito.
Los acuerdos a los que se refieren las letras c) y e) del apartado 2 deben adoptarse por las mayorías establecidas en el artículo 11.4.
Se modifica el apartado 1 por el art. 8 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Artículo 24.
El Alcalde o Alcaldesa debe delegar en un Concejal o Concejala, que recibe la denominación de Concejal o Concejala de Distrito, sus atribuciones para que puedan ser ejercidas en el ámbito territorial del distrito, sin perjuicio de las correspondientes a sus órganos de gobierno. En dicho supuesto, le corresponden a dicho Concejal o Concejala, como mínimo, las siguientes atribuciones:
a) Dirigir la administración del distrito y ejercer la dirección del personal adscrito.
b) Inspeccionar los servicios y obras del distrito.
c) Disponer gastos dentro de los límites de su competencia, autorizar y ordenar el pago y rendir cuentas.
d) Elaborar la plantilla orgánica del distrito y definir la organización de los servicios.
e) Velar por la protección ciudadana al distrito y adoptar, en caso de emergencia, las medidas necesarias de carácter urgente para la seguridad de las personas y bienes, de las que debe dar cuenta inmediatamente a la Alcaldía, y establecer la coordinación necesaria, de acuerdo con las directrices establecidas por la Junta Local de Seguridad.
f) Asegurar la relación constante del distrito con los distintos sectores de la Administración Municipal.
g) Las demás que le delegue el Alcalde o Alcaldesa.
Artículo 24.
El Alcalde o Alcaldesa debe delegar en un Concejal o Concejala, que recibe la denominación de Concejal o Concejala de Distrito, sus atribuciones para que puedan ser ejercidas en el ámbito territorial del distrito, sin perjuicio de las correspondientes a sus órganos de gobierno. En dicho supuesto, le corresponden a dicho Concejal o Concejala, como mínimo, las siguientes atribuciones:
a) Dirigir la administración del distrito y ejercer la dirección del personal adscrito.
b) Impulsar e inspeccionar los servicios y obras del distrito.
c) Disponer gastos dentro de los límites de su competencia, autorizar y ordenar el pago y rendir cuentas.
d) Elaborar la plantilla orgánica del distrito y definir la organización de los servicios.
e) Velar por la protección ciudadana al distrito y adoptar, en caso de emergencia, las medidas necesarias de carácter urgente para la seguridad de las personas y bienes, de las que debe dar cuenta inmediatamente a la Alcaldía, y establecer la coordinación necesaria, de acuerdo con las directrices establecidas por la Junta Local de Seguridad.
f) Asegurar la relación constante del distrito con los distintos sectores de la Administración Municipal.
g) Las demás que le delegue el Alcalde o Alcaldesa.
Se modifica la letra b) por el art. 9 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
CAPÍTULO III
Régimen jurídico de los distritos
Artículo 25.
Los acuerdos de los órganos colegiados del distrito deben adoptarse por mayoría simple de sus miembros, salvo lo dispuesto en el artículo 23.3.
Se puede recurrir ante el Alcalde o Alcaldesa contra los actos de los órganos del distrito que sean definitivos o que, incluso siendo de trámite, decidan directamente o indirectamente el fondo del asunto de forma que pongan fin al procedimiento o bien suspendan su continuación, o que causen indefensión.
TÍTULO III
Potestad normativa municipal
Artículo 26.
La potestad normativa municipal se ejerce en el marco y desarrollo de la presente Carta.
Las normas dictadas por el Ayuntamiento de Barcelona adoptan las siguientes formas:
a) Reglamentos: Las disposiciones de carácter general aprobadas por el Consejo Municipal en ejercicio de la potestad de autoorganización municipal, cuyas manifestaciones principales son el Reglamento Orgánico del Municipio y los Reglamentos Internos de los Distritos.
b) Ordenanzas: Las disposiciones de carácter general aprobadas, con finalidad de ordenación social, por el Consejo Municipal en ejercicio de la potestad normativa inherente a la autonomía municipal, de valor y eficacia reglamentarios. Se incluyen en las ordenanzas las normas contenidas en los planes urbanísticos y las de ordenación tributaria.
c) Decretos de la Comisión de Gobierno: Las disposiciones de carácter general aprobadas, en el ámbito de sus competencias, por la Comisión de Gobierno para la ordenación y funcionamiento de la Administración, las obras y servicios municipales, en ejercicio de la potestad de autoorganización municipal y en el marco del Reglamento Orgánico Municipal y, si procede, de los Reglamentos Internos de los Distritos, así como para la ordenación social, en desarrollo y cumplimiento de las ordenanzas.
d) Decretos de la Alcaldía: Las disposiciones de carácter general dictadas por el Alcalde o Alcaldesa en el ámbito de sus propias competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal. Cuando proceda, tienen la forma de instrucciones del Alcalde o Alcaldesa.
e) Bandos: Las disposiciones de carácter general dictadas por el Alcalde o Alcaldesa en situaciones excepcionales o de necesidad urgente, así como en ocasión de circunstancias o acontecimientos de especial significación o relevancia, de las que debe dar cuenta al Plenario del Consejo Municipal en la primera sesión que celebre.
Artículo 27.
La iniciativa para la aprobación de los reglamentos y ordenanzas municipales debe ejercerse de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico, y corresponde a:
a) El Alcalde o Alcaldesa.
b) Las comisiones del Plenario, dentro del ámbito de las respectivas competencias.
c) La Comisión de Gobierno.
d) Los Concejales.
e) El Consejo de Distrito.
f) Los Consejos Sectoriales, creados de acuerdo con lo dispuesto en la presente Carta.
g) La iniciativa ciudadana.
La iniciativa para la aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas fiscales y precios públicos, si procede, corresponde exclusivamente al Alcalde o Alcaldesa, a la Comisión de Gobierno y a los Concejales.
Artículo 28.
Puede ejercer la iniciativa ciudadana para proponer al Ayuntamiento la aprobación de una disposición municipal de carácter general un número mínimo de 1 por 100 de los empadronados mayores de dieciséis años, o que represente más del 3 por 100 de esta población en tres distritos, como mínimo, de la ciudad.
Artículo 29.
Las ordenanzas deben tipificar exactamente las obligaciones cuyo incumplimiento sea objeto de sanción. Esta tipificación debe limitarse a las materias en las que el Ayuntamiento tiene competencia de acuerdo con la presente Carta o la correspondiente Ley Sectorial.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
El incumplimiento de las prescripciones contenidas en las ordenanzas y disposiciones generales municipales y órdenes individuales es sancionable con una multa municipal. Cuando la ordenanza municipal lo establezca, de acuerdo con la Ley o, en su defecto, previo consentimiento de la persona afectada, puede sustituirse la multa pecuniaria por trabajos para la comunidad.
TÍTULO IV
Participación ciudadana y derechos de los vecinos
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 30.
El Ayuntamiento de Barcelona garantiza la participación ciudadana, especialmente en las materias que afectan más directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
La participación ciudadana se rige por lo establecido en este título e informa el conjunto de la Carta municipal.
Las normas de participación contenidas en la presente Carta se desarrollan por medio de disposiciones reglamentarias aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona.
CAPÍTULO II
Institutos de participación ciudadana
Artículo 31.
La audiencia pública es la forma de participación por medio de la cual los administrados proponen a la Administración Municipal la adopción de determinados acuerdos o reciben información en sus actuaciones. Se realiza de forma oral, en unidad de acto y con la asistencia de los ciudadanos que lo deseen.
El ámbito de la audiencia pública puede ser de ciudad o distrito.
Artículo 32.
Mediante la iniciativa ciudadana los ciudadanos solicitan al Ayuntamiento que lleve a cabo una determinada actividad de interés público y de competencia municipal, y para realizarla aportan medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.
El Ayuntamiento puede establecer por reglamento los procedimientos de colaboración con los ciudadanos en supuestos de actuaciones conjuntas, promoción privada de proyectos municipales u obligaciones pactadas con los propietarios o usuarios de edificios o establecimientos en los que incidan obras o servicios municipales, o en situaciones análogas.
Artículo 33.
Se reconoce la iniciativa para la aprobación de disposiciones de carácter general para los ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.
Artículo 34.
Las entidades, organizaciones y asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro pueden ejercer competencias municipales o participar en nombre del Ayuntamiento, en la gestión de servicios o equipamientos cuya titularidad corresponde a otras Administraciones Públicas. La gestión cívica de competencias municipales puede utilizarse para las actividades y servicios susceptibles de gestión indirecta, tiene siempre carácter voluntario y no lucrativo y se adjudica mediante concurso público cuando existan varias entidades u organizaciones con idénticas o parecidas características.
Artículo 35.
El Ayuntamiento y cada uno de sus distritos pueden pedir la opinión de los ciudadanos en materia de su competencia por medio de la consulta ciudadana, la cual, dentro del marco de la pertinente legislación, debe respetar:
a) El derecho de todos los empadronados a ser consultados.
b) El derecho de los consultados a conocer las soluciones alternativas con la máxima información, escrita y gráfica, posible.
Artículo 36.
Se crea el Consejo de Ciudad, integrado por los representantes de las entidades económicas, sociales, culturales, profesionales y de vecinos más representativas, como órgano de debate del Programa de Actuación, los presupuestos municipales, los grandes proyectos de ciudad y los indicadores de los resultados de la gestión municipal. Este Consejo de Ciudad se reúne, como mínimo, una vez al año.
Deben determinarse por reglamento la composición del Consejo de Ciudad y la constitución de los Consejos Sectoriales y de Distrito.
El Consejo de Ciudad puede formular propuestas de acuerdo al Consejo Municipal, que deben incluirse en el orden del día de las sesiones que corresponda.
Artículo 37.
Con el fin de facilitar la participación ciudadana, debe regularse el Fichero General de Entidades Ciudadanas como instrumento básico para las relaciones de la Administración Municipal con las entidades.
El Ayuntamiento puede establecer los criterios, procedimientos y efectos de la declaración de entidad de interés ciudadano.
El Ayuntamiento de Barcelona puede proponer a la Administración o Administraciones competentes que determinadas entidades sean declaradas de utilidad pública o interés social.
Las entidades a las que se refiere este artículo pueden formular alegaciones o propuestas sobre los asuntos incluidos en el orden del día del Consejo Plenario. El Alcalde o Alcaldesa puede acordar, si así lo cree conveniente y la importancia del asunto lo aconseja, que sean leídas, oídas totalmente o de forma resumida las alegaciones o propuestas de las entidades, antes de pasar a la votación del correspondiente asunto.
Las entidades ciudadanas pueden ejercer la iniciativa ciudadana para proponer al Ayuntamiento la aprobación de disposiciones de carácter general, de acuerdo con los requisitos de procedimiento y representación que establezca el Reglamento Orgánico.
CAPÍTULO III
Derechos de los vecinos
Artículo 38.
El Ayuntamiento de Barcelona debe velar para que en la ciudad no se produzcan conductas discriminatorias negativas por razón de raza, religión, color, ascendencia, edad, género, sexo, discapacidad o lugar de nacimiento.
La ciudad, los ciudadanos y las ciudadanas de Barcelona deben hacer extensivo su celo en la defensa y protección de estos derechos fundamentales a todas las personas que se encuentren en la ciudad sin ser residentes de la misma.
Artículo 39.
Los ciudadanos tienen derecho a ser informados de las actividades municipales, a acceder a los archivos públicos y a utilizar todos los medios de información general que el Ayuntamiento establezca mediante el uso de cualquiera de las tecnologías al servicio de la comunicación, en los términos y condiciones y con el alcance que determine la legislación general sobre la materia, el Reglamento Orgánico y las ordenanzas.
Con el fin de asegurar la máxima participación, la información municipal puede realizarse de las siguientes formas:
a) Información pública.
b) Información pública individualizada, que debe utilizarse en las actuaciones urbanísticas de singular relevancia y otros supuestos que se establezcan por reglamento.
c) Consulta directa de los ciudadanos, mediante sistemas telefónicos y telemáticos, de las bases de datos, ficheros y registros que el Ayuntamiento disponga abrir al acceso público. El Ayuntamiento debe regular los efectos de las comunicaciones enviadas mediante correo electrónico.
Los vecinos tienen derecho a ser informados de los resultados de la gestión municipal. Con el fin de hacer efectivo este principio de transparencia, el Ayuntamiento de Barcelona debe definir un conjunto de indicadores de actividad, costes, eficacia, eficiencia y calidad, cuyos valores deben ser publicados anualmente antes del 30 de marzo. Esta información se difunde por los medios y redes de comunicación para asegurar su conocimiento general.
Artículo 40.
Para el ejercicio del derecho de petición, debe seguirse lo dispuesto en las leyes generales sobre esta materia, con las siguientes particularidades:
a) El ejercicio del derecho de petición puede ser individual o colectivo.
b) En ejercicio de este derecho sobre las materias que sean competencia de los distritos puede solicitarse que se celebre un debate público previo a su resolución. En dicho caso son aplicables las normas que regulan la audiencia pública.
Artículo 41.
El Ayuntamiento de Barcelona debe prestar el servicio de acceso a la información municipal y ciudadana por sistemas telemáticos. Dicho servicio municipal puede ser gestionado por cualquiera de las formas de gestión establecidas en la presente Carta.
En la prestación del servicio al que se refiere el apartado 1, el Ayuntamiento debe velar para que cualquier persona, empresa, Administración, institución, organismo o entidad pueda acceder a la máxima información sobre la ciudad, tanto en lo que se refiere a aspectos generales como a cuestiones específicas. Con esta finalidad, el Ayuntamiento puede convenir con otras Administraciones, organismos, instituciones o entidades nacionales o internacionales la interconexión de las distintas bases de datos. En cualquier caso, debe especificarse qué información es propiamente municipal y cuál es facilitada por otros organismos, personas o entidades.
El Ayuntamiento de Barcelona puede promover todo tipo de consorcios y asociaciones, y participar en los mismos, cualquiera que sea su ámbito geográfico, con la finalidad de impulsar y estimular el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos sistemas de información, poner en común las bases de datos e información municipales y facilitar el acceso a las mismas.
En el tratamiento específico de la información que se ponga a disposición de quien la quiera consultar y en la determinación de los procedimientos y protocolos de acceso, debe tenerse en cuenta la normativa que regula el carácter privado de los datos personales. El Ayuntamiento puede exigir la previa identificación del consultante y establecer requisitos específicos para abrir el acceso a determinados ficheros o bases de datos.
Artículo 42.
Todos los ciudadanos tienen derecho a ser informados de los datos que el Ayuntamiento posee sobre las condiciones ambientales en el término municipal, especialmente las relativas a los niveles de contaminación del aire, el suelo y el agua, y sobre la contaminación de carácter acústico.
En el marco de la Carta de los derechos medioambientales y la legislación general sobre medio ambiente, el Ayuntamiento debe desarrollar su política medioambiental y ejercer todas sus competencias atendiendo a su incidencia en la calidad del medio ambiente.
El Ayuntamiento debe fomentar el uso del transporte público frente al transporte privado y el uso de vehículos no contaminantes frente a los que puedan producir algún tipo de contaminación. Las medidas concretas de aplicación de esta norma deben establecerse en las ordenanzas municipales.
Es principio general de la Hacienda Municipal que las actividades o bienes que produzcan contaminación o cualquier otro tipo de molestias deben ser más intensamente gravados que los que sean inocuos. En cualquier caso, los servicios municipales deben considerar como prioritarias las actuaciones dirigidas a restablecer el orden medioambiental cuando éste sea perturbado.
El Ayuntamiento debe fomentar el uso de energías renovables en todas sus instalaciones y debe promover su aplicación en las viviendas e industrias del municipio.
Artículo 43.
Los vecinos de Barcelona tienen derecho a ser protegidos por el Ayuntamiento ante las compañías públicas y privadas prestadoras de servicios públicos.
Con esta finalidad, y sin perjuicio de otras actuaciones, los ciudadanos pueden hacer uso del procedimiento arbitral municipal regulado en el artículo 141.
Artículo 44.
La ciudad de Barcelona debe reconocer las actividades, realizaciones o trayectorias de personas y entidades que lo merezcan.
El Ayuntamiento de Barcelona puede ejercer la función de administrar, si así lo establece la legislación civil, los bienes objeto de disposiciones testamentarias sin determinación de beneficiarios concretos.
TÍTULO V
Organización municipal ejecutiva
CAPÍTULO I
Formas de organización para la gestión de los servicios y actividades municipales
Artículo 45.
Las formas de gestión directa son las siguientes:
Gestión indiferenciada.
Gestión desconcentrada.
Gestión funcionalmente descentralizada, mediante la creación de:
a) Organismos autónomos de carácter administrativo o económico.
b) Entidades de Derecho Público que deben ajustar su actividad al Derecho Privado.
c) Sociedades mercantiles con capital íntegra o mayoritariamente aportado por el Ayuntamiento, por alguno de los organismos citados en las letras a) y b) o por otras sociedades con participación municipal exclusiva o mayoritaria.
Artículo 45.
Los servicios y las actividades municipales deben gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las que se enumeran a continuación:
Gestión directa:
a) Gestión indiferenciada.
b) Gestión desconcentrada.
c) Gestión funcionalmente descentralizada, mediante:
I) Organismo autónomo local.
II) Entidad pública empresarial local.
III) Sociedad mercantil municipal con capital social aportado bien íntegramente por el Ayuntamiento, bien por el Ayuntamiento y/o por organismos autónomos o entidades públicas empresariales locales o por otras sociedades mercantiles municipales.
IV) Sociedad mercantil pluripersonal con capital social íntegramente público mayoritariamente aportado por el Ayuntamiento o cualquiera de sus entidades dependientes.
V) Otras formas jurídicas establecidas por la legislación aplicable.
Gestión indirecta, mediante las diferentes formas establecidas por la legislación.
Se modifica por el art. único.1 de la Ley 3/2025, de 18 de marzo. Ref. BOE-A-2025-6381
Artículo 46.
El Consejo Municipal, el Alcalde o Alcaldesa y la Comisión de Gobierno pueden desconcentrar y descentralizar las respectivas competencias a otros órganos municipales o a Concejales.
Los centros gestores son órganos con autonomía funcional y presupuestaria, sin personalidad jurídica, cuyas características son la homogeneidad o afinidad del producto, la autosuficiencia para la producción de resultados y la gestión por objetivos.
Artículo 47.
Los organismos y entidades autónomas y las empresas y sociedades municipales pueden adoptar las formas previstas en la legislación del Estado y de la Generalidad en materia de sociedades estatales o empresas públicas.
Estos entes pueden financiarse mediante tasas, precios públicos o tarifas aprobadas por el Ayuntamiento o bien por aportaciones económicas de la propia Corporación Municipal.
Artículo 47.
Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles municipales pueden adoptar las formas establecidas por la legislación del Estado y de la Generalitat aplicable en materia de sector público institucional.
Los organismos y entidades a los que hace referencia el apartado 1 pueden financiarse mediante tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias o tarifas aprobadas por el Ayuntamiento, o bien por aportaciones económicas del Ayuntamiento o de sus entidades o sociedades dependientes.
Las entidades a las que hace referencia el artículo 45.1.c ejercen sus funciones de acuerdo con sus estatutos, los cuales deben establecer su finalidad, estructura organizativa y régimen de funcionamiento, de responsabilidad, de financiación y de autonomía funcional. Los estatutos de estas entidades deben determinar la forma de designación y el funcionamiento de los órganos de gobierno y de los órganos de dirección superior.
El Ayuntamiento de Barcelona, a través del plan de actuaciones municipal, del plan de inversiones, del programa financiero, del contrato programa y demás instrumentos de planificación análogos, según corresponda, debe concretar la relación de actividades, los objetivos, la evaluación de resultados y la financiación necesaria para que las entidades a las que hace referencia el artículo 45.1.c puedan ejercer las funciones establecidas por sus estatutos, sin perjuicio de que los órganos municipales competentes acuerden motivadamente transferencias económicas para llevar a cabo actuaciones específicas que no estén incluidas en los instrumentos mencionados.
Las entidades a las que hace referencia el artículo 45.1.c, además de prestar servicios municipales y realizar actividades municipales, que es la actividad habitual de su gestión funcionalmente descentralizada, pueden recibir encargos puntuales, que deben calificarse de encargos a un medio propio personificado regidos por la legislación de contratos del sector público.
Se modifica por el art. único.2 de la Ley 3/2025, de 18 de marzo. Ref. BOE-A-2025-6381
Artículo 48.
El Ayuntamiento de Barcelona puede gestionar las actividades y servicios por cualquiera de las formas de gestión indirecta establecidas en la normativa vigente.
Artículo 48.
Las entidades dependientes o vinculadas al Ayuntamiento de Barcelona se someten a un control de eficacia y a un sistema de supervisión continua.
El control de eficacia tiene por objeto la comprobación periódica de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad dependiente o vinculada al Ayuntamiento de Barcelona, así como el análisis del coste de funcionamiento y la utilización adecuada de los recursos, y la ejerce el órgano de la administración ejecutiva a que esté adscrita la entidad.
El sistema de supervisión continua de las entidades dependientes o vinculadas al Ayuntamiento de Barcelona tiene por objeto comprobar, al menos, la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera. Debe incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción, y la ejerce el órgano de la administración ejecutiva que tenga atribuida la responsabilidad en materia de economía.
Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades dependientes o vinculadas al Ayuntamiento de Barcelona deben determinarse mediante un decreto de la Comisión de Gobierno al amparo de lo dispuesto por el artículo 26.2.c.
Los resultados de las evaluaciones de las actuaciones de control de eficacia y de supervisión continua de las entidades dependientes o vinculadas al Ayuntamiento de Barcelona deben recogerse en informes sujetos a procedimiento contradictorio que deben elevarse a la Comisión de Gobierno.
Se modifica por el art. único.3 de la Ley 3/2025, de 18 de marzo. Ref. BOE-A-2025-6381
Artículo 49.
Ordinariamente el ejercicio de la iniciativa municipal en la actividad económica debe adoptar la forma de sociedad mercantil con participación íntegra o parcial del Ayuntamiento, organismos autónomos, entidades y otras sociedades municipales.
No obstante lo establecido en el apartado 1, y de acuerdo con sus estatutos, los organismos autónomos de carácter económico, las entidades de Derecho Público sujetas a Derecho Privado y las sociedades municipales, además de la actividad principal de servicio público, pueden ejercer actividades económicas de mercado relacionadas con aquélla, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la actividad principal de servicio público y la actividad económica de mercado tengan regímenes económicos separados.
b) Que ni los recursos generales para la gestión del servicio público ni las aportaciones económicas del Ayuntamiento se apliquen a la actividad económica de mercado.
Artículo 49.
El ejercicio de la iniciativa municipal en la actividad económica debe adoptar ordinariamente la forma de alguna de las entidades a las que hace referencia el artículo 45.1.c.
Las entidades a las que hace referencia el artículo 45.1.c, no obstante lo establecido en el apartado 1, y de acuerdo con sus estatutos, además de la actividad principal de servicio público y municipal que les es propia como gestión funcionalmente descentralizada, pueden ejercer actividades económicas de mercado relacionadas con aquella, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la actividad principal de servicio público y la actividad económica de mercado tengan regímenes económicos y contables separados.
b) Que los recursos generales para la gestión del servicio público o las aportaciones económicas del Ayuntamiento no se apliquen a la actividad económica de mercado.
Se modifica por el art. único.4 de la Ley 3/2025, de 18 de marzo. Ref. BOE-A-2025-6381
Artículo 50.
El Ayuntamiento de Barcelona puede constituir fundaciones privadas, que se rigen por la legislación de Cataluña, en lo que sea aplicable.
Las fundaciones municipales tienen por objeto servicios públicos que no impliquen ejercicio de autoridad o bien actividades sin contenido económico. Estas fundaciones deben inscribirse en el Registro de Fundaciones de la Generalidad de Cataluña.
CAPÍTULO II
El personal al servicio del Ayuntamiento
Artículo 51.
Las políticas de personal se dirigen a garantizar que el Ayuntamiento esté dotado de recursos humanos adecuados para la realización de actividades de interés municipal.
El personal profesional del Ayuntamiento de Barcelona se selecciona y ordena en aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y actúa con imparcialidad en el desarrollo de sus funciones.
La planificación de personal tiene por objeto articular su gestión con las demás políticas municipales. El Ayuntamiento debe determinar por reglamento los supuestos de movilidad funcional que mejoren el aprovechamiento de los recursos humanos.
Artículo 52.
Integran el personal del Ayuntamiento:
a) Los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.
b) Los contratados laborales.
c) El personal eventual, nombrado para desarrollar puestos de confianza o asesoramiento especial, así como el personal eventual de alta dirección que reúna las correspondientes aptitudes profesionales.
El nombramiento y cese del personal eventual corresponden al Alcalde o Alcaldesa, el cual debe dar cuenta de los mismos al Consejo Municipal.
Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, como consecuencia de la libre circulación de trabajadores, pueden participar en las convocatorias para cubrir las vacantes existentes que no impliquen el ejercicio de potestades públicas o responsabilidad en el cuidado de los intereses locales. El Ayuntamiento debe determinar por reglamento estos supuestos.
Artículo 52.
Integran el personal del Ayuntamiento:
a) El personal funcionario de carrera y el personal funcionario interino.
b) El personal contratado laboral.
c) El personal eventual, nombrado para ocupar puestos de confianza o asesoramiento especial.
d) El personal directivo y de alta dirección, nombrado, atendiendo criterios de competencia profesional y experiencia, entre personal funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezca a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que la Alcaldía, al determinar los niveles esenciales de la organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.1.d, permita que los titulares de estos órganos directivos, en consideración a las características específicas de sus funciones, no ostenten dicha condición de funcionario. En tal caso, los nombramientos deben realizarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
El nombramiento y cese del personal eventual corresponden al Alcalde o Alcaldesa, el cual debe dar cuenta de los mismos al Consejo Municipal.
Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, como consecuencia de la libre circulación de trabajadores, pueden participar en las convocatorias para cubrir las vacantes existentes que no impliquen el ejercicio de potestades públicas o responsabilidad en el cuidado de los intereses locales. El Ayuntamiento debe determinar por reglamento estos supuestos.
Se modifica el apartado 1 por el art. 10 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Artículo 53.
El Reglamento Orgánico debe establecer el número, denominación, funciones y régimen de los puestos de trabajo ocupados por personal de alta dirección.
Cuando los puestos de trabajo de alta dirección sean ocupados por funcionarios, éstos mantienen la situación administrativa de servicio activo, o pasan a la de servicios especiales, según corresponda en cada caso, de acuerdo con lo que establezca el reglamento que desarrolle la presente Carta.
Artículo 54.
En el marco de las normas básicas sobre la función pública local, corresponde al Ayuntamiento de Barcelona el establecimiento de las bases, la determinación de la composición de los tribunales u órganos análogos y el contenido de los programas, los baremos de méritos, los cursos selectivos y las pruebas a las que deban ajustarse los procedimientos de selección de su personal y la provisión de puestos de trabajo dentro de la Administración Municipal.
Las ofertas públicas de empleo, anuncios de convocatoria y pruebas de selección o provisión de puestos aprobados por el Consejo Municipal deben ser publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia» (BOP), el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» (DOGC) y el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). En lo que se refiere a la publicidad de las bases, las listas de admitidos y excluidos y el nombramiento de personal en general, la publicación en la «Gaseta Oficial de l’Ajuntament» sustituye, con carácter general, cualquier otra publicación. La publicación en los diarios oficiales puede sustituirse por medios tecnológicos que garanticen a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la misma información en los ámbitos territoriales que cubran aquéllos.
En lo que se refiere a la promoción interna, el Ayuntamiento de Barcelona puede reservar el acceso a determinadas subescalas o categorías profesionales al personal de su propia plantilla.
El Ayuntamiento de Barcelona puede establecer, con otras Administraciones Públicas, acuerdos de colaboración por los que los funcionarios municipales sean destinados en comisión de servicio a puestos de trabajo de otros entes públicos, o personal de otras instituciones sea incorporado a puestos de trabajo de la Administración Municipal de Barcelona. Los acuerdos concretos deben establecer el régimen y duración de las comisiones de servicio.
Artículo 54.
En el marco de las normas básicas sobre la función pública local, corresponde al Ayuntamiento de Barcelona el establecimiento de las bases, la determinación de la composición de los tribunales u órganos análogos y el contenido de los programas, los baremos de méritos, los cursos selectivos y las pruebas a las que deban ajustarse los procedimientos de selección de su personal y la provisión de puestos de trabajo dentro de la Administración Municipal.
Las ofertas públicas de empleo, anuncios de convocatoria y pruebas de selección o provisión de puestos aprobados por el Consejo Municipal deben ser publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia» (BOP), el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» (DOGC) y el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). En lo que se refiere a la publicidad de las bases, las listas de admitidos y excluidos y el nombramiento de personal en general, la publicación en la «Gaseta Oficial de l’Ajuntament» sustituye, con carácter general, cualquier otra publicación. La publicación en los diarios oficiales puede sustituirse por medios tecnológicos que garanticen a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la misma información en los ámbitos territoriales que cubran aquéllos.
En lo que se refiere a la promoción interna, el Ayuntamiento de Barcelona puede reservar el acceso a determinadas subescalas o categorías profesionales al personal de su propia plantilla.
El Ayuntamiento de Barcelona puede establecer, con otras Administraciones Públicas, acuerdos de colaboración por los que los funcionarios municipales sean destinados en comisión de servicio a puestos de trabajo de otros entes públicos, o personal de otras instituciones sea incorporado a puestos de trabajo de la Administración Municipal de Barcelona. Los acuerdos concretos deben establecer el régimen y duración de las comisiones de servicio.
El Ayuntamiento de Barcelona debe regular, por reglamento, el sistema de carrera horizontal del personal municipal, que consiste en la progresión de tramos de desarrollo profesional u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de lugar de trabajo. El sistema de carrera horizontal debe valorar, entre otros aspectos, la trayectoria y la actuación profesionales, la calidad de los trabajos efectuados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del cumplimiento, y debe adecuarse a la normativa de función pública aplicable a las administraciones públicas catalanas.
Se añade el apartado 5 por el art. único.5 de la Ley 3/2025, de 18 de marzo. Ref. BOE-A-2025-6381
Artículo 55.
El Ayuntamiento de Barcelona puede crear un centro propio de selección y formación de personal, cuyos títulos y diplomas pueden ser homologados, dentro del ámbito del Ayuntamiento de Barcelona, con el mismo valor que el otorgado a los de los centros oficiales de formación de otras Administraciones Públicas. Asimismo, en previo concierto con otros centros oficiales de formación de funcionarios y de la correspondiente homologación cuando sea procedente, se puede reconocer a los títulos y diplomas expedidos por el Centro Municipal de Formación el mismo valor que los expedidos por aquellos centros oficiales. Estas funciones deben ejercerse sin perjuicio de las competencias de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, que debe tener un representante en el órgano superior rector del centro, y en un marco de cooperación entre ambas instituciones.
Artículo 56.
Las condiciones de trabajo del personal laboral de plantilla del Ayuntamiento de Barcelona son las derivadas de la legislación laboral de carácter general, las normas y resoluciones de régimen interno de la Corporación y los pactos y acuerdos colectivos negociados con los órganos de representación del personal. Al Ayuntamiento de Barcelona no le es aplicable ninguna norma que determine, en lo que se refiere a las condiciones de trabajo del personal, la homologación con regímenes específicos establecidos para el personal de otras Administraciones Públicas.
El régimen jurídico del personal laboral al servicio de los organismos autónomos municipales es el derivado de la legislación laboral general, las normas estatutarias y de régimen interno del organismo, y los acuerdos colectivos que sean aplicables.
Artículo 57.
El Ayuntamiento de Barcelona goza de representación propia en el Consejo Catalán de la Función Pública y en el Consejo Rector de la Escuela de Administración Pública de Cataluña.
TÍTULO VI
Competencias municipales
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 58.
Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente y del régimen de capitalidad reconocido en la presente Carta, así como para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el artículo 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Carta Europea de Autonomía Local, la legislación del Estado y la de la Generalidad de Cataluña deben asegurar al municipio de Barcelona la atribución de las competencias procedentes de acuerdo con su capacidad de gestión, así como la participación en la gestión de los servicios y equipamientos del Estado o de la Generalidad básicos para el desarrollo de la ciudad.
La participación de la ciudad en la gestión de los servicios y equipamientos a que se refiere el apartado 1 debe realizarse por medio del Ayuntamiento o las entidades o asociaciones ciudadanas que éste designe, de acuerdo con lo establecido en el título IV de la presente Carta.
En cualquier caso, el Ayuntamiento puede promover todo tipo de actividades y prestar todos los servicios públicos que afecten el interés general de los ciudadanos y que no estén expresamente atribuidos a otras Administraciones Públicas. En este supuesto, el Ayuntamiento puede realizar actividades complementarias a las propias de estas Administraciones.
Artículo 59.
El municipio de Barcelona tiene las competencias atribuidas por la presente Carta, las que le atribuyen las demás normas y las que le sean delegadas por las demás Administraciones.
Artículo 60.
La cooperación, que tiene carácter voluntario, puede realizarse por medio de los siguientes instrumentos, además de todos los establecidos en las normas vigentes:
a) Convenio.
b) Consorcio voluntario, entendido como ente asociativo con otras Administraciones o entidades privadas sin ánimo de lucro.
Artículo 61.
Los consorcios legales son entes asociativos, creados por Ley, entre la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para la gestión conjunta de funciones, actividades o servicios. En su calidad de entes que ejercen competencias generales en todo el territorio municipal, los consorcios pueden ejercer las potestades reglamentarias, planificadoras y, si procede, sancionadoras, en el marco de las disposiciones generales emanadas de la Generalidad que sean aplicables a todo el ámbito territorial de Cataluña. También ejercen la potestad programadora y de organización en relación con las actividades y servicios que les atribuye la Ley de Creación.
Las Leyes de Creación de estos consorcios deben determinar la mayoría de representantes o votos en los órganos de gobierno que corresponden a cada Administración y que en ningún caso pueden ser superiores a las tres quintas partes del total. Los estatutos de los consorcios, dentro del marco de la Ley de Creación, deben determinar su régimen orgánico y funcional, en el que deben tenerse en cuenta, en cualquier caso, las siguientes reglas:
a) El Ayuntamiento, en relación con los servicios que gestione en el momento de la creación del Consorcio, puede optar entre integrarlos en el Consorcio con la forma de gestión que éste acuerde, o bien que el Consorcio cree un ente personalizado de acuerdo con lo establecido en la letra b), sin que en ningún caso se altere el sistema de financiación de los consorcios establecido en la presente Carta. Los estatutos deben recoger, necesariamente, la opción decidida por el Ayuntamiento.
b) A efectos de lo establecido en la letra a) y con el objetivo de preservar los intereses competenciales del Ayuntamiento, cuando no tenga mayoría en el Consorcio le corresponde la mayoría de representantes o votos en los órganos de gobierno de los entes personalizados.
c) Las Leyes de Creación de los Consorcios deben establecer, asimismo, las reglas relativas a su financiación, sin perjuicio de pacto en contrario de las administraciones consorciadas. En cualquier caso, las aportaciones deben ser, como mínimo, iguales a las presupuestadas con esta finalidad en el ejercicio anterior para el desarrollo de las respectivas competencias, salvo las derivadas de actuaciones excepcionales. El propio Consorcio debe determinar por reglamento la programación, los sectores de inversión o los requisitos de aplicación de las tasas o tarifas, si procede, de las actividades o servicios que lleve a cabo.
Las Administraciones consorciadas pueden suspender el ejercicio de sus competencias por medio del Consorcio, en los siguientes supuestos:
a) La no inclusión por la otra Administración en sus presupuestos de las aportaciones mínimas legalmente establecidas.
b) La no aportación al Consorcio, por la otra Administración, de las subvenciones o ayudas de cualquier naturaleza de otras entidades públicas o privadas para que sean destinadas a finalidades contenidas en el objeto del Consorcio o de sus entes personalizados.
c) El ejercicio de competencias o el desarrollo de actividades cuya naturaleza sea igual o análoga al objeto del Consorcio o de sus entes personalizados al margen o en paralelo a éstos.
d) La no creación de entes personalizados con el contenido, la forma o los plazos establecidos en la Ley.
e) El incumplimiento de obligaciones esenciales por la otra Administración o el reiterado incumplimiento de cualquier otro tipo de obligaciones.
f) El acuerdo adoptado por una Administración de suspender el ejercicio de sus competencias por medio del Consorcio debe ser inmediatamente ejecutivo y debe darse cuenta del mismo al Parlamento de Cataluña.
La disolución de los consorcios debe llevarse a cabo por Ley.
La creación y disolución de los entes personalizados dependientes del Consorcio a los que se refieren los apartados 1, 2, 3 y 4 corresponden al Consorcio de acuerdo con lo que establezcan las Leyes de su creación y a propuesta de la Administración consorciada titular de las competencias que constituyen su objeto, teniendo en cuenta, en cualquier caso, lo establecido en el apartado 2. Estos entes pueden tener naturaleza pública o privada, y el Consorcio es propietario de sus acciones en este último supuesto.
Los funcionarios y el personal laboral que sean incorporados a las plantillas de los consorcios y entidades a los que se refiere este artículo conservan todos los derechos adquiridos de que gozaban en el momento de la incorporación, incluidas las expectativas de promoción y movilidad, y los demás inherentes a su situación funcionarial o laboral.
Se crean los Consorcios de Vivienda, Servicios Sociales y Educación y se establece la creación de un Ente Personalizado de Salud Pública dependiente del Consorcio Sanitario de Barcelona. Los capítulos III, X, XV y IX, respectivamente, de este título los regulan específicamente, de acuerdo con el marco general que se establece en este precepto. El Consorcio Sanitario de Barcelona se rige por sus normas de creación y, supletoriamente, por las contenidas en este artículo.
Artículo 62.
La coordinación de la actividad del Ayuntamiento con la de la Administración del Estado y con la de la Administración de la Generalidad se realiza sólo si las formas de cooperación voluntaria no garantizan los objetivos perseguidos.
Los instrumentos de coordinación deben consistir en órganos de colaboración o planes sectoriales formulados con la audiencia del Ayuntamiento de Barcelona.
Artículo 63.
Los contratos-programa deben garantizar la completa financiación de los correspondientes programas de actuación.
CAPÍTULO II
Urbanismo
Artículo 64.
El Ayuntamiento de Barcelona participa en la ordenación del territorio, mediante:
a) El informe preceptivo de los proyectos de Plan Territorial General, de los Planes Territoriales Sectoriales y de sus revisiones o modificaciones.
b) La intervención directa en la elaboración de los Planes Territoriales Parciales, Territoriales Sectoriales y directores de coordinación que afectan el municipio de Barcelona, así como sus revisiones y modificaciones. Esta intervención debe llevarse a cabo mediante el nombramiento de representantes en los órganos de seguimiento y en los órganos técnicos encargados de la redacción de los planes.
Artículo 65.
El Plan General de Ordenación Municipal o Supramunicipal, en el ámbito del término municipal de Barcelona, contiene las siguientes determinaciones:
a) La clasificación del suelo con expresión de las superficies asignadas a cada uno de los tipos y categorías de suelo adoptadas.
b) La estructura general y orgánica del territorio, integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, por los espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes, y por los equipamientos comunitarios y para centros públicos.
c) Los sistemas generales de comunicación y sus zonas de protección, cuando transcurran por suelo urbano.
d) Las medidas para la protección del medio ambiente, la conservación de la naturaleza y la defensa del paisaje, los elementos naturales y los conjuntos urbanos históricos y artísticos.
Además de las determinaciones de carácter general, los planes generales, en suelo urbano, deben contener las siguientes:
a) Delimitación del perímetro y señalamiento, si procede, del ámbito de las operaciones de reforma interior, mejora urbana, rehabilitación o protección que se estimen necesarias.
b) Asignación de usos detallados del suelo, vuelo y subsuelo correspondientes a distintas zonas.
c) Delimitación de los espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines públicos y zonas deportivas, de ocio y recreo.
d) Las ubicaciones reservadas para centros docentes, públicos y privados, asistenciales y sanitarios, templos, grandes instalaciones hoteleras, gasolineras, equipamientos de medio ambiente y otros servicios o actividades públicas o privadas para las que sea necesario reservar suelo por razones de desarrollo económico-social, cultural, de ocio, u otras de interés general. Asimismo, se pueden reservar suelo y edificaciones para uso exclusivo de viviendas sometidas a alguno de los regímenes vigentes de protección pública o a las nuevas modalidades de promoción que puedan definirse para Barcelona.
e) Trazado y características de la red vial y previsión de aparcamientos con señalamiento de alineaciones y rasantes para la totalidad o parte de este suelo, garantizando la accesibilidad al transporte público.
f) Reglamentación detallada del uso del vuelo y subsuelo, volumen y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y construcciones, así como de las características estéticas de la ordenación, la edificación y su entorno.
g) Ordenación y racionalización del uso del subsuelo público, características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, residuos sólidos urbanos, recogida neumática y, si procede, otros servicios que establezca el Plan.
h) Evaluación económica de la implantación de los servicios y la ejecución de las obras de urbanización.
Corresponde al Ayuntamiento de Barcelona la delimitación de las unidades de actuación a efectos de la cesión obligatoria y gratuita del suelo con destino a espacio vial, jardines, plazas, centros docentes y asistenciales. Los acuerdos correspondientes deben remitirse a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, para su conocimiento.
Corresponden al Ayuntamiento de Barcelona la elaboración y aprobación inicial y provisional del Plan General de Ordenación, en el ámbito de su término municipal.
Artículo 66.
Se crea la Subcomisión de Urbanismo del Municipio de Barcelona, presidida por el Presidente o Presidenta de la Comisión de Urbanismo de Barcelona e integrada por diez Vocales designados, por mitad, por el Consejero o Consejera de la Generalidad de Cataluña competente por razón de la materia y por el Alcalde o Alcaldesa de Barcelona.
A las sesiones de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona puede asistir un representante del Estado con voz y sin voto, que debe ser designado por el Delegado o Delegada del Gobierno en Cataluña.
Corresponde a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona la aprobación definitiva del planeamiento general, así como de la correspondiente revisión o modificación, en el ámbito del término municipal de Barcelona. Las aprobaciones inicial y provisional, en el mismo caso, corresponden al Ayuntamiento de Barcelona.
En el trámite de aprobación definitiva, cuando la Subcomisión de Urbanismo imponga modificaciones al Plan Provisional aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona, éstas deben seguirse en lo que afecte los intereses supralocales y, en lo que se refiere a los intereses locales, cuando se trate de aspectos reglados del Plan y cuando las modificaciones se deriven de las exigencias del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La aprobación definitiva de planes que suponga una modificación de zonas verdes o espacios libres corresponde a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña y de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad, que, en este último caso, tiene carácter vinculante. No se entienden como modificación de zonas verdes o espacios libres los ajustes en su delimitación que no alteren su funcionalidad, su superficie ni su localización en el territorio, siempre y cuando se justifique en la memoria del Plan.
Artículo 66.
Se crea la Subcomisión de Urbanismo del Municipio de Barcelona, presidida por el Presidente o Presidenta de la Comisión de Urbanismo de Barcelona e integrada por diez Vocales designados, por mitad, por el Consejero o Consejera de la Generalidad de Cataluña competente por razón de la materia y por el Alcalde o Alcaldesa de Barcelona.
A las sesiones de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona puede asistir un representante del Estado con voz y sin voto, que debe ser designado por el Delegado o Delegada del Gobierno en Cataluña.
Corresponde a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona la aprobación definitiva del planeamiento general, así como de la correspondiente revisión o modificación, en el ámbito del término municipal de Barcelona. Las aprobaciones inicial y provisional, en el mismo caso, corresponden al Ayuntamiento de Barcelona.
En el trámite de aprobación definitiva, cuando la Subcomisión de Urbanismo imponga modificaciones al Plan Provisional aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona, éstas deben seguirse en lo que afecte los intereses supralocales y, en lo que se refiere a los intereses locales, cuando se trate de aspectos reglados del Plan y cuando las modificaciones se deriven de las exigencias del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La aprobación definitiva de planes que comporte una modificación de zonas verdes, espacios libres o equipamientos deportivos corresponde a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña. Si un tercio del número legal de miembros de la Comisión de Urbanismo de Cataluña lo solicita, el expediente de modificación debe someterse a dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, que tiene carácter vinculante. No se entienden como modificación de zonas verdes, espacios libres o equipamientos deportivos los ajustes en su delimitación que no alteren su funcionalidad, su superficie ni su localización en el territorio, siempre que se justifique en la memoria del plan.
Se modifica el apartado 5 por el art. 2 de la Ley 11/2006, de 19 de julio. Ref. BOE-A-2006-14901.
Téngase en cuenta para su aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria de la citada Ley.
Artículo 67.
La tipología de planes especiales es la establecida en la normativa vigente. Además, se admiten los planes de usos, integrales, de reforma interior, mejora urbana, protección, rehabilitación, subsuelo y telecomunicaciones.
Los planes especiales de usos tienen como objetivo ordenar la incidencia y los efectos urbanísticos, medioambientales y sobre el patrimonio urbano que las actividades producen en el territorio, mediante la regulación de su intensidad y las condiciones físicas de su desarrollo en función de las distancias, el tipo de vía urbana y circunstancias análogas.
Se pueden aprobar planes especiales integrales, entendidos como los planes especiales que definen y comprenden operaciones desarrolladas a escala de proyecto arquitectónico y también de regulación de usos en operaciones de rehabilitación integral.
Artículo 68.
Para la aprobación de los planes parciales y especiales y los estudios de detalle debe seguirse el siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Alcalde o Alcaldesa.
b) Información pública durante el período de un mes.
c) Aprobación definitiva por el Consejo Municipal.
La competencia del Ayuntamiento de Barcelona para la aprobación de planes se extiende a los ámbitos territoriales del término municipal, cuya administración y gestión corresponde a otras Administraciones Públicas. Con esta finalidad, en el período de información pública, el Plan debe someterse a informe de las Administraciones afectadas. Cuando los planes incluyan infraestructuras del Estado o de la Generalidad, el informe es vinculante en lo que afecte directamente la infraestructura, sin perjuicio de los requisitos más específicos que pueda establecer, si procede, la correspondiente legislación sectorial. En caso de actuaciones no previstas en el planeamiento general son aplicables las previsiones generales establecidas por la normativa urbanística.
Para cada uno de los planes aprobados definitivamente por el Ayuntamiento de Barcelona puede crearse una Comisión de Seguimiento de su ejecución, con la participación de las entidades y organizaciones cívicas, económicas, sociales y profesionales de la ciudad.
Los instrumentos de ordenación aprobados definitivamente por el Ayuntamiento de Barcelona son inmediatamente ejecutivos desde el momento de su publicación. Los acuerdos de aprobación deben enviarse a la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con el régimen de comunicación de los acuerdos establecidos en el artículo 130 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
Los órganos competentes para la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento pueden acordar, con el fin de estudiar su formación o bien su reforma, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de los terrenos, de edificación, reforma o rehabilitación, de derribo, instalación o ampliación de actividades o de usos concretos. El acuerdo que se adopte debe determinar el alcance de la suspensión.
Artículo 69.
La aprobación de los proyectos de urbanización corresponde a la Comisión de Gobierno. Es potestativo someter a información pública estos proyectos, salvo los que supongan expropiación, así como los que determinen las normas invocadas en el artículo 70.
La aprobación de los proyectos de obras ordinarias corresponde al Alcalde o Alcaldesa.
Es obligatorio, en cualquier tipo de proyectos, la elaboración de una memoria que justifique la ejecución de las obras y un estudio detallado sobre la movilidad de la zona afectada.
Artículo 70.
En la elaboración de los instrumentos de ordenación y los proyectos de urbanización de obras debe fomentarse la participación ciudadana por medio de los procedimientos regulados en el título IV. El Reglamento del Consejo Municipal debe establecer los supuestos en que sea obligatorio, además del trámite de información pública, en su caso, el seguimiento de otros procedimientos de participación ciudadana.
Artículo 71.
La autorización de instalación y apertura de actividades, industrias y establecimientos de cualquier tipo requiere, en cualquier caso, la autorización del Ayuntamiento de Barcelona. Este debe asumir también, por delegación, el trámite de calificación y el informe de la actividad.
Artículo 72.
Corresponde al Ayuntamiento de Barcelona la declaración de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados en los supuestos de expropiaciones por razones urbanísticas de iniciativa municipal.
Artículo 73.
Para la gestión urbanística en general y, en particular, para el reparto de las cargas urbanísticas, se admite la reparcelación discontinua de parcelas urbanas. En este caso, es necesaria la aprobación de un plan especial que lo justifique, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66.4.
La transferencia de techo edificable entre varias parcelas no puede incrementar la edificabilidad global del municipio de Barcelona ni reducir los espacios destinados por el planeamiento a parques y jardines urbanos y a equipamientos en cada uno de los distritos municipales.
Artículo 74.
El Patrimonio Municipal de Urbanismo debe incluir un fondo de suelo o económico que reciba las aportaciones de las cargas o cesiones urbanísticas.
El Patrimonio Municipal de Urbanismo puede ser gestionado por todas las formas admitidas en el ámbito del Derecho Público. La transmisión o constitución de cualquier derecho real puede realizarse mediante concurso.
En el desarrollo del planeamiento urbanístico en el suelo urbano de la ciudad, el Ayuntamiento puede delimitar polígonos y unidades de actuación destinadas a la formación de patrimonio municipal. Para su gestión puede utilizarse cualquiera de los sistemas establecidos en la normativa vigente.
Artículo 75.
A efectos de la declaración de determinadas zonas de la ciudad como zonas turísticas u otras con un tratamiento equivalente desde los puntos de vista fiscal, urbanístico, comercial u otros, el municipio de Barcelona no debe ser considerado como una unidad de actuación integral. El Ayuntamiento es competente para hacer dichas declaraciones.
Artículo 76.
La ordenación del subsuelo se realiza mediante planes especiales específicos que deben fijar, en cualquier caso, el aprovechamiento urbanístico de que es susceptible, atendiendo a las determinaciones que haya establecido, si procede, el Plan General.
Artículo 77.
La cesión de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Barcelona a otras Administraciones Públicas debe realizarse bajo la condición de reversión en favor del Ayuntamiento cuando se desafecten del uso o servicio que sea causa de la cesión.
Artículo 78.
Los propietarios de las correspondientes superficies de suelo tienen, en los términos de la legislación urbanística aplicable, los aprovechamientos urbanísticos que el planeamiento urbanístico municipal atribuye al subsuelo.
El subsuelo que tenga atribuido aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación privada está sometido a las servidumbres administrativas necesarias para la prestación de servicios públicos o de interés público, siempre y cuando esta utilización sea compatible con el uso del inmueble privado sirviente. En caso de que no sea compatible, debe procederse a la expropiación, de acuerdo con las determinaciones del planeamiento.
La realización de obras, materialización de aprovechamientos y desarrollo de usos o actividades en el subsuelo requieren la previa ordenación de éste por el pertinente plan especial.
Artículo 79.
Las compañías de servicios públicos cuyas instalaciones estén ubicadas total o parcialmente en el subsuelo deben elaborar y entregar al Ayuntamiento, si éste lo pide, un plano de situación de las citadas instalaciones, que debe actualizarse regularmente.
El Ayuntamiento debe determinar los supuestos en los que los distintos servicios deben instalarse obligatoriamente en galerías de utilización conjunta por las distintas compañías suministradoras.
Artículo 80.
Con carácter general, las instalaciones de las compañías de servicios públicos son subterráneas en todo el término municipal y transcurren por el lugar establecido por el Plan u otras disposiciones urbanísticas o municipales. Sólo pueden transcurrir en superficie previa autorización expresa del Ayuntamiento.
Artículo 81.
Para la ejecución forzosa de los actos administrativos en materia de intervención y uso del suelo se admite la imposición de multas coercitivas reiteradas por un importe máximo, cada una, de 100.000 pesetas.
Artículo 82.
Los propietarios de edificios, además de las obligaciones que les atribuyen las normas aplicables, deben mantener las fachadas visibles desde el dominio público en buen estado de conservación, tanto para mantener su buena imagen como para evitar cualquier peligro para los usuarios de las vías públicas. Las ordenanzas municipales pueden regular estas obligaciones, incluida la de acreditar, periódicamente, la seguridad del inmueble y la existencia de una póliza de seguro del edificio que sea suficiente para cubrir estas contingencias. El Ayuntamiento de Barcelona debe velar por el cumplimiento de las normas establecidas sobre conservación y rehabilitación de los inmuebles.
Artículo 83.
La potestad sancionadora del Alcalde o Alcaldesa, en lo que se refiere a la cuantía de las multas, puede llegar al máximo permitido por las normas aplicables relativas a las infracciones urbanísticas.
Artículo 84.
Corresponde al Consejo Municipal actualizar las cuantías de las sanciones y las multas coercitivas.
CAPÍTULO III
Vivienda
Artículo 85.
La planificación, programación y gestión de la vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler, en el término municipal de Barcelona, corresponden exclusivamente al Consorcio creado por el artículo 61.7, en el marco de las disposiciones generales establecidas por el Gobierno de la Generalidad en relación con este ámbito sectorial.
En los órganos de gobierno del Consorcio, la Generalidad de Cataluña goza de las tres quintas partes de representantes o votos y el Ayuntamiento de Barcelona de las dos quintas partes restantes.
El Consorcio se financia con las aportaciones de las Administraciones consorciadas según lo establecido en el artículo 61.2.
En su actuación, el Consorcio debe tener en especial consideración el peso poblacional y las especificidades derivadas de la centralidad y diversidad social dentro de la ciudad.
El Consorcio, mediante Reglamento, debe establecer los criterios de selección y acceso a la vivienda pública.
Artículo 86.
El Plan general debe reservar espacios para la vivienda de cualquier régimen de protección pública. Los planes especiales deben reservar espacios a este fin, siempre y cuando técnicamente sea posible.
La reserva de espacios para vivienda de protección pública debe legitimar su expropiación.
Es necesario velar para que las promociones de vivienda sean respetuosas con el medio ambiente y propicien la implantación de sistemas y materiales que no le sean lesivos.
CAPÍTULO IV
La iniciativa pública municipal en la actividad económica
Artículo 87.
El Ayuntamiento, mediante expediente en el que se acredite la conveniencia y oportunidad de la medida, puede ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 128.2 de la Constitución.
La iniciativa municipal en actividades económicas se ejerce siempre en régimen de libre concurrencia y en el marco de los principios de libertad de empresa y economía de mercado, reconocidos por el artículo 38 de la Constitución y los artículos 92 y 93 del Tratado de Roma y demás normas de Derecho comunitario.
CAPÍTULO V
Gestión de los servicios e infraestructuras estratégicas para el municipio
Artículo 88.
La participación que corresponda al Ayuntamiento de Barcelona en la gestión de infraestructuras de titularidad de otras administraciones es sin perjuicio de las funciones de planeamiento, gestión y disciplina urbanística, policía local, servicio de extinción de incendios, policía sanitaria, movilidad, protección y mejora del medio ambiente y las demás que corresponden al Ayuntamiento cuando afecten el ámbito territorial del término municipal de Barcelona.
Artículo 89.
El Ayuntamiento de Barcelona tiene una representación en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros con sede en la ciudad, en los términos que establezca la legislación vigente.
CAPÍTULO VI
Transportes urbanos de viajeros
Artículo 90.
La coordinación del servicio de transportes urbanos de viajeros corresponde al Consorcio Autoridad del Transporte Metropolitano, integrado por la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Entidad Metropolitana del Transporte. También se pueden incorporar al mismo la Administración del Estado y demás administraciones titulares de servicios públicos de transportes colectivos que pertenezcan al ámbito formado por las comarcas del Alt Penedés, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental.
El Consorcio tiene como objeto articular la cooperación entre las Administraciones públicas titulares de los servicios e infraestructuras del transporte público colectivo del área de Barcelona.
Artículo 91.
Las funciones del Consorcio son las siguientes:
a) La planificación de las infraestructuras del transporte público de viajeros en su ámbito territorial.
b) La planificación de los servicios y el establecimiento de programas de explotación para todos los organismos y empresas que los presten.
c) La elaboración de un marco de tarifas común.
Artículo 92.
El Consorcio se financia por medio de los siguientes recursos:
a) Las aportaciones de la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Entidad Metropolitana del Transporte y demás administraciones que posteriormente se incorporen al Consorcio.
b) Los convenios de financiación o contratos programa suscritos entre cualquier administración o institución y el Consorcio.
c) Las subvenciones, aportaciones o donaciones de entidades de derecho público o privado.
d) Las cesiones del producto de impuestos finalistas.
e) Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios y el rendimiento de su patrimonio.
f) Cualquier otro que le pueda corresponder de acuerdo con las normas aplicables.
CAPÍTULO VII
Movilidad
Artículo 93.
Es competencia propia del Ayuntamiento de Barcelona la ordenación del tráfico de personas y vehículos, y ello incluye la vigilancia y sanción de las infracciones en todas las vías urbanas.
El Ayuntamiento debe determinar por Reglamento, teniendo en cuenta los niveles de circulación y morfología de la ciudad, los supuestos en que los vehículos obstaculicen o dificulten la circulación de los demás vehículos o de las personas o creen problemas de seguridad vial, a fin de aplicar las medidas cautelares y las sanciones establecidas en las correspondientes normas.
Artículo 94.
La sanción por infracciones a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponde al Alcalde o Alcaldesa.
El Alcalde o Alcaldesa puede desconcentrar o delegar el ejercicio de estas competencias en los términos de la legislación básica de régimen local y de la presente Carta.
Los actos del Alcalde o Alcaldesa de Barcelona en materia de sanción de infracciones de normas de circulación ponen fin a la vía administrativa.
Artículo 95.
Las ordenanzas municipales deben regular los mecanismos necesarios para controlar y sancionar a los propietarios o usuarios de vehículos a motor que hagan un uso indebido de las señales acústicas, emitan humos o produzcan ruidos molestos con sus vehículos.
Artículo 96.
El Ayuntamiento de Barcelona dispone de personal auxiliar de la Guardia Urbana para controlar la utilización adecuada de los aparcamientos en la vía pública y denunciar las conductas contrarias a las normas que regulan su utilización.
Artículo 97.
El Ayuntamiento debe facilitar a los ciudadanos el acceso a las formas de notificación de infracciones de tráfico en las vías urbanas por los medios tecnológicos de telecomunicaciones.
Artículo 98.
En el marco de las relaciones de colaboración y coordinación de las Administraciones públicas, las empresas concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) deben exigir a los usuarios la acreditación del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y poner en conocimiento del Ayuntamiento los datos de los titulares de vehículos que no acrediten dicho pago.
Artículo 99.
Los vehículos abandonados y fuera de uso tienen el carácter de residuos sólidos, de acuerdo con la normativa medioambiental, y pueden ser desguazados, competencia que corresponde al Ayuntamiento.
Los vehículos se consideran abandonados si no han sido reclamados por sus propietarios una vez practicada la notificación en la forma establecida por la normativa.
Artículo 100.
El Ayuntamiento de Barcelona debe elaborar los planes de seguridad vial para todo el ámbito territorial del municipio. Los planes deben ser aprobados por el Consejo Municipal y debe hacerse una amplia divulgación de su contenido, el cual debe tener cinco bloques sistemáticos:
a) La información sobre los accidentes y la investigación de sus causas.
b) La educación vial y la divulgación preventiva.
c) Las mejoras de la vía y la moderación de la circulación.
d) El auxilio sanitario a los heridos en accidentes.
e) La protección escolar.
El Ayuntamiento de Barcelona debe estar representado en los órganos de dirección del tráfico en Cataluña.
CAPÍTULO VIII
Telecomunicaciones
Artículo 101.
La construcción, ampliación, reforma o alteración de redes de telecomunicaciones que necesite la utilización del dominio público requieren obtener previamente la correspondiente autorización municipal, aunque el nuevo tendido que se haga utilice canalizaciones existentes. El Ayuntamiento puede planificar y ordenar el establecimiento o instalación de nuevas redes de telecomunicaciones en un determinado ámbito o sector de la ciudad. En estos casos, el Ayuntamiento puede dictar las pertinentes resoluciones para optimizar las canalizaciones y los derechos de paso existentes al objeto de permitir su utilización conjunta por los diferentes operadores.
Para la instalación de antenas de cualquier tipo, debe seguirse lo establecido en las ordenanzas municipales. En cualquier caso, las concesiones y autorizaciones otorgadas por la Administración competente para utilizar el espacio radioeléctrico que afecte a la ciudad de Barcelona deben ser comunicadas al Ayuntamiento.
Todos los ciudadanos de Barcelona tienen derecho a gozar de un servicio de telecomunicaciones de calidad, que permita la prestación de servicios avanzados e interactivos, con capacidad de adaptación a la evolución de la tecnología y prestado en régimen de competencia. El reconocimiento de este derecho comporta el derecho a que los cables, equipos e instalaciones necesarios para prestarlo puedan llegar a cada domicilio en las condiciones establecidas en la normativa vigente. Son nulos por contrarios a la Ley los acuerdos de las comunidades de propietarios que limiten o impidan el ejercicio de este derecho.
Artículo 101.
La construcción, ampliación, reforma o alteración de redes de telecomunicaciones que necesite la utilización del dominio público requieren obtener previamente la correspondiente autorización municipal, aunque el nuevo tendido que se haga utilice canalizaciones existentes. El Ayuntamiento puede planificar y ordenar el establecimiento o instalación de nuevas redes de telecomunicaciones en un determinado ámbito o sector de la ciudad. En estos casos, el Ayuntamiento puede dictar las pertinentes resoluciones para optimizar las canalizaciones y los derechos de paso existentes al objeto de permitir su utilización conjunta por los diferentes operadores.
Para la instalación de antenas de cualquier tipo, debe seguirse lo establecido en las ordenanzas municipales. En cualquier caso, las concesiones y autorizaciones otorgadas por la Administración competente para utilizar el espacio radioeléctrico que afecte a la ciudad de Barcelona deben ser comunicadas al Ayuntamiento.
Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación del apartado 2, desde el 6 de abril de 1999(*) para las partes del proceso y desde el 6 de mayo de 1999 para los terceros, por providencia del TC de 27 de abril de 1999, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 1440/1999. Ref. BOE-A-1999-10145.
(*)Redactado conforme a la corrección de errores del recurso de inconstitucionalidad 1440/1999. Ref. BOE-A-1999-10645.
Todos los ciudadanos de Barcelona tienen derecho a gozar de un servicio de telecomunicaciones de calidad, que permita la prestación de servicios avanzados e interactivos, con capacidad de adaptación a la evolución de la tecnología y prestado en régimen de competencia. El reconocimiento de este derecho comporta el derecho a que los cables, equipos e instalaciones necesarios para prestarlo puedan llegar a cada domicilio en las condiciones establecidas en la normativa vigente. Son nulos por contrarios a la Ley los acuerdos de las comunidades de propietarios que limiten o impidan el ejercicio de este derecho.
Se suspende la vigencia y aplicación del apartado 2, desde el 6 de abril de 1999 para las partes del proceso y desde el 6 de mayo de 1999 para los terceros, por providencia del TC de 27 de abril de 1999, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 1440/1999. Ref. BOE-A-1999-10145.
Redactado conforme a la corrección de errores del recurso de inconstitucionalidad 1440/1999. Ref. BOE-A-1999-10645.
Artículo 101.
La construcción, ampliación, reforma o alteración de redes de telecomunicaciones que necesite la utilización del dominio público requieren obtener previamente la correspondiente autorización municipal, aunque el nuevo tendido que se haga utilice canalizaciones existentes. El Ayuntamiento puede planificar y ordenar el establecimiento o instalación de nuevas redes de telecomunicaciones en un determinado ámbito o sector de la ciudad. En estos casos, el Ayuntamiento puede dictar las pertinentes resoluciones para optimizar las canalizaciones y los derechos de paso existentes al objeto de permitir su utilización conjunta por los diferentes operadores.
Para la instalación de antenas de cualquier tipo, debe seguirse lo establecido en las ordenanzas municipales. En cualquier caso, las concesiones y autorizaciones otorgadas por la Administración competente para utilizar el espacio radioeléctrico que afecte a la ciudad de Barcelona deben ser comunicadas al Ayuntamiento.
Todos los ciudadanos de Barcelona tienen derecho a gozar de un servicio de telecomunicaciones de calidad, que permita la prestación de servicios avanzados e interactivos, con capacidad de adaptación a la evolución de la tecnología y prestado en régimen de competencia. El reconocimiento de este derecho comporta el derecho a que los cables, equipos e instalaciones necesarios para prestarlo puedan llegar a cada domicilio en las condiciones establecidas en la normativa vigente. Son nulos por contrarios a la Ley los acuerdos de las comunidades de propietarios que limiten o impidan el ejercicio de este derecho.
Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación del apartado 2 por auto del TC de 15 de septiembre de 1999. Ref. BOE-A-1999-19182.
Téngase en cuenta que se declara el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad 1440/1999, por auto de 14 de septiembre de 2004. Ref. BOE-A-2004-17091.
Se suspende la vigencia y aplicación del apartado 2, desde el 6 de abril de 1999 para las partes del proceso y desde el 6 de mayo de 1999 para los terceros, por providencia del TC de 27 de abril de 1999, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 1440/1999. Ref. BOE-A-1999-10145.
Redactado conforme a la corrección de errores del recurso de inconstitucionalidad 1440/1999. Ref. BOE-A-1999-10645.
CAPÍTULO IX
Medio ambiente, salud pública, consumo y sanidad
Artículo 102.
El Ayuntamiento de Barcelona, dentro del ámbito de sus competencias y con un compromiso de ciudad sostenible, debe formular y mantener políticas dirigidas a la preservación, restauración y mejora del medio ambiente urbano y natural y, en particular, a asegurar la buena calidad del agua y el aire; el adecuado nivel de ruido, según las recomendacions internacionales; la calidad del espacio urbano; el mantenimiento y promoción de la salud pública; la minimización, reutilización, recogida selectiva y tratamiento de residuos municipales; el ahorro y uso eficiente y eficaz de la energía; la gestión eficiente de los recursos naturales, así como la defensa y protección de los animales.
Artículo 103.
Se consideran áreas de actuación en materia de medio ambiente, defensa de los usuarios y consumidores, salud pública y sanidad las siguientes:
Primero. En relación con el medio ambiente:
a) El control sanitario del medio ambiente.
b) La adopción de medidas de prevención, control y corrección de la contaminación atmosférica.
c) La gestión de la evacuación y el tratamiento de las aguas residuales.
d) La intervención en la evaluación del impacto ambiental en relación con los proyectos de obras y en toda clase de actividades que se realicen en el término municipal.
e) El control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos, vibraciones y radiaciones.
f) El control sanitario y la recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos e industriales.
g) La regulación de las condiciones de insonorización interior de los edificios y de las medidas de ahorro y uso eficiente de la energía y de recursos naturales.
h) El control de los inmuebles en mal estado, estén o no edificados.
i) El fomento de la minimización de los residuos y la recogida selectiva.
j) El control de las emisiones lumínicas.
Las competencias de recogida, tratamiento y reciclaje de toda clase de residuos y las establecidas en las letra c) y g) se ejercen de forma coordinada con la entidad u organismo metropolitano legalmente establecido.
Segundo. En relación con la defensa de los usuarios y consumidores:
a) La inspección de los productos y servicios para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetaje, presentación y publicidad y los demás requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad.
b) El ejercicio directo de la inspección técnica o técnico-sanitaria y los correspondientes controles y análisis, en la medida que cuenten con medios para hacerlos, o promover y facilitar su ejercicio por otras entidades y organismos, y colaborar en los mismos.
c) La adopción de las medidas urgentes y los requerimientos de las colaboraciones necesarias en los supuestos de crisis o emergencias que afecten a la salud o la seguridad de los consumidores.
Tercero. En relación con la salud pública:
a) El control sanitario de la distribución y suministro de alimentos y bebidas y otros productos, directa o indirectamente relacionados con el consumo humano, así como los medios de transporte.
b) El control del cumplimiento de las reglamentaciones técnico-sanitarias en relación con los productos de las ventas no sedentarias.
c) El control sanitario de los centros de alimentación.
d) El control sanitario en el área de higiene alimentaria, mataderos e industrias del término municipal, así como en relación con los animales domésticos y la zoonosis.
e) El control sanitario de abastecimiento de aguas y la vigilancia de la utilización obligatoria de agua depurada para el consumo y riego.
f) El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, incluidos los campamentos turísticos y áreas de actividades físico-deportivas y de recreo.
g) La información sanitaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Cuarto. En relación con la sanidad: La participación en la planificación, gestión y evaluación de los centros, servicios y establecimientos, instalados en la ciudad, dependientes del Servicio Catalán de la Salud u organismo que desarrolle las mismas funciones.
Artículo 104.
El Consorcio Sanitario de Barcelona es un ente público de carácter asociativo, constituido por la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, con la finalidad de dirigir y coordinar la gestión de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria, socio-sanitaria y los de promoción y protección de la salud de la región sanitaria del municipio de Barcelona.
El Consorcio Sanitario de Barcelona debe dotarse de los órganos de gobierno y de gestión necesarios para llevar a cabo sus finalidades, de acuerdo con lo que se disponga en sus estatutos, que deben respetar, en cualquier caso, lo establecido en el artículo 103.4.
La participación en el ejercicio de funciones sanitarias en el ámbito territorial de la región sanitaria de Barcelona que cualquier disposición atribuya a entidades u órganos locales supramunicipales corresponde, exclusivamente, al Ayuntamiento de Barcelona.
Artículo 105.
El Consorcio Sanitario de Barcelona debe crear la Agencia de Salud Pública y Medio Ambiente de Barcelona, con naturaleza de organismo autónomo, que debe ejercer las competencias relacionadas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 103 en el ámbito territorial de Barcelona y a la que corresponde la dirección y gestión de los centros y servicios de salud pública en la ciudad de Barcelona.
En los órganos de gobierno de la Agencia, el Ayuntamiento de Barcelona goza de las tres quintas partes de representantes y la Generalidad de Cataluña, de las dos quintas partes restantes.
La Agencia está presidida por el Alcalde o Alcaldesa de Barcelona o la persona en quien delegue.
Las Administraciones integrantes del Consorcio Sanitario de Barcelona deben transferirle las asignaciones necesarias para desarrollar sus competencias en los sectores a los que se refiere este capítulo.
Artículo 106.
La Agencia es competente para el ejercicio de la potestad sancionadora y la imposición de las correspondientes sanciones, así como para la adopción de medidas cautelares de suspensión de actividades, en lo que se refiere a las infracciones en materia medioambiental, de salud pública y de defensa de los consumidores, salvo las infracciones calificadas de muy graves; respecto a estas últimas infracciones, la Agencia es competente, en cualquier caso, para tramitar el procedimiento sancionador y elevar a la Administración de la Generalidad las correspondientes propuestas de sanción.
CAPÍTULO X
Servicios sociales
Artículo 107.
La actividad de prestación de los servicios sociales debe contribuir a hacer real y efectiva la igualdad, garantizando y facilitando a todos los ciudadanos el acceso a los servicios que tiendan a favorecer un libre y pleno desarrollo de la persona y de los colectivos dentro de la sociedad, especialmente en caso de limitaciones y carencias. Debe promoverse la prevención y eliminación de las causas que llevan a la marginación y conseguir la integración de todos los ciudadanos, favoreciendo la solidaridad y la participación.
La gestión de los servicios sociales en el ámbito territorial del municipio de Barcelona se coordina, en lo posible, con los servicios de asistencia sanitaria. Con esta prioridad, el municipio de Barcelona se constituye en sector regional a efectos de lo que dispone el Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, en materia de asistencia y servicios sociales.
Las funciones en materia de servicios sociales que se desarrollan en el ámbito municipal de Barcelona son las siguientes:
a) Elaborar la planificación general, cuya aprobación corresponde al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.
b) Proponer al Gobierno de la Generalidad la reglamentación de las entidades, servicios y establecimientos, públicos y privados, que presten servicios sociales en el municipio de Barcelona.
c) Programar, prestar y gestionar los servicios especializados correspondientes al tercer nivel a que se refiere el artículo 11.c) del Decreto Legislativo 17/1994.
d) Programar, prestar y gestionar los servicios sociales especializados correspondientes al segundo nivel a que se refiere el artículo 11.b) del Decreto Legislativo 17/1994.
e) Coordinar la prestación de servicios sociales correspondientes al segundo nivel con los del mismo nivel prestados por instituciones de iniciativa social o mercantil, de acuerdo con las normas de coordinación que sean dictadas por el Gobierno de la Generalidad, para alcanzar las previsiones de la planificación general, respetando el principio de autonomía de las entidades privadas.
f) Programar, prestar y gestionar los servicios sociales de atención primaria a que se refiere el artículo 11.a) del Decreto Legislativo 17/1994, así como realizar su zonificación e instalación.
g) Coordinar la prestación de los servicios sociales correspondientes al primer nivel con los del mismo nivel prestados por instituciones de iniciativa social o mercantil, de acuerdo con las normas de coordinación que sean dictadas por el Gobierno de la Generalidad, con el fin de alcanzar las previsiones de la planificación general, respetando el principio de autonomía de las entidades privadas.
h) Organizar la información a los ciudadanos y proporcionar el apoyo informativo, de evaluación y estadístico a las labores ordenadoras y planificadoras de los servicios sociales.
Artículo 108.
La gestión de los servicios sociales en el ámbito regional de Barcelona, relacionados en los apartados a), b), c) y h) del artículo 107.3, debe llevarse a cabo mediante el Consorcio creado por el artículo 61.7.
En los órganos de gobierno del Consorcio de Servicios Sociales, la Generalidad de Cataluña goza de las tres quintas partes de representantes o votos y el Ayuntamiento de Barcelona de las dos quintas partes restantes.
Las funciones relacionadas en los apartados d), e), f) y g) del artículo 107.3 corresponden al Ayuntamiento de Barcelona.
Artículo 109.
El Consorcio de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Barcelona, en el ámbito de las respectivas competencias, deben promover la cooperación de las entidades y colectivos sociales y la acción privada ciudadana para la realización de actividades de servicios sociales.
El Consorcio de Servicios Sociales debe emitir informe en lo que se refiere a las solicitudes relativas al otorgamiento de subvenciones y convenios formulados por la Generalidad de Cataluña o el Ayuntamiento de Barcelona con el Estado u otras entidades públicas o privadas que afecten el municipio de Barcelona.
Artículo 110.
El Consorcio de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Barcelona, en el ámbito de las respectivas competencias, ejercen la potestad sancionadora en lo que se refiere a las infracciones administrativas legalmente establecidas en relación con los servicios sociales que se prestan en el municipio de Barcelona, salvo las infracciones calificadas de muy graves. En lo que se refiere a estas últimas infracciones, el Consorcio y el Ayuntamiento son competentes para tramitar el procedimiento sancionador y elevar a la Administración de la Generalidad las correspondientes propuestas de sanción.
CAPÍTULO XI
Juventud
Artículo 111.
El Ayuntamiento de Barcelona debe promover todas las acciones y servicios que faciliten la inserción profesional de los jóvenes, así como la participación de dicho sector en la vida ciudadana, y debe prestar especial atención al desarrollo de fórmulas de voluntariado y mantenimiento de la red asociativa juvenil.
El Ayuntamiento de Barcelona ejerce, por delegación o en régimen de cooperación con la Generalidad de Cataluña, la gestión de todos los equipamientos públicos destinados a la infancia y juventud, en el campo de la prevención, promoción y ocio, situados en su término municipal.
En base al principio de reciprocidad, el Ayuntamiento de Barcelona participa en los órganos competentes para la planificación de la política de juventud y debe ser informado de las solicitudes relativas al otorgamiento de subvenciones de entidades juveniles e infantiles que actúen en el municipio.
CAPÍTULO XII
Mujer
Artículo 112.
El Ayuntamiento de Barcelona debe promover todas las acciones y servicios que faciliten la integración y participación de la mujer en la sociedad y eviten la discriminación por razón de sexo.
El Ayuntamiento de Barcelona ejerce, por delegación o en régimen de cooperación con la Generalidad de Cataluña, la gestión de todos los equipamientos públicos destinados a la mujer, situados en su término municipal.
El Ayuntamiento de Barcelona participa en los órganos competentes para la planificación de la política de la mujer y debe ser informado de las solicitudes relativas al otorgamiento de subvenciones de entidades de promoción de la mujer que actúen en el municipio.
CAPÍTULO XIII
Cultura
Artículo 113.
El Ayuntamiento debe proporcionar ofertas culturales de interés para los ciudadanos, debe poner especial énfasis en la promoción de iniciativas culturales en los distritos y barrios y debe estimular los proyectos internacionalmente competitivos. Barcelona debe promover espacios de relación y colaboración con las principales ciudades del mismo dominio lingüístico, con la finalidad de potenciar y desarrollar las industrias de la cultura.
La actividad del Ayuntamiento en el sentido al que se refiere el apartado 1 se dirige a:
a) Apoyar la iniciativa ciudadana y cívica.
b) Crear, gestionar y mantener el patrimonio artístico, científico, tecnológico, natural y documental.
c) Difundir la cultura por los distritos y barrios.
d) Impulsar las actividades de sectores culturales sin ánimo de lucro y potenciar su diálogo interdisciplinario.
e) Incentivar la presencia en la ciudad de industrias culturales y de los equipamientos de uso cultural.
f) Informar de todas las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad.
g) Participar en el impulso a las grandes infraestructuras de titularidad del Estado, de la Generalidad o concurrente, radicadas en el municipio.
Artículo 114.
Se consideran áreas de actuación en materia de cultura las siguientes:
a) La creación y gestión de los museos de titularidad municipal.
b) La creación y gestión de bibliotecas y archivos municipales.
c) La creación y gestión de teatros, auditorios musicales y cualquier otro tipo de equipamiento cultural municipal.
d) La conservación y custodia de los bienes integrantes del patrimonio histórico, artístico, científico, tecnológico y natural, comprendidos en el término municipal de Barcelona.
e) La adopción de las medidas oportunas para evitar el deterioro, pérdida o destrucción de los bienes culturales.
Artículo 115.
El Consejo del Patrimonio Cultural de Barcelona es un órgano de coordinación, integrado paritariamente por representantes de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.
Son funciones del Consejo:
a) Coordinar el ejercicio de las competencias de las respectivas Administraciones en materia de bibliotecas, archivos, museos, arqueología y patrimonio arquitectónico.
b) Estudiar y acordar, si procede, la posible gestión conjunta de equipamientos culturales de relieve nacional.
Artículo 116.
Corresponde al Consejo del Patrimonio Cultural de Barcelona la aprobación de planes especiales del subsuelo cuyo objeto sea la determinación de zonas arqueológicas y la regulación de su uso. En estos planes debe determinarse si es suficiente con un plano de la zona arqueológica, situar los objetos de valor arqueológico para que sean depositados en un museo u otro lugar de almacenamiento o investigación o, si procede, que se resitúen en su lugar original. Para la aprobación de estos planes debe seguirse el procedimiento establecido para los planes especiales.
Artículo 117.
En el caso del patrimonio histórico, artístico, científico, tecnológico y natural, en la declaración de bienes culturales y otras calificaciones análogas cuya titularidad corresponde a otras Administraciones públicas, corresponde al Ayuntamiento de Barcelona informar, preceptivamente, de la inclusión o desafectación de un bien en el citado patrimonio, así como ejercer la iniciativa para la incoación de los correspondientes expedientes.
Artículo 118.
En relación con los museos cuya titularidad corresponda a otras Administraciones públicas que no tengan la naturaleza de grandes infraestructuras culturales, corresponde al Ayuntamiento de Barcelona:
a) Participar en el ente u órgano colegiado de la Generalidad de Cataluña competente para planificar, crear o asesorar los museos situados en el municipio de Barcelona.
b) Estar representado en los órganos de gobierno de los museos nacionales de Cataluña y de los demás museos públicos que existen en el término municipal de Barcelona.
c) Informar preceptivamente sobre la creación de nuevos museos en el término municipal de Barcelona.
Artículo 119.
Para conservar y fomentar el patrimonio cultural en el término municipal de Barcelona, en el presupuesto de toda obra pública que lleve a cabo la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona o cualquier otra Administración territorial de Cataluña debe incluirse una partida equivalente al 1 por 100 de dicho presupuesto con la finalidad de financiar los trabajos de enriquecimiento o conservación del citado patrimonio.
CAPÍTULO XIV
Deportes
Artículo 120.
El Ayuntamiento debe promover y facilitar el acceso al deporte y su práctica individual y colectiva, como factor fundamental del desarrollo integral de la persona.
Las competencias municipales propias son:
a) La elaboración y aprobación de planes especiales de instalación y equipamientos deportivos.
b) La construcción de instalaciones y equipamientos deportivos y la gestión, si no existe convenio, de los que tengan carácter público en el ámbito territorial del municipio de Barcelona.
Corresponde también al Ayuntamiento de Barcelona:
a) Promover, por sí mismo o en cooperación con otras administraciones o entidades, programas, actividades y competiciones deportivas.
b) Suministrar los elementos necesarios para establecer las determinaciones del Plan director de instalaciones y equipamientos deportivos de Cataluña.
c) Participar en la elaboración y ejecución de los programas de la Generalidad que tienen por objeto financiar la construcción, ampliación o mejora de las instalaciones y equipamientos deportivos públicos de la ciudad.
En el marco de los principios generales que inspiran las relaciones interadministrativas, el Ayuntamiento de Barcelona y demás Administraciones públicas competentes en materia de deporte deben informarse recíprocamente sobre las subvenciones otorgadas a entidades situadas en la ciudad de Barcelona para actividades o actuaciones inversoras deportivas.
Artículo 121.
Las instalaciones deportivas de las escuelas públicas y concertadas deben proyectarse y construirse de forma que se facilite su utilización polivalente y puedan ponerse a disposición de la comunidad y de las asociaciones deportivas, respetando el desarrollo normal de las actividades docentes propias del centro escolar, que tienen carácter prioritario. En cualquier caso, la gestión de las instalaciones deportivas escolares públicas corresponde a la Administración municipal que debe ejercerla:
a) Directamente, cuando la gestión del centro escolar esté encomendada al Ayuntamiento de Barcelona.
b) En otros casos, asegurando un determinado horario de apertura y utilización para el público, mediante la aprobación de las propuestas que le sometan los centros, la vigilancia de su contenido y, si procede, prestando la colaboración que se estime pertinente, económica, técnica o de personal, para la efectividad de la utilización municipal.
Artículo 122.
En el contenido económico de los conciertos entre la administración educativa y las entidades privadas debe valorarse la aceptación de lo establecido en el artículo 121.
CAPÍTULO XV
Educación
Artículo 123.
Se consideran áreas de actuación en materia de educación a efectos de la presente Carta las siguientes:
a) La programación y distribución territorial de los centros docentes comprendidos en las leyes de ordenación educativa vigentes, salvo los universitarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.
b) La creación, en el marco de la planificación general, la construcción y las obras de reforma, ampliación y mejora de los centros docentes públicos, salvo los universitarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.
c) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros docentes públicos de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, Educación Primaria, Educación Infantil, Educación de Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Adultos.
d) La gestión de todos los centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria.
e) La gestión de los programas de garantía social, la formación profesional específica, los centros de régimen especial y la educación de personas adultas.
f) La educación complementaria y extraescolar.
g) La creación, en el marco de la planificación general, y gestión de centros pedagógicos y recursos, servicios de apoyo, asesoramiento e investigación psicopedagógica y formación del personal docente.
h) La ejecución de los programas de educación compensatoria.
i) La vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
j) La reglamentación y gestión del transporte, comedor y otros servicios escolares.
k) La aplicación en Barcelona de la normativa de matriculación de alumnos y cualquier otra análoga que precise una adaptación específica.
Artículo 124.
La competencia sobre las actividades y servicios relacionados en el artículo 123 corresponde al Consorcio creado por el artículo 61.7, salvo las contenidas en el apartado c) del artículo 123, que deben ejercerse en función de la administración a la que corresponda la titularidad patrimonial del centro, sin perjuicio de los acuerdos que puedan establecerse en el futuro.
Corresponden también al Consorcio, en el marco de la legislación aplicable, las siguientes funciones:
a) Instar a la actuación de la inspección técnica educativa, informando preceptivamente en todos los expedientes instruidos en el ámbito del municipio de Barcelona.
b) Emitir informe preceptivo de las solicitudes relativas al establecimiento de centros concertados en la ciudad de Barcelona.
En los órganos de gobierno del Consorcio, la Generalidad de Cataluña debe tener las tres quintas partes de representantes o votos y el Ayuntamiento de Barcelona, las dos quintas partes restantes.
Artículo 125.
El Ayuntamiento de Barcelona debe tener un representante en los consejos sociales de las universidades que tienen su sede social dentro de su término municipal y en el consejo social de la Universidad Autónoma de Barcelona, sin perjuicio de la representación que corresponde a las Corporaciones locales de acuerdo con la legislación sectorial que sea aplicable.
Artículo 126.
En todos los centros docentes a que se refiere este capítulo y dentro del marco de la ordenación curricular, debe prestarse especial atención a la enseñanza de contenidos referidos a los derechos humanos reconocidos y protegidos en normas internacionales y en la Constitución, así como a la organización y actividad de las organizaciones internacionales cuyo principal objetivo sea el fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad.
Artículo 127.
El Consejo Escolar Municipal de Barcelona está presidido por el Alcalde o Alcaldesa de la ciudad y, en lo que se refiere al funcionamiento y competencias, se rige por lo que el ordenamiento aplicable establece en relación con los consejos escolares territoriales. Con la misma finalidad, el régimen de los consejos escolares de distrito es el que el citado ordenamiento establece para los consejos escolares municipales.
CAPÍTULO XVI
Seguridad ciudadana
Artículo 128.
Corresponde al Ayuntamiento de Barcelona:
a) Colaborar en la función de policía de seguridad ciudadana, de acuerdo con lo que establece la Junta Local de Seguridad.
b) Sancionar en las ordenanzas municipales los actos contrarios al orden y la seguridad ciudadana en el ámbito de las relaciones de vecindad, respetando los derechos y libertades fundamentales.
c) Ejercer las atribuciones que en materia de espectáculos establece la legislación sectorial vigente.
Estas competencias y funciones municipales en materia de seguridad son desarrolladas por la Guardia Urbana de Barcelona, sin perjuicio de las que correspondan a otras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Artículo 129.
El Ayuntamiento de Barcelona regula, mediante ordenanza municipal, las conductas constitutivas de infracción administrativa grave siguientes:
a) Producir desórdenes y daños graves a personas y bienes de dominio público, espacios o establecimientos públicos, si no constituyen delito.
b) Practicar, en la vía pública, toda clase de juegos de azar no autorizados, con finalidad lucrativa o mediante apuesta.
c) Poseer animales que pueden causar alarma, molestias y daños a las personas, sin haber obtenido las correspondientes autorizaciones, de acuerdo con los requisitos que se establezcan por Reglamento, y sin dar cumplimiento a las condiciones de seguridad e higiene exigibles. El abandono de animales debe sancionarse de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1988, de 20 de abril, de protección de los animales.
d) Realizar actos y producir alborotos como consecuencia de conductas incívicas, vandálicas o debidas a embriaguez en la vía pública, o en instalaciones y bienes de dominio público, siempre y cuando no constituyan delito. Cuando estos actos se produzcan en el exterior de locales de concurrencia pública, la ordenanza debe regular la responsabilidad de los propietarios de los establecimientos.
e) Tener comportamientos incívicos, de contenidos xenófobos, racistas y sexistas.
f) Hacer comercio ambulante, limpieza de cristales y otras actividades en la vía pública sin permiso.
g) Vender productos alcohólicos y tabaco a menores.
Artículo 130.
El Ayuntamiento debe tener conocimiento de las solicitudes y propuestas de manifestaciones públicas que se presenten ante la Administración competente y debe emitir informe preceptivo sobre el recorrido propuesto, si así lo establece la correspondiente normativa.
El Ayuntamiento puede retirar los objetos depositados en la vía pública por las compañías y empresas de servicio público, si éstos pueden ser utilizados para provocar desórdenes en actos o manifestaciones públicas. Puede dirigirse la correspondiente exigencia de responsabilidad contra las compañías que, habiendo sido requeridas, no hayan adoptado las pertinentes disposiciones para evitar el uso inadecuado de sus materiales.
Artículo 131.
Corresponden a la Junta Local de Seguridad de Barcelona las siguientes funciones:
a) Elaborar las políticas y planes de seguridad ciudadana y de prevención del delito, dentro del ámbito municipal.
b) Elaborar los programas de coordinación, colaboración y cooperación de las fuerzas y cuerpos de seguridad que operen en la ciudad, adoptar las pertinentes decisiones en esta materia, hacer su seguimiento y ejecutarlas.
c) Intercambiar información entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad para un mejor cumplimiento de las respectivas funciones.
El Alcalde o Alcaldesa, en calidad de Presidente de la Junta Local de Seguridad, tiene la capacidad ejecutiva necesaria para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta por sus miembros.
Artículo 132.
El Alcalde o Alcaldesa de Barcelona tiene la condición de autoridad competente en materia de seguridad, cuando actúe en ejercicio de las competencias atribuidas al municipio en esta materia.
El Alcalde o Alcaldesa puede imponer, dentro del ámbito de las competencias municipales en materia de seguridad, las sanciones establecidas por la Ley.
Artículo 133.
La Guardia Urbana de Barcelona actúa como policía de autoridad, policía de seguridad y asistencial y policía judicial, en los términos de la presente Carta y de las leyes orgánicas y procesales aplicables.
Artículo 134.
La Guardia Urbana de Barcelona, como policía de autoridad, vela, a partir de las instrucciones generales y las órdenes emanadas de las autoridades municipales, especialmente del Alcalde o Alcaldesa, por el cumplimiento de las ordenanzas, bandos y otras disposiciones municipales.
Artículo 135.
La Guardia Urbana de Barcelona ejerce las siguientes funciones:
a) Proteger a las autoridades del Ayuntamiento, así como los edificios e instalaciones municipales.
b) Ordenar y dirigir la movilidad y uso de la vía pública en el término municipal, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del término municipal.
d) Prestar auxilio en los supuestos de accidente, catástrofe o calamidad pública, y participar, en la forma establecida en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.
e) Efectuar diligencias de prevención y las actuaciones que tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en la Junta Local de Seguridad.
f) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Generalidad en la protección de manifestaciones y el mantenimiento del orden cuando sea requerida.
g) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando se le pida.
h) Captar, recibir y analizar todos los datos que tengan interés para el orden y seguridad en los espacios públicos y estudiar, programar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia que atente contra dicha seguridad.
CAPÍTULO XVII
Protección civil
Artículo 136.
El objeto principal de la protección civil municipal es garantizar la protección física de las personas y bienes en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria en que la seguridad y la vida de las personas puedan peligrar o sucumbir masivamente.
El objeto complementario de la protección civil municipal es minimizar los efectos derivados de los riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos que puedan afectar al conjunto de la población, los servicios básicos y el funcionamiento normal de la ciudad y su entorno metropolitano.
Artículo 137.
Al Ayuntamiento de Barcelona le corresponde, dentro del marco de sus competencias, elaborar, aprobar e implantar sus planes de protección civil, ya sean planes territoriales, especiales o específicos, con excepción de los de riesgo bélico o de central nuclear de potencia, y para todos los riesgos que disponen o deben disponer de directriz básica aprobada por el Estado. Los planes municipales deben ser homologados por la Comisión de Protección Civil de la Generalidad de Cataluña.
La competencia en materia de protección civil del Ayuntamiento de Barcelona se extiende a todo su territorio y corresponde al Alcalde o Alcaldesa o la persona en quien delegue.
El Alcalde o Alcaldesa de Barcelona forma parte del Comité de Dirección en los planes especiales de la Generalidad y los técnicos municipales especialistas forman parte del Comité Asesor de dichos planes.
Artículo 138.
La planificación y control de la protección civil son ejercidos por la Comisión de Protección Civil Municipal.
La actuación en materia de protección civil se estructura de acuerdo con el reparto de funciones de la organización municipal.
Artículo 139.
La tipología y alcance de los planes de emergencia de competencia municipal son:
a) Planes de autoprotección: Conjunto sistemático de actuaciones que el titular de un riesgo determinado debe realizar para garantizar su propia seguridad y entorno desde la prevención y la coordinación operativa en las situaciones de emergencia.
b) Planes de emergencia interior: Establece el conjunto sistemático de actuaciones que el titular de un riesgo tecnológico debe realizar para su propia seguridad y la de su entorno en caso de emergencia.
c) Planes de acción: Establece el conjunto sistemático de actuaciones que los servicios municipales deben hacer en caso de emergencias que sean cubiertas por el mismo servicio.
d) Planes específicos: Establece el conjunto sistemático de actuaciones que varios servicios municipales y otros externos deben realizar coordinadamente en situaciones de riesgos específicos.
e) Plan básico: Establece el conjunto sistemático de actuaciones que todos los servicios municipales y otras administraciones deben realizar coordinadamente en todas las situaciones de emergencia en la ciudad.
Artículo 140.
El Ayuntamiento de Barcelona debe potenciar la participación de todos los ciudadanos en la reducción de los riesgos que la propia sociedad genera y en las tareas preventivas de emergencias, para aumentar la corresponsabilidad social.
El Ayuntamiento de Barcelona debe impulsar el desarrollo de programas de cultura de la autoprotección en la población y en las actividades económicas y sociales.
La autoridad de protección civil municipal, de acuerdo con el principio de legalidad constitucional, puede movilizar los bienes y derechos de personas y entes jurídicos que considere imprescindibles para atender las situaciones de emergencia.
TÍTULO VII
Procedimiento arbitral en materia de consumo
Artículo 141.
La Junta Arbitral de Consumo de Barcelona tiene la finalidad de administrar el sistema arbitral de consumo en el ámbito territorial del municipio de Barcelona.
La Junta Arbitral de Consumo es un órgano especializado de la organización municipal ejecutiva que debe someter su actuación a las leyes reguladoras de la defensa de los consumidores y usuarios, del arbitraje, así como a las disposiciones que apruebe el Consejo Municipal.
La Junta Arbitral cumple sus funciones con independencia y objetividad, mediante el impulso, investigación y resolución de oficio de todas las reclamaciones que le sean sometidas.
TÍTULO VIII
Consejo Económico y Social de Barcelona
Se añade por el art. único de la Ley 7/2010, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2010-8324.
Artículo 142.
El Consejo Económico y Social de Barcelona es un órgano consultivo del Ayuntamiento, de carácter general y de participación de los agentes sociales y económicos más representativos de la ciudad de Barcelona. La composición, la estructura, las funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo Económico y Social son los establecidos por los correspondientes estatutos, aprobados por el Plenario del Consejo Municipal, y por el reglamento del propio Consejo Económico y Social, que concreta los aspectos internos de su organización y actuación.
El Consejo Económico y Social de Barcelona, en ejercicio de sus funciones, elabora estudios, dictámenes y propuestas sobre materias económicas y sociales, a solicitud de los órganos de gobierno municipal o por iniciativa propia. En todo caso, le corresponde emitir informes sobre el presupuesto municipal, el plan general de acción municipal, el programa de actuación y las ordenanzas fiscales. También emite informes sobre los proyectos locales de planificación de la formación profesional, las políticas activas de empleo, las grandes actuaciones y los proyectos de transformación de la ciudad, los convenios y acuerdos con otras instituciones sobre promoción social, económica y territorial, y la creación de mecanismos especiales para su gestión.
El Consejo Económico y Social de Barcelona debe actuar con independencia y con plena autonomía funcional. El Ayuntamiento de Barcelona debe poner a su disposición los recursos humanos, materiales y económicos adecuados para su funcionamiento, sin perjuicio de la capacidad del Consejo para recibir recursos de otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
Se añade por el art. único de la Ley 7/2010, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2010-8324.
TÍTULO IX
Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Se añade por el art. 11 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Artículo 143.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona es la institución municipal que tiene la función de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos de Barcelona y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.2, también de todas aquellas personas que se encuentren en la ciudad sin ser residentes de la misma, en especial en lo que se refiere a los derechos y libertades amparados por la Carta europea de salvaguardia de los derechos humanos en la ciudad. A tal fin puede supervisar las actividades de la administración municipal.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona debe presentar anualmente al Plenario del Consejo Municipal un informe sobre su actuación.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ejerce sus funciones con independencia, objetividad e imparcialidad. No puede recibir instrucciones de ningún órgano, autoridad o cargos municipales.
La persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona es elegida por el Plenario del Consejo Municipal, a propuesta del alcalde o alcaldesa, mediante acuerdo adoptado por una mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes, que representen la mayoría absoluta, al menos, del número legal de miembros de la corporación. El cargo recibe la denominación de ''síndic de greuges de Barcelona o síndica de greuges de Barcelona''.
Deben regularse por reglamento el procedimiento para el nombramiento, la duración del mandato, el régimen de incompatibilidades y las causas de cese de la persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, así como el régimen jurídico aplicable a la organización y el funcionamiento de la institución.
Se añade por el art. 11 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Disposición adicional única.
Para la revisión de la presente Carta municipal, debe aplicarse el mismo sistema establecido en la disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
Disposición adicional primera.
La ''Gaseta Municipal de Barcelona'' es el diario oficial del Ayuntamiento de Barcelona y tiene carácter de documento público y auténtico y plena validez jurídica. Se publica en la sede electrónica municipal y contiene cuantas disposiciones, actos, informaciones y anuncios deban ser objeto de publicación oficial por parte del Ayuntamiento de Barcelona. En los casos determinados por la legislación vigente, dicha publicación constituye el único medio de publicidad oficial.
Se añade por el art. 12.1 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Disposición adicional segunda.
Para la revisión de la presente Carta municipal, debe aplicarse el mismo sistema establecido en la disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
Se numera por el art. 12.2 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Anteriormente era la disposición adicional única.
Disposición adicional tercera.
Los procesos de licitación y de adjudicación de los contratos relativos a la obra pública del Ayuntamiento de Barcelona, incluidos los contratos para la redacción de proyectos y estudios y las asistencias vinculadas, así como el seguimiento y supervisión integral de la ejecución de los contratos, pueden gestionarse de forma descentralizada mediante sociedades mercantiles municipales con capital íntegro del Ayuntamiento de Barcelona o cualquiera de las demás entidades a las que hace referencia el artículo 45.1.c, de acuerdo con sus estatutos.
El Ayuntamiento de Barcelona, para el desarrollo de la cooperación mediante convenios, puede utilizar cualquiera de las entidades a las que hace referencia el artículo 45.1.c.
Se añade por el art. único.6 de la Ley 3/2025, de 18 de marzo. Ref. BOE-A-2025-6381
Disposición transitoria primera.
Las disposiciones de la presente Carta que suponen una especial adaptación para el Ayuntamiento de Barcelona del régimen general de organización y funcionamiento municipal entrarán en vigor y serán aplicables, cuando proceda, de acuerdo con lo que determine la Ley de Bases de Régimen Local.
Disposición transitoria segunda.
Mientras el Ayuntamiento de Barcelona no apruebe el despliegue reglamentario establecido en el artículo 6, es aplicable el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, aprobado por el Decreto 179/1995, o la disposición que lo sustituya, que, en cualquier caso, es aplicable en los aspectos no regulados en las disposiciones municipales.
Disposición transitoria tercera.
En el supuesto de que la legislación electoral regule la elección directa de la persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la propuesta que el alcalde o alcaldesa debe formular al Plenario del Consejo Municipal en virtud del artículo 143.4 debe recaer necesariamente en la persona que haya sido elegida según los resultados del correspondiente escrutinio.
Se añade por el art. 13 de la Ley 18/2014, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-469.
Disposición final única.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6 y 30.3 de la presente Carta, se autoriza al Gobierno de la Generalidad para que dicte las disposiciones necesarias para desplegar por Reglamento la presente Ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 30 de diciembre de 1998.