Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.
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I
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 30 de noviembre de 2006, aprobó la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, dictada al amparo del artículo 149.1. 2.ª de la Constitución Española de 1978 que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de emigración.
De esta manera, se promulgó la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» del día 15 y entró en vigor al día siguiente.
El Estatuto pretende dar respuesta a las reiteradas demandas realizadas desde los distintos sectores de la emigración, del exilio y del retorno y constituye el marco básico para establecer una política integral de emigración y de retorno dirigida a salvaguardar los derechos económicos y sociales de la ciudadanía española residente en el exterior las personas emigrantes, exiliadas y personas descendientes de ambos, y para facilitar la integración social y laboral de los retornados. Además, establece el deber de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como la coordinación de sus actuaciones, en colaboración con la administración local, con los agentes sociales y con las organizaciones y asociaciones de emigrantes, las personas exiliadas y personas residentes en el exterior y retornadas.
Con ese objetivo, y en cumplimiento de la voluntad expresada en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, destinada a fortalecer la asistencia y la protección a quienes viven en el extranjero y de proyección de España en el exterior, así como a proteger a las personas que deseen retornar, este reglamento contiene un conjunto de acciones y medidas destinadas a mejorar, por un lado, el bienestar económico y social de la colectividad española residente en el exterior o retornada, dedicando especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad económica o social y a las víctimas españolas de violencia contra las mujeres, y, por otro, la participación ciudadana a través de los órganos creados al efecto, los Consejos de Residentes Españoles y el Consejo General de la Ciudadanía española en el Exterior, y de la red social tejida a lo largo del tiempo por la comunidad emigrada y retornada mediante el decidido apoyo a los centros y asociaciones que canalizan la participación activa e integración de estos colectivos.
Législation · Reproduction exacteReal Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 30 de noviembre de 2006, aprobó la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, dictada al amparo del artículo 149.1. 2.ª de la Constitución Española de 1978 que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de emigración.
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Esta misma atención se extiende a los miles de personas españolas no nacidas en España que residen por todo el mundo, actoras imprescindibles, como dice el Estatuto, en la construcción del futuro de nuestro país y a los y las familiares de las personas de nacionalidad española retornadas que no tienen nacionalidad española.
II
La propia Ley 40/2006, de 14 de diciembre prevé el posterior desarrollo reglamentario de su contenido de forma explícita en varios de sus preceptos: el artículo 2 en relación con la extensión de su ámbito de aplicación a las familias de las personas españolas en el exterior y la forma de acreditar la condición de ciudadano español retornado o ciudadana española retornada cónyuge; el artículo 5 en lo relativo a la asistencia jurídica de la población española en el exterior; el artículo 10 sobre la organización y funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior; el artículo 12 en lo relativo a la organización y funcionamiento de los Consejos de Residentes Españoles en el exterior; el artículo 14 en cuanto a la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en los órganos de participación de la emigración; el artículo 15 en cuanto al establecimiento del Censo de Asociaciones y Centros Españoles en el exterior; el artículo 17 acerca del desarrollo del derecho de protección de la salud de las personas de nacionalidad española en el exterior; y, en fin, el artículo 19 en cuanto al desarrollo de la prestación por razón de necesidad.
Por otra parte, la disposición final tercera de esa ley autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de competencias del Estado, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para su aplicación y desarrollo.
En consecuencia, desde su aprobación hasta el momento actual, el marco jurídico básico establecido por la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, ha encontrado desarrollo en una serie de normas de diverso rango:
El Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, regula la prestación por razón de necesidad a favor de las personas de nacionalidad española residentes en el exterior y retornados, con un modelo de protección social que engloba la prestación por ancianidad, la prestación por incapacidad y la asistencia sanitaria.
El Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, órgano colegiado de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones en virtud del artículo 5. 3.a) del Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Real Decreto 1493/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados.
El Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre, por el que se regulan los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero.
La Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y retornados.
La Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para 2013 la concesión de subvenciones destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones.
Con anterioridad al Estatuto había sido aprobada la Orden TAS/561/2006, de 24 febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas asistenciales correspondientes a los programas de actuación en favor de las personas emigrantes españolas no residentes en España, así como en los de común aplicación a los distintos programas en ella regulados.
El artículo 8 de esta orden fue modificado por la disposición final primera de Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados, indicando que «se tomarán en especial consideración a efectos del otorgamiento de la ayuda aquellos casos en las que se presente una situación de dependencia o se acredite ser víctima de violencia de género». Esta Orden TAS/874/2007 modificó, asimismo, la redacción del artículo 16 de aquélla, relativo a los órganos competentes para la instrucción y resolución de los procedimientos.
En cuanto a la política de retorno, a la que la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, dedica todo su título II, no ha conocido desarrollo reglamentario alguno, si bien es de resaltar la relevancia del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019 por el que se aprueba el Plan de Retorno a España. Sin embargo, dada la importancia que la ley otorga a esta política, que surge de un mandato del artículo 42 de la Constitución Española, se hace precisa, además, una regulación específica de esta política.
Asimismo, debe tomarse en consideración la incidencia normativa derivada de la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, así como de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en la medida en que ambas disposiciones conforman un marco de referencia relevante para la protección y el reconocimiento de derechos de determinados colectivos de ciudadanía española en el exterior.
Debe destacarse igualmente la relevancia de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, respecto de la ciudadanía española residente en el exterior, por cuanto incorpora, entre los principios rectores de la acción exterior del Estado, la asistencia y protección de las personas españolas en el extranjero, así como el apoyo a la ciudadanía y a las empresas españolas en el exterior. Asimismo, dicha ley sirve de fundamento normativo a las disposiciones reguladoras de ayudas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Por último, es necesario hacer mención al Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo artículo 7.3 habilita al Gobierno para establecer, en el marco de los sistemas de protección social pública, medidas de protección social en favor de las personas españolas no residentes en España, atendiendo a las características de los países de residencia.
Este entramado normativo, de tan dispar antigüedad y contenido, es el que este real decreto se propone, al menos parcialmente, actualizar, modificar o derogar, a fin de dotar a la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, de un desarrollo reglamentario acorde con la realidad social, económica, demográfica, laboral y sanitaria del momento actual y adaptado a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, atendiendo, especialmente, a la adopción de medidas dirigidas a la protección de las mujeres frente a todo tipo de violencia, así como a la protección de las personas que se encuentren en situación de exclusión social.
III
España ratificó en 2014 el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, reforzándose su posición internacional en la protección de los derechos de las mujeres. Asimismo, se ha avanzado, no solo en la protección de la violencia en el ámbito afectivo, sino también en otras formas de agresión que pueden no implicar relación previa entre la víctima y el agresor.
En este sentido se debe prestar una especial atención a las mujeres españolas que residen fuera del país y son víctimas de cualquier tipo de violencia, al igual que sus personas descendientes, por tratarse de un grupo especialmente vulnerable, tanto por su desconocimiento del entorno local como por las posibles barreras idiomáticas y la carencia de una red social o familiar. Estas circunstancias incrementan las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres en el exterior.
En atención a esta realidad, el reglamento incorpora diversas medidas orientadas a contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres, entendida, en este reglamento, como todo acto de violencia contemplado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como todo acto de violencia sexual definido en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
IV
Además de esta necesidad de actualización normativa, resulta indispensable atender a la realidad de la emigración española más reciente, duplicada cuantitativamente en el plazo de diecisiete años. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2009 existía una población española en el extranjero de 1.471.691 personas (751.205 mujeres y 720.486 hombres). En el año 2026 la población española residente en el extranjero asciende a 3.202.002 personas (1.615.373 mujeres y 1.586.629 hombres). Además de por su importancia cuantitativa, esta población se caracteriza, también, por unos nuevos rasgos que la diferencian en algunos aspectos de la diáspora de épocas anteriores.
En el momento actual nos encontramos ante un esquema emigratorio en el que conviven modelos diferentes: la emigración española tradicional a Europa de los años 60 y 70; la de las personas descendientes de la emigración española a Iberoamérica principalmente de la primera mitad del siglo XX y la salida de estudiantes, personas trabajadoras y profesionales provocada por la crisis económica de los años 2008 en adelante. Se trata de supuestos migratorios diferentes que requieren medidas diferentes y, para las cuales, el actual marco normativo requiere adaptación.
Por otra parte, las normas de aplicación de esta ley en vigor, especialmente en el ámbito prestacional, no pueden ser ajenas a los importantes cambios administrativos que se han producido en los últimos años, como la transferencia de la gestión de las pensiones no contributivas a las administraciones de las comunidades autónomas o, más recientemente, la aprobación del ingreso mínimo vital. Tampoco la actividad objeto de subvención puede ser ajena a las actuaciones autonómicas de fomento de las actividades de las colectividades de la ciudadanía española en el exterior. Finalmente, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de las normas que regulan las prestaciones hace necesaria la adaptación del lenguaje para palabras que cada vez se utilizan menos, o que incluso han caído en desuso, como el término «ancianidad», debido a una evolución en la percepción social de la vejez, buscando un lenguaje más respetuoso, preciso e inclusivo.
Asimismo, hay que tener en cuenta las propias necesidades detectadas por las principales unidades responsables de gestionar los diferentes programas, después de más de una década de experiencia desde la aprobación de las normas de desarrollo citadas anteriormente. Las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han constatado la existencia de diversas situaciones de vulnerabilidad entre el colectivo de personas de nacionalidad española residentes en el exterior y han puesto de manifiesto en sus informes la utilidad de mantener, tanto las prestaciones económicas como el programa de ayudas asistenciales extraordinarias, para erradicar, o al menos paliar, la delicada situación que atraviesan muchas personas de nacionalidad española residentes en el extranjero. La Subdirección General de la Ciudadanía española en el Exterior y Políticas de Retorno también ha actualizado sus procedimientos de gestión en el ámbito de las prestaciones para personas retornadas.
En conclusión, se requiere un reglamento de desarrollo, que trate de manera integral la materia, superando la dispersión normativa y, además, adaptado a la realidad actual de la emigración española y a las características actuales del ámbito prestacional de las Administraciones públicas.
Los objetivos que persigue este real decreto se pueden concretar de esta forma:
En primer lugar, desarrollar reglamentariamente la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, con el fin de concretar y clarificar las disposiciones generales que establece la ley mediante la simplificación de su aplicación práctica. Además, dota de seguridad jurídica a la ciudadanía exterior, ya que reduce la incertidumbre interpretativa y adapta la ley a las necesidades reales de los distintos colectivos afectados, así se garantiza una protección efectiva, se mejora la gestión administrativa y se favorece una respuesta ágil ante las nuevas situaciones que puedan surgir.
En segundo lugar, adaptar la normativa existente a los cambios producidos en la emigración española durante las últimas décadas y a las características de los diferentes colectivos de la ciudadanía española residente en el exterior, así como la adaptación a un lenguaje que refleje mejor los valores que inspiran la protección de este colectivo. En este sentido, la actual «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior», pasa a denominarse «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años».
Dado que la emigración española ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años, este objetivo busca revisar y modificar la normativa para reflejar la diversidad actual de las personas españolas en el exterior. Esto incluye considerar la situación de jóvenes emigrantes, personas mayores, familias, y otros perfiles, así como atender de manera prioritaria a las personas españolas que han sufrido violencia contra las mujeres. El fin es garantizar una protección efectiva y adaptada a las distintas necesidades de estos colectivos.
En tercer lugar, reunir en una sola norma el contenido de la mayor parte de las disposiciones ahora vigentes que afectan a la ciudadanía española en el exterior, con el fin de colmar posibles lagunas normativas. Con ello se pretende simplificar y unificar la legislación dispersa que regula los derechos y servicios dirigidos a las personas españolas residentes fuera de España. Al consolidar todas las disposiciones en un texto único, se evitan contradicciones y vacíos legales, facilitando la consulta y aplicación de la normativa tanto por parte de la ciudadanía como de las Administraciones públicas. Esto contribuye a una mayor coherencia y eficacia en la protección de la ciudadanía española en el exterior.
En cuarto lugar, actualizar la normativa reguladora de prestaciones y subvenciones en materia de ciudadanía exterior a los cambios producidos en las Administraciones públicas españolas. Se busca adaptar las ayudas, prestaciones y subvenciones para personas españolas en el exterior a los nuevos modelos de gestión pública y a las lecciones aprendidas a lo largo de varias décadas de gestión. De este modo, se garantiza una respuesta ágil, eficiente y adecuada a las necesidades de las personas beneficiarias, mejorando la cobertura social y la equidad.
Por último, se pretende dotar a la política de retorno prevista en el título II de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, de una regulación reglamentaria de la que carece actualmente. Concretamente, se trata de desarrollar una normativa específica que regule el retorno de las personas españolas residentes en el exterior, facilitando su reincorporación a la sociedad española, estableciendo medidas concretas que permitan, a quienes desean regresar, hacerlo en condiciones óptimas, asegurando la integración social, laboral y económica, y dando respuesta a las necesidades detectadas en estos procesos.
V
En cumplimiento del mandato constitucional reflejado en su artículo 42, que contempla la obligación de establecer una política orientada al retorno de las personas españolas, se impulsa la aprobación de los objetivos y las medidas de la política de retorno, con el objetivo de facilitar el regreso de las personas españolas a su lugar de origen tras un periodo de desplazamiento o migración.
Por otro lado, se prevé en la disposición final primera, la creación de una nueva ayuda económica para el retorno de personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica, que protegerá especialmente a las víctimas españolas de violencia contra las mujeres, teniendo por finalidad apoyar el propio hecho del retorno y facilitar la integración social y laboral de estas personas en nuestro país.
Estas ayudas tendrán naturaleza de subvención pública y al tener como finalidad remediar la situación de vulnerabilidad económica de las personas de nacionalidad española de origen a su regreso definitivo a España, que deben afrontar gastos urgentes, deberán tener la consideración de subvenciones de concesión directa y ser aprobadas por real decreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sobre la base de lo anterior, se considera necesario establecer normas especiales para regular el procedimiento de concesión de estas ayudas, que deben ser aprobadas por real decreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por el artículo 67.2 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Asimismo, se impulsa la aprobación de los objetivos y las medidas de la política de retorno, con el objetivo de facilitar el regreso de las personas españolas a su lugar de origen tras un periodo de desplazamiento o migración.
VI
Este real decreto se estructura en una parte expositiva, un artículo único por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
Por su parte, el reglamento que aprueba este real decreto consta de ciento cinco artículos, estructurados en cinco títulos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
El título preliminar del reglamento desarrolla a su vez el título preliminar de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre. En este título se define el objeto de la norma y el ámbito subjetivo, con una especial mención a la igualdad de género y a la protección a las víctimas españolas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior. Por otra parte, en este título se determinan los conceptos de retorno y de persona española retornada, así como su forma de acreditación, incorporando, como novedad, un nuevo certificado de persona española retornada que permitirá acceder a la ayuda para el retorno de personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica, a que se refiere la disposición final primera, así como al resto de políticas de retorno contempladas en el reglamento.
El título I regula los derechos de participación de las personas de nacionalidad española en el exterior y retornadas, desarrollando los artículos 9 a 14 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre. Concretamente, los órganos de participación son el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, regulado por el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero y, por otra parte, los Consejos de Residentes Españoles, cuyo funcionamiento es objeto del Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre.
El título II desarrolla el capítulo II de la Ley 40/2006, relativo a derechos sociales y prestaciones. Además, incorpora diversas normas dispersas que regulan diversas prestaciones, en un esfuerzo de sistemática jurídica. Concretamente son las prestaciones por razón de necesidad, realizándose un cambio de denominación en la actual «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior», que pasa a denominarse «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años» y la asistencia sanitaria.
Por otra parte, se enumeran las posibles líneas prioritarias de subvenciones para la ciudadanía española residente en el exterior y retornada, las cuales podrán ser objeto de futuras órdenes de bases. Además, se detallan el derecho a la información, los derechos sociales y los derechos relativos a la educación y a la cultura de las personas de nacionalidad española residentes en el exterior.
Finalmente, en este título se recogen también los elementos esenciales de las ayudas consulares para personas de nacionalidad española residentes en el exterior o que se encuentren en el extranjero, así como los programas de subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el ámbito de la protección de la ciudadanía española en el exterior.
El título III atiende por primera vez la política integral de retorno, prevista en el título II de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, que no ha sido nunca objeto de desarrollo general por un real decreto. Anteriormente sólo se han recogido, de manera específica, el desarrollo de la pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados del artículo 25 del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, y las ayudas reguladas en el Real Decreto 1493/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados.
En este sentido, la política de retorno encuentra fundamento expreso en el artículo 42 de la Constitución Española y adquiere una renovada centralidad a la vista de los procesos de salida de personas de nacionalidad española producidos, singularmente, a partir de la crisis económica de 2008. En consecuencia, resulta necesario dotar a esta materia de un tratamiento normativo sistemático e integral mediante una disposición reglamentaria.
El título IV se dedica a la coordinación de las Administraciones públicas y al impulso de la administración electrónica. Este título, en lo que se refiere a la coordinación de las Administraciones públicas, viene a desarrollar a su vez el título III de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, dedicado a las relaciones entre Administraciones públicas. Si bien en esa fecha las comunidades autónomas estaban plenamente asentadas, en el momento actual, además, las comunidades autónomas cuentan con sus propias políticas de ciudadanía exterior y retorno. Por tanto, la necesidad de colaboración y coordinación es mayor y afecta ya a muchos de los ámbitos de la gestión cotidiana, especialmente en el ámbito prestacional y de las subvenciones. El artículo 105 acoge la necesidad de que las Administraciones públicas impulsen de forma específica la administración electrónica para los trámites que deban realizar las personas de nacionalidad española residentes en el exterior, al ser los medios electrónicos especialmente importantes para ellas debido a las mayores distancias existentes para poder recibir una atención presencial en las oficinas de las Administraciones públicas en el exterior.
VII
La norma se adecúa a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En primer lugar, la norma responde al principio de necesidad y eficacia. Ya han transcurrido casi veinte años desde la aprobación de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, sin que haya contado con un reglamento de desarrollo. Tan sólo se han ido aprobando diversas normas de aplicación que cubren aspectos parciales de la ley y de manera bastante fragmentada y de una antigüedad similar a la propia ley. La actual normativa no está adaptada a los profundos cambios producidos en el perfil de la emigración española a causa de la crisis económica de 2008, especialmente la necesidad de desarrollar una política integral de retorno, que contemple de una manera clara la protección de personas en riesgo de exclusión social y de situaciones de violencia contra las mujeres. Finalmente, hay que tener en cuenta la evolución de las políticas asistenciales, con la aprobación, en el ámbito de la Administración General del Estado, de nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital.
En segundo lugar, la norma responde al principio de eficiencia.
No se establecen requisitos documentales adicionales a los ya previstos en la regulación actual y, además, la mayor parte de estos ya son susceptibles de comprobación de oficio a través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones públicas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En tercer lugar, se cumple con el principio de proporcionalidad, ya que la norma cumple los objetivos descritos sin invadir los derechos y deberes de la ciudadanía. Se limita a desarrollar la ley y a integrar en una sola norma parte de los instrumentos jurídicos existentes hasta este momento. Por otro lado, el rango de real decreto es el adecuado para el desarrollo reglamentario de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre.
Asimismo, la iniciativa cumple con el principio de seguridad jurídica por ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea. Esta reforma introduce cambios en el ámbito de la agilización del procedimiento administrativo, en la medida en que se adapta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Por último, en aplicación del principio de transparencia, se definen claramente los objetivos de la iniciativa normativa en su parte expositiva, así como en la memoria de análisis de impacto normativo que la acompaña. Como manifestación de este principio, se han sustanciado los trámites de consulta pública previa y de audiencia y de información pública, previstos, respectivamente, en los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, la norma ha sido informada por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, así como por la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, en el proceso de elaboración de este real decreto se han valorado especialmente las aportaciones y propuestas efectuadas por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y por las personas representantes de las organizaciones y asociaciones de personas emigrantes y exiliadas en el exterior y de retornadas en España.
VIII
El real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación normativa contenida en disposición final tercera de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de emigración.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.
Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación.
Las solicitudes que hayan sido presentadas antes de la entrada en vigor de este real decreto y del reglamento que por él se aprueba, y los expedientes incoados, continuarán su tramitación hasta la resolución del procedimiento correspondiente conforme a la normativa vigente en el momento de la presentación.
Disposición transitoria segunda. Continuidad de los Consejos de Residentes Españoles ya constituidos.
Los Consejos de Residentes Españoles que a la fecha de entrada en vigor de este real decreto estuvieren constituidos, incluso los establecidos en circunscripciones consulares con menor número de personas electoras inscritas en las listas del Censo Electoral de Residentes Ausentes de los previstos en el artículo 30 del reglamento aprobado por este real decreto, continuarán funcionando y se renovarán periódicamente en el momento en que les corresponda en tanto mantengan la continuidad de su existencia.
El mandato de las personas integrantes de los Consejos de Residentes Españoles constituidos en cada circunscripción consular a la fecha de la entrada en vigor del presente real decreto, y del reglamento que por él se aprueba, se prorrogará hasta la fecha en que en aplicación de lo dispuesto en el mismo deban convocarse elecciones para su renovación.
Disposición transitoria tercera. Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
El mandato de los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior electos o designados a la fecha de la entrada en vigor del presente real decreto se prorrogará hasta la fecha en que, en aplicación de lo dispuesto en el mismo, proceda realizar su renovación.
Disposición transitoria cuarta. Cambio de denominación de la «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior».
Las referencias que la normativa vigente realiza a la «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior» se entenderán hechas a partir de la entrada en vigor de este real decreto a la «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años».
Disposición transitoria quinta. Procedimiento para determinar la prestación por razón de necesidad en determinados supuestos.
Cuando se reciban solicitudes de prestaciones por razón de necesidad presentadas por personas españolas residentes en países, que hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto, no estuviesen en la relación anual de países donde se otorga la prestación, se recabará informe de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, o de la Oficina consular de carrera en su caso, para acreditar que la precariedad del sistema de protección social en dicho país justifica la necesidad de conceder la prestación, de acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
Una vez fijada la base de cálculo de la prestación por razón de necesidad para el país de que se trate, mediante resolución de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, se procederá, previa evaluación del cumplimiento de los requisitos por la persona solicitante, a la determinación de la cuantía de la prestación con arreglo a los criterios establecidos en el reglamento aprobado por este real decreto y al abono en la nómina del primer trimestre siguiente a la fijación de la base de cálculo.
Disposición transitoria sexta. Vigencia de los convenios de asistencia sanitaria.
Los convenios suscritos para la prestación de asistencia sanitaria a las personas de nacionalidad española residentes en el exterior antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto y del reglamento que por él se aprueba mantendrán su vigencia salvo que hubiera existido denuncia expresa por alguna de las partes.
Disposición transitoria séptima. Mantenimiento del derecho de asistencia sanitaria en el exterior.
Las personas que tuviesen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria en el exterior conforme a lo dispuesto en el artículo 21.3 del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, seguirán manteniendo este derecho a la entrada en vigor de este real decreto, en tanto sigan cumpliendo los requisitos establecidos en aquel y exista disponibilidad presupuestaria.
Disposición transitoria octava. Competencia de las Oficinas consulares de carrera en Rusia en la gestión de la asistencia sanitaria de los beneficiarios de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
Las Oficinas consulares de carrera competentes en Rusia seguirán desarrollando las funciones previstas para las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en relación con la gestión de la asistencia sanitaria contemplada en los artículos 62.1, 63 y 64.1, para los beneficiarios de las prestaciones que traen causa de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, conocidos como «Niños de la Guerra», mientras sean beneficiarios de dichas prestaciones.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto y en el reglamento que por él se aprueba y, en particular, las siguientes:
a) El Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados excepto en su artículo 26, que conservará su vigencia en los términos de la normativa aplicable.
b) El Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
c) El Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre, por el que se regulan los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero.
Asimismo, quedan sin efecto las siguientes resoluciones:
a) La Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección General de Emigración, por la que se desarrolla el procedimiento de determinación de la situación de incapacidad absoluta comprendida en la prestación por razón de necesidad en determinados supuestos.
b) La Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se establecen las normas para la designación de miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior en el supuesto del artículo 12.2 del Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero.
c) La Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, por la que se establecen normas para la designación de miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
d) La Resolución de 25 de febrero de 2008, conjunta de la Dirección General de Emigración y la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y para pensionistas y trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente al territorio nacional.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular de los ministerios competentes por razón de la materia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de este real decreto y del reglamento que aprueba.
Asimismo, se faculta a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y a la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, para cursar las instrucciones necesarias para la gestión, en sus respectivos ámbitos competenciales, de las prestaciones, ayudas y subvenciones objeto de esta norma.
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española de 1978, que habilita al Estado para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, y 149.1.2.ª, del mismo texto legal, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de emigración.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto y el reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Se exceptúa de lo anterior el derecho a la asistencia sanitaria de las personas incluidas en el artículo 58.2 c), d), e) y f) del reglamento que aprueba este real decreto, que entrarán en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado el 4 de noviembre de 2026.
FELIPE R.
El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,
FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 40/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Conceptos básicos
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El objeto de este reglamento, en desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, es concretar la acción protectora del Estado, para mejorar las condiciones de vida de las personas referidas en el artículo 2, especialmente en los ámbitos en que sea preciso complementar la protección existente en el país de residencia, y facilitar la integración social y laboral de quienes decidan retornar a España, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y las entidades locales.
Artículo 2. Ámbito subjetivo.
El presente reglamento será de aplicación:
a) A quienes ostenten la nacionalidad española y residan fuera del territorio nacional.
b) A la ciudadanía española que se desplace temporalmente al exterior, incluyendo a quienes lo hagan en el ejercicio del derecho a la libre circulación.
c) A los españoles de origen que retornen a España para fijar su residencia, siempre que ostenten la nacionalidad española antes del regreso.
d) A los y las familiares de los anteriormente mencionados, entendiendo por tales la persona cónyuge no separado o separada legalmente o la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal, en los términos que se determinen reglamentariamente, y las personas descendientes hasta el primer grado, que tengan la condición de personas con discapacidad o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad que estén a su cargo y que dependan de ellos económicamente.
Artículo 3. Igualdad de género y respeto a la diversidad.
El acceso a los derechos y prestaciones regulados en este reglamento y la participación en el ámbito asociativo, en los órganos de representación institucional y en los demás órganos que la norma contempla, se realizarán con respeto a la diversidad en general y garantizando la no discriminación por razón de sexo y el equilibrio representativo entre mujeres y hombres, atendiendo a la legislación vigente en materia de igualdad de género.
Artículo 4. Actuaciones a favor de las víctimas españolas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior y en el retorno.
Las actuaciones en favor de las víctimas españolas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior se realizarán de forma transversal en un marco de colaboración entre los ministerios competentes, con el fin de ofrecer información sobre los derechos que les asisten y asesoramiento sobre los recursos disponibles en el país de residencia, así como para desarrollar medidas dirigidas a facilitar la protección y el retorno de las víctimas.
La violencia contra las mujeres a que se refiere este reglamento comprenderá todo acto de violencia contemplado en el artículo 1.3 y 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Asimismo, por violencia contra las mujeres se entenderá todo acto de violencia sexual definido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
La protección frente a la violencia contra las mujeres también se extenderá a las personas españolas incluidas en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, así como personas españolas menores de edad víctimas de violencia sexual.
La detección de situaciones de violencia contra las mujeres en el exterior, así como la protección y asistencia a las víctimas, se impulsará a través de los servicios de la Administración General del Estado en el exterior, especialmente desde las Embajadas, a través de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y las Magistraturas de Enlace, y de las Oficinas consulares de carrera. Se entenderá asimismo que las víctimas se encuentran amparadas por el Acuerdo Interministerial de Cooperación para la atención, el traslado y el retorno de las españolas víctimas de violencia contra las mujeres en el exterior, firmado el 16 de julio de 2024.
La acreditación de las situaciones de violencia contra las mujeres se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, o, en el artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, según los casos. Asimismo, se aplicarán las previsiones contenidas en el artículo 51 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre.
Las víctimas españolas de violencia contra las mujeres serán beneficiarias de los siguientes derechos y actuaciones:
a) Tendrán derecho a la asistencia sanitaria en el exterior en aquellos países en los que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenga suscrito o suscriba convenio, acuerdo u otro instrumento jurídico en los términos establecidos en el artículo 60.
b) Percibirán las ayudas asistenciales extraordinarias para personas emigrantes residentes en el exterior, con el fin de atender cualquier gasto que derive de una situación debidamente probada de violencia contra las mujeres, aun cuando no se haya dictado sentencia firme.
c) Serán beneficiarias de los programas de subvenciones que financien actuaciones dirigidas a prevenir y detectar situaciones de violencia contra las mujeres que afecten a víctimas españolas residentes en el exterior y retornadas.
CAPÍTULO II
Condición de persona española retornada
Artículo 5. Concepto de retorno.
A los efectos establecidos en este reglamento, se entiende por retorno el regreso o el traslado de una persona con nacionalidad española de origen al territorio nacional para establecer su residencia con carácter definitivo.
El retorno definitivo se acreditará mediante certificado de empadronamiento histórico que demuestre la voluntad de residencia en España.
Artículo 6. Definición de persona española retornada.
En aplicación del artículo 2.2 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, se considera persona española retornada a quien, habiendo nacido en España, y ostentando la nacionalidad española de origen, hubiese residido en el exterior y regrese a España para establecer su residencia con carácter definitivo.
Asimismo, se reconoce la condición de persona española retornada a la persona de nacionalidad española de origen nacida en el extranjero, si se traslada a España para establecer su residencia con carácter definitivo.
Se considera persona española con intención de retornar a la persona española de origen que manifieste ante las Oficinas consulares de carrera, las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o, en su caso, ante la Oficina Española del Retorno, su voluntad de llevarlo a cabo durante el año siguiente a aquel en que se haya expresado dicha manifestación de voluntad.
Para tener la condición de persona española retornada, o con intención de retornar, será necesario acreditar la inscripción en el Registro de Matrícula Consular del país o países en que haya residido antes de retornar a España.
A tal efecto, el periodo mínimo de inscripción en dicho registro será de 12 meses antes de la fecha de la baja consular.
Artículo 7. Acreditación de la condición de persona española retornada.
Con el fin de acceder a las políticas de retorno contempladas en este reglamento, así como a la ayuda a la que se hace referencia en la disposición final primera, la condición de persona española retornada se acreditará mediante el certificado de a que se refiere el artículo 8.
Artículo 8. Contenido del certificado de persona española retornada.
El certificado de persona española retornada hará constar la nacionalidad española de origen, la fecha de baja en el Registro de Matrícula Consular, la fecha de retorno a España, entendiendo por dicha fecha la correspondiente al empadronamiento, y el país de procedencia.
Este certificado tendrá validez en todo el territorio nacional con los efectos que le otorga este reglamento u otras disposiciones normativas.
No obstante, las diferentes Administraciones públicas podrán determinar, dentro del ámbito de sus competencias, los requisitos para ser considerada persona española retornada con objeto de las ayudas, programas o iniciativas convocadas con cargo a sus propios presupuestos.
Artículo 9. Procedimiento para la expedición del certificado de persona española retornada.
Las personas que soliciten la expedición del certificado de persona española retornada deberán acreditar documentalmente la concurrencia de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
A tal fin, la solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor.
b) Certificado literal de nacimiento del Registro Civil de España, actualizado.
c) Certificado de baja en el Registro Matrícula Consular.
d) Certificado de empadronamiento histórico, individual y colectivo.
No será necesaria la presentación de la documentación requerida en los apartados a) y c) si la persona solicitante manifiesta en el documento de solicitud el consentimiento para el intercambio de los datos que obren en poder de las Administraciones públicas a través de plataformas de intermediación.
La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto y se presentará, preferentemente, en el Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior. Asimismo, la solicitud podrá presentarse:
a) En la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
b) En cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 10. Competencia para el reconocimiento de la condición de persona española retornada.
La competencia para el reconocimiento de la condición de persona española retornada corresponderá a la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, que comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos. La resolución y su notificación se realizará en el plazo máximo de tres meses.
TÍTULO I
Derechos de participación
CAPÍTULO I
Derechos de asociación y participación
Artículo 11. Apoyo a las asociaciones y centros.
Con el fin de apoyar el movimiento asociativo de la ciudadanía española en el exterior y de las personas retornadas en España, así como de garantizar su continuidad, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adoptará las medidas necesarias para impulsar la constitución de nuevas asociaciones y para facilitar su funcionamiento, el desarrollo de sus actividades y el mantenimiento de sus instalaciones.
Se promoverán, a través de sus programas de subvenciones:
a) Las iniciativas de asociaciones que contemplen actuaciones informativas y de promoción sociocultural, que refuercen el vínculo de sus personas asociadas con España, favorezcan la agrupación de los centros y asociaciones a través de federaciones y fomenten la participación activa de las y los jóvenes en las organizaciones y asociaciones radicadas en el exterior.
b) Las iniciativas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo la prevención y detección de violencia contra las mujeres, la atención a mayores dependientes y la participación de jóvenes en redes presenciales y digitales.
Las Oficinas consulares de carrera y las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, junto con los Consejos de Residentes Españoles y los miembros electos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, establecerán, en la medida de sus disponibilidades, un calendario anual de encuentros informativos con las asociaciones y centros de su demarcación o país para fomentar la participación del movimiento asociativo en los asuntos que conciernen a la ciudadanía española en el exterior.
Artículo 12. Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno mantendrá un Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, como instrumento para el fomento del movimiento asociativo de las personas de nacionalidad española en el exterior y retornados en España, especialmente de aquellos centros y asociaciones que tengan por objeto la promoción socio-cultural, así como de sus estructuras federativas.
La inscripción en el Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior será requisito necesario para la percepción de ayudas y subvenciones con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado de Migraciones. Además de los requisitos establecidos en cada convocatoria, los centros y asociaciones deberán acreditar una antigüedad en el censo igual o superior a seis meses.
La inscripción, y comprobación de la validez y veracidad de los documentos aportados, así como el mantenimiento y actualización del Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior, corresponderá a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno a través de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En el caso de asociaciones o entidades de un país donde no exista consejería, esta competencia corresponderá a la Oficina consular de carrera.
En este censo se inscribirán aquellos centros y asociaciones que sean conformes con el reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades que contempla la Constitución Española y que cumplan con los siguientes requisitos:
– Estar legalmente constituidos y radicados en el extranjero.
– Que, al menos, el 50 por ciento de las personas asociadas tengan nacionalidad española o, en su defecto, que al menos figuren inscritos 50 asociados de nacionalidad española.
La solicitud de inscripción deberá acompañarse de los documentos que se enumeran a continuación, que deberán ser en todo caso originales:
– Escritura o acta de constitución debidamente inscrita en el registro público correspondiente del país de residencia.
– Estatutos de la entidad.
– Acta de nombramiento de sus órganos directivos.
– Copia del documento de identidad de su representante legal.
– Certificado de residencia fiscal. En el caso de entidades que no están obligadas a su inscripción en el registro fiscal del país de residencia, se presentará certificado de autoridad competente en ese sentido o, en su caso, acreditación de la normativa en virtud de la cual quedan exentas de esta obligación.
Junto a esta documentación se deberá aportar un certificado emitido por su representante legal relativo al número de personas asociadas con que cuenta la entidad, distinguiendo entre las de nacionalidad española y aquellas que no la ostentan, así como las cuotas a satisfacer por las personas asociadas y su periodicidad.
Las asociaciones o centros inscritos en el Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior están obligados a comunicar cualquier variación que se produzca en los datos comunicados con motivo de su alta, entre ellos: variaciones en su denominación, cambios de domicilio, cambio en sus órganos de representación y gobierno o número de asociados. La falta de actualización podrá conllevar la baja en el censo previo requerimiento de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o, en su defecto, de la Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
En todo caso, y con motivo de las convocatorias anuales de los distintos programas de subvenciones y ayudas a favor de la ciudadanía española en el exterior, las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o, en su defecto, la Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, deberá proceder cada año a la revisión de las entidades inscritas en el Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior, remitiendo un requerimiento de actualización de los datos vinculados a la entidad.
Se practicará la baja en el censo a instancia de parte o de oficio, cuando la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o, en su defecto, la Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, tenga conocimiento de la liquidación o cese en las actividades de la entidad o de incumplimiento de alguno de los requisitos que dieron lugar a su inscripción. En caso de que no hubiera contestación en plazo al requerimiento anual establecido en el apartado anterior, se llevará a cabo la correspondiente baja en el Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior.
El procedimiento administrativo de inscripción y baja en el Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior, así como el régimen de impugnación, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y su resolución pone fin a la vía administrativa.
Artículo 13. Participación en los órganos consultivos.
El derecho de la ciudadanía española residente en el exterior a participar en los asuntos que les conciernan se garantizará por medio de su presencia en los Consejos de Residentes Españoles y en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior o en los órganos equivalentes de las comunidades autónomas con arreglo a lo dispuesto en las normas que los regulen.
CAPÍTULO II
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
Artículo 14. Naturaleza y finalidad.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, es un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior tiene por finalidad garantizar la efectividad del derecho de las españolas y los españoles residentes en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen y promover la colaboración de las Administraciones públicas y de las organizaciones sociales en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y a las personas retornadas.
Artículo 15. Atribuciones.
Son atribuciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior las siguientes:
a) Llevar a cabo o solicitar la realización de estudios sobre cuestiones y problemas que afecten a la ciudadanía española en el exterior.
b) Formular propuestas y recomendaciones en relación con los objetivos y la aplicación de los principios inspiradores de las políticas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior.
c) Ser informado sobre la actuación de los órganos de la Administración General del Estado, competentes en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y personas retornadas.
d) Establecer relaciones de colaboración con los órganos consultivos de similar naturaleza en las comunidades autónomas.
e) Conocer e informar, con carácter previo, anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos y de ordenes relativos a las siguientes materias, en el ámbito de su competencia, siempre que los mimos afecten directamente a los españoles en el exterior: Derechos civiles, derechos laborales y protección social, educativa y cultural, siempre que los mismos afecten a la ciudadanía española en el exterior.
f) Solicitar anualmente audiencia a las comisiones competentes de las Cortes Generales para informar sobre la situación de la ciudadanía española en el exterior.
g) Aprobar el reglamento de funcionamiento del Consejo General.
Las propuestas, recomendaciones, informes o acuerdos que el Consejo General eleve al Gobierno o a otras instituciones del Estado serán remitidos a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Todos los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado deberán colaborar con el Consejo General en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus respectivas competencias.
Corresponden al Pleno todas las competencias no atribuidas expresamente a otros órganos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Artículo 16. Composición.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior está integrado por una presidencia, dos vicepresidencias, una secretaría y los miembros del Consejo General.
El Consejo General podrá invitar a sus plenos a personas expertas que, sin tener la calidad de consejeros o consejeras, le prestarán asesoramiento, con voz pero sin voto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, en la composición del Consejo General se garantizará la no discriminación por razón de sexo y se aplicará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Artículo 17. Presidencia del Consejo General.
La persona que ocupe la Presidencia del Consejo General será nombrada por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previa consulta a los miembros que integran el Consejo General. En todo caso, la persona cuyo nombramiento se proponga deberá contar con la aprobación de, al menos, la mitad más uno de los miembros presentes en el pleno, válidamente constituido.
En todo caso, la persona o personas que sean propuestas como candidatas a la presidencia del Consejo General, deberán ser miembros electos de dicho Consejo General.
El presidente o presidenta cesará en su cargo por renuncia, expiración del término del mandato del Consejo General o por separación acordada por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por incapacidad permanente para el ejercicio del cargo, por incumplimiento grave de sus obligaciones o en caso de condena por delito doloso.
El nombramiento y el cese del presidente o presidenta del Consejo General serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 18. Atribuciones de la Presidencia.
Corresponde a la Presidencia del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior:
a) Representar al Consejo General.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones del pleno, presidirlas y moderar el desarrollo de los debates.
c) Fijar el orden del día de la reunión, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros del Consejo General, formuladas con la suficiente antelación.
d) Dirimir, con su voto, las votaciones en caso de empate.
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo General.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la Presidencia del Consejo General o le estén atribuidas por la normativa vigente.
Artículo 19. Vicepresidencia del Consejo General.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior tendrá dos vicepresidencias: ocupará la vicepresidencia primera del Consejo General la persona titular de la Secretaría de Estado de Migraciones, y la vicepresidencia segunda, la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal, dichos miembros serán sustituidos por la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno y la persona titular de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, respectivamente.
Corresponde a las vicepresidencias:
a) Sustituir, por su orden, al presidente o presidenta en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, ejerciendo las funciones que le están atribuidas.
b) Ejercer las funciones intrínsecas a su condición de miembros del Consejo General, con derecho a voto.
c) Desempeñar cuantas otras funciones les sean delegadas por la Presidencia.
Artículo 20. Secretaría del Consejo General.
Ostentará la Secretaría del Consejo General la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
Son atribuciones de la Secretaría del Consejo General:
a) Facilitar las relaciones del Consejo General con la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, la administración local y demás organismos y entes públicos o privados y personas particulares que pudieran tener relación con la política de atención a la ciudadanía española en el exterior y personas retornadas.
b) Recibir las propuestas y comunicaciones que los consejeros y consejeras generales eleven al Consejo General, así como cuantas notificaciones, acuses de recibo, excusas de asistencia, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos se remitan al Consejo General.
c) Dar cuenta a los miembros del Consejo General del seguimiento de los acuerdos aprobados por el Pleno.
d) Facilitar al Consejo General la información y asistencia técnica necesarias para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.
e) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo General, por orden de la Presidencia, y cursar las citaciones a los miembros del Consejo General, con una antelación mínima de veinte días, conteniendo el orden del día de las reuniones y poniendo a su disposición en igual plazo los temas que figuren en el orden del día, así como los informes relativos a las propuestas aprobadas por el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior emitidos por los ministerios y administraciones competentes.
f) Autorizar las actas de las sesiones del Consejo General y emitir las correspondientes certificaciones.
g) Asistir a las sesiones del pleno y de las comisiones, con voz, pero sin voto.
h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretaría del Consejo General.
Artículo 21. Comisión Permanente.
La Comisión Permanente es el órgano ordinario de funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior entre plenos y estará compuesta por las personas que ostenten la presidencia del Consejo General, la presidencia de las comisiones delegadas, la secretaría del Consejo General, más un número de miembros del Consejo General elegidos por el Pleno hasta alcanzar un número de 10 miembros que deben conformar una comisión. Se garantizará la no discriminación por razón de sexo y se aplicará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
La Comisión Permanente se considerará válidamente constituida con un quórum de la mitad de sus componentes más uno, entre los que deben estar las personas que ejerzan su presidencia y su secretaría. Sus atribuciones y funcionamiento se regularán en el reglamento de funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuya redacción se ajustará a lo previsto en este artículo y en el artículo 22.
Artículo 22. Atribuciones de la Comisión Permanente.
Corresponde a la Comisión Permanente:
a) El funcionamiento ordinario del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, en los términos fijados por el Pleno.
b) Desarrollar normativas internas, estrategias de funcionamiento y programas de acción del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, de acuerdo con las directrices marcadas por el Pleno.
c) Adoptar las decisiones generales necesarias con arreglo a las pautas marcadas para que el Consejo General cumpla las funciones, competencias y facultades que le asigna la ley.
d) Recabar de los ministerios competentes los informes a las propuestas presentadas por los miembros del Consejo General o, en su caso, por las comisiones delegadas. Esta actividad se canalizará a través de la secretaría del Consejo General.
e) Conformar subcomisiones o grupos de trabajo, de acuerdo con las necesidades y atendiendo a la dimensión del asunto o función a realizar.
f) Cualquier otra función y responsabilidad dentro de la normativa vigente y de acuerdo con el reglamento de funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Artículo 23. Miembros del Consejo General.
Además de las personas que ostenten la presidencia, vicepresidencias y secretaría, formarán parte del Consejo General:
a) Las personas electas por los Consejos de Residentes Españoles, hasta un máximo de cincuenta y uno, con la distribución por países que determine el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de forma proporcional al número de personas de nacionalidad española inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de cada país, según los datos de la Oficina del Censo Electoral, actualizados a la fecha de la elección. Se garantizará la no discriminación por razón de sexo y se aplicará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, se establecerán las normas para la designación de los miembros del Consejo General, que deberá ser dictada y publicada en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de finalización del mandato anterior.
En cada uno de los países se elegirá un número de suplentes igual al número de miembros titulares elegidos. En los países con un solo consejero o consejera se elegirán dos suplentes. En el caso de que no hubieran suficientes candidatos suplentes, se podrá activar el mecanismo de delegación de voto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.
En todo caso, para que los Consejos de Residentes Españoles de un determinado país puedan participar en ese proceso electoral será necesario que figuren inscritos en los Censos Electorales de Residentes Ausentes de ese país el número mínimo de personas de nacionalidad española establecido en el artículo 30.
Las candidatas y candidatos electos serán proclamados, como miembros titulares y suplentes, mediante orden de la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
b) Hasta un máximo de doce miembros a propuesta de las federaciones de la ciudadanía española del exterior, que acrediten su representatividad en los términos que establezca la resolución correspondiente de la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno en función de los siguientes criterios:
1.º Población española residente en el país donde tenga su sede la entidad.
2.º Número de países a cuya población representa o integra la federación o asociación.
3.º Actividades desarrolladas, antigüedad, número de asociaciones miembros, existencia de locales propios, y cualesquiera otras circunstancias determinantes de su representatividad. A tal efecto, se podrá solicitar informe de la correspondiente Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
4.º Equilibrio, en la medida de lo posible, entre las asociaciones radicadas en los distintos continentes.
De estos doce, al menos uno, corresponderá a federaciones y asociaciones de jóvenes, otro a federaciones de asociaciones de mujeres, otro a federaciones de personas retornadas y otro a federaciones o asociaciones de personal investigador, de la tecnología y científico en el exterior.
En todo caso, las federaciones de asociaciones representadas deberán figurar inscritas en el Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior, conforme a lo previsto en el artículo 12. Los miembros designados en representación de estas deberán tener la nacionalidad española.
c) Hasta un máximo de doce miembros en representación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
d) Un miembro en representación de cada una de las comunidades autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que será designado por estas, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre.
e) Un miembro designado en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias.
f) Un miembro, con rango de Director General, en representación de cada uno de los departamentos ministeriales existentes al inicio del mandato con competencias en la materia. En todo caso, será miembro del Consejo General la persona titular de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares.
Los miembros del Consejo General a los que se refieren los párrafos b), c), d), e) y f), del apartado anterior, así como sus suplentes, serán nombrados por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a propuesta de las respectivas federaciones de la ciudadanía española en el exterior, de las organizaciones empresariales y sindicales, de los órganos competentes de las comunidades autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de la Federación Española de Municipios y Provincias y, en su caso, de los departamentos ministeriales.
Artículo 24. Mandato.
El mandato de los miembros del Consejo General será de cuatro años a contar desde la fecha de celebración de la primera sesión plenaria del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior tras su elección.
En el supuesto de que un Consejo de Residentes se constituya durante un mandato del Consejo General y falte más de un año para poner término a este último, se elegirá, atendida la representatividad del Consejo General en cada caso, el correspondiente consejero o consejera o consejeros o consejeras por el tiempo que falte. En el caso de que el Consejo de Residentes en cuestión se constituya faltando menos de un año para la conclusión de mandato del Consejo General, se pospondrá la elección de los nuevos miembros para hacerla coincidir con la del siguiente mandato del Consejo General.
Las elecciones al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior se celebrarán dentro del plazo de tres meses inmediatamente siguientes a aquel mes en que finalizaron los respectivos mandatos, teniendo en cuenta en todo caso que han de ser posteriores en el tiempo a la elección de los Consejos de Residentes, de entre cuyos miembros se elige a los consejeros y consejeras generales.
Finalizado un mandato del Consejo General, la persona que ostente la presidencia y los miembros del Consejo General permanecerán en funciones en tanto no comience el mandato de los siguientes.
Artículo 25. Atribuciones de los miembros del Consejo General.
Son atribuciones de los miembros del Consejo General:
a) Participar en los debates, efectuar propuestas y plantear mociones.
b) Participar en las comisiones o grupos de trabajo que se constituyan.
c) Ejercer su derecho a voto, pudiendo hacer constar en acta el sentido de su voto particular.
d) Formular ruegos y preguntas a las Administraciones a través de la secretaría del consejo General.
e) Solicitar información para cumplir debidamente sus funciones.
f) Relacionarse con los Consejos de Residentes Españoles y las asociaciones de personas de nacionalidad española en el exterior de su país de residencia.
g) Desempeñar cuantas otras funciones sean intrínsecas a la condición de miembro del Consejo General.
h) Cualquier otra función que se prevea en el reglamento de funcionamiento que apruebe el Consejo General.
Artículo 26. Pérdida de la condición de miembro del Consejo General.
Los miembros del Consejo General perderán su condición por:
a) Pérdida de la nacionalidad española.
b) Expiración del mandato para el que ha sido elegido.
c) Fallecimiento e incapacidad legal.
d) Retorno a España o variar el país de residencia, en el caso de los miembros electos.
e) Por revocación de quien los hubiera designado o propuesto, previa audiencia de la persona miembro interesada. Esta revocación deberá comunicarse de forma fehaciente a la Secretaría del Consejo General.
f) Por renuncia de la persona interesada, que deberá ser comunicada, de forma fehaciente, a la Secretaría del Consejo General.
g) Por causa disciplinaria, previa audiencia de la persona miembro interesada, considerando como tal:
1.º La condena en sentencia firme por la comisión de un delito sea ésta anterior o posterior a la adquisición de la condición de consejero, cuyas penas no hayan sido cumplidas o bien los antecedentes penales no cancelados. En el caso de condenas en otros países, únicamente se perderá la condición de miembro si éstas son por delitos existentes en el ordenamiento jurídico español.
2.º Incurrir en conducta que, a juicio de dos tercios del resto de los miembros del Consejo General, ofenda gravemente al decoro del Consejo General y de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad, o altere reiteradamente el orden de las reuniones.
Artículo 27. Delegación de voto.
En el reglamento de funcionamiento del Consejo General se establecerán los supuestos en que es posible la delegación de voto de un miembro del Consejo General en otro, así como las limitaciones para su ejercicio.
Artículo 28. Compensación económica.
Las indemnizaciones correspondientes a los miembros del Consejo General se abonarán en los términos y condiciones fijados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
Adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, las dietas y gastos de viaje por la asistencia a los procesos de elección de miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y por los desplazamientos internos para informar a la ciudadanía española en el país de residencia, deberán contar con autorización previa otorgada por el Ministerio de Hacienda, y tendrán el alcance que la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno determine en cada caso.
Artículo 29. Funcionamiento básico del Consejo General.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior funcionará con arreglo a lo previsto en esta norma y a las disposiciones específicas contenidas en el reglamento de funcionamiento aprobado por el Pleno.
La aprobación, modificación y derogación del reglamento de funcionamiento exigirá el acuerdo de los dos tercios de los miembros del Consejo General.
En lo no previsto en estas normas citadas, el funcionamiento de éste se regirá por lo dispuesto en la sección 3.º, del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior funcionará en pleno, cuyos miembros serán los previstos en el artículo 23, en Comisión Permanente, y en las comisiones que se constituyan por el pleno.
El Consejo General celebrará, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año y las sesiones extraordinarias que considere pertinentes la presidenta o presidente, bien por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, el cincuenta por ciento de sus miembros, cuando existan asuntos de interés general que lo justifiquen.
El Consejo General, al inicio de cada mandato, constituirá las comisiones delegadas que estime necesarias para el examen de las materias objeto de interés para la ciudadanía española en el exterior. En la composición de las comisiones delegadas se garantizará la no discriminación por razón de sexo y se aplicará, en lo posible, el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Las comisiones delegadas, integradas por un número mínimo de diez miembros, se reunirán entre plenos y serán las encargadas de preparar los informes y las propuestas de acuerdos para su debate y votación en el pleno.
En todo caso, los acuerdos alcanzados en comisión habrán de ser discutidos y refrendados por el pleno para tener validez.
CAPÍTULO III
Consejos de Residentes Españoles
Artículo 30. Constitución.
En todas las circunscripciones consulares en cuyas listas del Censo Electoral de Residentes Ausentes se hallen inscritas, como mínimo, tres mil personas con derecho a voto, se podrá constituir, por elección, un Consejo de Residentes Españoles como órgano consultivo de la respectiva Oficina consular de carrera.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 y a los solos efectos de este artículo, se consideran personas electoras quienes figuren en la correspondiente lista del Censo Electoral de Residentes Ausentes en el último día del mes anterior al de la fecha de publicación de la convocatoria de elecciones.
Artículo 31. Ámbito material de actuación.
Los Consejos de Residentes Españoles desarrollarán su actividad respecto de las siguientes materias:
a) Derechos civiles y laborales que correspondan a las personas de nacionalidad española en la circunscripción consular, de conformidad con el derecho internacional.
b) Inserción del alumnado español en el sistema educativo del país, actividades que al amparo de la ley local o de los tratados puedan establecerse para asegurar el mantenimiento de los vínculos culturales con España y, en general, las actividades propias de la acción educativa de España en el exterior, en coordinación con los departamentos competentes.
c) Participación de las personas de nacionalidad española en el exterior en la vida política de España, de acuerdo con la legislación española, la del país de residencia y el derecho internacional.
d) Acción social y cultural a favor de la ciudadanía española.
e) Acciones para mujeres y jóvenes.
Artículo 32. Funciones.
Respetando en toda su integridad las funciones y atribuciones de la jefatura de la Oficina consular de carrera, las disposiciones del derecho interno del país de residencia y el derecho internacional convencional o consuetudinario, los Consejos de Residentes Españoles, respecto de las materias enumeradas en el artículo anterior, tendrán las siguientes funciones:
a) Ser cauce de comunicación entre las comunidades de las personas de nacionalidad española en el exterior y las correspondientes oficinas consulares.
b) Debatir y proponer a las Oficinas consulares de carrera las medidas relacionadas con su función consular que contribuyan a mejorarla en el ámbito de su circunscripción.
c) Asesorar e informar a la Oficina consular de carrera en los asuntos que afecten a la comunidad española.
d) Difundir entre la comunidad española las medidas adoptadas por las Administraciones públicas en aquellos temas que afecten a las personas de nacionalidad española residentes en la circunscripción.
e) Cooperar con la Oficina consular de carrera o con otras instituciones españolas o locales para dar mayor carácter institucional a aquellas actividades que se desarrollen en beneficio de las personas de nacionalidad española.
f) Colaborar con la Oficina consular de carrera en los procesos electorales de los propios Consejos de Residentes Españoles.
g) Participar, en la forma que reglamentariamente se establezca en las bases reguladoras de la subvención que corresponda, en el procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones establecidas a favor de las personas de nacionalidad española en el exterior.
h) Orientar a las personas recién llegadas en la búsqueda de información en materia laboral, educativa, sanitaria, vivienda, fiscal, trámites de extranjería, entre otros, que facilite su integración en el país de acogida.
Artículo 33. Miembros.
El Consejo de Residentes Españoles estará compuesto por consejeros y consejeras elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto por las españolas y los españoles mayores de edad inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de la circunscripción consular correspondiente.
El número de miembros variará en función de las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de las circunscripciones consulares, de acuerdo con el siguiente criterio:
– Hasta cuarenta mil españoles: 7 miembros;
– de cuarenta mil uno a ochenta mil: 11 miembros;
– de ochenta mil uno en adelante: 15 miembros.
En el momento de la convocatoria, la persona que ocupe la jefatura de la Oficina consular de carrera, teniendo en cuenta los últimos datos del Censo Electoral de Residentes Ausentes correspondientes a su circunscripción consular, determinará si el Consejo de Residentes Españoles deberá contar con siete, once o quince miembros.
Artículo 34. Presidencia y Secretaría del Consejo de Residentes Españoles.
En su primera reunión, el Consejo de Residentes Españoles elegirá de entre sus miembros, por mayoría absoluta, a un presidente o presidenta. La persona así elegida designará a un secretario o secretaria de entre los restantes miembros del Consejo.
La ulterior vacante de presidente o presidenta se cubrirá, en su caso, mediante nueva votación, igualmente por mayoría absoluta. Dentro del mismo mandato del Consejo de Residentes Españoles, el presidente o presidenta que hubiera cesado en su puesto por cualquier causa no podrá ser reelegido.
La vacante de secretario o secretaria se cubre designando la persona titular de la presidencia a otra persona de entre los consejeros o consejeras titulares.
Los cargos del Consejo de Residentes no son remunerados.
Artículo 35. Duración del mandato.
El Consejo de Residentes Españoles quedará válidamente constituido desde la fecha en que celebre su primera reunión.
El mandato de los consejeros o consejeras tendrá una duración de cuatro años, a contar desde la constitución del Consejo. En cualquier caso, el mandato de los miembros de los Consejos de Residentes Españoles nunca terminará después del de los miembros electos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Artículo 36. Pérdida de la condición de miembro.
La condición de miembro del Consejo de Residentes Españoles se pierde por:
a) Pérdida de la nacionalidad española.
b) Extinción del mandato, al expirar su plazo o disolverse el Consejo.
c) Fallecimiento o incapacidad declarada por sentencia firme.
d) Baja en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de la circunscripción consular correspondiente.
e) Renuncia.
f) Causa disciplinaria, considerando como tales:
1.º La condena en sentencia firme por la comisión de un delito sea ésta anterior o posterior a la adquisición de la condición de consejero, cuyas penas no hayan sido cumplidas o bien los antecedentes penales no cancelados. En el caso de condenas en otros países, únicamente si éstas son por delitos existentes en el ordenamiento jurídico español.
2.º Incurrir en conducta que, a juicio de dos tercios del resto de los consejeros o consejeras, ofenda gravemente al decoro del Consejo y de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad, o altere reiteradamente el orden de las reuniones.
g) Falta de asistencia no justificada a dos reuniones ordinarias del Consejo de Residentes Españoles. La ausencia se considerará justificada cuando, antes de transcurridas setenta y dos horas desde la celebración de la reunión, el consejero ausente envíe una comunicación fehaciente dirigida al secretario del Consejo de Residentes Españoles explicando el motivo de su ausencia y éste sea juzgado como justificado por mayoría simple de los restantes miembros del Consejo de Residentes Españoles en la primera reunión que se celebre.
Artículo 37. Participación en las reuniones.
El Consejo de Residentes Españoles podrá constituir grupos de trabajo en materias propias de su competencia a los que podrán ser invitados personas expertas que tendrán voz, pero no voto.
La jefatura de la Oficina consular de carrera, o quien designe expresamente para cada reunión ordinaria del consejo, participará en las deliberaciones de este, sin derecho a voto.
También podrán participar, como asistentes, con voz pero sin voto, otras personas ajenas al consejo, si fueren puntualmente invitados a alguna sesión de este, con el fin de esclarecer o de ampliar información sobre algún punto del orden del día.
Podrán participar igualmente, pero sin derecho de voto, los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que, no siendo parte del Consejo de Residentes Españoles, residan en la circunscripción consular.
Artículo 38. Convocatoria de elecciones.
Las elecciones para la constitución de un Consejo de Residentes Españoles se celebrarán en el plazo de tres meses anteriores al fin del mandato de los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Para ello, las jefaturas de las Oficinas consulares de carrera en cuyas circunscripciones deba constituirse un Consejo de Residentes Españoles, a tenor de los criterios establecidos en el artículo 30, convocarán las oportunas elecciones con la antelación suficiente, pero en ningún caso, antes del quinto mes anterior al del fin del mencionado mandato de los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Son personas electoras para la designación del Consejo de Residentes Españoles en cada circunscripción o circunscripciones consulares las personas españolas que figuren inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes correspondiente a la misma en el último día del mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria de elecciones.
Son elegibles las personas españolas que igualmente figuren en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero el último día del mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria de elecciones y hayan alcanzado la mayoría de edad antes de la fecha de proclamación de las candidaturas.
Artículo 39. Procedimiento electoral.
Las elecciones a los Consejos en sus diferentes aspectos, el procedimiento electoral, la presentación de candidaturas, la celebración de elecciones, el escrutinio, la proclamación de candidatos y el régimen de solución de conflictos surgidos en el proceso electoral, se determinarán mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Dicha orden ministerial deberá tener en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con la legislación vigente.
TÍTULO II
Derechos sociales y prestaciones
CAPÍTULO I
Normas comunes
Artículo 40. Acción protectora.
La acción protectora del Estado en el exterior, amparada en el artículo 7.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se concreta en las siguientes prestaciones y ayudas:
a) Prestación económica por razón de necesidad para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años o en situación de incapacidad absoluta.
b) Asistencia sanitaria para personas residentes en el exterior.
c) Ayudas de protección y asistencia consulares.
En lo que se refiere a la acción protectora en materia de retorno, este reglamento regula la prestación económica para personas retornadas mayores de 65 años.
Artículo 41. Normas sobre el consentimiento y deber de justificación.
La persona solicitante de las prestaciones o ayudas podrá prestar su consentimiento expreso para que el órgano instructor recabe de forma electrónica la información relativa a sus ingresos, rentas y situación patrimonial. Asimismo, deberá presentar el documento acreditativo del consentimiento de los demás miembros de la unidad económica familiar de convivencia. En defecto del consentimiento, se deberán aportar las correspondientes certificaciones tributarias.
La persona solicitante de las prestaciones o ayudas deberá informar, mediante declaración responsable, de si recibe o no ayudas o subvenciones reconocidas para la misma finalidad por otras entidades públicas o privadas, con indicación de su cuantía.
CAPÍTULO II
Prestaciones por razón de necesidad
Artículo 42. Prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años.
Tendrán derecho a la prestación las personas españolas de origen nacidas en territorio nacional que, por motivos económicos, laborales o de cualquier otra naturaleza, salieron del país y establecieron su residencia en el extranjero. Igualmente tienen derecho, quienes, sin haber nacido en España, demuestran haber residido en el territorio nacional al menos diez años ostentando durante dicho periodo la nacionalidad española de origen.
Para acceder a la prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años las personas solicitantes deberán acreditar los siguientes requisitos:
a) Residir legal y efectivamente en aquellos países donde la precariedad del sistema de protección social justifique la necesidad de esta prestación.
b) Haber cumplido sesenta y cinco años en la fecha de la solicitud de la prestación económica.
c) Carecer de rentas, ingresos y patrimonio en los términos establecidos en el artículo 47. Los ingresos que deberán declarar las personas solicitantes, tanto en su solicitud inicial como en las renovaciones, se referirán al año en que se presenten las solicitudes o las renovaciones.
d) No haber donado bienes, en los cinco años anteriores a la solicitud de la prestación económica, por un valor patrimonial superior a la cuantía establecida en la base cálculo correspondiente al país de residencia, valorándose dichos bienes según las normas establecidas para el impuesto que lo grave.
e) No pertenecer a institutos, comunidades, órdenes y organizaciones que, por sus reglas o estatutos, estén obligados a prestarles asistencia.
La acreditación de la representación legal de quien formule la solicitud se realizará conforme a las normas civiles del país de residencia, a través de documentación debidamente legalizada o apostillada.
Artículo 43. Prestación económica por incapacidad absoluta para personas españolas residentes en el exterior.
Tendrán derecho a la prestación por incapacidad absoluta las personas españolas de origen que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 42, excepto la edad, y acrediten la situación de incapacidad en los términos establecidos a continuación.
Se entenderá que existe incapacidad absoluta, a efectos de la prestación por razón de necesidad, cuando las personas beneficiarias mayores de dieciséis y menores de sesenta y cinco años, que acrediten padecer deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que les inhabiliten por completo para toda profesión u oficio.
La valoración de la situación de incapacidad absoluta para determinar el derecho a la prestación se realizará por el personal médico de la entidad aseguradora que preste la asistencia sanitaria a las personas beneficiarias de la prestación por razón de necesidad, si existe convenio suscrito, teniendo en cuenta, a estos efectos, tanto la edad de la persona beneficiaria como sus posibilidades reales de integración en el mercado de trabajo del país de residencia. La percepción de la prestación económica por incapacidad cesará cuando la persona beneficiaria inicie una actividad laboral.
De acuerdo con la valoración efectuada, la entidad aseguradora expedirá un informe donde se dictamine la incapacidad de la persona solicitante, y hará constar, en su caso, la necesidad de revisión de la situación de incapacidad y el plazo para realizarla.
En caso de que no exista entidad que preste la asistencia sanitaria a la que se refiere el apartado anterior, la valoración de la incapacidad se realizará por personal médico perteneciente a entidades públicas o privadas, de acuerdo con el informe que se emita por las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, o en su defecto, por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
La representación de las personas en situación de incapacidad absoluta se podrá acreditar mediante:
a) Escritura pública con poder notarial inscrita en el Registro Civil, con cláusula de subsistencia, que estipule que el poder subsiste si en el futuro la persona precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad.
b) Resolución judicial que determine los actos para los que la persona requiere asistencia de curador en el ejercicio de su capacidad jurídica, atendiendo a sus concretas necesidades de apoyo.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de retorno podrá en cualquier momento, rectificar errores materiales, de hecho y los aritméticos existentes en sus resoluciones, conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, comprobará el mantenimiento de los requisitos del derecho a la prestación y de su cuantía, incluyendo la situación de incapacidad absoluta sobre la base de los informes facultativos correspondientes y, en su caso, los informes de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Si a la vista de dicha comprobación se constata que, por circunstancias sobrevenidas al reconocimiento, la persona interesada viene percibiendo la prestación indebidamente o con una cuantía superior a la que le corresponde, la persona titular de dicha dirección general procederá a modificar la cuantía o declarar la extinción del derecho y, en su caso, la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante resolución motivada, debiendo darse audiencia a la persona interesada.
Cuando las personas beneficiarias cumplan la edad de 65 años, esta prestación pasará a ser prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años, aplicándose desde ese momento el régimen jurídico de esta última prestación, sin necesidad de solicitud previa por parte de la persona interesada. Este cambio, debidamente notificado a la persona interesada, no implicará modificación alguna respecto del importe de la prestación que se viniese percibiendo en el año en que se produzca.
Artículo 44. Naturaleza de las prestaciones económicas.
Las prestaciones económicas para la ciudadanía española residente en el exterior tienen carácter personal e intransferible y no podrán otorgarse como garantía de ninguna obligación, salvo lo establecido en el apartado siguiente.
No obstante, cuando la persona beneficiaria se encuentre acogida en un centro asistencial cuyo mantenimiento esté subvencionado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno podrá abonar una parte de la prestación a una persona representante autorizada del centro para participar en el coste de la financiación de los gastos de estancia de la persona interesada, entregando el resto directamente al mismo.
En ningún caso la cantidad abonada en concepto de gastos de estancia al centro de acogida podrá ser superior al coste real de los mismos. En todo caso no superará el 75 por ciento del importe de la prestación que perciba la persona beneficiaria.
Artículo 45. Solicitudes de las prestaciones económicas para personas españolas residentes en el exterior.
Las solicitudes de las prestaciones en el exterior podrán presentarse, según modelo oficial establecido a tal efecto, en las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, u Oficinas consulares de carrera, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, acompañadas de los siguientes documentos:
a) Pasaporte español vigente.
b) Certificación consular que acredite la inscripción en el Registro de Matrícula Consular como residente en el país desde el que se solicita la prestación, tanto de la persona solicitante como, en su caso, de la persona cónyuge o pareja de hecho, si fuera española.
c) Documento nacional de identidad español o documento público del país de residencia que acredite de manera fehaciente la identidad de la persona solicitante y, en su caso, de la persona cónyuge o pareja de hecho y demás miembros que componen la unidad económica familiar de convivencia.
d) Certificación acreditativa de la convivencia familiar, en su caso, expedida por el organismo competente del país de residencia.
e) Libro de familia, si procede. En su defecto, se aportará certificado de matrimonio o documento que acredite la existencia de pareja de hecho en aquellos países en que esta unión este reconocida legalmente y certificado de nacimiento del resto de los miembros de la unidad familiar.
f) En caso de separación legal o divorcio, o disolución de una pareja de hecho, se aportará la correspondiente sentencia judicial firme o certificación registral. En caso de abandono de hogar, será necesario aportar la demanda judicial por abandono del hogar familiar.
g) Partida de defunción de la persona cónyuge o pareja de hecho, en su caso.
h) Certificación o justificante acreditativo de los ingresos, rentas o pensión o pensiones de cualquier naturaleza que perciba la persona interesada y/o los miembros de la unidad económica familiar de convivencia.
i) Certificación o acreditación del valor de los bienes que posean la persona interesada o las personas integrantes de la unidad económica familiar de convivencia a excepción de la residencia habitual, conforme a las normas del impuesto que grave el patrimonio.
j) Acreditación del valor de los bienes donados, en su caso.
k) Declaración responsable de la persona solicitante de que ningún miembro de la unidad económica familiar de convivencia, incluida la persona interesada, percibe ingresos, rentas o pensión de cualquier naturaleza ni posee otros bienes, a excepción de la residencia habitual, ni los ha donado en los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud.
l) La acreditación de los ingresos, rentas o patrimonio de la persona solicitante y, en su caso, de los miembros de la unidad económica de convivencia, se realizarán de forma prioritaria mediante certificación expedida por las autoridades tributarias del país de residencia fiscal, en la que consten los ingresos o rendimientos declarados y de los bienes, con excepción de la vivienda habitual.
Cuando dicha certificación no pueda obtenerse por causas ajenas a la persona interesada, se admitirá, con carácter subsidiario, declaración responsable acompañada de justificantes documentales alternativos, tales como nóminas, extractos bancarios, certificados de pensión o declaraciones de ingresos emitidas por las instituciones competentes.
No será necesaria la presentación de la documentación requerida en la letra c) del apartado 1 si la persona solicitante manifiesta en el documento de solicitud el consentimiento para el intercambio de los datos que obren en poder de las Administraciones públicas a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. Asimismo, la aportación de la documentación requerida en los apartados a) y b) no será necesaria cuando la solicitud se presente en una Oficina consular de carrera.
Artículo 46. Situación de carencia de rentas.
A efectos del cumplimiento de los requisitos para el acceso a la prestación, se considerarán rentas o ingresos insuficientes las que, en cómputo anual de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía anual de la base de cálculo que se establezca para el país de residencia.
Los ingresos que deberán declarar las personas solicitantes, tanto en su solicitud inicial como en las renovaciones anuales, se referirán al año en que se presenten las solicitudes o las renovaciones.
Cuando la persona solicitante conviva con otra u otras personas en una misma unidad económica familiar, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carecer de rentas o ingresos suficientes si la suma de las rentas o ingresos computables a todos sus integrantes, en los términos previstos en el apartado primero, sea inferior a la cuantía de la base de cálculo en cómputo anual del país de residencia, más el resultado de multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno.
Se considera unidad económica familiar de convivencia la constituida por todas las personas que convivan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o pareja de hecho, hasta el segundo grado por consanguinidad, o en su caso, por adopción.
La pareja de hecho de la persona que realiza la solicitud será considerada como miembro de la unidad económica familiar de convivencia, siempre que dicha relación sea reconocida por la legislación vigente en el país de residencia y se acredite documentalmente.
Cuando no exista una situación de separación legal, divorcio o demanda judicial por abandono de hogar y una de las personas cónyuges traslade su residencia a un país distinto o retorne a España, se mantendrá la consideración de unidad económica familiar de convivencia a todos los efectos. Esta situación se aplicará igualmente a las parejas de hecho reconocidas legalmente.
Artículo 47. Rentas o ingresos computables.
A efectos de lo establecido en el artículo anterior, se considerarán rentas o ingresos computables los bienes y derechos de que disponga en cómputo anual, de enero a diciembre, la persona beneficiaria, o la unidad económica familiar de convivencia, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquéllos. Asimismo, se considerarán ingresos imputables a la persona solicitante las ayudas que perciba y las prestaciones periódicas que le sean reconocidas por órganos u organismos públicos, nacionales o extranjeros, distintos de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno concurrentes con la prestación económica.
Se entenderá por rentas de trabajo las retribuciones tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena. Se equipararán a rentas de trabajo las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiadas con recursos públicos o privados. Asimismo, tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo, cualesquiera otras percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos o privados.
Cuando el valor patrimonial de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la persona solicitante o beneficiaria, a excepción de la vivienda habitual, sea superior a la base de cálculo establecida para el país de residencia en cómputo anual, no se tendrá derecho a la prestación.
A estos efectos, se considerará valor patrimonial de un inmueble el valor catastral total establecido en cada país, a efectos fiscales, para el impuesto que lo grave. En aquellos casos en los que no sea posible determinar un valor patrimonial oficial, se tomará en consideración el valor reflejado en la escritura de compra del inmueble.
Los bienes muebles tales como acciones, bonos u otros activos financieros, se computarán según el valor nominal que figure en el correspondiente título de compra. En lo relativo a cuentas y depósitos bancarios, se computará el saldo medio, acreditado mediante certificados o extractos bancarios, en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud o de la fe de vida y declaración de ingresos.
El valor patrimonial de los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad de los miembros integrantes de la unidad económica familiar de convivencia solo se computará cuando la persona titular sea la persona cónyuge o pareja de hecho de la persona solicitante.
Cuando la persona solicitante comparta con otros la titularidad de un bien, mueble o inmueble, le será imputada la parte proporcional que le corresponda, tanto en lo que se refiere al valor patrimonial del bien como en la determinación de sus rendimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente. La misma regla se aplicará a los bienes comunes del matrimonio o de la pareja de hecho legalmente reconocida.
Cuando la persona solicitante disponga de bienes muebles o inmuebles y la suma de todos los valores patrimoniales muebles o inmuebles sea inferior a la cuantía anual de la base cálculo de la prestación por razón de necesidad correspondiente al país de residencia, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Igualmente se tendrán en cuenta los rendimientos efectivos de los bienes muebles e inmuebles de los miembros que integran la unidad familiar. Asimismo, serán computables los rendimientos efectivos de la vivienda habitualmente ocupada por la persona que formula la solicitud. Si no existen rendimientos efectivos se computará el 2 por ciento del valor patrimonial o catastral del bien. Dicho cómputo no se aplicará a la vivienda habitualmente ocupada por la persona solicitante.
En los casos en que la persona beneficiaria de la prestación económica esté ingresada en un centro geriátrico o conviva con otras personas en un domicilio distinto al habitual, y acredite que el único bien inmueble de su propiedad es la vivienda que habitualmente ocupaba, se imputarán en su caso, los rendimientos por alquiler de la misma, o el 2 por ciento sobre su valor patrimonial o catastral si se mantuviera desocupada. En caso de donación de la vivienda habitual sin reserva de usufructo total y vitalicio, ésta pasará a tener la misma consideración que una propiedad distinta de la habitual.
No se computarán las asignaciones periódicas por hijas o hijos a cargo que tengan reconocida la condición de discapacidad.
Artículo 48. Base de cálculo.
La base de cálculo de las prestaciones económicas correspondiente a cada país de residencia se fijará, partiendo de los fondos que anualmente se consignen en la correspondiente partida presupuestaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de acuerdo con los indicadores económicos y de protección social de cada país de residencia.
La persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, mediante resolución, determinará anualmente la base de cálculo para establecer la cuantía máxima de las prestaciones por razón de necesidad en el exterior, teniendo en cuenta los indicadores económicos proporcionados por las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Para determinar la base de cálculo de sus respectivos países, las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en los países habrán de informar, antes del 15 de noviembre de cada año, sobre los indicadores socio económicos del país durante el año en curso y las previsiones para el año siguiente.
A estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:
a) Renta per cápita.
b) Salario mínimo interprofesional.
c) Salario medio de una persona trabajadora por cuenta ajena.
d) Pensión mínima de seguridad social.
Artículo 49. Cuantía de la prestación económica.
La cuantía de la prestación será el resultado de restar a la base de cálculo establecida según lo indicado en el artículo anterior las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, disponga la persona beneficiaria.
Cuando en una misma unidad económica familiar de convivencia concurra más de una persona beneficiaria con derecho a una prestación de esta misma naturaleza, tanto en el exterior como en España, la cuantía de cada una de las prestaciones se determinará con las siguientes reglas:
a) Al importe referido para cada país se le sumará el 70 por ciento de esa misma cuantía, tantas veces como número de personas beneficiarias, menos uno, exista en la unidad económica familiar de convivencia.
b) La cuantía de la prestación para cada una de las personas beneficiarias será igual al cociente de dividir el resultado de la suma prevista en el apartado a) por el número de personas beneficiarias con derecho a prestación.
c) De las cuantías resultantes de la aplicación de lo establecido en los apartados anteriores, calculadas en cómputo anual, se deducirán, en su caso, las rentas o ingresos anuales de que disponga cada persona beneficiaria.
En los casos de convivencia de personas beneficiarias con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas anuales de la unidad económica familiar de convivencia más la prestación, calculadas conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, supera el límite de acumulación de recursos establecidos en el artículo 46, la prestación o prestaciones se reducirán, para no sobrepasar el mencionado límite, disminuyendo en igual cuantía cada una.
La cuantía mínima de la prestación a reconocer será, en cualquier caso, igual al 25 por ciento de la cuantía de la prestación a que se refiere el apartado 1 de este artículo, aunque el cálculo resultante de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 hubiera dado un resultado inferior a dicho porcentaje.
En cualquier caso, la cuantía máxima de la prestación no superará la establecida en España en cada momento para la modalidad no contributiva de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social.
Artículo 50. Procedimiento.
La persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno es competente para el reconocimiento, renovación y abono de las prestaciones, así como para su modificación o extinción por causas sobrevenidas.
Las solicitudes de prestaciones por razón de necesidad habrán de presentarse en las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social u Oficinas consulares de carrera, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Cuando deba requerirse a la persona interesada la subsanación de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano instructor podrá acordar la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por la persona interesada o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La suspensión del procedimiento interrumpirá el cómputo del plazo máximo para resolver y notificar la resolución.
Las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social serán competentes para realizar la instrucción de los expedientes relativos a las personas de nacionalidad española residentes en el ámbito geográfico de los países en los que tengan acreditación.
En los países en que no esté acreditada ninguna Consejería, los expedientes se instruirán por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
El órgano instructor deberá solicitar los justificantes o documentación procedente para verificar la situación personal y económica de la persona solicitante. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, corresponde al órgano instructor la custodia y archivo de la documentación integrante del expediente.
Una vez ultimadas las actuaciones anteriores, y las demás exigidas por la legislación general aplicable, el órgano instructor elevará a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno la información recabada durante la instrucción del procedimiento, certificando las comprobaciones efectuadas, a efectos de su resolución.
Artículo 51. Resolución.
Compete a la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno la resolución de las solicitudes de la prestación por razón de necesidad.
Transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada.
Artículo 52. Recurso de alzada.
Contra las resoluciones dictadas por la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Migraciones, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 53. Efectos económicos.
Los efectos económicos de las prestaciones por razón de necesidad se producirán desde el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y hasta el último día del año natural a que se refiere dicha solicitud.
Las solicitudes de renovación tendrán efectos a partir del día primero del año siguiente a su presentación y se extenderán hasta el último día de ese mismo año.
Artículo 54. Pago de las prestaciones.
El pago de las prestaciones por razón de necesidad se efectuará con la periodicidad que determine la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, que en ningún caso será superior a la trimestral, y dentro de los límites establecidos en la correspondiente partida presupuestaria anual del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los pagos se efectuarán prioritariamente por transferencia bancaria en cuenta abierta a nombre de la persona titular de la prestación económica.
El plazo para reclamar los pagos retrocedidos por la entidad financiera será de seis meses desde la fecha de la puesta a disposición del pago a la persona interesada.
En los casos de imposibilidad física de la persona beneficiaria para el cobro de la prestación se otorgará un poder notarial para la liquidación de sus derechos económicos cuando el importe sea superior a 1.500 euros. Si el importe es inferior a esta cifra, será suficiente la autorización de la persona beneficiaria en favor de la persona que lo efectúe. En ambos casos se deberá presentar una fe de vida y estado de la misma persona beneficiaria, expedida menos de 30 días antes de la fecha del cobro.
La fiscalización previa de la nómina de pago de la prestación por razón de necesidad se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre. Sin perjuicio de lo establecido en las referidas disposiciones, la Intervención Delegada, en el ejercicio del citado control previo, podrá tener acceso a los antecedentes contenidos en la aplicación informática de gestión.
Artículo 55. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias deberán presentar cada año, entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, la solicitud de renovación de la prestación y acreditar el cumplimiento de los requisitos que dan derecho a la conservación de esta.
En caso de no presentar la fe de vida o si ésta se hubiera presentado con posterioridad a la fecha establecida, la persona beneficiaria deberá presentar una nueva solicitud.
Las personas beneficiarias de la prestación vendrán obligadas a comunicar, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en que se produzca, cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia, recursos económicos propios o ajenos computables y cuantos otros puedan tener incidencia en la conservación o cuantía de aquélla.
Cuando del incumplimiento de esta obligación se derive la percepción indebida de la prestación, en todo o en parte, la persona interesada deberá reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, a contar desde el primer día del mes natural siguiente a aquél en que se hubiese producido la variación.
Artículo 56. Mantenimiento y actualización del derecho a la prestación y reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno podrá, en cualquier momento, rectificar errores materiales o de hecho y los aritméticos, conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como comprobar el mantenimiento de los requisitos del reconocimiento a la prestación y su cuantía.
En todo caso, el mantenimiento de la prestación queda supeditado a la subsistencia de los requisitos exigidos para su percepción. El procedimiento se sujetará a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si a la vista de dicha comprobación se constata que, por circunstancias sobrevenidas al reconocimiento, la persona interesada viene percibiendo la prestación indebidamente o con una cuantía superior a la que le corresponde, se procederá a modificar la cuantía o declarar la extinción del derecho y, en su caso, la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante resolución motivada, debiendo darse audiencia a la persona interesada.
Cuando el reintegro se fundamente en la invalidez del acto de reconocimiento, será necesaria su previa declaración de nulidad o anulación por la vía legalmente procedente.
Si una vez constatada la existencia de cantidades indebidamente percibidas, la persona deudora continuase siendo persona beneficiaria de la prestación objeto de comprobación, se podrán efectuar, previo acuerdo de inicio del expediente notificado a la persona interesada, los correspondientes descuentos sobre las sucesivas mensualidades de la prestación a que tuviese derecho la persona interesada, hasta la total satisfacción de la deuda, salvo que él mismo opte por abonarla íntegramente en un solo pago.
Cuando la persona obligada al reintegro perdiese el derecho a la prestación, pero fuera beneficiaria de cualquier otra prestación pública, se dará traslado al órgano que la haya reconocido a efectos de que se practique, en su caso, el oportuno descuento sobre la misma.
Artículo 57. Extinción del derecho.
El derecho a la prestación económica por razón de necesidad se extinguirá cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Fallecimiento de la persona beneficiaria.
b) Renuncia voluntaria de la persona beneficiaria.
c) Pérdida de la nacionalidad española.
d) Pérdida de la condición de persona residente en el exterior, por baja consular, empadronamiento en España o por encontrarse en situación de irregularidad en el país de residencia.
e) Residencia por un período superior a seis meses en un país distinto a aquel en que se hubiese obtenido el derecho a la prestación. Si en el país de destino estuviese establecida esta prestación, para acceder a la misma, se deberá presentar nueva solicitud.
f) Desaparición de las circunstancias determinantes del reconocimiento del derecho a la prestación.
g) Desaparición de la situación de incapacidad absoluta en el caso de las personas beneficiarias de este tipo de prestación.
h) No presentar la fe de vida y declaración de rentas o ingresos en el plazo establecido.
i) Ocultación de datos o falsedad documental en relación con los requisitos exigidos para el acceso y mantenimiento del derecho.
El derecho a la prestación se podrá volver a reconocer cuando desaparezca el motivo que originó la extinción y se presente una nueva solicitud, siempre que concurran los demás requisitos exigidos por la norma.
En el supuesto de que concurra la circunstancia prevista en el apartado 1.i) no podrá volver a presentarse nueva solicitud en el mismo año natural y, en todo caso, no antes de transcurridos seis meses desde la fecha de extinción.
CAPÍTULO III
Asistencia sanitaria
Artículo 58. Personas beneficiarias de la asistencia sanitaria.
Tendrán derecho a la asistencia sanitaria, en los términos regulados en este reglamento, las personas enumeradas en el siguiente apartado en el caso de que carezcan de la cobertura de asistencia sanitaria en el país de residencia o cuando su contenido y alcance fueran insuficientes y residan en cualquiera de los países con los que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenga suscrito o suscriba convenio o acuerdo al efecto, en los términos previstos en el artículo 60.
Estas personas han de encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
a) Ser persona beneficiaria de las prestaciones por razón de necesidad.
b) Ser persona residente en el exterior beneficiaria de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a la ciudadanía de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
c) Ser cónyuge o pareja de hecho legalmente reconocida y familiares mayores de 65 años de edad hasta el primer grado por consanguinidad o adopción de las anteriores personas beneficiarias, todos ellos de nacionalidad española de origen.
d) Ser persona menor de 16 años, española de origen, en situación de vulnerabilidad económica en los términos establecidos en el artículo 46.
e) Ser persona española de origen con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, que cumpla con los requisitos para la prestación por razón de necesidad por incapacidad absoluta, salvo la inhabilitación para toda profesión u oficio.
f) Ser víctima española de violencia contra las mujeres.
El coste de dicha asistencia será determinado anualmente por la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno y no podrá ser repercutido sobre la prestación económica a la que tengan derecho las personas beneficiarias.
Artículo 59. Procedimiento de reconocimiento del derecho.
Las solicitudes de asistencia sanitaria se presentarán en las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Corresponde a la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno emitir la resolución por la que se reconoce la asistencia sanitaria.
Transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada.
Los beneficiarios de la prestación por razón de necesidad y de las prestaciones reconocidas en la Ley 3/2005, de 18 de marzo, solo habrán de presentar solicitud de prestación de asistencia sanitaria.
La persona cónyuge o pareja de hecho de los beneficiarios de las prestaciones descritas en el apartado anterior habrán de presentar certificado de matrimonio o certificado que acredite la condición de pareja de hecho legalmente reconocida, así como certificado literal de nacimiento. Las personas familiares mayores de 65 años de edad hasta el primer grado por consanguinidad o adopción de las personas beneficiarias citadas, habrán de presentar certificado literal de nacimiento.
En los supuestos previstos en los apartados 4 y 5, la fecha de efectos del reconocimiento del derecho se regirá por lo dispuesto en el artículo 53.
Los representantes legales de los menores de 16 años españoles de origen en situación de vulnerabilidad económica aportarán, junto a su solicitud, la documentación exigida en el artículo 45, que será valorada por la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social u Oficina consular de carrera, conforme al procedimiento establecido en el capítulo II de este título, a los solos efectos de apreciar la situación de vulnerabilidad económica.
El reconocimiento y, en su caso, la extinción del derecho a la asistencia sanitaria para personas con discapacidad igual o superior al 65 por ciento se basará en el informe de valoración emitido por los profesionales competentes de la entidad que preste la asistencia sanitaria en virtud de convenio suscrito con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El derecho a la asistencia sanitaria de las víctimas españolas de violencia contra las mujeres consistirá en el seguimiento de la evolución de su estado de salud hasta su total recuperación, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas derivadas de la situación de violencia sufrida, en los términos establecidos en los respectivos convenios que se suscriban y a los que se refiere el presente capítulo.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de retorno podrá en cualquier momento, rectificar errores materiales, de hecho y los aritméticos existentes en sus resoluciones, conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, comprobará el mantenimiento de los requisitos del derecho a la prestación.
Si a la vista de dicha comprobación se constata que, por circunstancias sobrevenidas al reconocimiento, la persona interesada viene recibiendo la prestación indebidamente, la persona titular de dicha dirección general procederá a declarar la extinción del derecho mediante resolución motivada, debiendo darse audiencia a la persona interesada.
Contra las resoluciones dictadas por la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Migraciones, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 60. Forma de prestación.
La cobertura de asistencia sanitaria prevista en este reglamento se prestará mediante convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que podrá suscribir la Administración General del Estado, preferentemente con entidades públicas de los países de residencia, o privadas, en su defecto, en los que se determine el alcance de la prestación de la asistencia sanitaria y su financiación.
A tal fin se tendrá en cuenta la cartera de servicios comunes de prestaciones sanitarias y farmacéuticas garantizadas en España a las personas beneficiarias del Sistema Nacional de Salud.
El número de personas beneficiarias objeto de cobertura, el alcance de las prestaciones, la forma de determinar el gasto y el pago se concretará en los convenios y, en su caso, en las adendas de modificación posteriores.
Artículo 61. Tramitación de los convenios.
Para la firma inicial y renovación de los convenios, la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social analizará las ofertas de los servicios sanitarios disponibles junto con la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, dando prioridad a la suscripción del convenio con las entidades públicas del país.
En caso de que la cobertura de la asistencia sanitaria pública fuese insuficiente en relación con la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud español, se podrá negociar la celebración del acuerdo con la entidad de mayor interés para las personas beneficiarias, atendiendo a la solvencia económica y técnica, el precio de las cuotas, la calidad y cobertura del servicio, la ausencia de períodos de carencia y, en su caso, el origen español de la entidad, así como otras cuestiones de relevancia para la calidad y eficiencia del servicio.
En cualquier caso, se consultarán las condiciones y características del servicio de, al menos, tres entidades. La Consejería junto con la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, dejarán constancia de las consultas realizadas en un informe, que se adjuntará al expediente.
La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España o con el apoyo de personas expertas o entidades externas, elaborará un informe de solvencia económico-financiera y técnico-profesional de las entidades consultadas, que se adjuntará al expediente.
La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social elevará un informe a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, proponiendo la entidad que, conforme a los informes de los apartados anteriores, consideran adecuada para la suscripción del convenio. Aceptada la propuesta, la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno impulsará el resto de los trámites previstos por la normativa aplicable para su aprobación y entrada en vigor.
En los países en los que no exista Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social acreditada, la valoración de la situación del sistema público de salud, así como de la posible oferta sanitaria privada, se llevará a cabo por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
Los convenios de asistencia sanitaria se someterán al régimen establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 62. Garantía de cobertura de la asistencia sanitaria.
Con el fin de garantizar en todo momento a las personas beneficiarias la cobertura de la asistencia sanitaria, las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social remitirán a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno antes del 15 de septiembre de cada año, informe sobre el número real de personas beneficiarias en esa fecha y, en su caso, el importe de la cuota anual acordada por cada uno de ellos para el año siguiente.
Cuando se acuerde una nueva adenda de modificación o de prórroga del convenio, la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social presentará a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno el nuevo texto y, en su caso, el nuevo importe de la asistencia sanitaria, con una antelación mínima de dos meses para la fecha prevista de la firma.
La persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno aprobará el número de personas beneficiarias informado por parte de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, librándose los fondos correspondientes de acuerdo con lo señalado en el artículo 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 63. Justificación de los pagos.
La justificación de los pagos por las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o, en su defecto, por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno se realizará en el plazo de seis meses, pudiendo ser prorrogado por otros seis meses de acuerdo con lo señalado en el artículo 79.4 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre.
Artículo 64. Evaluación de los servicios prestados.
Las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o, en su defecto, por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno elaborarán un informe de análisis y seguimiento de la atención dispensada a las personas beneficiarias, en el que se evalúe el grado de cumplimiento y cobertura de la asistencia sanitaria por parte de la entidad que la presta de acuerdo con lo previsto en el convenio.
A tal fin se dirigirá a las personas usuarias una encuesta de calidad del servicio y se dejará abierto un buzón de quejas y sugerencias, que se publicitará en el portal de internet de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o de la Oficina consular de carrera.
También se adjuntará un informe sobre la situación de la solvencia económica y técnica de la entidad prestataria en ese año.
El informe de evaluación de los servicios prestados y de solvencia de la entidad será remitido a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno antes del 15 de septiembre de cada año.
CAPÍTULO IV
Ayudas de protección y asistencia consulares
Artículo 65. Objeto de las ayudas de protección y asistencia consulares.
Las ayudas de protección y asistencia consulares a favor de personas de nacionalidad española residentes en el extranjero están dirigidas a afrontar una situación de necesidad, pudiendo consistir en una situación de especial vulnerabilidad o de falta de recursos. También podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas de nacionalidad española que se encuentren en el extranjero sin ser residentes en el exterior.
La falta de inscripción en el Registro de Matrícula Consular no impedirá el derecho a beneficiarse de la asistencia y la protección consulares que corresponden a todas las personas de nacionalidad española en el extranjero. En estos casos, la Oficina Consular competente deberá practicar la inscripción oportuna en el Registro de Matrícula Consular una vez se inicie la tramitación del expediente.
Artículo 66. Regulación de las ayudas de protección y asistencia consulares.
Las ayudas de protección y asistencia consulares se regularán mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y serán atendidas por la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, en función de los recursos anuales disponibles para dicha finalidad.
Artículo 67. Compatibilidad de las ayudas de protección y asistencia consulares.
Las ayudas de protección y asistencia consulares tendrán carácter subsidiario respecto de cualquier otra prestación prevista en la legislación española y su concesión no generará derecho subjetivo alguno a su percepción futura.
CAPÍTULO V
Prestación económica para personas españolas retornadas mayores de 65 años
Artículo 68. Personas beneficiarias de la prestación económica para personas españolas retornadas mayores de 65.
Las personas españolas de origen, mayores de 65 años, residentes en los países donde la precariedad del sistema de protección social justifique la existencia de la prestación por razón de necesidad podrán ser beneficiarias de prestaciones económicas por razón de necesidad cuando retornen definitivamente a España.
Tendrán derecho a prestación económica por razón de necesidad para personas retornadas:
a) Las personas españolas de origen nacidas en territorio nacional que, por motivos económicos, laborales o de cualquier otra naturaleza, salieron del país y establecieron su residencia en el extranjero, a su retorno definitivo a España.
b) Las personas españolas de origen no nacidas en España que acrediten un periodo de residencia en nuestro país de 8 años previo a la presentación de la solicitud de la prestación, siempre que ostentaran durante todo ese período la nacionalidad española de origen.
El derecho a la prestación económica por razón de necesidad para las personas retornadas se reconocerá siempre que éstas acrediten los siguientes requisitos:
a) Ser persona española de origen retornada.
b) Haber cumplido 65 años en la fecha de presentación de la solicitud.
c) Carecer de rentas, en los términos previstos para las pensiones no contributivas de la seguridad social.
d) No pertenecer a institutos, comunidades, órdenes y organizaciones que, por sus reglas o estatutos, estén obligados a prestarles asistencia.
e) No poseer bienes muebles o inmuebles con un valor patrimonial superior al triple del importe máximo de la cuantía anual establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones en su modalidad no contributiva, excluida la vivienda habitual.
f) No haber donado bienes en los cinco años anteriores a la solicitud de la prestación económica, por un valor patrimonial superior a la cuantía establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones en su modalidad no contributiva para el año de solicitud, valorándose dichos bienes según las normas establecidas para el impuesto que lo grave.
Artículo 69. Carencia de rentas e ingresos computables.
Se considerarán rentas o ingresos insuficientes las que, en cómputo anual de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía anual de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones en su modalidad no contributiva. Los ingresos que deberán documentar las personas solicitantes, tanto en su solicitud inicial como en las renovaciones, se referirán al año en que se presenten.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el solicitante carezca de rentas o ingresos suficientes, si convive con otra u otras personas en una misma unidad económica familiar de convivencia, únicamente se entenderá cumplido dicho requisito cuando la suma de las rentas o ingresos computables a todas las personas integrantes de aquélla, en los términos previstos en el apartado anterior, sea inferior a la cuantía anual de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones en su modalidad no contributiva, más el resultado de multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno.
Si la convivencia se produce entre el solicitante y sus personas descendientes o ascendientes en primer grado, lo sean por consanguinidad o adopción, el límite de acumulación de recursos aplicables en función del número de personas que integran la unidad económica familiar de convivencia se incrementa en dos veces y media respecto a lo dispuesto en el apartado anterior.
Existirá unidad económica familiar en todos los casos de convivencia de una persona beneficiaria con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquella por matrimonio, pareja de hecho o por lazos de parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado, o adopción. La pareja de hecho de la persona solicitante será considerada como miembro de la unidad económica familiar, siempre que dicha situación se acredite documentalmente.
Cuando no exista una situación de separación legal, divorcio o demanda judicial por abandono de hogar y una de las personas cónyuges traslade su residencia a un país distinto o retorne a España, se mantendrá la consideración de unidad económica familiar a todos los efectos. Esta situación se aplicará igualmente a las parejas de hecho reconocidas legalmente.
No se considerarán ingresos computables los derivados de subsidio de desempleo para retornados, ayudas de las comunidades autónomas y cualquier otra prestación de tipo asistencial que hubiera percibido la persona solicitante antes de la fecha de efectos económicos de la prestación.
Artículo 70. Cuantía de la prestación.
La cuantía de la prestación será el resultado de restar a la cuantía anual establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones en su modalidad no contributiva, las rentas o ingresos anuales de que disponga la persona beneficiaria, o en su caso, la unidad económica familiar de convivencia, en los términos establecidos en el artículo 46.
Cuando en una misma unidad económica familiar de convivencia concurra más de una persona beneficiaria con derecho a una prestación de esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las prestaciones vendrá determinada en función de las siguientes reglas:
a) Al importe referido para cada persona beneficiaria se le sumará el 70 por ciento de esa misma cuantía, tantas veces como número de personas beneficiarias, menos uno, exista en la unidad económica familiar de convivencia.
b) La cuantía de la prestación para cada una de las personas beneficiarias será igual al cociente de dividir el resultado de la suma prevista en el apartado a) por el número de beneficiarios con derecho a prestación.
c) De las cuantías resultantes de la aplicación de lo establecido en los apartados anteriores, calculadas en cómputo anual, se deducirá, en su caso, las rentas o ingresos anuales de que disponga cada persona beneficiaria.
En los casos de convivencia de personas beneficiarias con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas anuales de la unidad económica familiar de convivencia más la prestación, calculadas conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, supera el límite de acumulación de recursos establecido en el apartado 2 del artículo anterior, la prestación o prestaciones se reducirán, para no sobrepasar el mencionado límite, disminuyendo en igual cuantía cada una.
En cualquier caso, la cuantía máxima de la prestación no superará la establecida en España en cada momento para la modalidad no contributiva de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social.
La cuantía mínima de la prestación a reconocer será, en cualquier caso, igual al 25 por ciento de la cuantía de la prestación a que se refiere el apartado 1 de este artículo, aunque el cálculo resultante de la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores hubiera dado un resultado inferior a dicho porcentaje.
Artículo 71. Efectos económicos.
Los efectos económicos de la prestación se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquél en que se hubiese presentado la solicitud, y se reconocerán hasta el último día del mes del año natural a que dicha solicitud se refiere.
En caso de solicitud de renovación, los efectos del pago se producirán a partir del día primero del año natural siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud.
Los efectos de extinción o modificación de una prestación reconocida para retornados tendrán lugar desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se produzcan.
Artículo 72. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias deberán presentar cada año, entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, una solicitud de renovación que acredite la vivencia e ingresos o rentas computables de la respectiva unidad económica familiar de convivencia del año en curso, para determinar la cuantía de la prestación económica que le corresponderá en el ejercicio siguiente, y acreditar el cumplimiento de los requisitos que dan derecho a la conservación de la prestación.
En caso de no presentar la fe de vida o si ésta se hubiera presentado con posterioridad al 30 de noviembre, la persona beneficiaria deberá presentar una nueva solicitud.
Las personas beneficiarias de la prestación vendrán obligadas a comunicar cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia, recursos económicos propios o ajenos computables y cuantos otros puedan tener incidencia en la conservación o cuantía de aquélla, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en que se produzca.
Cuando del incumplimiento de esta obligación se derive la percepción indebida, en todo o en parte, de la prestación, la persona interesada deberá reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, a contar desde el primer día del mes natural siguiente a aquél en que se hubiese producido tal variación.
Artículo 73. Extinción del derecho.
El derecho a percibir estas prestaciones por las personas retornadas se extinguirá cuando concurra en la persona beneficiaria o en su unidad económica familiar de convivencia alguna de las siguientes circunstancias:
a) Fallecimiento de la persona titular.
b) Perdida de nacionalidad española.
c) Traslado de la residencia fuera del territorio español por tiempo superior a noventa días a lo largo de cada año natural, salvo que dichas ausencias estén motivadas por causas de enfermedad debidamente justificadas.
d) Disponer de rentas o ingresos suficientes de acuerdo con la normativa aplicable a las pensiones de jubilación en su modalidad no contributiva del Sistema español de Seguridad Social.
e) Incumplimiento de las obligaciones establecidas para los beneficiarios.
f) Renuncia voluntaria de la persona beneficiaria a la prestación.
g) No presentar la fe de vida y declaración de rentas o ingresos en el plazo establecido.
Artículo 74. Mantenimiento y actualización del derecho a la prestación y reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de retorno podrá en cualquier momento, rectificar errores materiales, de hecho y los aritméticos existentes en sus resoluciones, conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, comprobará el mantenimiento de los requisitos del derecho a la prestación y de su cuantía.
Si a la vista de dicha comprobación se constata que, por circunstancias sobrevenidas al reconocimiento, la persona interesada viene percibiendo la prestación indebidamente o con una cuantía superior a la que le corresponde, la persona titular de dicha dirección general procederá a modificar la cuantía o declarar la extinción del derecho y, en su caso, la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante resolución motivada, debiendo darse audiencia a la persona interesada.
Si una vez constatada la existencia de cantidades indebidamente percibidas, la persona deudora continuase siendo persona beneficiaria de la prestación objeto de comprobación, se podrán efectuar, previo acuerdo de inicio del expediente notificado a la persona interesada, los correspondientes descuentos sobre las sucesivas mensualidades de la prestación a que tuviese derecho la persona interesada, hasta la total satisfacción de la deuda, salvo que él mismo opte por abonarla íntegramente en un solo pago.
Cuando la persona obligada al reintegro perdiese el derecho a la prestación, pero fuera beneficiaria de cualquier otra prestación pública, se dará traslado al órgano que la haya reconocido a efectos de que se practique, en su caso, el oportuno descuento sobre la misma.
Artículo 75. Procedimiento.
Las solicitudes, nuevas y de renovación, podrán presentarse, según modelo oficial establecido a tal efecto, en la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, así como en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Corresponde a la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno la instrucción, reconocimiento y pago de estas prestaciones.
A las solicitudes iniciales de la prestación económica para personas retornadas habrán de acompañarse los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad en vigor de la persona solicitante o documentación equivalente.
b) Declaración responsable sobre su patrimonio.
c) Copia completa del pasaporte en vigor y anteriores.
d) Certificado literal de nacimiento que acredite la condición de español o española de origen.
e) Documentación acreditativa de la fecha de emigración.
f) Padrón histórico de todas las localidades donde la persona solicitante permaneciera desde el nacimiento hasta la actualidad.
g) Certificado de empadronamiento colectivo al regreso definitivo a España.
h) Certificado de baja consular por retorno.
i) Documentación identificativa o cédula del país desde el que retorna la persona solicitante y sus familiares.
j) Documentación de todos los ingresos por pensión o pensiones, rentas o patrimonio que tuviese el solicitante, y en su caso, la unidad económica familiar de convivencia.
k) Certificado matrimonio o registro de pareja de hecho.
l) Certificado de titularidad de cuenta bancaria.
No será necesaria la presentación de la documentación requerida en los apartados a), f) y h) si la persona solicitante manifiesta en el documento de solicitud el consentimiento para el intercambio de los datos que obren en poder de las Administraciones públicas a través de plataformas de intermediación.
Cuando deba requerirse a la persona interesada la subsanación de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano instructor podrá acordar la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por la persona interesada o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La suspensión del procedimiento interrumpirá el cómputo del plazo máximo para resolver y notificar la resolución.
El plazo máximo para resolver la solicitud será de 6 meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración competente para su tramitación. Si transcurrido el plazo seis meses no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de la administración de dictar resolución expresa.
Artículo 76. Recurso de alzada.
Contra las resoluciones dictadas por la persona titular de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Migraciones, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
CAPÍTULO VI
Programas de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Artículo 77. Objeto.
El objeto de los programas de subvenciones es facilitar la realización de actuaciones a favor de la ciudadanía española residente en el exterior y de las personas retornadas.
Serán entidades o colectivos de actuación preferente:
a) Centros y asociaciones de ciudadanía española en el exterior y de personas retornadas en España.
b) Instituciones asistenciales domiciliadas en el extranjero que prestan ayuda de forma gratuita, o semi gratuita, a las personas de nacionalidad española en situación de necesidad en el extranjero.
c) Personas españolas residentes en el exterior que sean mayores, dependientes, estén en situación de necesidad o sean pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables.
d) Víctimas españolas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior y sus personas descendientes.
e) Las personas jóvenes españolas residentes en el exterior y retornadas.
Artículo 78. Actuaciones.
Entre las actuaciones que pueden ser objeto de subvención a través de los programas previstos en el artículo anterior estarán las siguientes:
a) Actividades encaminadas a la consecución del bienestar integral de las personas españolas mayores o en situación de dependencia que residen en el exterior, con preferencia para personal con competencias lingüísticas adecuadas al colectivo destinatario, garantizando la atención en castellano, y, en su caso, en las lenguas cooficiales cuando la actuación se realice en España.
b) Acciones de ayuda para apoyar la llegada de las personas españolas a los países de destino, incluyendo las medidas de información, orientación y asesoramiento, encaminadas a facilitar su inserción sociolaboral.
c) Acciones dirigidas a facilitar la incorporación al mercado laboral a la ciudadanía española demandante de empleo residente en el exterior y a las personas retornadas, con especial atención de las personas jóvenes y de las mujeres con especiales dificultades.
d) Actividades encaminadas a favorecer el emprendimiento y la creación de empresas por parte de personas retornadas.
e) Apoyo a las personas trabajadoras españolas al servicio de empresas radicadas en el exterior y profesionales residentes en el exterior.
f) Asistencia económica, social y psicológica y asesoramiento para la integración de las personas retornadas.
g) Medidas dirigidas a favorecer el acceso a la educación en sus distintos niveles en su país de residencia a la ciudadanía española en el exterior y sus personas descendientes, con preferencia para las y los estudiantes con necesidades educativas especiales.
h) Fomento de la realización de estudios o prácticas formativas en España para la ciudadanía española residente en el exterior y sus personas descendientes.
i) Acciones dirigidas a fomentar entre la descendencia de las personas de nacionalidad española residentes en el exterior el conocimiento del castellano y de las lenguas cooficiales, garantizando a personas menores y adultas españolas con discapacidad una enseñanza accesible de la lengua y cultura españolas debidamente adaptada.
j) Actuaciones de divulgación de la diversidad cultural española y del patrimonio cultural común.
k) Actividades recreativas y culturales para menores de nacionalidad española residentes en el exterior o retornados, así como acciones dirigidas a facilitar a la juventud española residente en el exterior el contacto con la realidad española y el reforzamiento de los lazos afectivos y de identidad con España.
l) Fomento de la realización de estudios de investigación dirigidos al conocimiento histórico o actual de la situación de la ciudadanía española en el exterior y de las personas retornadas, potenciando la evaluación de intervenciones con estos colectivos.
m) Apoyo para el sostenimiento y colaboración con los medios de comunicación en papel o digitales dirigidos, expresamente, a informar a la ciudadanía española en el exterior o a las personas retornadas.
n) Actuaciones dirigidas a prevenir y detectar situaciones de violencia contra las mujeres que afecten a las personas españolas residentes en el exterior y retornadas.
o) Actuaciones tendentes a promover la igualdad entre hombres y mujeres de nacionalidad española residentes en el exterior.
p) Acciones de tipo científico y dirigidas a la atracción del talento científico, técnico e investigador.
q) Apoyo para el funcionamiento y mantenimiento de los centros o asociaciones de la ciudadanía española en el exterior.
Artículo 79. Compatibilidad.
Las ayudas otorgadas a través de estos programas de subvenciones serán compatibles con las otorgadas por las comunidades autónomas, pero de conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el importe total de las subvenciones percibidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que en concurrencia con otros ingresos o recursos se supere el coste total de la actividad subvencionada.
CAPÍTULO VII
Programa de subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Artículo 80. Objeto.
El objeto de las subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el ámbito de la protección a la ciudadanía española en el exterior es facilitar la realización de actuaciones a favor de la ciudadanía española residente en el exterior.
Serán ámbitos de actuación preferente de estos programas las iniciativas dirigidas a la realización de las siguientes actividades o la protección de las siguientes entidades o colectivos:
a) Instituciones asistenciales domiciliadas en el extranjero que prestan de forma gratuita o semigratuita ayuda a los españoles en situación de necesidad en el extranjero, carentes de recursos.
b) Personas físicas de nacionalidad española que se enfrenten a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero, para prestar asistencia a aquéllas.
Artículo 81. Bases reguladoras.
Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se establecerán las bases reguladoras de la concesión de subvenciones previstas en el artículo anterior.
Artículo 82. Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones previstas en esta sección serán compatibles con las ayudas y subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones públicas, organismos de ellas dependientes, tanto nacionales como internacionales, o personas físicas o jurídicas de naturaleza privada.
De conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total de la actividad subvencionada.
CAPÍTULO VIII
Derecho de información
Artículo 83. Información y asesoramiento a la ciudadanía española en el exterior.
La información y, en su caso, asesoramiento a la ciudadanía española en el exterior se prestará a través de las Oficinas consulares de carrera, las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y las demás dependencias del Servicio Exterior del Estado, garantizando en todo momento la accesibilidad universal, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, y del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
Las dependencias de la Administración General del Estado en el exterior prestarán especial atención a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o falta de recursos, así como a las privadas de libertad y a quienes se encuentren en situación de necesidad por causas ajenas a su voluntad, como consecuencia de actos ilícitos, discapacidad, enfermedad o accidente.
Artículo 84. Contenidos informativos.
Serán objeto de información preferente, entre otros, los asuntos relativos a los siguientes extremos:
a) La nacionalidad española, su adquisición y conservación.
b) Información y difusión sobre los recursos disponibles para las víctimas españolas de violencia contra las mujeres a través de la Administración General del Estado en el exterior.
c) El acceso a los recursos educativos en el exterior, especialmente a las Aulas de Lengua y Cultura Española y a los cursos del Instituto Cervantes.
d) La normativa laboral y de seguridad social.
e) Información y asistencia tributaria de acuerdo con los artículos 85 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
f) El proceso de homologación de títulos y reconocimiento de estudios realizados en el extranjero.
g) La legalización de documentos públicos y privados.
h) Procedimiento para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales en materia de divorcio y custodia de personas descendientes.
i) Información y asesoramiento sobre la aplicación de los convenios y tratados internacionales en materia de sustracción internacional de menores en caso de retorno.
j) El acceso a ofertas de empleo del Sistema Nacional de Empleo.
k) Los trámites administrativos relacionados con el proceso de retorno, desde la baja consular a las prestaciones por desempleo, vida laboral, el empadronamiento, la escolarización y las ayudas sociales.
l) Información respecto a los órganos de representación de la emigración en el exterior, como son los Consejos de Residentes de Españoles en el Exterior y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
m) El procedimiento electoral, en lo que afecte a la ciudadanía española en el exterior.
Esta tarea informativa corresponde, en el marco de sus competencias, tanto a las Oficinas consulares de carrera como a las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y otras Consejerías de las Embajadas, así como también a los Consejos de Residentes Españoles y a los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Sin perjuicio de las funciones propias de otras unidades, la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno y la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, serán las encargadas de coordinar la labor informativa recogida en este capítulo, en colaboración con los Ministerios competentes en cada materia y las instituciones públicas del exterior o de España.
Artículo 85. Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, desarrollará y mantendrá actualizado el contenido del Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior, como punto de información integral en internet. Cuando la información afecte a actuaciones de las comunidades autónomas con lengua cooficial, el Portal ofrecerá versiones en dichos idiomas, incluyendo formularios de presentación de solicitudes.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior dispondrá de una sección propia dentro del Portal, así como de cuentas en las redes sociales para la difusión de su actividad, sujetas a los criterios generales de diseño y publicación comunes a todos los portales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Portal incorporará un espacio específico de información y orientación sobre violencia contra las mujeres en el exterior, con recursos locales y contactos de emergencia por países.
Artículo 86. Información del Retorno dentro del Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Dentro del Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior se prestará especial atención a la información sobre los diversos aspectos relacionados con el hecho del retorno, en coordinación con las otras instancias de ámbito autonómico o local implicadas en el fenómeno del retorno y la atención a las personas retornadas, garantizando el derecho al uso de la lengua elegida por la persona interesada cuando el procedimiento se sustancie ante órganos radicados en comunidades autónomas con lengua cooficial.
El Portal incorporará un espacio específico de información y orientación sobre violencia contra las mujeres para las personas que deseen retornar.
Artículo 87. Información estadística.
La Secretaría de Estado de Migraciones mantendrá un sistema de información estadística sobre los diferentes aspectos relacionados con la ciudadanía española en el exterior y el retorno, que incluirá datos desagregados por sexo, en línea con los criterios de la Organización Internacional de Migraciones, la Red Europea de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadística.
CAPÍTULO IX
Derechos sociales
Artículo 88. Servicios sociales y programas para personas mayores.
A través de programas de subvenciones o por medio de acuerdos o convenios con entidades públicas o privadas, se facilitará la realización de actividades encaminadas a la consecución del bienestar integral de las personas españolas con discapacidad, mayores o en situación de dependencia que residen en el exterior, así como la realización de actividades carácter asistencial, sanitario y farmacéutico para la ciudadanía española en el exterior en situación de necesidad o de especial vulnerabilidad.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno arbitrará medidas, a través de las Oficinas consulares de carrera y las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para facilitar la participación de las personas adjudicatarias de plazas en el Programa de Turismo Social regulado en la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, por la que se regula el Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales desde sus países de residencia hasta España, e impulsará medidas que posibiliten la participación en actividades socioculturales en España a las personas mayores españolas residentes en el exterior que no cumplan los requisitos de participación establecidos en la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre.
Artículo 89. Derechos en materia de seguridad social y empleo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adoptará las medidas necesarias para que la acción protectora de la Seguridad Social se extienda a la ciudadanía española que se traslade al exterior por causas de trabajo y a sus familiares, incluyendo el fomento de la formalización de convenios especiales, en los términos establecidos en la legislación aplicable.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, a través de la Oficina Española de Retorno y de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en colaboración con el Sistema Nacional de Empleo, promoverá el acceso a la información que permita a las personas demandantes de empleo residentes en el exterior y a las retornadas, la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación.
CAPÍTULO X
Derechos relativos a la educación y a la cultura
Artículo 90. Derecho a la educación.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las comunidades autónomas, favorecerán medidas para facilitar el acceso a una educación bilingüe y multicultural en sus distintos niveles en su país de residencia.
Con la finalidad de facilitar el acceso al sistema educativo español, los poderes públicos apoyarán la existencia de programas ELE (Español como Lengua Extranjera) y ESL (Español como Segunda Lengua), así como en otros programas previstos en la legislación vigente.
Se fomentará el acceso a las universidades españolas no presenciales, así como la realización de estudios universitarios en España mediante ayudas, o la suscripción de convenios de colaboración.
Artículo 91. Lengua y cultura españolas.
La Secretaría de Estado de Migraciones, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, apoyará el mantenimiento y extensión de las Aulas de Lengua y Cultura Española en función del presupuesto asignado a dicho programa.
Sin perjuicio del desarrollo de plataformas y herramientas de enseñanza virtual, las Aulas de Lengua y Cultura Española garantizarán la enseñanza presencial al alumnado.
Se facilitará el acceso a aquellas plataformas virtuales de enseñanza en línea que puedan existir para impulsar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado mediante convenios con las comunidades autónomas titulares de los recursos.
Artículo 92. Defensa del patrimonio de la emigración.
La Secretaría de Estado de Migraciones, en colaboración con otros departamentos de la Administración General del Estado y con los organismos correspondientes de cada país, impulsará acciones dirigidas a localizar, recuperar y conservar los fondos documentales, bibliográficos, periodísticos, gráficos, audiovisuales o fílmicos existentes en las dependencias de las asociaciones y centros españoles o en archivos de particulares y en otras instituciones públicas y privadas de los países de acogida de la emigración española.
También se fomentarán las actuaciones dirigidas a divulgar y dar a conocer la memoria oral, escrita, gráfica y audiovisual de la emigración española, a partir de los documentos señalados en el apartado anterior, y de otros productos que sobre ellos se puedan elaborar por personas expertas y profesionales.
TÍTULO III
Políticas de retorno
CAPÍTULO I
Definición y objetivos de la política de retorno
Artículo 93. Actuaciones en materia de retorno.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno coordinará, en el ámbito de la Administración General del Estado, las actuaciones en materia de retorno previstas en este título.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno elaborará el Plan Estatal de Retorno, que será elevado al Consejo de Ministros, para su aprobación, por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Plan Estatal de Retorno determinará las actuaciones que deban desarrollarse en materia de información y asesoramiento, empleo y formación, educación e integración social de las personas retornadas, e incluirá los objetivos e indicadores necesarios para su evaluación.
Artículo 94. Objetivos de las medidas de retorno.
Las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de retorno comprenderán las fases de preparación, regreso e integración en España y se desarrollarán con perspectiva de género.
Las medidas de retorno se referirán a los siguientes ámbitos:
a) Información y asesoramiento sobre los trámites del retorno.
b) Empleo, formación y emprendimiento.
c) Reconocimiento de estudios, homologación de títulos y carrera investigadora.
d) Retorno del talento científico, técnico e investigador.
e) Integración social de las personas retornadas.
f) Acceso al sistema educativo español.
g) Acceso al sistema sanitario.
h) Reconocimiento en España de la discapacidad reconocida en el exterior.
i) Información y asesoramiento sobre residencia, ciudadanía, nacionalidad española y trabajo para las personas integrantes de la unidad familiar de la persona retornada.
Las actuaciones correspondientes a los ámbitos previstos en el apartado anterior se desarrollarán por los órganos competentes, de acuerdo con la normativa específica aplicable en cada materia.
CAPÍTULO II
Información y asesoramiento sobre el retorno
Artículo 95. Estrategia de información y asesoramiento.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno elaborará y mantendrá actualizada una estrategia de información y asesoramiento dirigida a las personas españolas retornadas y a las residentes en el exterior con intención de retornar, adaptada a los distintos perfiles de edad, educativos y socioeconómicos.
La estrategia se instrumentará mediante la Guía del Retorno a España, que contendrá información actualizada sobre los procedimientos, trámites, prestaciones, ayudas y servicios relacionados con el retorno, así como sobre las medidas adoptadas por las comunidades autónomas y las entidades locales que sean comunicadas a la Dirección General.
La Guía estará disponible en formatos accesibles en el Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior y contará con ediciones periódicas en el marco del plan de publicaciones del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La Guía se difundirá a través de las Oficinas consulares de carrera, las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y, en la medida de lo posible, a través de las Federaciones, Asociaciones y centros de españoles en el exterior.
Artículo 96. Oficina Española del Retorno.
La Oficina Española del Retorno, adscrita a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, canaliza toda la información relativa a las normas, procedimientos administrativos y medidas de apoyo existentes en materia de retorno, sin perjuicio de los derechos reconocidos y de las actuaciones llevadas a cabo sobre el retorno en las distintas comunidades autónomas. Asimismo, realizará funciones de orientación y asesoramiento a las personas españolas que decidan retornar.
La Oficina seguirá un protocolo de atención y acompañamiento basado en el itinerario cronológico de actuaciones y trámites desde el momento en que la persona residente en el exterior tiene intención de retornar, pasando por su desplazamiento y llegada a España, hasta la efectiva integración social del individuo y, en su caso, también la de su círculo familiar más próximo. En caso de que la Administración General del Estado no tenga competencias en algún trámite o actuación, se coordinará con la Administración competente.
Se podrá extender el ámbito de actuación de la Oficina Española de Retorno a través de puntos de información en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y a través de acuerdos voluntarios con las comunidades autónomas y las entidades locales, respetando su autonomía organizativa y programática. Para ello se dotará a los puntos de información de los medios telemáticos necesarios para desarrollar los servicios y atender a las personas retornadas sin que sea necesario su desplazamiento.
La Oficina Española de Retorno actuará de enlace con las Oficinas consulares de carrera y las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en aquellos casos en los que sea preciso el traslado urgente a España de personas españolas sin recursos y sea necesaria la intermediación con los servicios sociales y asistenciales de las comunidades autónomas, entidades locales u organizaciones del tercer sector para la atención de estas personas.
CAPÍTULO III
Empleo y emprendimiento para el retorno
Artículo 97. Servicio de asesoramiento laboral especializado.
Las Administraciones públicas competentes en políticas activas de empleo diseñarán programas especializados para personas españolas retornadas. Asimismo, para las personas españolas con intención de retornar y para las personas trabajadoras a distancia y, más concretamente, para las personas teletrabajadoras de carácter internacional, se promoverán programas especializados de asesoramiento laboral.
A tal efecto, podrán incluirse programas específicos de mediación laboral en los planes anuales para el Fomento del Empleo Digno, teniendo en cuenta las características específicas y dificultades añadidas de las personas retornadas o que desean retornar a España.
Se elaborarán programas formativos en conocimientos y competencias demandadas por los sectores emergentes en el mercado español, de forma presencial a las personas españolas retornadas y a distancia a las personas emigrantes con interés en retornar residentes en el exterior.
En el desarrollo de estas actuaciones se tendrán en cuenta las evidencias y recomendaciones elaboradas por el Laboratorio de Políticas de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Artículo 98. Vinculación con el sector profesional en España.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno podrá impulsar una red de mentoría profesional formada por personas retornadas para facilitar a quienes se encuentren en proceso de retorno el conocimiento de su sector profesional, la generación de contactos y el acceso a información de interés para su instalación en España.
Los servicios públicos de empleo darán a conocer los servicios de la red EURES y los programas de la Unión Europea que puedan favorecer la inserción laboral y el retorno a España.
Artículo 99. Emprendimiento para personas retornadas.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno diseñará programas de políticas activas para el asesoramiento especializado a personas españolas retornadas o con intención de retornar para la creación de empresas de personas que retornan a España o que tienen intención de poner en marcha un proyecto empresarial.
Los programas podrán desarrollarse mediante convenios con entidades públicas o privadas especializadas.
Se prestará especial atención a las iniciativas de autoempleo y a los proyectos promovidos por las asociaciones de emigrantes retornados, en los términos previstos en los correspondientes programas o convenios.
CAPÍTULO IV
Educación, ciencia y formación profesional
Artículo 100. Integración en el sistema educativo español.
La escolarización de los hijos e hijas de las personas españolas retornadas que accedan de forma tardía al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se puedan incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con aprovechamiento su educación.
Se tendrá especialmente en cuenta al alumnado que presente graves carencias lingüísticas en castellano o en lenguas cooficiales de las comunidades autónomas.
Artículo 101. Homologación de títulos y reconocimiento de estudios universitarios.
En desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, no serán precisos los trámites de homologación y declaración de equivalencia una vez que la veracidad de los documentos sea comprobada dentro del sistema español de ciencia, tecnología e innovación a personas que hayan obtenido su título de grado universitario o máster universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, así como a personas que hayan obtenido su tesis doctoral en cualquier universidad reconocida a nivel internacional, incluyendo a todas las instituciones de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior así como a instituciones de educación superior incluidas en un listado de países que se publicará anualmente por orden de la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Se promoverá la dispensa de declaración de equivalencia de títulos de doctor en todos los procesos administrativos y académicos de las Administraciones públicas y de las otras instituciones del sistema español de ciencia y tecnología e innovación.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno promoverá la creación de un canal especializado de información y orientación para la ciudadanía española en el exterior sobre los procedimientos de homologación y equivalencia.
Con el fin de atraer el talento científico, técnico e investigador mencionado en el artículo 102, la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno promoverá acciones de simplificación de homologación de títulos obtenidos en el extranjero.
Artículo 102. Atracción del talento científico, técnico e investigador.
Con el fin de favorecer la atracción de talento científico, técnico e investigador a España, se seguirán los siguientes criterios:
a) Avanzar hacia concursos selectivos más inclusivos y objetivos en las universidades y centros públicos de investigación, en los que se valore la experiencia en el extranjero, que garanticen la igualdad de oportunidades para las candidaturas de personas no residentes.
b) Simplificar los procesos de acreditación del profesorado, certificación del personal investigador y equivalencia de títulos extranjeros.
c) Publicar las convocatorias en un portal centralizado.
d) Conceder ayudas a la relocalización, para viaje, mudanza, instalación, escolarización.
e) Apoyar a las redes de personas científicas, técnicas e investigadoras españolas en el extranjero.
Cuando la incorporación como persona trabajadora a una entidad integrante del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación implique un cambio de residencia internacional, las Administraciones públicas y las entidades integrantes de dicho sistema impulsarán el establecimiento de procedimientos flexibles y plazos de incorporación ajustados a las exigencias laborales del país de procedencia.
Artículo 103. Formación profesional y reconocimiento de las competencias profesionales.
En el diseño de las políticas de formación profesional se atenderá a las características específicas de las personas españolas retornadas con la finalidad de facilitar su acceso a la formación profesional en España.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes podrá efectuar ofertas específicas de formación profesional a los retornados mayores de 16 años, que no hayan desarrollado su historia escolar en el sistema educativo español, y tengan dificultades para incorporarse al mismo.
Se informará y facilitará la participación de las personas españolas retornadas en los procesos de acreditación de las competencias profesionales y, en su caso, la inscripción de éstas en el Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral o Vías No Formales e Informales.
TÍTULO IV
Coordinación de las Administraciones públicas e impulso de la administración electrónica
Artículo 104. Coordinación y cooperación de las actuaciones de los poderes públicos.
La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mecanismos de coordinación, cooperación e intercambio de información para garantizar la efectividad de los derechos de las personas españolas residentes en el exterior y retornadas, asegurar la complementariedad de las actuaciones y evitar la duplicidad de programas y medidas de apoyo.
Las Administraciones públicas podrán acordar planes y programas conjuntos y celebrar convenios, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en materias de competencia concurrente y, especialmente, en materia de retorno.
La conferencia sectorial de Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones competente tratará asuntos relacionados con la ciudadanía española en el exterior y retornada y acordar criterios comunes de actuación, mecanismos de seguimiento y fórmulas de colaboración entre las Administraciones públicas.
Mediante programas de subvenciones o convenios con entidades públicas o privadas podrán desarrollarse acciones de información, orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo, la mejora de la ocupabilidad y la inserción social y laboral. Se atenderá especialmente a las iniciativas de inserción laboral, empleo y autoocupación promovidas por las asociaciones de emigrantes y retornados.
Los instrumentos de cooperación podrán incluir medidas dirigidas a las personas retornadas en situación de vulnerabilidad económica y actuaciones para facilitar la incorporación al mercado laboral de jóvenes, mujeres con especiales dificultades de inserción y personas con discapacidad.
Artículo 105. Impulso de la administración electrónica.
La ciudadanía española en el exterior y las entidades que representen sus intereses tienen derecho a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones públicas españolas, en los términos previstos en la normativa aplicable.
Las Administraciones públicas españolas impulsarán la prestación por medios electrónicos de los servicios dirigidos a la ciudadanía española en el exterior y adoptarán las medidas necesarias para facilitar la presentación telemática de solicitudes, escritos y documentos, así como la realización de los demás trámites administrativos.
Disposición adicional primera. Informe anual de seguimiento.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno efectuará el seguimiento de la aplicación del presente reglamento, elevando un informe anual a la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el que, en su caso, se propondrán las modificaciones a introducir en el régimen que se establece, si se produjeran desviaciones con incidencia presupuestaria.
El sentido del silencio administrativo recogido en los artículos 51.2, 59.3, y 75.6 es desestimatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en virtud de la habilitación prevista en el artículo 7.3 de dicha ley, al amparo del cual se establecieron dichas prestaciones.
Disposición final primera. Aprobación de la ayuda al retorno de personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del presente reglamento, el Gobierno aprobará la regulación de una ayuda económica dirigida a facilitar el retorno a España de las personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica, de 18 a 65 años, con especial atención a las personas españolas víctimas de violencia contra las mujeres.
La norma determinará, al menos, los requisitos de acceso, el procedimiento de concesión, el régimen de pago, las incompatibilidades, las obligaciones de las personas beneficiarias y las causas de reintegro, y establecerá una cuantía básica de 4.000 euros por beneficiario individual, que podrá incrementarse hasta 7.600 euros cuando se trate de unidades familiares con tres o más familiares a cargo.
Disposición final segunda. Supletoriedad.
En lo no previsto en materia de procedimientos en este reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y su normativa de desarrollo.
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Le texte du dispositif (articles, dispositions transitoires, abrogatoires et finales), absent de l'extrait fourni
Le détail des conditions, montants et procédures des prestations, subventions et aides
Le régime de la nationalité espagnole et son acquisition ou perte
Les droits électoraux et le vote des Espagnols à l'étranger
Les compétences des communautés autonomes en matière d'accueil et d'intégration des retornés
Le régime général de la Sécurité sociale et des pensions hors du champ de l'article 7.3 de la LGSS
Les règles de séjour et d'immigration des familiers non espagnols dans les pays de résidence ou de retour
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